Los/as expertos/as también destacaron <strong>la</strong> necesidad de seguir insistiendo en <strong>el</strong> derecho deacceso a <strong>la</strong> información pública como un requisito esencial para <strong>la</strong> participación y <strong>la</strong> rendición decuentas: no es posible contro<strong>la</strong>r <strong>el</strong> poder si no se sabe qué está ocurriendo. Aunque también sehizo notar que es posible tener <strong>sistema</strong>s que tengan un <strong>el</strong>evado acceso a <strong>la</strong> información y en losque se establezcan mecanismos de rendición de cuentas, pero que exista poca participación.Esto, justamente, puede en<strong>contra</strong>rse re<strong>la</strong>cionado a problemas de discriminación y exclusión.INFORMEEn cuanto a formas concretas de utilizar <strong>el</strong> <strong>sistema</strong> interamericano para promover mecanismosde participación, se propuso <strong>la</strong> idea de utilizar <strong>la</strong>s reparaciones que son ordenadas por <strong>la</strong> CorteInteramericana para que ésta ordene a los Estados capacitar a grupos de <strong>la</strong> ciudadanía parahabilitarlos a ejercer un adecuado control de <strong>la</strong> actividad pública. Es decir, muchas veces losciudadanos quieren contro<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> autoridad, pero carecen de los conocimientos técnicos para<strong>el</strong>lo –por ejemplo, análisis presupuestario o contable–. Por <strong>el</strong>lo, se sugirió que una medidacreativa en <strong>el</strong> marco d<strong>el</strong> SIDH podría ser <strong>la</strong> de proponer que <strong>la</strong> Corte ordenara, en <strong>el</strong> marcode un caso en <strong>el</strong> que se justifique esta c<strong>la</strong>se de medidas, una capacitación no solo de losorganismos públicos –como se hace rutinariamente–, sino también de grupos de ciudadanosque estarían en condiciones de supervisar <strong>la</strong> gestión pública en aspectos específicos.Por último, se p<strong>la</strong>nteó <strong>la</strong> posibilidad que, en los procesos de supervisión de cumplimiento desentencias de <strong>la</strong> Corte IDH, podría pensarse en que fueran instancias participativas al interiord<strong>el</strong> Estado <strong>la</strong>s encargadas de monitorear <strong>el</strong> cumplimiento de los casos, recurriendo a <strong>la</strong> Cortesi fuese necesario. Para <strong>el</strong>lo, por supuesto, se estimó como fundamental <strong>la</strong> existencia deuna política de <strong>transparencia</strong> sólida que permitiera saber si <strong>el</strong> Estado estaba efectivamenteimplementando <strong>la</strong>s reparaciones ordenadas.Derechos económicos, sociales y culturalesUn área en <strong>la</strong> que es particu<strong>la</strong>rmente visible <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción existente entre derechos humanos ycorrupción es <strong>la</strong> de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).Ahora bien, justamente en <strong>el</strong> marco d<strong>el</strong> <strong>sistema</strong> interamericano, <strong>el</strong> tratamiento de los derechoseconómicos, sociales y culturales ha sido bastante limitado, en particu<strong>la</strong>r ante <strong>la</strong> CorteInteramericana. El Protocolo Adicional a <strong>la</strong> CADH sobre Derechos Económicos, Sociales yCulturales (Protocolo de San Salvador) 43 , asigna una competencia muy limitada a <strong>la</strong> Comisióny a <strong>la</strong> Corte para <strong>la</strong> supervisión de vio<strong>la</strong>ciones individuales, pues se restringe al derecho a<strong>la</strong> educación y a los derechos sindicales 44 . Por otro <strong>la</strong>do, <strong>el</strong> único artículo de <strong>la</strong> Convención43 OEA. Protocolo Adicional a <strong>la</strong> Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San Salvador <strong>el</strong> 17 de noviembre de 1988; entrada en vigor<strong>el</strong> 16 de noviembre de 1999.44 Ver <strong>el</strong> artículo 19 d<strong>el</strong> Protocolo Adicional a <strong>la</strong> Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, op. cit.38
Americana que se refiere a los DESC –<strong>el</strong> artículo 26 45 – ha sido objeto de numerosasinterpretaciones. Hasta ahora, <strong>la</strong> Corte Interamericana ha dec<strong>la</strong>rado tener competencia paradec<strong>la</strong>rar vio<strong>la</strong>ciones a dicho artículo, y ha considerado que sería posible llegar a conocer deun caso en que los Estados fal<strong>la</strong>ran en implementar medidas progresivas para <strong>la</strong> garantía d<strong>el</strong>os DESC, o bien cuando adoptaran injustificadamente medidas regresivas que dejaran dehacer posible <strong>el</strong> goce de los mismos 46 . Sin embargo, hasta ahora <strong>el</strong> Tribunal se ha abstenidode dec<strong>la</strong>rar efectivamente una vio<strong>la</strong>ción a este derecho 47 . Se p<strong>la</strong>nteó entonces <strong>la</strong> pregunta desi una mirada desde <strong>la</strong> anticorrupción no permitiría justamente impulsar <strong>la</strong> agenda de DESC alinterior d<strong>el</strong> <strong>sistema</strong> interamericano.INFORMEEn efecto, sería posible argumentar que, en casos de corrupción, se produce una regresividad en<strong>la</strong> garantía de los DESC, puesto que recursos que inicialmente estaban destinados a satisfacerderechos sociales terminan siendo desviados. Si frente a situaciones como estas <strong>el</strong> Estadono toma medidas enérgicas para detener los actos de corrupción, prevenir <strong>la</strong> repetición de losmismos y sancionar a los responsables, se podría decir que está permitiendo <strong>la</strong> existencia demedidas regresivas en materia de DESC, <strong>la</strong>s que, por lo demás, difícilmente podrían justificarsepor “razones de suficiente peso” o con “referencia a <strong>la</strong> totalidad de los derechos previstos en<strong>el</strong> Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y en <strong>el</strong> contexto de<strong>la</strong>provechamiento pleno d<strong>el</strong> máximo de los recursos de que [<strong>el</strong> Estado] disponga” 48 , que son losmotivos que <strong>la</strong> Corte consideraría como justificaciones a <strong>la</strong> adopción de medidas regresivas.Para algunos expertos, en un caso como <strong>el</strong> anterior sería tal vez más fácil abordar <strong>el</strong> problemade corrupción desde una óptica de acceso a <strong>la</strong> justicia –lo que no presenta desafíos en <strong>el</strong> SIDH–que desde <strong>la</strong> óptica de los DESC, cuestión mucho menos fácil de implementar. Sin embargo,lo que permitiría un razonamiento como <strong>el</strong> anterior es justamente entregar una situación quehabilitaría a <strong>la</strong> Corte IDH a pronunciarse sobre un caso de DESC a <strong>la</strong> vez que aborda problemasligados a <strong>la</strong> corrupción, y podría de esta forma transformarse en <strong>la</strong> puerta de acceso para abrir<strong>la</strong> jurisprudencia de <strong>la</strong> Corte IDH a este tipo de casos.También se consideró <strong>la</strong> posibilidad de darle operatividad a <strong>la</strong> sección d<strong>el</strong> artículo 26 de <strong>la</strong>CADH que se refiere a <strong>la</strong> “cooperación internacional”, en tanto, por ejemplo, <strong>la</strong> ConvenciónInteramericana <strong>contra</strong> <strong>la</strong> Corrupción establece justamente obligaciones de cooperación a niv<strong>el</strong>45 El artículo 26 de <strong>la</strong> CADH establece que: “los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tantoa niv<strong>el</strong> interno como mediante <strong>la</strong> cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograrprogresivamente <strong>la</strong> plena efectividad de los derechos que se derivan de <strong>la</strong>s normas económicas, sociales ysobre educación, ciencia y cultura, contenidas en <strong>la</strong> Carta de <strong>la</strong> Organización de los Estados Americanos,reformada por <strong>el</strong> Protocolo de Buenos Aires, en <strong>la</strong> medida de los recursos disponibles, por vía legis<strong>la</strong>tiva uotros medios apropiados”. Convención Americana sobre Derechos Humanos, op. cit.46 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubi<strong>la</strong>dos de <strong>la</strong> Contraloría”) vs. Perú. ExcepciónPr<strong>el</strong>iminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrs. 102-103.47 Ibídem, párrs. 16-17 y 99-107.48 Ibídem, párr. 103.39
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