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probabilidad de detección, los tipos de sanciones (pecuniarias y nopecuniarias) y los costos administrativos de implementarlas. Estos elementoshan sido utilizados en la determinación de esquemas sancionadores basadosen principios económicos en el caso peruano y específicamente en lossectores bajo la supervisión de OSINERGMIN como las industrias dehidrocarburos líquidos, de gas natural y de electricidad. En los últimos añosse ha estudiado la aplicación de sanciones óptimas para fiscalizar la industriaminera desde que OSINERGMIN asumió funciones de supervisión en el sectorminero en el año 2007.En particular, los estudios de OSINERGMIN determinaron que laaplicación de los esquemas de sanciones de primer mejor, tal como sederivan de los modelos de Polinsky y Shavell (2000, 2007), no sonimplementables en el caso peruano por diferentes motivos. En primer lugar,dado el ordenamiento legal y las restricciones institucionales vigentes, multara las empresas en base al daño causado no es viable debido a que estasrealizan acciones de remediación, además de que las compensaciones a losafectados se realizan a través de demandas en el poder judicial por la víacivil, por lo que OSINERGMIN no puede irrogarse la potestad de representara los perjudicados y crear un mecanismo de transferencia de lascompensaciones dada la naturaleza administrativa de sus funciones. Unsegundo aspecto a tener en cuenta es que los costos administrativos delseguimiento de los procesos no pueden considerarse como parte de la multadebido a que ellos están financiados por el aporte de regulación que elOSINERGMIN recibe de las empresas reguladas anualmente. En estecontexto, y teniendo en cuenta que la actividad de OSINERGMIN tiene comofin último la disuasión, se consideró el uso de un esquema de multas deprimer mejor adaptado, considerando las restricciones institucionales delmarco normativo peruano para los sectores de energía y minería. Esteesquema está basado en el cálculo de multas que se aplican ex ante laocurrencia de contaminación. Estas multas buscan fomentar el cumplimientode las normas por parte de las empresas considerando aspectos como loscostos evitados, beneficios ilícitos y probabilidades de detección. Esteesquema ha sido ampliamente aplicado en los diferentes procedimientos20