EL TERRITORIO

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROCESOS DE CONSULTA EN EL MARCO DE LA
DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA NATURALEZA EN AMÉRICA LATINA
y contradicciones en los desarrollos jurídicos nacionales,
facilitando de esta manera la vulneración de éste y
otros derechos conexos.
Además, debido a las complejas implicaciones políticas,
económicas, sociales y ambientales que conlleva,
la Consulta previa se encuentra en el centro del debate
en torno a la relación entre los Estados y los pueblos.
Constituye una constante fuente de conflictividad, especialmente
cuando se trata de medidas que afectan
los territorios de manera directa e irreversible, como
los proyectos de extracción de recursos y de infraestructura
(GIZ, 2014).
Por ejemplo, la Guía de aplicación del Convenio 169
de la OIT afirma que la obligación de los Estados se limita
a “crear las condiciones que permitan a estos pueblos
contribuir activa y eficazmente en el proceso de
desarrollo”, sin embargo señala que “ningún segmento
de la población nacional de cualquier país tiene derecho
a vetar las políticas de desarrollo” (RODRÍGUEZ,
et. Al, 2010). Esto resulta problemático, pues impide el
ejercicio real del derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas y tribales, al limitarlo al paradigma
del desarrollo, al cual subyace la discriminación histórica
y el despojo sistemático de sus territorios.
El Comité para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, en su observación al Estado del
Ecuador en 2003, ha señalado la necesidad de obtener
el consentimiento previo libre e informado, pues la realización
de la consulta no es suficiente para garantizar
los derechos de los pueblos indígenas, específicamente
en el caso de la extracción de recursos en sus territorios.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
también se ha pronunciado al respecto, reiterando que
todas las disposiciones frente a la consulta y la justa
indemnización a las comunidades afectadas deben ser
determinadas con los pueblos interesados, de conformidad
con sus costumbres y normas tradicionales.
En el caso Saramaka vs. Surinam, la Corte señala la
Obligación del estado de obtener el consentimiento
previo, libre e informado del pueblo Saramaka (Carrión,
2012); a su vez, en el Caso Yakye Axa Vs. Paraguay
en el 2004, y que se ratifica en los casos Moiwana
Vs. Surinam, la Corte señala que las reparaciones necesarias
debido al impacto de proyectos desarrollados
en sus territorios y la violación al derecho a la consulta
deben ser consensuadas con los pueblos interesados,
de acuerdo a una interpretación integral del Convenio
169 y no quedan sujetas a criterios unilaterales desde
los Estados (Rodríguez, et. Al, 2010).
Limitaciones para su aplicación
en América Latina
Actualmente, América Latina es la región en el mundo
que cuenta con el mayor número (doce países) de Estados
que han ratificado el Convenio 169 y a su vez,
todos los Estados han aprobado la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas
de 2007. De manera paralela a la profundización
del modelo extractivista en la región, se han producido
avances en los desarrollos jurídicos en la materia, como
resultado de las fuertes movilizaciones y exigencias de
los pueblos indígenas y afrodescendientes, y de los pronunciamientos
de organismos internacionales que han
generado presión sobre los Estados (FDP, 2015).
Sin embargo, en la región existen elementos de diversa
índole que impiden el ejercicio efectivo de este derecho,
lo cual repercute de manera directa y preocupante
en la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos
y aumenta la conflictividad social provocada por la
imposición del modelo de desarrollo en sus territorios.
Como señala el reciente informe de la Fundación
para el Debido Proceso sobre la Consulta Previa 3 , la
ausencia de procesos de consulta es una constante en
todos los países; es alarmante la desproporción entre
licencias ambientales y concesiones otorgadas a empresas
y el número de consultas realizadas 4 . Como
se verá posteriormente, esto ha conducido a que los
pueblos desarrollen procesos de autoconsulta, consulta
autónoma, comunitaria y popular para sentar su
posición frente a los proyectos extractivos. Casi la to-
3 Este informe se basa en un estudio comparativo en seis países de la región:
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala y Chile.
4 Colombia y Bolivia son los países con el mayor número de consultas realizadas
(148 y 27, respectivamente); sin embargo el número exacto de consultas llevadas
a cabo es difícil de determinar, ya que por lo general esta información no es
manejada de manera transparente por parte de los Estados (GIZ, 2013)
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