Violencias contra las mujeres

Estudio Nacional sobre Violencias contra las mujeres
es la única del mundo que cuenta con un documento específico orientado
hacia su prevención, sanción y erradicación. Esto se suma a instrumentos
que si bien no gozan de carácter vinculante, sirven para orientar a los Estados
en la implementación de las acciones dirigidas a superar las desigualdades
de género, tal como el Programa de Acción Regional para las
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001.
A partir del desarrollo de nuevos marcos conceptuales, los países latinoamericanos
han ido adoptando leyes nacionales y desarrollando planes
para combatir la violencia contra las mujeres los cuales, en general,
se caracterizan por los esfuerzos de articulación intersectorial y colaboración
con la sociedad civil. (39) De hecho, varios estudios han demostrado
el alto porcentaje de aceptación social que la ciudadanía otorga a estas
políticas y al reconocimiento de la violencia como problema social. Sin
embargo, según ha señalado Chiarotti, las legislaciones implementadas
en los países de la región no reflejan con la misma claridad los objetivos
de la Convención de Belém do Pará. (40) La manifiesta intención de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se diluye en
aquellos casos que sancionan la violencia intrafamiliar, sin mencionar la
violencia de género ni proponerse erradicar las causas que la originan.
Además, incluso esas leyes, tienen dificultades para ser aplicadas debido
(39) Por ejemplo, en Bolivia las leyes número 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica
(1995) y 1678 que modificó el Código Penal sobre delitos de violencia sexual (1997);
en Brasil el decreto legislativo n° 107 que dio carácter de ley a la Convención de Belém
do Pará (1995); en Chile las leyes 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar (1995) y 19.617 que
modificó el Código Penal en materia de delitos sexuales (1999); en Colombia, las leyes 294
para Prevenir, Remediar y Sancionar la Violencia Intrafamiliar (1996), 360 de Delitos Contra
la Libertad Sexual y la Dignidad Humana (1997) y 575, que modificó parcialmente la ley 294
(2000); en Costa Rica la ley 7586 Contra la Violencia Doméstica (1996), en Ecuador las leyes
103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995), la de reforma la Ley Orgánica de la
Función Judicial (1997) y la 106 que reformó el Código Penal en materia de delitos sexuales
(1998); en Paraguay la ley 1600 contra la Violencia Doméstica hacia la Mujer (2000); en Perú
las leyes 26.260, que estableció la política del Estado y la Sociedad frente a la Violencia
Familiar (1993), 26.763, que estableció mecanismos que garanticen una mayor protección
de la víctima (1997), 2678 que reformó al Código Penal al incorporar como circunstancia
agravante el hecho de tener relación familiar entre agresor y víctima (1997) y 26.770 que reformó
el Código Penal para considerar que la acción penal en los delitos contra la libertad
sexual no se extingue por matrimonio (1997); en Uruguay la ley 16.707 de Seguridad Ciudadana,
que incorporó al Código Penal el art. 321 bis tipificando a la violencia doméstica
e imponiéndole sanciones (1995); en Venezuela la ley sobre la Violencia contra la Mujer y
la Familia (1998).
(40) Chiarotti, Susana, La situación jurídico-social de las mujeres. A cinco años de Beijing: el
panorama regional, Lima, Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, 1999.
Violencias contra las mujeres. Estudios en perspectiva
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