Alegraos 9, Abril 2016

Alegraos abril 2016 Página 3
Consultorio de la fe
Por Juan Manuel Cabezas, profesor de Derecho Canónico en la UESD.
¿Competencias del gobierno en la educación?
Veo que este tema es realmente
apasionante y centra la atención,
gracias a Dios, de muchos cristianos
en el momento actual, saliendo
del “borregismo” generalizado que
nos ha caracterizado a los españoles
desde hace ya bastantes años. No
hay mal que por bien no venga, dice
uno de nuestros refranes populares.
Ciertamente, los ataques continuos
desde instancias gubernamentales y
de medios de comunicación a todo
lo cristiano (ya hay varios autores
que hablan de “Cristofobia”) e incluso
a todo lo humano rectamente entendido,
han hecho despertar a muchos
de su fe aletargada, haciéndolos
salir de su pereza y comodidad, para
pensar un poco en la necesidad de
trabajar por el bien común de la sociedad,
haciendo que ésta esté regida
por las leyes y principios del Evangelio,
única forma de encontrar la paz
y el auténtico bienestar.
Es necesario recordar en síntesis
un par de ideas que todo ciudadano
y, por ende, todo cristiano, debe
tener muy, muy claro: el derecho a
la educación y al tipo de educación
que se ha recibir pertenece a los padres;
en ningún momento el Estado
tiene derecho a determinar la educación
de los ciudadanos. Eso último
es algo típico de los estados totalitarios,
en los cuales se desprecia a la
persona humana y sus derechos más
fundamentales para sucumbir a la
ideología de los que han logrado llegar
al poder.
Qué lástima da ver a un gobierno
que hace todo lo posible y lo imposible
para hacer prácticamente inviable
la clase de religión católica, yendo
en contra del sentir manifiesto de
la inmensa mayoría de los padres, y
luego imponiendo por la fuerza un
adoctrinamiento moral y pseudoreligioso.
La doctrina tradicional de la Iglesia
católica, recordada y sancionada
solemnemente por el Concilio Vaticano
II es más que manifiesta y clara:
«El deber de la educación, que compete
en primer lugar a la familia, requiere
la colaboración de toda la sociedad.»
(Declaración Gravissimum
educationis núm. 3). «Es preciso que
los padres, cuya primera e intransferible
obligación y derecho es el de
educar a los hijos, tengan absoluta
libertad en la elección de las escuelas.»
(Íbid. núm. 6).
Más claro no se puede ser. Entonces,
nos preguntamos: ¿Cuál es
el papel del Estado en la educación?
También nos responde el Concilio
con claridad meridiana. El Estado
tiene la responsabilidad de proteger
y crear los medios necesarios para
que el derecho de los padres a la educación
de sus hijos pueda ser llevado
a cabo. Y ello implica una actuación
doble: crear los medios materiales
para ayudar a los padres a llevar a
cabo la educación de sus hijos y garantizar
un ambiente moral que respete
y haga posible la educación de
los menores en los valores religiosos
y morales: «El poder público, a quien
pertenece proteger y defender la libertad
de los ciudadanos, atendiendo
a la justicia distributiva, debe procurar
distribuir las ayudas públicas
de forma que los padres puedan escoger
con libertad absoluta, según su
propia conciencia, las escuelas para
sus hijos.» (Declaración
Gravissimum educationis,
6). Y también: «Declara
igualmente el Sagrado
Concilio que los
niños y los adolescentes
tienen derecho a que se
les estimule a apreciar
con recta conciencia
los valores morales y
a aceptarlos con adhesión
personal y también
a que se les estimule
a conocer y amar
más a Dios. Ruega,
pues, encarecidamente
a todos los que gobiernan
los pueblos o están
al frente de la educación,
que procuren que
la juventud nunca se vea
privada de este sagrado
derecho». (Íbid., 1)”.
Por último, es cierto que el Estado
también tiene una serie de derechos
y deberes acerca de la educación
pero sin olvidar nunca el
carácter subsidiario de su actuación.
Esto quiere decir que el Estado está
siempre para ayudar a los padres y
para suplirles en aquellas actuaciones
que los padres no pueden llevar
a cabo por sí mismos, nunca para
sustituirlos y actuar en su contra, en
cuyo supuesto la actuación del estado
se deslegitima.
Escuchemos una vez más al Concilio:
«Además, pues, de los derechos
de los padres y de aquellos a quienes
ellos les confían parte en la educación,
ciertas obligaciones y derechos
corresponden también a la sociedad
civil, en cuanto a ella pertenece disponer
todo lo que se requiere para
el bien común temporal. Obligación
suya es proveer de varias formas a
la educación de la juventud: tutelar
los derechos y obligaciones de los
padres y de todos los demás que intervienen
en la educación y colaborar
con ellos; conforme al principio
del deber subsidiario cuando falta
la iniciativa de los padres y de otras
sociedades, atendiendo los deseos
de éstos y, además, creando escuelas
e institutos propios, según lo exija el
bien común.» (Íbid, 3).
Continúa: «el Estado debe procurar
que a todos los ciudadanos sea
accesible la conveniente participación
en la cultura y que se preparen
debidamente para el cumplimiento
de sus obligaciones y derechos civiles.
Por consiguiente, el mismo Estado
debe proteger el derecho de los
niños a una educación escolar conveniente,
vigilar la capacidad de los
maestros y la eficacia de los estudios,
mirar por la salud de los alumnos y
promover, en general, toda la obra
escolar, teniendo en cuenta el principio
de que su función es subsidiario
y excluyendo, por tanto, cualquier
monopolio de las escuelas, que se
opone a los derechos nativos de la
persona humana, al progreso y a la
divulgación de la misma cultura, a la
convivencia pacífica de los ciudadanos
y al pluralismo que hoy predomina
en muchas sociedades.» (Íbid,
6).