INNEGABLES

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ATROCIDADES INNEGABLES
CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO
METODOLOGÍA
de negación acerca de la existencia, alcance y gravedad de la situación. Por ejemplo,
en caso de llegarse a imputar, la tortura a menudo se clasifica como un delito menor,
tal como “abuso de autoridad”, y las desapariciones forzadas pueden en cambio ser
clasificadas como “secuestros”. Décadas de impunidad han generado desconfianza
popular en el sector de la justicia, lo que culmina en una de las mayores barreras para
recopilar estadísticas precisas sobre delincuencia. Ejemplo de esto es el hecho de
que más del 90 por ciento de los crímenes en México nunca se han informado a las
autoridades. 5 Todo esto ha contribuido a que se obtengan evaluaciones muy diversas
de la escala y la naturaleza de los crímenes atroces, y la confusión sobre la adecuación
de la suficiencia del sistema de justicia.
Algunos datos del gobierno utilizados en este informe provienen de informes públicos
y declaraciones de organismos que incluyen a la Procuraduría General de la República
(PGR), El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Los informes y
publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México
proporcionan otra fuente de datos importante, aunque deficientes. 6
ADEMÁS DE LOS INFORMES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES,
éste informe se basa en información obtenida a través del gran uso del progresivo
régimen jurídico sobre el derecho a la información en México. Aunque aún a menudo
se oculta información pública crucial, Open Society Justice Initiative, sus socios, y otros
sujetos han podido obtener nueva información sobre datos de crímenes atroces, casos
particulares y el funcionamiento de las instituciones de justicia a través de solicitudes
de información que se presentaron ante los gobiernos federal y estatales.
Este informe se basa también en una extensa revisión de la jurisprudencia y de
informes de las Naciones Unidas y órganos interamericanos de tratados; comisiones
de derechos humanos estatales y federales; informes nacionales, regionales e
internacionales de la sociedad civil; la doctrina jurídica de académicos mexicanos y no
mexicanos y analistas políticos; así como los informes de investigación de los medios
de comunicación mexicanos e internacionales.
Estos recursos fueron complementados con más de 100 entrevistas de primera mano
realizadas por personal y consultores de Justice Initiative basados en México y en
otros países, en persona, por correo electrónico y por teléfono, en el transcurso de
los años 2013 a 2015. La mayoría de las entrevistas que se realizaron en persona
fueron en la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Querétaro, aunque
una pequeña cantidad se realizó en Morelos y Génova. La mayoría de las entrevistas
se realizaron en español; para algunas personas hubo interpretación simultánea al
inglés, considerándose la versión en español como la definitiva. 7 Todas las entrevistas
se realizaron con el consentimiento verbal de los entrevistados. Algunas fuentes se
dejaron en el anonimato a solicitud del interlocutor.
Las personas entrevistadas incluyeron funcionarios de gobierno a niveles estatal y
federal, entre ellos fiscales, policías, jueces, miembros y personal del congreso, y
funcionarios de comisiones de derechos humanos y de la verdad. La investigación