INNEGABLES

42
ATROCIDADES INNEGABLES
CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO
II. DIMENSIONES DE LA CRISIS
35,000 asesinatos que según el gobierno habían sido cometidos por el crimen
organizado entre diciembre de 2006 y enero de 2011, la PGR dijo que solo había
registrado 13,845 asesinatos (un 40 por ciento). Asimismo, declaró de manera
contradictoria que había abierto 1687 y 997 investigaciones de homicidios, que se
tradujeron en cargos contra 343 sospechosos y solo 22 condenas por homicidio para
agosto de 2011 (una tasa de condena de 1.3 a 2.2 por ciento de los casos investigados). 173
La mayoría de los casos de homicidio, incluidos aquellos con posibles vínculos con el
crimen organizado, no son procesados por los fiscales federales sino por los fiscales en los
31 estados de México y la Ciudad de México. Sin embargo, en el ámbito de esas entidades,
resulta que las tasas de investigación, proceso judicial y condena también han sido
sumamente bajas. Por ejemplo, en Guerrero, la tasa anual de condenas por homicidios entre
2005 y finales de 2014 nunca superó el 10 por ciento, y se situaba en torno al 5 por ciento
en los años con mayor número de asesinatos. 174 Asimismo, de los casi 10,000 homicidios
investigados por los fiscales de Chihuahua entre 2007 y el 31 de marzo de 2011, solo 242
resultaron en condena (una tasa aproximada del 2.4 por ciento de condenas por casos
investigados). 175 El fracaso a la hora de determinar responsabilidades penales fue evidente
incluso para crímenes que llegaron a acaparar la atención nacional e internacional, tal como
la ola de feminicidio cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. 176 Sin duda, según la coalición
no gubernamental Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de los 3892 asesinatos
de mujeres en 2012-2013, solo el 15.75 por ciento fueron investigados como feminicidios. 177
Asimismo, según el INEGI, desde 2009 hasta el final de 2012, solo se produjeron ocho
sentencias de feminicidio en México: ocho condenas y una absolución. 178
Desapariciones
La contabilización de los desaparecidos en México debería comenzar con una definición de
términos, ya que es precisamente en esta fase donde comienza la confusión. 179 El término
sencillo “desaparición” (en lugar de “desaparición forzada”) no está definido como un crimen
en la ley mexicana ni en la internacional, y a menudo se intercambia con el término “persona
extraviada”. 180 Aunque el término puede ser aplicable a víctimas de un delito, la categoría
también incluye a personas que desaparecen por motivos no criminales, incluidos jóvenes que
escapan de sus hogares, víctimas de desastres naturales o personas que emigran.
Para las personas que desaparecen por motivos criminales, existen varias categorías legales
que pueden ser aplicables: Los cárteles delictivos en México, a menudo en conspiración con
funcionarios públicos corruptos, participan en secuestros con el objetivo de cobrar rescates,
raptos para suplir necesidades de trabajos forzados y tráfico de personas vinculado al
comercio sexual. Existen varias definiciones legales en el ámbito federal, y en muchos
estados, que podrían abarcar este tipo de delitos, incluidos el secuestro, 181 la privación
ilícita de la libertad, 182 el tráfico de personas 183 y los trabajos forzados. Sobre todo, si existen
actores estatales involucrados directamente en las desapariciones, los casos deberían
clasificarse bajo las leyes de México, como una “desaparición forzada”. 184
Sin embargo, la definición de “desaparición forzada” en el Código Penal Federal de
México resulta deficiente. Específicamente, su acotación ala participación directa de los
agentes del Estado resulta demasiado limitada y no abarca los casos de participación
indirecta. Bajo los tratados internacionales aplicables a México, las desapariciones con