INNEGABLES

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ATROCIDADES INNEGABLES
CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO
II. DIMENSIONES DE LA CRISIS
capítulo, existen indicios de que un número importante de desapariciones denunciadas
que el gobierno registra como “secuestros”, de hecho constituyen “desapariciones
forzadas”, perpetradas por actores gubernamentales. Asimismo, es posible que un una
parte de los cientos de miles de “secuestros” no denunciados reflejados en los datos del
INEGI también involucren a autores estatales, y que por ende debieran tipificarse como
desapariciones forzadas.
Víctimas
Comprobar la información de las víctimas no resulta tarea fácil. Los grupos objetivo
de estos crímenes suelen variar de acuerdo con la ubicación geográfica de las
organizaciones criminales. En Chihuahua, por ejemplo, donde parece existir un problema
pronunciado de desapariciones de mujeres, 212 la situación podría atribuirse a la trata
para el comercio sexual. 213 De igual modo, las desapariciones en Querétaro a menudo
parecen estar vinculadas a la trata de mujeres. 214 En Coahuila, por el contrario, un 84.3
por ciento de las 370 desapariciones documentadas por una organización corresponden
a hombres. 215 Una gran cantidad de migrantes ha desaparecido en las principales rutas
de transporte entre las fronteras de Guatemala y Estados Unidos.
Determinación de responsabilidades por las desapariciones
Prácticamente no existe ningún tipo de fincamiento de responsabilidades por las cientos de
miles de desapariciones probablemente ocurridas desde 2006, incluidas las desapariciones
forzadas y las desapariciones perpetradas por actores no estatales. De igual forma, el
gobierno federal ha proporcionado datos contradictorios. Sin embargo, resulta claro que
en comparación con el número de desapariciones, el número de averiguaciones previas y
procesos judiciales ha sido muy bajo, y el número de condenas incluso más bajo.
Tal como se describe en el siguiente capítulo, la ausencia de responsabilidades penales en
los casos de desapariciones constituye un problema incluso más grave entre los presuntos
autores estatales. Se ha informado de 14 condenas correspondientes a desapariciones
forzadas. A excepción de una, todas corresponden a funcionarios de la policía, y al
menos seis de los casos corresponden a desapariciones antes de 2006. 216 A pesar de los
centenares de casos documentados de desapariciones perpetradas por miembros de las
fuerzas armadas, hasta antes de agosto de 2015 ningún soldado había sido condenado
por el delito de desaparición forzada. 217 Las estadísticas judiciales del INEGI no informan
de sentencia alguna relativa a desapariciones forzadas en el fuero federal o común. 218
La presentación de cargos menores, al igual que la subrepresentación de casos, tiende
a sesgar la precisión de estas cifras. Ciertamente, existen casos en que funcionarios
públicos se han encontrado implicados en desapariciones; por lo que estos casos
deberían tipificarse como desapariciones forzadas. Sin embargo, los fiscales a menudo
optan por acusaciones por ofensas menores, incluidos los casos de secuestro y privación
ilícita de la libertad. 219 Por ejemplo, en el sistema de justicia militar, se han presentado
casos con el sello distintivo de una desaparición forzada, 220 y sin embargo, se han
investigado como si se trataran de ofensas menores como “abuso de la autoridad”,
“presentación de información falsa” o “entierro clandestino de un cadáver”. 221 Esto
sugiere que el número de funcionarios públicos penalmente responsables por su