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8 ATROCIDADES <strong>INNEGABLES</strong> CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO METODOLOGÍA METODOLOGÍA OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE ha trabajado en la reforma del sector justicia en México por más de una década. El personal internacional y de México de Justice Initiative ha trabajado con las entidades del gobierno mexicano y la sociedad civil en problemas de detención arbitraria y preventiva de extensión prolongada, libertad personal y los derechos de acceso a la información y la verdad. A finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan. En 2012, al resultar evidente que México se encontraba en crisis, Justice Initiative lanzó un nuevo proyecto cuyo objetivo era comprender las dimensiones de esta crisis, la naturaleza de los delitos, y porqué el sistema de justicia de México estaba batallando para detener a los autores penalmente responsables. Este informe es el producto principal de ese esfuerzo. Se basa en la experiencia de Justice Initiative ganada a través de estudios similares realizados en la República Democrática del Congo, Uganda y Kenia, y en el profundo conocimiento contextual del equipo mexicano tanto de Justice Initiative como de las organizaciones mexicanas asociadas. Este informe fue escrito principalmente por Justice Initiative, con extensas contribuciones de expertos mexicanos y extranjeros en justicia internacional, derecho de acceso a la información y leyes mexicanas. Adicionalmente, cinco organizaciones de derechos humanos nacionales y locales de México proporcionaron análisis cruciales e investigación adicional a través de un proceso colaborativo de tres años. Estas organizaciones son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh) eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y los Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC). El presente informe se enfoca principalmente en el ámbito nacional del gobierno y en las acciones de del gobierno federal. Sin embargo, para asegurar la consideración adecuada de la estructura federal mexicana, la investigación se extendió a cinco de los 31 estados de México: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. Estos estados han experimentado niveles significativos de asesinatos, desapariciones y tortura desde 2006 y se distribuyen en las zonas sur, centro y norte del país. Asimismo, el rango incorpora estados pobres como Guerrero y Oaxaca y estados relativamente prósperos como Nuevo León y Querétaro. El rango también incorpora gobiernos de diferentes partidos políticos. Los problemas de seguridad descartaron algunos estados particularmente violentos como objetivos de investigación. 1 En algunos de los cinco estados seleccionados, ha habido iniciativas notables, aunque limitadas, para buscar justicia para los crímenes atroces, 2 mientras que otros ilustran obstáculos más amplios para la justicia en México a nivel estatal.
9 ATROCIDADES <strong>INNEGABLES</strong> CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO METODOLOGÍA En septiembre de 2015, Justice Initiative, con sus asociados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, publicaron los hallazgos más detallados de este análisis a nivel estatal: Justicia Fallida en el Estado de Guerrero. Guerrero fue seleccionado pues, de los cinco estados examinados, ha sido el estado que ha sufrido los índices más altos de atrocidad en un periodo que se extiende desde hace décadas, y enfrenta obstáculos estructurales y políticos particularmente desafiantes para lograr justicia. Este informe se enfoca en el periodo de nueve años transcurridos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2015. Cubre la totalidad de la presidencia de Felipe Calderón (1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012) y poco más de la mitad del período de seis años del actual presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, con el objeto de contextualizar las estadísticas y cambios institucionales, el informe incluye datos de años anteriores, sobre todo referidos a los últimos años de la presidencia de Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006). La crisis actual corresponde al periodo más intenso de violencia en la historia moderna de México, sin embargo no es la primera. Por consiguiente, el informe incluye una breve descripción de períodos anteriores en los que el gobierno estuvo también implicado en crímenes atroces para los cuales hasta ahora no se han rendido cuentas. Se incluye entonces el período de la llamada “guerra sucia” emprendida por el gobierno contra estudiantes de izquierda y disidentes de la década de 1960 a 1980, con el fin de situar el reciente aumento de la violencia en un contexto histórico y político más amplio. ¿QUÉ SIGNIFICA “CRÍMENES ATROCES”? Las Naciones Unidas define el término incluyendo los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. 3 Este informe usa el término para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Las personas afectadas no solo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas a través del país y son con cada vez más frecuencia víctimas de la cruel violencia de los cárteles. Específicamente, el informe examina tres tipos de crímenes atroces: asesinatos, desapariciones, y tortura y otros tipos de maltrato. 4 El informe pretende dibujar una síntesis realizada de buena fe sobre todas las estadísticas y la documentación disponibles sobre crímenes atroces en México desde diciembre de 2006. Sin embargo, se aclara que el cuadro es parcial. Únicamente datos precisos y completos pueden revelar la naturaleza y la escala total de estos crímenes. La mayor parte de los datos en que se basa el análisis provienen necesariamente de fuentes gubernamentales. Esto crea un considerable desafío metodológico, ya que los datos del gobierno sobre delitos atroces y de otro tipo en México son notoriamente incompletos, sesgados hacia la reducción al mínimo, y por lo tanto a menudo poco fiables. Las fuentes de datos sobre la delincuencia se encuentran descentralizadas; los estados varían en su capacidad y voluntad para obtener y compartir los datos tanto con el gobierno federal como con el público. Algunos estados mantienen datos en forma electrónica y en línea, mientras que otros todavía mantienen registros en papel de difícil acceso. Particularmente para los crímenes atroces, los datos sufren de una categorización inexacta e inconsistente, lo cual constituye en sí mismo un síntoma
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