ARMANDO

ISSN: 2448-5993
REVISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO ELECTORAL
Publicación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Publicación semestral Dic’ 15- May’ 16. 5ta Época. Vol. 1. Num. 15
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL.
Fotógrafo ARMANDO AGUAYO

JUSTICIA Y SUFRAGIO
J
S
Clasificación Dewey: 349.7235
Título: JUSTICIA Y SUFRAGIO
Editor Responsable: Everardo Vargas Jiménez.
Editorial: Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
ISSN: 2448-5993.
Época: V
Volumen: 1.
Número: 15.
Año: 7.
Periodicidad: Semestral.
Encabezamientos de materia: 1. México. 2. Derecho. 3. Elecciones.
4. Legislación. 5. Jalisco. 6. Derechos políticos. 7. Derechos electorales.
JUSTICIA Y SUFRAGIO, Año 7, No. 15, diciembre15 - mayo 16, Época V, Vol. 1., es
una publicación semestral editada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
López Cotilla No. 1527, Col. Americana, C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco. Tel.
(0133) 30017100, justiciaysufragio@triejal.gob.mx, everardovargas@triejal.
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Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Directora de la Revista: Dra. Teresa Mejía
Contreras, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-092216201900-
102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: 2448-5993,
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imprimir el 31 de mayo de 2016 con un tiraje de 500 ejemplares.
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“La gran legislación y abolición de la esclavitud”, en el ex
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Jurisprudencia
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JUSTICIA Y SUFRAGIO
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C CONTENIDO
Editorial 5
Presentación 7
Carlos Báez Silva
ARTÍCULOS
Participación ciudadana y participación democrática, diferencias y convergencias en
iniciativa de reforma constitucional Jalisco 12
Eduardo Casillas Torres
El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento especial
sancionador 18
Felipe De La Mata Pizaña
Aarón Alberto Segura Martínez
Defensa pública electoral para pueblos indígenas 28
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez
El financiamiento de los candidatos independientes en México 35
Mónica Aralí Soto Fregoso
ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México 46
María Del Carmen Alanís Figueroa
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática 62
Francisco Javier Arenas Soto
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares
en el ámbito electoral 83
Raúl Becerra Bravo
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad 99
Constancio Carrasco Daza
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 111
Manuel González Oropeza

CONTENIDO C
De lo legal a lo indebido 127
Jesús González Salas
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido:
caso de ayuntamientos 137
Juan Pablo Hernández Venadero
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco 157
José Alberto López Damián
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial:
una perspectiva ulterior a la praxis de la última reforma político-electoral en México 169
Israel Antonio Mendoza Guerrero
La regulación del cabildeo en México 195
Carlos Manuel Rosales
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas
interpretativas 219
Javier Santiago Castillo
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación 229
María Guadalupe Silva Rojas
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco,
proceso electoral 2014- 2015 244
Christian Analí Temores Orozco
JURISPRUDENCIA
Comentario a la tesis XXI/2016 de rubro: control constitucional
y convencional de normas electorales. Método para determinar la regularidad
de una norma que instrumenta un derecho humano 261
Ma. Del Carmen Díaz Cortés
LINEAMIENTOS
Lineamientos para la publicación de trabajos
en la revista justicia y sufragio 267

E EDITORIAL
EDITORIAL
Una vez más el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, a través del Instituto de Investigaciones
y Capacitación Electoral, cumple con el contenido normativo en materia de investigación,
la que se difunde en este nuevo número de Justicia y Sufragio, Revista Especializada en
Derecho Electoral.
Es importante hacer énfasis en que se ha pugnado desde la génesis de esta publicación periódica,
a partir de la atalaya de la calidad, un ejemplo de ello es que Justicia y Sufragio actualmente
cuenta con código numérico reconocido: International Standard Serial Number (ISSN) tanto
en su versión impresa, como en la electrónica, además con el certificado de licitud de título y
contenido. Esto por obviedad brinda certeza a los autores de los textos y a los lectores de la
revista.
En esta ocasión la temática de los contenidos va desde el halo de la convencionalidad en materia
electoral, recorriendo cuestiones procedimentales e instrumentales aplicables al proceso
electoral, éstas últimas auxiliándose de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Asimismo, se aborda la regulación del cabildeo en México, hasta llegar al análisis de los retos
que se advierten de la reforma político-electoral de 2014 en cuestiones relacionadas con el
procedimiento especial sancionador, con el financiamiento de candidatos independientes, entre
otros.
Por otra parte, hago mención de la distinción en las plumas que colaboran en este número de
Justicia y Sufragio, las que se caracterizan por el conocimiento, la experiencia y el compromiso
por la autenticidad de las líneas que construyen, lo que hace ostensiva la impronta de
la calidad de esta publicación. En el mismo sentido, manifiesto con ahínco el agradecimiento
respectivo, que alcanza a los lectores por la confianza de la elección de este medio de difusión
de la cultura jurídica.
Mi reconocimiento a la magistrada Teresa Mejía Contreras por el acucioso y relevante trabajo
que ha desempeñado como directora de la revista. Finalmente, hago hincapié que este órgano
de difusión no sólo es un deber legar, sino, la forma de contribuir con conocimiento a la consolidación
de la democracia con acento constitucional.
Magdo. Everardo Vargas Jiménez
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
5
JUSTICIA Y SUFRAGIO

P PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Carlos Báez Silva1
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), atento a sus funciones en materia de investigación,
pero también al espíritu que lo ha caracterizado como un promotor del conocimiento, pone
en manos de los lectores temas de actualidad e interés electoral. Su revista Justicia y Sufragio,
es un esfuerzo semestral por publicar estudios, análisis y opiniones de distinguidos funcionarios
electorales, connotados expertos e importantes académicos nacionales e internacionales.
En ese sentido, es merecedor de reconocimiento el compromiso que el TEEJ mediante su revista
en versión física y electrónica, tiene con la divulgación, el conocimiento y la promoción
de la ética. Sin duda alguna, es perceptible el esfuerzo y dedicación porque los temas en los
artículos, ensayos y comentarios presentados en cada número contribuyan a la reflexión y el
análisis de los lectores.
La oportunidad de los temas, la calidad editorial y el alto nivel académico de sus colaboradores,
aunado a su longevidad, ya en su quinta época, hacen de la revista Justicia y Sufragio, un
referente bibliográfico nacional e incluso internacional. Todo lo anterior, converge para que el
conocimiento constituya una base sólida para la publicación de Justicia y Sufragio.
El presente número se desarrolla en el contexto de análisis de los efectos de la reforma electoral
2014 – 2015, de ahí que, se presenten reflexiones y las primeras conclusiones. El texto
inicial de la sección Artículos, se intitula “Participación ciudadana y participación democrática,
diferencias y convergencias en iniciativa de reforma constitucional Jalisco” de la autoría de
Eduardo Casillas Torres, quien a partir de un análisis de los conceptos de participación ciudadana
y participación democrática, pone sobre la mesa de debate algunas consideraciones que
deberán tomar en cuenta los legisladores locales respecto a dar apertura a otros agentes diferentes
a los ciudadanos jaliscienses en la participación de los asuntos públicos.
El segundo artículo “El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento
especial sancionador” de coautoría de Felipe De la Mata Pizaña y Aarón Alberto Segura Martínez,
plantea la importancia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
1 Licenciado en derecho, Maestro en ciencia política y Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Ha sido secretario
de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es
director del Centro de Capacitación Judicial Electoral de dicho tribunal. Correo electrónico: carlos.baez@te.gob.mx
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JUSTICIA Y SUFRAGIO

PRESENTACIÓN
Judicial de la Federación, como un órgano judicial de control constitucional y convencional. Para
demostrarlo, se relatan brevemente algunos criterios sobre derechos fundamentales que han
sido garantizados por dicha Sala.
El tercer artículo “Defensa pública electoral para los pueblos indígenas” resalta la importancia
de la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su desarrollo Eugenio I. Partida Sánchez,
congratula la implementación de políticas públicas y reformas legales para salvaguardar
y brindar una protección más amplia a las comunidades indígenas.
En el último artículo de esta sección “El financiamiento de los candidatos independientes” de
Mónica Aralí Soto Fregoso, se estudia el marco legal que regula el financiamiento de los candidatos
independientes, sosteniendo que las y los candidatos independientes se encuentran
en situación de desventaja frente a los partidos políticos, lo que se traduce en una imposibilidad
de competir en términos reales o efectivos en los comicios.
El primer artículo de la sección de Ensayos, “Regulación e implementación de las candidaturas
independientes en México” de María del Carmen Alanis Figueroa, tiene como propósito realizar
un breve recorrido por la implementación y resultados de las candidaturas independientes
en la elección federal, así como en las elecciones locales coincidentes con la federal y la armonización
legislativa que los congresos estatales tuvieron que realizar antes del inicio de sus
respectivos procesos electorales. Desde la óptica del artículo, las candidaturas independientes
son una opción real y viable, sin embargo, requieren modificaciones a su regulación.
El siguiente ensayo “Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y la calidad democrática”,
parte de una descripción cronológica del sufragio y las Tecnologías de la Información, así
como de los antecedentes tecnológicos de los sistemas de votación electrónicos, para mostrarnos
cuáles son los sistemas de votación electrónica, su panorama global, nacional y local,
y el debate existente sobre el tema. Para Francisco Javier Arenas Soto, es necesario transitar
hacia la construcción de un Sistema Integral de Gestión y Votación que permita dar un paso
más en la legitimidad y calidad democrática.
El tercer trabajo de esta sección “Un problema y una propuesta de solución en materia de las
medidas cautelares en el ámbito electoral” de Raúl Becerra Bravo, se hace una crítica al papel
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral para hacer efectivas las medidas cautelares. Asimismo, se debate
la interpretación y criterios emitidos por la Sala Superior y se propone una solución.
Por su parte, Constancio Carrasco Daza expone en “Los derechos políticos en un ámbito de
progresividad”, una síntesis de las actividades institucionales y los logros alcanzados por el
JUSTICIA Y SUFRAGIO
8

Carlos Báez Silva
TEPJF en cuanto a la expansión de los alcances del Juicio para la protección de los Derechos
político-electorales del Ciudadano (JDC). En el se considera que, en tres décadas de existencia
del JDC, se ha registrado una notable progresividad en los derechos políticos, pasando de
la protección de un número limitados de ellos, al reconocimiento e impulso de aquellos relacionados
con el pleno disfrute de los primeros.
“El reflejo de la Constitución federal de 1917 respecto de la vigente Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Jalisco”, de Manuel González Oropeza, refiere que, del análisis del
texto original de la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917, se desprende que el
Constituyente local adoptó el espíritu y diversas figuras de la Constitución Federal del mismo
año. Lo anterior, hace evidente que las constituciones estatales no se limiten a copiar y armonizar,
por el contrario, poseen un margen más amplio del que se piensa, al grado de que muchas
instituciones políticas y jurídicas de la federación son iniciadas en los estados.
En el sexto ensayo, que se titula “De lo legal a lo indebido”, se reflexiona sobre los impactos
que puede tener la organización de los procesos electorales internos de los partidos políticos
por parte del Instituto Nacional Electoral. Desde la perspectiva de Jesús González Salas, es
necesario que la organización de dichos procesos no vulnere los derechos de los trabajadores
del INE, se regule el uso de recursos públicos y se utilicen exclusivamente prerrogativas a que
tienen derecho los partidos políticos.
Por su parte, Juan Pablo Hernández Venadero, estudia en “Aproximación al modelo de igualdad
entre candidaturas independientes y de partido: caso de ayuntamientos”, las problemáticas
que enfrentan las candidaturas independientes, poniendo especial atención a la asignación de
regidurías de representación proporcional en el caso de ayuntamientos. En ese sentido, el autor
considera que, si la finalidad de la representación proporcional es la que todas las fuerzas
este representadas, no existe razón para negar a los candidatos independientes el acceso a
una regiduría de representación proporcional.
En su ensayo “El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el Estado de Jalisco”,
José Alberto López Damián, presenta un panorama general respecto del procedimiento
sancionador especial en el Estado de Jalisco. Derivado de las modificaciones hechas al libro
sexto del Código Electoral y de participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el procedimiento
sancionador especial resultó ser un parteaguas que representó un reto para las autoridades
electorales locales de Jalisco, a decir del autor, es un acierto ya que permite el acceso a la justicia
pronta y expedita.
El siguiente texto “La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial: un
perspectiva ulterior a la praxis de la última reforma político- electoral en México” de Israel
Antonio Mendoza Guerrero, realiza un análisis sobre la separación de competencias entre
9 JUSTICIA Y SUFRAGIO

PRESENTACIÓN
un órgano administrativo y otro jurisdiccional para tramitar, sustanciar y resolver el procedimiento
especial sancionador, con el fin de conocer si efectivamente se ha cumplido con las
expectativas que llevaron al legislador a proponer este sistema. Al respecto, el autor señala
que el desarrollo debe recaer en la autoridad jurisdiccional.
En “La regulación del cabildeo en México”, Carlos Manuel Rosales, muestra la relación entre
servidores públicos y lo que él denomina como “cabilderos”. El autor realza consideraciones
sobre lo sano y/o necesario del cabildeo, pero también advierte sus efectos perniciosos, estimando
necesario la existencia de regulación entre cabilderos y representantes populares y
agentes de gobierno.
La exposición sobre “El registro de Partido del Trabajo: entre la representación política y las
paradojas interpretativas” de Javier Santiago Castillo, reflexiona sobre lo sucedido y los efectos
sobre el sistema mexicano de representación política. La interesante conclusión señala que
cualquier determinación en materia político-electoral, si bien debe enfocarse al caso concreto,
no debe soslayar sus posibles efectos sobre el sistema en su conjunto.
El análisis del impacto que tuvo “La reforma constitucional en materia político-electoral de
2014 y su implementación”, se estudia por María Guadalupe Silva Rojas. El estudio aborda
puntualmente las modificaciones relacionadas a la elección e integración de órganos de gobierno,
campañas electorales, comunicación política, participación ciudadana, autoridades
administrativas electorales y regulación de partidos. Cabe señalar que el estudio concluye valorando
las reformas positivas y las que pueden fortalecerse.
En el último ensayo “Asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
Caso Jalisco, proceso electoral 2014 – 2015”, se abordan las conclusiones a las que arribaron
las diferentes instancias jurisdiccionales electorales en cuanto al tema. Al respecto, Christian
Analí Temores Orozco, señala que el caso Jalisco es un ejemplo de que las autoridades
electorales están obligadas a realizar interpretaciones acordes con la Norma Rectora y los instrumentos
internacionales.
La sección Comentario de Jurisprudencia, está a cargo de María del Carmen Díaz Cortés y en
ella se expone la Tesis XXI/2016 con el rubro CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIO-
NAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA
NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.
El lector tiene en sus manos no sólo un número más de esta revista (por relevante que esto
sea) sino un ejemplar que contiene los posicionamientos relevantes de algunas de las personas,
que día a día en este país, contribuyen en la consolidación del derecho electoral y la
democracia mexicana.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
10

A
ARTÍCULOS

ARTÍCULOS A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, DIFERENCIAS
Y CONVERGENCIAS EN INICIATIVA DE
REFORMA CONSTITUCIONAL JALISCO
Citizen participation and democratic participation,
differences and convergences in the Jalisco
Constitutional Reform Initiative
Eduardo Casillas Torres 1
Recepción: 14 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 07 de mayo de 2016.
Pp. 12-17
Resumen:
Acorde a la progresividad democrática que atraviesa el país, Jalisco pretende, a través de
una iniciativa de reforma constitucional propuesta por el ejecutivo del estado, incorporar
mecanismos de participación ciudadana y participación democrática para poder fincar
las bases de una nueva ley de participación democrática.
El presente artículo tiene como finalidad analizar la naturaleza y diferencias conceptuales
entre participación ciudadana y participación democrática, para, a partir de ahí, entender
sus bondades.
Palabras clave
Participación ciudadana, Participación democrática, Democracia, Democracia participativa.
1 Maestro en Derecho Electoral, Doctorando en Derecho Constitucional con orientación a la investigación de la Universidad de
Guadalajara. Correo electrónico: eduardo.casillas@iepcjalisco.org.mx
JUSTICIA Y SUFRAGIO
12

Eduardo Casillas Torres
Abstract:
According to democratic progressivity which the country is going through, Jalisco pretend,
through an initiative of constitutional reform proposed by the Executive of the
State, incorporate mechanisms of citizen participation and democratic participation to,
be able to establish the bases of a new law of democratic participation.
This essay has the finality to analyze the nature and conceptual differences between
citizen participation and democratic participation and then be able to comprehend its
benefits.
Keywords
Citizen participation, Democratic participation, Democracy, Participatory democracy.
INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Previo a esbozar la diferencia conceptual entre participación ciudadana y participación democrática,
es de suma importancia metodológica el establecer el marco de ambos conceptos.
Tenemos que el micro sitio de internet del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia
del Gobierno de Chile define la participación ciudadana como “El involucramiento activo de
los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen
repercusión en sus vidas...”2.
Por otra parte, Juan Ramírez Saíz, en su libro, La participación ciudadana en la democracia
establece:
El término “participación ciudadana” remite a la actividad pública en la que los individuos
toman parte de la comunidad, local o nacional, en su condición de ciudadanos y
sujetos activos de ella. Es decir, la participación ciudadana tiene un componente político,
que no es necesariamente partidario. Estriba en la participación de la ciudadanía en
asuntos y acciones públicos o de interés general 3.
Por lo anterior, es oportuno llegar a la conclusión de que la participación ciudadana sólo, para
efectos de este ensayo, es aquella participación que:
• Realicen exclusivamente los ciudadanos.
• Que dicha participación sea en asuntos y acciones públicos o de interés general.
2 Portal oficial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile, consultado el día dos de marzo de
2016: http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/que-es-participacion-ciudadana
3 RAMÍREZ SAÍZ, Juan Manuel, La participación ciudadana en la democracia, Guadalajara, México. 2013. p.11.
13 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
Participación ciudadana y participación democrática
CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ACORDE A LA INICIATIVA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL PLANTEADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO EN JALISCO
En el párrafo anterior se estableció puntualmente el concepto de participación ciudadana, sin
embargo, los canales oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco señalan que su titular presentó
ante el Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa de reforma constitucional que, a la
postre, deberá de culminar en la creación de una nueva ley en materia de participación democrática,
esto a diferencia de dos iniciativas, una presentada por la fracción del Partido Acción
Nacional y otra por el partido Movimiento Ciudadano y un diputado independiente, que hablan
de participación ciudadana.
Luego entonces, la pregunta a contestar sería ¿Qué es la participación democrática, dentro
del marco de la iniciativa planteada por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco?
Respondiendo a la interrogante planteada en el párrafo anterior, la iniciativa presentada el pasado
26 de enero de 2016 por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, visible en
el portal oficial del gobierno del estado4, señala en su página 8 que, el espíritu de la misma es,
entre otras cosas, el facilitar o complementar algunas figuras de participación democrática
mediante la participación de asociaciones vecinales como sujetos con legitimación junto con
los ciudadanos para solicitar procedimientos de plebiscito y referéndum municipal, es por lo
cual, señala la iniciativa en estudio “no se constriñe solamente a regular la participación ciudadana
sino a garantizar una efectiva participación democrática”5.
Sin embargo, no es hasta unas líneas precedentes en donde se explica con claridad la pretensión
de incorporar seis nuevas figuras de participación que “trasciendan el concepto de
participación ciudadana a participación democrática, de las cuales una de ellas –la de la consulta
cívica- permite la concurrencia no sólo de los ciudadanos, sino de todos los habitantes
en el territorio de nuestro estado”6.
DIFERENCIAS ENTRE AMBOS CONCEPTOS
De lo anterior, se puede arribar a la conclusión atendiendo a la distinción conceptual derivada
de la iniciativa de reforma constitucional en estudio, en la cual define los medios de participación
democrática como aquellos que “permiten la concurrencia no sólo de los ciudadanos, sino
de todos los habitantes en el territorio de nuestro estado”7.
4 Gobierno del Estado de Jalisco, Iniciativa mediante la cual se reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia
de Participación Democrática, consultada el día 02 de marzo de 2016 en el portal oficial de internet: http://decidamos.
jalisco.mx/documentos/RPD.pdf
5 Ibídem, p.8.
6 Ídem.
7 Ídem.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
14

Eduardo Casillas Torres
En ese orden de ideas, se puede observar la diferencia básica entre los dos conceptos; por un
lado, en los medios de participación ciudadana intervienen sólo los ciudadanos, y en los medios
de participación democrática, intervienen además de éstos, otros agentes tales como
avecinados, menores de edad y extranjeros; esto es, una democracia participativa extendida
y diferente a como la teníamos concebida hasta el momento en el Estado.
PROBLEMAS FILOSÓFICOS CONCEPTUALES
Previo a establecer algunos problemas filosóficos respecto de los conceptos que se han venido
analizando, es menester para el suscrito hacer la distinción en el sentido de que el concepto de
participación ciudadana embona perfectamente en la definición esquemática de participación
democrática como una especie del género, para los efectos de este artículo, ambos conceptos
los estudiaremos como símiles y como parte de mecanismos de democracia participativa,
es decir, ningún concepto contiene al otro entre sí.
Una vez establecido lo anterior, abordemos el paradigma democrático que plantea la Constitución
federal respecto de la participación en democracia y como lo es, -aparentemente-,
exclusiva a los ciudadanos mexicanos, entendiendo como ciudadanos mexicanos los definidos
en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que señala:
Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir8.
Así mismo, el artículo 35 de la constitución señalada establece que son derechos de los
ciudadanos mexicanos, en la materia que nos ocupa:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades
que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones
y términos que determine la legislación;
8 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión publicada
el día 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, artículo 34, consultada el día 02 de febrero en el portal de
internet http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
15 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
Participación ciudadana y participación democrática
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país;
IV. …
V. …
VI. …
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la
Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta
materia le otorgue la ley, y
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional…”9.
Y, coincidentemente, nuestra Ley Suprema, en su artículo 36, señala además, no sólo
como derecho, sino como obligación que
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
I. …
II. …;
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la
ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas,
que en ningún caso serán gratuitos; y
V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales
y las de jurado10.
Como se advierte, la Constitución federal contempla como paradigma prima facie la reserva
exclusiva de los asuntos de elección popular y participación democrática a los ciudadanos
mexicanos.
No obstante lo anterior, la iniciativa que se ha venido analizando contempla en algunos medios
de participación democrática la intervención de entes de derecho distintos de los ciudadanos
mexicanos, dando apertura posiblemente, ¿Por qué no?, a menores, avecindados, inclusive,
extranjeros; cuestiones que el legislador deberá de tener muy presentes al momento de dictaminar
la iniciativa en estudio en la correspondiente comisión de asuntos constitucionales y
legislativos o, en su defecto, puntualizarlo de manera clara en la ley secundaria que, en materia
de participación democrática se expida, recordando y armonizando la prohibición constitucional
de los extranjeros a participar en los asuntos políticos del país, o realizar una reforma más
profunda que abarque a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9 Ibídem, artículo 35.
10 Ibídem, artículo 36.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
16

Eduardo Casillas Torres
CONVERGENCIAS TELEOLÓGICAS
No obstante haberse expuesto en el punto anterior un paradigma, en el cual sólo los ciudadanos
pueden participar de manera activa y utilizar de manera efectiva los mecanismos de
participación ciudadana en el Estado, observamos la apertura de la ya tan socorrida justicia de
los derechos humanos, la propia Constitución federal en su artículo primero da la posibilidad
de extender los derechos democráticos pro persona con la finalidad de brindar la protección
más amplia a una democracia que camina a pasos agigantados.
CONCLUSIÓN
Como se ha expuesto, el mundo transita a una democratización progresiva y Jalisco no es la
excepción.
Los diputados de la actual legislatura tienen la obligación de analizar las iniciativas de reforma
constitucional planteadas a la asamblea, pero sobre todo, la gran responsabilidad de dar o no,
apertura al paradigma que ha permeado por años en Jalisco, y determinar, si se da la apertura
a agentes distintos a los ciudadanos jaliscienses para que puedan hacer uso de los medios de
participación democrática que, hasta hoy, le son propios a los ciudadanos mexicanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CÁMARA DE DIPUTADOS H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, versión publicada el día 29 de enero de 2016 en el Diario
Oficial de la Federación y consultada el día 02 de febrero de 2016 en el portal de
internet
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Iniciativa mediante la cual se reforma la Constitución
Política del Estado de Jalisco, en materia de Participación Democrática, consultada
el día 02 de marzo de 2016 en el portal oficial de internet: http://decidamos.
jalisco.mx/documentos/RPD.pdf
RAMÍREZ SAÍZ, Juan Manuel, La participación ciudadana en la democracia, Guadalajara,
México. 2013.
Portal oficial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile,
consultado el día dos de marzo de 2016: http://participacionciudadana.minsegpres.
gob.cl/que-es-participacion ciudadana
17 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS A
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD EN
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
The constitutionality and conventionality control
in the sanctioning special procedure
Felipe De La Mata Pizaña1
Aarón Alberto Segura Martínez2
Recepción: 16 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 11 de mayo de 2016.
Pp. 18-27.
Resumen:
Mediante la cita de diversos criterios judiciales en tópicos como la libertad de expresión
y su vinculación al periodismo, los derechos de terceros y la tutela judicial efectiva, los
autores argumentan que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es un auténtico órgano judicial de control constitucional y convencional.
Palabras Clave:
Sala Especializada, libertad de expresión, derechos de terceros, tutela judicial efectiva,
control constitucional, control convencional.
1 Doctor en Derecho por las universidades Panamericana y Castilla la Mancha, Campus Toledo. Actualmente es magistrado
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico: yhali.cruz@
te.gob.mx
2 Maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Administración y Políticas del Tec de Monterrey y Maestro en
Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico: aaron.segura@te.gob.mx
JUSTICIA Y SUFRAGIO
18

Felipe De La Mata Pizaña | Aarón Alberto Segura Martínez
Abstract:
Through quoting several judicial judgements in subjects such as freedom of speech and
its relation to media and journalism, rights of third parties and due process, the authors
argue that the Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación is an authentic judicial court of constitutional and conventional control.
Keywords:
Sala Especializada, freedom of speech, third party rights, due process, constitutional
review, conventional review.
INTRODUCCIÓN
Alresponder la pregunta ¿Qué son los tribunales constitucionales?, Héctor Fix-Zamudio considera
que son aquellos entes que deciden la interpretación de los principios, valores o normas
fundamentales, adquiriendo tácitamente el carácter de órganos autónomos constitucionales
con funciones jurídico-políticas3.
En ese sentido, vale la pena indicar que un tribunal constitucional es aquél órgano encargado
de dotar de contenido a los textos constitucionales (y por vía de incorporación, también a los
convencionales), lo cual debe hacer con particular énfasis en lo que Luigi Ferrajoli considera la
dimensión sustancial de la democracia: los derechos fundamentales4.
Desde esta concepción, el trabajo realizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Especializada) permite atestiguar que las funciones
de ese órgano jurisdiccional residen en la interpretación y aplicación de las normas del
parámetro de constitucionalidad que impactan en la resolución de los procedimientos especiales
sancionadores, con especial énfasis en la potencialización de los derechos fundamentales.
Para ello, habría que recordar que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tal y como lo ha advertido la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
…reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, [mismos que]
constituyen elparámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual
3 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y funciones de los organismos jurisdiccionales
especializados en la resolución de procesos constitucionales. En: Tribunales y justicia constitucional. México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2002. Pág. 201.
4 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. España: Editorial Trotta, 2008. Págs. 80-82.
19 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento especial sancionador
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico
mexicano5.
En este sentido, los órganos jurisdiccionales adquieren un compromiso ineludible con el
material constitucional y convencional en sus resoluciones, pues deberán ejercer de forma
oficiosa un control revisor de las normas que aplican y de los criterios que emiten de tal forma
que se logre la máxima promoción, respeto, protección y garantización de los derechos
fundamentales, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.
Sobre estas mismas bases, en un célebre ensayo, el otrora juez de la corte constitucional de
Israel, Aharon Barak, sostuvo que la principal preocupación de un tribunal constitucional en
una democracia es la más amplia acción correctiva de todo el sistema, la cual se debe enfocar
en dos problemas principales: 1) cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad, y, 2) proteger
la democracia6.
Siguiendo esta visión, a poco más de un año de su creación, la Sala Especializada ha priorizado
la salvaguarda y maximización de los derechos humanos de la ciudadanía, así como la
protección del buen funcionamiento de aquellos aspectos que impactan directamente en el
juego democrático electoral, a través de una visión tutelar en cuanto a los aspectos que permiten
ampliar el margen de libertades individuales y una tarea garantista de la igualdad en
los comicios.
Para muestra de ello, se relatarán de manera muy breve diversos criterios sobre algunos
derechos fundamentales que han sido garantizados en dicha sede jurisdiccional. Ello dará
oportunidad de poner de relieve el carácter progresivo y liberal con el cual la Sala Especializada
ha abordado los temas de su competencia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En primer término, se referirá un tema sobre el cual gran parte del trabajo de la Sala Especializada
se concentra: la libertad de expresión.
5 Tesis: P./J. 20/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS
EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE RE-
GULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO
DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 202. Código IUS: 2006224.
6 BARAK, Aharon. Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia. México: Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2008. Pág. 1.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
20

Felipe De La Mata Pizaña | Aarón Alberto Segura Martínez
Y ello es así, porque este derecho fundamental ocupa un lugar privilegiado para la construcción
de la democracia.
Entendida desde su carácter procedimental, la democracia es un sistema de reglas basado en
el principio de las mayorías: esto es, integrarán los órganos de gobierno quienes sean elegidos
mayoritariamente mediante el voto popular. A su vez, este mismo sistema permite que
las minorías puedan convertirse, del mismo modo, en mayorías.
Sin duda alguna, en la obtención del voto ciudadano, el papel de la comunicación juega un rol
fundamental para la transmisión de las ideas. En el asidero constitucional es donde la libertad
de expresión se pone de relieve como un aspecto imprescindible para la construcción de
la democracia.
En efecto, la libertad de expresión tiene su rasgo distintivo en fungir como un vehículo para la libre
manifestación de las ideas, con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de una comunicación
pública. Mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, al contribuir a la
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente
informado, en la medida en que representa el escrutinio ciudadano a la labor pública.
Dentro de la labor de la Sala Especializada, han sido de particular interés social los asuntos
que se han resuelto en donde se cuestiona la labor comunicativa de los periodistas, pues han
permitido sostener que el periodismo en una sociedad democrática representa una de las
manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información, ya que son los
periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre
lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público
sea fuerte, informado y vigoroso.
Por ello, se ha determinado que una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental
para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático, particularmente
porque cumple una función de cara al derecho fundamental a la información de la sociedad.
El alcance dado a la protección del derecho fundamental a la libre expresión, y por consiguiente,
al diverso derecho a la información de la ciudadanía, ha sido tan amplio bajo la consideración
de que ello juega un papel fundamental para la construcción de una democracia madura. Así,
de forma ejemplificativa:
• Se ha protegido el discurso crítico, satírico, mordaz e irónico en la difusión de opiniones
acerca de contenido de carácter noticioso 7 .
7 SRE-PSC-70/2015 y SRE-PSC-147/2015.Todas las sentencias de la Sala Especializada se encuentran disponibles para su
consulta en www.te.gob.mx.
21 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento especial sancionador
• Se reconoció a la parodia como una forma legítima de estilo en la difusión de las noticias8.
• Se amparó de forma robusta la libertad en la elección del contenido noticioso9.
• Se ha garantizado una amplia libertad en los cuestionamientos que los periodistas llevan
a cabo como parte de su labor 10 .
• Se determinó que incluso una fuente de financiamiento público de los noticiarios no es
un elemento relevante para poner candados en la libertad del ejercicio periodístico 11 .
• Se privilegió la información noticiosa en torno a temas de interés público, como relevante
y necesaria para el escrutinio de las propuestas electorales, y con ello, como un
elemento válido de la propaganda política 12 .
• En cuanto a su aspecto individual, se ha reconocido que la libertad de expresión sirve
como garante de otro tanto cúmulo de derechos fundamentales, tales como el libre
desarrollo de la personalidad, el derecho al honor, a la propia imagen e incluso a la generación
de igualdad entre la ciudadanía.
• También se han emitido criterios que han servido para imponer vínculos y límites al ejercicio
de la libertad de expresión en su dimensión individual. Así:
• Se reconoció una amplia libertad a los actores políticos para expresar sus ideas en el
marco de las entrevistas 13 .
• Se determinó que la verdad es un elemento legitimador en la construcción de los discursos
críticos 14 .
• Se protegió el honor de las personas ante las calumnias: esto es, las que tratan sin más
de imputar hechos que se saben falsos o que son considerados delictivos 15 .
• Pero también se permitió que se discutan públicamente las conductas que se encuentran
en investigación ante las autoridades 16 .
8 SRE-PSC-70/2015.
9 SRE-PSC-263/2015.
10 SRE-PSC-102/2015 y SRE-PSC-204/2015.
11 SRE-PSC-70/2015.
12 SRE-PSC-126/2015.
13 SRE-PSC-102/2015.
14 SRE-PSC-58/2015, SRE-PSC-185/2015 y SRE-PSC-139/2015.
15 SRE-PSC-257/2015.
16 SRE-PSC-139/2015 y SRE-PSC-43/2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
22

Felipe De La Mata Pizaña | Aarón Alberto Segura Martínez
• Se consideró que la información que circula en los medios de comunicación debe ser
ampliamente protegida en cuanto a su posibilidad de discusión pública, incluso en la propaganda17.
• Se fijó como un límite a la propaganda el uso de la imagen de otros sin su consentimiento
18 .
• Se catalogó a las redes sociales como un espacio privilegiado donde las personas pueden
expresar libremente sus ideas, incluso si éstas son de carácter electoral 19 .
El modelo de comunicación política debe estar basado en el intercambio, en la discusión, en
el contraste y en la razón. Por ello, lejos de criterios que promuevan actitudes de censura, un
análisis de las sentencias de la Sala Especializada evidencia que se ha interpretado liberalmente
el andamiaje constitucional y convencional, de tal forma que se privilegie la libertad en la
circulación de la información de cara a la sociedad.
DERECHOS DE TERCEROS
Otro aspecto de la mayor relevancia para la política jurisdiccional de la Sala Especializada en la
determinación de sus criterios ha sido el de la máxima protección a los derechos constitucionales
de los terceros. Esto es, de aquellos que no forman parte central de las contiendas electorales,
y que, sin embargo, se han visto agraviados por las prácticas destinadas a la obtención del voto.
Con ello, se ha asumido completamente el carácter reivindicador que un Tribunal encargado
de la defensa del bloque de constitucionalidad debe tener. No sólo se trata de proteger a las
partes que claman justicia, sino procurar la máxima protección a la sociedad en su conjunto,
lo que desde luego incluye a cada uno de sus ciudadanos.
A manera de ejemplo, se sostuvo que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia
y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad, porque este último funge
como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos
humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones
de sexo o género 20 .
Así, desde la óptica de la perspectiva de género, se estimó que censurar expresiones en la
propaganda que hagan referencia a alguien como un hombre que golpea mujeres, sería tan-
17 SRE-PSC-2/2014 y SRE-PSC-43/2015.
18 SRE-PSC-94/2015 y SRE-PSC-43/2015.
19 SRE-PSC-168/2015 y SRE-PSC-174/2015.
20 SRE-PSC-257/2015.
23 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento especial sancionador
to como invisibilizar una situación de interés público (específicamente del electorado), tal y
como lo es un supuesto acto de agresión hacia una mujer, máxime cuando ello ha sido parte
de la información que circula en los medios noticiosos y que incluso ha sido objeto de investigaciones
de índole penal 21 .
De esta forma, se asumió un criterio de máxima transparencia en los asuntos con incidencia en
la violencia de género, para permitir su discusión en la arena pública a través de la propaganda
de los diversos contendientes en el proceso electoral, eliminando toda forma de exclusión
del debate social 22 .
Por otra parte, igualmente se tuvo la oportunidad de pronunciamiento acerca de un tema de
importancia fundamental, como es el interés superior del menor y los derechos de la niñez.
Desde una visión protectora de este grupo vulnerable, se consideró que la aparición de infantes
en la propaganda electoral es ilícita si ésta se realiza sin el consentimiento expreso por
parte de quienes ejercen la patria potestad sobre los mismos 23 .
Incluso, se fue más allá de ponderar derechos estrictamente electorales al proteger los derechos
de los menores de edad, ante la posibilidad de que su aparición en la propaganda sea
en contra de su voluntad, al reconocer que éstos también tienen opinión respecto de lo que
quieren hacer 24 .
Bajo este escenario, y conforme al desarrollo de un principio general de in dubio pro infante,
se determinó implementar que en la aparición de menores de edad en los promocionales se
deben de tomar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones
de riesgo potencial que pudiesen afectar el interés superior del menor, por lo que incluso se
desarrolló una lista de requisitos para permitir su participación, siguiendo los estándares internacionales
en la materia 25 .
Con ello, la Sala Especializada asumió un carácter particularmente garante del interés superior
de los menores, reconociendo que éste debe imperar en toda situación, incluidas las de la
materia electoral.
21 Ídem.
22 Ídem.
23 SRE-PSC-121/2015.
24 Ídem.
25 Ídem.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
24

Felipe De La Mata Pizaña | Aarón Alberto Segura Martínez
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Finalmente, habría que reflexionar que los criterios jurisdiccionales de nada servirían si éstos
no fueran asequibles y efectivos.
En efecto, una buena medida de la calidad de la justicia en el sistema jurídico se mide a través
de la posibilidad real de que la ciudadanía pueda acceder a ella, así como de la eficacia del
cumplimiento de las resoluciones que se obtengan a partir de los procedimientos judiciales.
Es esta la dimensión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, mismo que impone
a las autoridades jurisdiccionales el interpretar los requisitos de acceso a la justicia de tal
forma que sean tan amplios como razonablemente sea posible, así como establecer los mecanismos
necesarios y suficientes para que sus sentencias se acaten cabalmente y logren los
efectos que pretenden.
En esta tesitura, la Sala Especializada ha sostenido diversos criterios tendientes a hacer efectiva
la tutela judicial, entre los que se pueden mencionar los siguientes:
• Se ampliaron los supuestos de legitimación procesal, tanto activa como pasiva, para instaurar
el procedimiento especial sancionador en el caso de la calumnia 26 .
• Se interpretaron de forma generosa los requisitos para acreditar la representación de las
partes en conflicto 27 .
• Se reconoció la posibilidad de defensa de intereses tuitivos en el caso de protección de
los derechos de la niñez 28 .
• Se establecieron mecanismos de difusión para dar a conocer a la ciudadanía los sujetos
que han sido sancionados, transparentando así la labor del órgano jurisdiccional y dando
carácter efectivo a las amonestaciones públicas 29 .
• Se dio al procedimiento especial sancionador una nueva dimensión al dotarlo de
efectos plenamente reparadores, tales como la restauración de la pintura de bardas
ante la colocación ilegal de propaganda en ellas 30 o receptar la propaganda ilegalmente
distribuida 31 .
26 SRE-PSD-30/2015.
27 SRE-CA-146/2015.
28 SRE-PSC-121/2015.
29 Entre otros, SRE-PSC-13/2015 y SRE-PSD-318/2015.
30 SRE-PSD-142/2015.
31 SRE-PSD-105/2015.
25 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El control de constitucionalidad y convencionalidad en el procedimiento especial sancionador
• Y ante asuntos que escaparon del ámbito de su legal poder de jurisdicción, se ordenó
dar vista a los órganos administrativos y judiciales pertinentes, privilegiando así la efectividad
en el acceso a la justicia de la ciudadanía 32 .
Con acciones de este tipo, la Sala Especializada ha asumido su compromiso como un órgano de
control constitucional y convencional del siglo XXI, activo, moderno en sus determinaciones y
comprometido con sus decisiones, siempre con la visión de ofrecer un servicio público de calidad.
CONCLUSIÓN
Jorge Carpizo alguna vez afirmó que “La finalidad última de la interpretación constitucional
debe ser proteger y defender lo más valioso que existe para cualquier hombre: su libertad y
su dignidad” 33 .
Con una visión enteramente protectora de los derechos fundamentales y de las reglas que
permiten el sano debate en el juego democrático, la Sala Especializada ha asumido, a golpe de
sentencia, el papel que como órgano del Poder Judicial de la Federación le toca llevar: el de ser
una auténtica garantía para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía en materia electoral,
respetando las razones de ser de la sociedad democrática: fundamentalmente la libertad,
la igualdad y la dignidad de los justiciables.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A. Libros.
BARAK, Aharon. Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional
en una democracia. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008.
CARPIZO, Jorge. La interpretación constitucional en México. En: Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, año IV, núm. 12. México: UNAM, 1971.
FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. España: Editorial Trotta, 2008.
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y funciones de
los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de procesos constitucionales.
En: Tribunales y justicia constitucional. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2002.
B. Jurisprudencia.
Tesis: P./J. 20/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I,
Pág. 202. Código IUS: 2006224.
32 SRE-PSC-17/2015, SRE-PSC-19/2015 y SRE-PSC-16/2015.
33 CARPIZO, Jorge. La interpretación constitucional en México. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año IV, núm.
12. México: UNAM, 1971. Pág. 385.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
26

Felipe De La Mata Pizaña | Aarón Alberto Segura Martínez
C. Sentencias de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
SRE-CA-146/2015. SRE-PSC-2/2014. SRE-PSC-13/2015. SRE-PSC-16/2015. SRE-
PSC-17/2015. SRE-PSC-19/2015. SRE-PSC-43/2015. SRE-PSC-58/2015. SRE-
PSC-70/2015. SRE-PSC-94/2015. SRE-PSC-102/2015. SRE-PSC-121/2015. SRE-
PSC-126/2015. SRE-PSC-139/2015. SRE-PSC-147/2015. SRE-PSC-168/2015.
SRE-PSC-174/2015. SRE-PSC-185/2015. SRE-PSC-204/2015. SRE-
PSC-257/2015. SRE-PSC-263/2015. SRE-PSD-30/2015. SRE-PSD-105/2015.
SRE-PSD-142/2015. SRE-PSD-318/2015.
27 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS A
DEFENSA PÚBLICA ELECTORAL PARA
PUEBLOS INDÍGENAS
Public defense for indigenous peoples
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 1
Recepción: 21 de abril de 2016.
Aprobación para su publicación: 12 de mayo de 2016.
Pp. 28-34.
Resumen:
El artículo resalta la importancia de recibir asesoría jurídica electoral como un servicio
de defensa gratuito para los pueblos indígenas, un determinado sector de la población
que históricamente ha sido vulnerado; lo anterior en aras de potencializar la protección
de sus derechos humanos y electorales, así como fomentar una cultura incluyente y no
discriminatoria.
Palabras claves:
Defensor, indígena, derechos humanos.
Abstract:
The article highlights the importance of receiving electoral legal advice as a service of
free defense for indigenous peoples, a certain group of the population which has historically
been infringed; this in order to potentiate the protection of their human and electoral
rights and promote an inclusive and non-discriminatory culture.
Keywords:
Defender, indigenous, human rights.
DEFENSA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS
En esta participación congratulo el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
por la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas,
pues constituye un organismo tendente a garantizar la protección de sus derechos y propiciar
su participación en materia electoral y política.
1 Abogado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción
Plurinominal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico: eugenio.partida@te.gob.mx
JUSTICIA Y SUFRAGIO
28

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez
Sin duda, para su formación fue necesario considerar las peculiaridades que caracterizan a ese
sector de la población, como sus necesidades, a fin de que se hiciera patente maximizar la protección
de sus derechos consagrados en la Constitución.
Comenzaré el tema precisando la existencia del derecho humano que posee cualquier individuo
que se encuentre sujeto a proceso legal, a recibir un adecuado asesoramiento jurídico
para su defensa.
En la actualidad existen varios organismos nacionales e internacionales que celebran pactos
o acuerdos con distintos países, a fin de avalar la protección de los derechos humanos, mediante
la implementación de políticas públicas y reformas legislativas que generan impacto o
un cambio en la sociedad.
Dentro de esos derechos fundamentales encontramos el de recibir procedimientos justos y
equitativos para la solución de conflictos entre los individuos y el Estado, o entre particulares;
como la participación libre en la vida política de la nación de la cual forman parte.
En ese sentido, La Declaración Universal de Derechos Humanos refiere que toda persona puede
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal imparcial, para el examen de cualquier
acusación en su contra; de igual forma, indica que deben contar con un recurso efectivo entre
los tribunales nacionales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tutela lo relativo al respeto
de las garantías que gozan los individuos de disponer del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa; de comunicarse con un abogado de su preferencia; a estar
presente durante el proceso y a defenderse personalmente, o en su caso, a ser asistido por un
defensor de su elección, así como de ser informado si no lo tuviere, del derecho que le asiste
a tenerlo; siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre uno de oficio gratuitamente
si careciere de los medios suficientes para pagarlo; finalmente, de ser asistido por un
intérprete si no comprendiera el idioma.
Como vemos, en el ámbito internacional la legislación en materia de derechos humanos es
notable, y a través de distintos acuerdos, se han implementado en las legislaciones de diversas
naciones, normas que los salvaguardan; empero, pareciera que el impacto de estos hacia
grupos vulnerados, especialmente de los pueblos indígenas, ha sido lento, debido a las condiciones
económicas y culturales en que se encuentran.
29 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
Defensa pública electoral para pueblos indígenas
No obstante, la preocupación de incluirlos como parte de una sociedad activa, se ha visto
latente en diversos lugares del mundo gracias al trabajo de varios organismos, que han implementado
medidas en las que países realizan cambios para tornar a su comunidad un lugar
incluyente y protector de sus indígenas y de las costumbres.
Como ejemplo de ello, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, la que manifiesta en su artículo primero2, que dichas comunidades gozan
sin discriminación de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Acorde a esto, en el marco nacional, la Carta Magna fija parámetros para procurar la protección
de los mismos, realizando una conceptualización del sector indígena, arguyendo que lo
serán “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas”3.
Sin embargo, México al ser un país con abundante presencia indígena, ha tenido dificultad
para allegar a estos de los servicios más elementales; en consecuencia, brindarles información
específicamente del ámbito jurídico, como del material necesario para la protección de sus
derechos, no ha sido tarea fácil, muchas veces por las condiciones geográficas de los lugares
donde se encuentran sus asentamientos o por el desconocimiento del idioma castellano, elementos
que contribuyen al retraso social y cultural que históricamente han padecido.
En ese tenor, las políticas nacionales actuales, han tratado de instrumentar su protección
jurídica, muestra de ello es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual, dentro de sus objetivos,
establece la introducción de condiciones para garantizar la seguridad y justicia de esos
grupos, mediante una estrategia que contemple el servicio de traductores y defensores de oficio
que hablen lenguas autóctonas, y estén capacitados para garantizar el respeto a sus derechos.
En complemento a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como organismo
autónomo, tiene la finalidad de proteger este tipo de derechos consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, refiere la necesidad de impulsar
la participación política de los municipios con presencia indígena, asintiendo cómo parte de
sus derechos político-electorales, la facultad que les asiste a poder nombrar representantes
ante los ayuntamientos, desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que
hayan sido electos4.
2 Artículo 1, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los indígenas tienen derecho,
como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas
en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de
derechos humanos.
3 Artículo 2, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Información consultada en la página de internet www.cndh.org.mx/Indígenas el día 21 de abril de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
30

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez
Así, en nuestro país, apreciamos la implementación de políticas públicas y reformas legales
para salvaguardarlos y brindar una protección más amplia tratándose de comunidades indígenas,
la que indudablemente contribuyen en la creación de mecanismos de prestación de
servicios como la defensoría pública.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal
realiza dicha función por conducto del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que se ofrecen
servicios de defensa y asesoría jurídica imponiendo a los servidores encargados de ello, la
vigilancia y respeto de las garantías individuales5.
En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advierte la importancia
de implementar una defensoría de oficio en materia electoral, y así otorgar mayor
protección a los derechos político-electorales de los indígenas. Para ello, se señala como vía
de solución, la designación de un traductor o intérprete, y de un profesional del derecho que
sea conocedor de sus particularidades culturales.
Dichos profesionales deberán ser capaces de reconocer en toda su dimensión la condición
autóctona, es decir, que puedan comprender la carga ideológica ancestral que tienen estos
grupos, tanto por sus tradiciones, como por su entorno natural y cultural, siendo vital saber
su percepción respecto de las medidas que se pretenden implementar.
Lo anterior encuentra su sustento en el Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que introduce la creación de la Defensoría Pública
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, como órgano auxiliar de la Comisión de Administración
de ese tribunal; en dicho instrumento, se implementa al defensor público para
allegar una tutela electoral de los pueblos nativos, apoyado de intérpretes y profesionales bilingües
en el caso de desconocimiento del idioma castellano.
Esta defensoría cumple entre otras, con las siguientes funciones:
• Administrar, coordinar, vigilar y dar seguimiento a los asuntos y servicios de la Defensoría
Electoral.
• Diseñar e implementar, en conjunto con la Coordinación de Comunicación Social, el programa
anual de difusión de los servicios.
• Elaborar y difundir, con el apoyo de la Coordinación de Información, Documentación y
Transparencia, estudios y documentos que brinden a los pueblos, comunidades indígenas
y las personas que los integren, información sobre sus derechos político-electorales.
5 Artículo 15, fracción V, Ley Federal de Defensoría Pública.
31 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
Defensa pública electoral para pueblos indígenas
• Emitir dictámenes fundados y motivados en los que se justifique la prestación o no de
los servicios.
• Emitir opiniones sobre los temas que se le formulen en el ámbito de su competencia.
• Gestionar y solicitar el apoyo de intérpretes, traductores y profesionales bilingües que
contribuyan al cumplimiento de las funciones de la Defensoría Electoral y proponer la
lista de peritos a la Comisión de Administración.
• Implementar programas de formación, capacitación y sensibilización dirigidos al personal
de la Defensoría Electoral.
• Nombrar y remover al personal de apoyo de la Defensoría Electoral.
• Organizar y participar en foros académicos, conferencias, seminarios y reuniones con
la finalidad de promover la difusión, el desarrollo y la defensa de los derechos políticoelectorales
de los pueblos, comunidades indígenas y las personas que los integren.
• Organizar, coordinar, controlar y dirigir los servicios que presta la Defensoría Electoral.
• Promover y gestionar la celebración de convenios con instituciones públicas, sociales y
privadas, que puedan contribuir al correcto cumplimiento de las funciones de la Defensoría
Electoral.
• Autorizar las adscripciones y readscripciones de las Defensoras y los Defensores en las
Salas del Tribunal Electoral, de acuerdo con las necesidades del servicio.
• Proponer ante las instancias competentes, la creación o modificación de acuerdos
generales u otros instrumentos normativos relacionados con las atribuciones de la Defensoría
Electoral.
• Proponer a la Comisión de Administración las medidas que estime convenientes para lograr
el cumplimiento y mejoramiento de las funciones de la Defensoría Electoral.
• Realizar visitas periódicas a los pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo análisis
y diagnósticos sobre sus sistemas normativos internos y la situación que impera en
relación al respeto de los derechos político-electorales de sus integrantes.
• Rendir informes semestrales sobre el funcionamiento, resultados y servicios que presta
la Defensoría Electoral.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
32

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez
• Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le atribuyan las disposiciones
legales aplicables y las que le confieran la Comisión de Administración o la Presidencia
del Tribunal Electoral6.
Como se aprecia, brindar una adecuada defensa jurídica electoral a las comunidades oriundas,
es un tema importante para el Tribunal Electoral, ya que con la creación de este organismo
se contribuye al cumplimiento del mandato constitucional, los acuerdos y pactos celebrados
por México con diversos organismos internacionales en materia de derechos político-electorales
y derechos humanos.
Por otra parte, tenemos que, si bien esta defensoría parte de la idea de brindar su servicio a
los indígenas de todo el país, también lo es que la resolución de los medios impugnativos por
ellos presentados, compete a cada una de las Salas Regionales del aludido tribunal, con jurisdicción
en la entidad federativa donde se encuentra el asentamiento.
En ese sentido, tenemos que la zona norte del país corresponde a las salas regionales de Guadalajara
y Monterrey, cuya potestad versa sobre los estados de Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco, (por lo que ve a la de Guadalajara);
y Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luís Potosí, Tamaulipas
y Zacatecas, (a la Sala Monterrey) 7 .
Ahora las comunidades indígenas con mayor presencia en estas zonas lo son Rarámuri o Tarahumara
(Chihuahua); Wixarica o Wirrárica y Huicot (Durango, Jalisco y Nayarit); Mayo-Yaqui
(Sinaloa y Sonora); Otomí o Mazahua-otomí (Querétaro); y Huasteca (San Luís Potosí)8;
resultando la mayoría de ellas pertenecientes a los estados donde Guadalajara ejerce jurisdicción.
Así es evidente la necesidad de designar un defensor público para los pueblos autóctonos
de estas entidades.
Sin embargo, dicho protector de los derechos electorales deberá tener su sede en alguno de
los órganos jurisdiccionales que ejerzan competencia en esas regiones, siendo la de Guadalajara
la idónea para ello, pues es quien despliega mayor presencia indígena en los estados de
su competencia.
En suma, las medidas implementadas se han realizado en el afán de maximizar la salvaguarda
de los derechos tanto humanos como político-electorales a cada individuo, pero especialmente
de estos grupos cuyas condiciones particulares los postran en un plano de desventaja en
comparación con el resto de la población, de ahí la necesidad de potencializar su protección.
6 Artículo 69, Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7 http://www.trife.gob.mx/acercate/salas-regionales
8 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.
33 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
Defensa pública electoral para pueblos indígenas
CONCLUSIÓN
La implementación de defensores públicos especializados en materia electoral para estos
grupos, cumple con los estándares internacionales de protección que debe gozar cualquier
ciudadano y es acorde con la necesidad de garantizar la defensa de sus derechos políticoelectorales
en aras de ser una sociedad incluyente, fomentando el respeto y conservación de
la ideología de los pueblos indígenas.
Cabe señalar, que ahora la tarea será acercar a dichos defensores a las comunidades indígenas
del norte de nuestro país, estableciendo una defensoría dentro del propio territorio de las
dos circunscripciones que las abarcan.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compendio legislación nacional electoral, Tomo I; México 2014; de INE, FEPADE, IIJ-
UNAM, TEPJF.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. http://
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
Declaración Universal de Derechos Humanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_041115.pdf
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_041115.pdf
Ley Federal de Defensoría Pública.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/106_241214.pdf
Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
http://portales.te.gob.mx/normateca/acuerdo-general-de-a
Programa especial para pueblos indígenas 2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5343116&fecha=30/04/2014
JUSTICIA Y SUFRAGIO
34

A ARTÍCULOS
EL FINANCIAMIENTO DE LOS CANDIDATOS
INDEPENDIENTES EN MÉXICO
The financing of independent candidates in Mexico
Mónica Aralí Soto Fregoso1
Recepción: 21 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 13 de mayo de 2016.
Pp. 35-44.
Resumen:
Tras las reformas constitucionales que trajeron a las candidaturas independientes como
una nueva forma de acceder a la postulación electoral sin depender de los partidos políticos,
se implementó una nueva ley para regular el financiamiento de los candidatos
independientes creando un nuevo régimen que establece la forma en que los candidatos
independientes recibirán recursos para sus campañas.
Palabras clave:
Régimen, candidaturas independientes, recursos, financiamiento público, financiamiento
privado.
Abstract:
Subsequent to the constitutional reforms that brought independent candidacies as a
new way to get into the electoral postulate without political parties, a new law to regulate
the financing of the independent candidates was implemented, creating a new
regimen that stablishes the way independents candidates will acquire resources for their
campaigns.
Keywords:
Regimen, independent candidacies, resources, public financing, private financing.
1 Maestra en Educación con especialidad en docencia; Diplomado del Derecho Electoral y Especialidad en Justicia Electoral.
Actualmente es magistrada en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
35
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El financiamiento de los candidatos independientes en México
INTRODUCCIÓN
Desde el texto original del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) se contempla el derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, no obstante, hasta
hace poco tiempo, el abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en el artículo 218, párrafo 1 2, concedía el monopolio de la postulación de las candidaturas a
los partidos políticos.
Ante tal situación, las últimas reformas constitucional3 y legal4 en materia político electoral,
han consolidado los derechos humanos y políticos de las personas, al mismo tiempo, han establecido
las garantías para lograr su efectiva protección.
En agosto del 2012 se reforman el párrafo primero y la fracción II del artículo 35, donde se incorpora
la figura de “candidaturas independientes” al referirse como parte de los derechos del
ciudadano (Sarabia Ríos, 2015:91).
La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) contempla en su
Libro Séptimo la regulación de las candidaturas independientes aplicable a las elecciones de los
poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación. El régimen de financiamiento tiene las siguientes
modalidades: a) privado, y b) público. El financiamiento público que reciban los candidatos
y candidatas independientes será considerado como un partido político de nuevo registro. El
privado se constituye por las aportaciones que realicen el o la candidata independiente y sus
simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección
de que se trate.
En tal contexto, el financiamiento privado de que dispongan los y las candidatas independientes,
estará sujeto en cuanto a su origen, uso, destino, comprobación y fiscalización, a las
mismas disposiciones que regulan el financiamiento privado para las candidaturas registradas
por los partidos políticos5.
Por lo que la normativa aplicable a las candidaturas independientes podría ser violatoria al derecho
de ser votado en condiciones de equidad y contravenir el marco normativo conforme a
estándares de derechos humanos, en que este tipo de candidaturas son una opción con posibilidades
de competir equitativamente.
2 Artículo 218,1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos
a cargos de elección popular.
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012.
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, decreta la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y deroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
5 Artículo 431, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
36

Mónica Aralí Soto Fregoso
El tope impuesto a las y los candidatos para el financiamiento privado les deja en una situación
de desventaja frente a los partidos políticos, lo que, a su vez, se traduce en una imposibilidad
de competir en términos reales o efectivos en los comicios.
Bajo esa óptica, la normativa electoral no satisface el derecho político de las candidaturas independientes
a ser votados en condiciones de igualdad con las candidaturas de los partidos
políticos, generando una situación de inequidad y desventaja.
EL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
Los candidatos independientes tienen permitido como prerrogativa, el recibir recursos económicos
para el sostenimiento de sus actividades político electorales, bajo las siguientes
modalidades:
• Financiamiento público.
• Financiamiento privado.
El financiamiento público que los y las candidatas independientes tienen derecho a recibir para
sus gastos de campaña, en su conjunto, lo constituye el monto que le correspondería a un
partido de nuevo registro y se distribuirá entre todos los y las candidatas independientes de
la siguiente manera:
• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos al cargo de Presidente.
• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas al cargo
de Senador.
• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas al cargo
de Diputado.
Por tanto, si un sólo candidato o candidata obtiene su registro para cualquiera de los cargos,
no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos señalados (Montoya,
2015: 179).
El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el o la candidata independiente
y sus simpatizantes, el cual no puede rebasar el 10% del tope de gasto para
elección de que se trate.
37 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El financiamiento de los candidatos independientes en México
Los candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo,
así como de metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral 6 .
Ninguna persona podrá realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas
o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o candidatos independientes
a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia 7 . Asimismo, los o las candidatas independientes
no pueden solicitar créditos de la banca de desarrollo para el financiamiento
de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. Las
aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en especie, deberán destinarse
exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente 8 .
De igual manera, los o las candidatas independientes no pueden recibir en propiedad bienes
inmuebles para las actividades de su candidatura, ni adquirir bienes inmuebles con el financiamiento
público o privado que reciban (Montoya, 2015: 177).
El artículo 374, párrafo 1, de la LEGIPE dispone que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano
se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación
aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE), mismo que será equivalente al 10% del establecido para las campañas
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
El 16 de diciembre de 2011, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó
el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el
Tope Máximo de Gastos de Campaña para la elección de Diputados y Senadores por el Principio
de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado con el
número CG433/2011, el cual sirvió como base para determinar el Tope Máximo de Gastos
de Campaña por candidato para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y que ascendió a la suma de $1,120,373.61
(un millón ciento veinte mil trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.).
Sin embargo, fue hasta el 14 de enero de 2015, que el máximo órgano de dirección del INE
aprobó la actualización del Tope Máximo de Gastos de Campaña para la elección de diputados
por el principio de mayoría relativa, ascendiendo a la cantidad de $1´260,038.34 (un millón,
doscientos sesenta mil, treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).
6 La SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014, también se pronunció por la validez de esta norma, sobre la
base de la razonabilidad del trato diferenciado a las candidaturas independientes en relación con los partidos políticos, dado
que son figuras sustancialmente diferentes.
7 Artículo 401, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2015.
8 Artículo 402, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
38

Mónica Aralí Soto Fregoso
Así, la cifra fijada con antelación cobra sentido pues se tiene que en el caso, por concepto de
financiamiento privado, ya sea por vía de aportación de simpatizantes y/o a través de sí mismo,
para las candidaturas independientes que contendieron por una diputación federal por el
principio de mayoría relativa, debió ascender hasta la cantidad de $126,003.83 (ciento veintiséis
mil tres pesos 83/100 M.N.).
Ahora bien, en cuanto a la vertiente del financiamiento público, tal como quedó asentado,
queda específicamente regulado a través del artículo 407 de la LEGIPE, en el que se establece
que, para efectos de dicha prerrogativa, los candidatos independientes en su conjunto, serán
considerados como un partido político de nuevo registro. De esta forma, el monto que le
correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre las candidaturas independientes
que para el caso se registren9.
En este sentido, la ley prevé como candado legal, que las referidas candidaturas independientes
no podrán percibir como financiamiento público un monto que exceda el tope de
gastos de campaña que determine el Consejo General para la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa 10 ; es decir, ningún candidato independiente en el proceso electoral
federal 2014-2015, podría erogar en gastos de campaña el excedente a la cantidad
de $1´260,038.34 (un millón, doscientos sesenta mil, treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).
En este contexto, el 11 de marzo de dos mil quince, el Consejo General del INE aprobó el
Acuerdo INE/CG88/2015 11 , mediante el cual, determinó tomando en consideración el marco
jurídico aplicable y parámetros relativos al salario mínimo general vigente que la cifra que le correspondería
por concepto de gastos de campaña, a un partido político de nueva creación para
el proceso electoral federal 2014-2015, fuera la cantidad de $23´457,274.82 (veintitrés millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 M.N).
Así, en consecución al mandato legal, la máxima autoridad administrativa electoral en el país,
determinó dividir de forma igualitaria, durante el periodo de campaña, entre todas las fórmulas
registradas como candidaturas independientes, el concerniente monto económico.
Al respecto, en abril de 2015,el INE informó 12 , que una vez que se publicó en los diversos medios
físicos y electrónicos, el 23 de noviembre de 2014, la convocatoria para el registro de
9 Artículo 408, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2015.
10 Artículo 399, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2015
11 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para
gastos de campaña, así como las relativas a la distribución del financiamiento público por concepto de franquicias postales
de las candidatas y candidatos independientes para contender por el cargo de diputada y diputado federal por el principio de
mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015. Aprobado en sesión extraordinaria de 11 de marzo de 2015.
12 Informe sobre el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2014-2015 y las acciones realizadas
para garantizar su financiamiento público y el acceso a la franquicia postal, en cumplimiento al punto quinto del
Acuerdo INE/CG88/2015.
39 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El financiamiento de los candidatos independientes en México
candidaturas independientes, fueron recibidas 122 manifestaciones de intención, en 26 distintas
entidades federativas; sin embargo, únicamente obtuvieron formalmente el registro
como candidatos independientes 22 fórmulas de ciudadanas y ciudadanos, distribuidos en 12
distintas entidades federativas y en 20 distritos electorales federales, en las que fueron divididas
en partes iguales, la cantidad de $23´457,274.82 (veintitrés millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 82/100 M.N); arrojando como resultado
para esa ocasión un total de $1,066,239.76 (un millón, sesenta y seis mil doscientos
treinta y nueve pesos con 76/100 M.N) como monto de financiamiento público para gastos
de campaña por candidatura independiente durante la campaña electoral llevada a cabo en el
proceso electoral 2014-2015.
Por lo tanto, el monto de financiamiento al que tuvo derecho a erogar cada una de las 22 fórmulas
de candidaturas independientes registradas, bajo el concepto de gastos de campaña
durante el periodo del proceso electoral 2014-2015, ascendió a un total de $1´178,277.12
(Un millón, ciento setenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 12/100 M.N).
Aunado a lo anterior, no debe ignorarse que el referido monto de financiamiento asignado a
las fórmulas de candidaturas independientes no debió exceder el Tope de Gastos de Campaña
para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; es decir, ningún candidato independiente
debió erogar bajo el concepto de gastos de campaña, el excedente a la cantidad
de $1´260, 038.34 (un millón, doscientos sesenta mil, treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).
En síntesis, el esquema general del financiamiento de las candidaturas independientes que participaron
para ocupar un escaño de mayoría relativa en el Congreso de la Unión, es el que se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1 Esquema general del financiamiento de las candidaturas independientes para el cargo de
diputado federal por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
Cantidad asignada para un partido de nueva creación
$23´457,274.82 ÷
22 fórmulas de candidatos independientes:
FINANCIAMIENTO PRIVADO
10% de tope de gastos de campaña para elección de
diputados por mayoría relativa :
($1´120,373.61 x .10)=
$1,066,239.76
$112,037.36
TOTAL$1´178,277.12
NO EXCEDER CADA UNA DE LAS FÓMULAS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES:
$1´260,038.34
Fuente: Elaboración propia.
De lo anterior, se obtiene que de las 22 fórmulas de candidatos independientes que participaron
en la elección de una curul para integrar la Cámara de Diputados bajo el principio de
JUSTICIA Y SUFRAGIO
40

Mónica Aralí Soto Fregoso
mayoría relativa, únicamente la fórmula integrada por Manuel Jesús Clouthier Carrillo y María
del Rocío Zazueta Osuna, propietario y suplente respectivamente, contendientes en el distrito
electoral 5, con cabecera en Culiacán, Sinaloa, resultó ganadora en la contienda cívica.
Lo que se traduce en un desequilibrio de la normativa aplicable a las candidaturas independientes,
en razón de resulta más factible para las fuerzas políticas postuladas por los partidos
políticos exponer en diversos medios y a través de múltiples vías sus postulaciones ante la ciudadanía,
dada la abundancia del monto de su financiamiento, en comparación con el que gozan
las postulaciones independientes; es decir, mientras que un candidato postulado por un partido
político tuvo como financiamiento público y privado la cantidad de $1´260,038.34 (un
millón, doscientos sesenta mil, treinta y ocho pesos 34/100 M.N.), los candidatos independientes
solo dispusieron legalmente con $1´178,277.12 (Un millón, ciento setenta y ocho
mil doscientos setenta y siete pesos 12/100 M.N); circunstancia que pone de manifiesto la
inequidad en la contienda, la contravención al marco normativo nacional e internacional de los
derechos humanos y una transgresión a uno de los vértices del derecho a ser votado.
PRECEDENTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
En este contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en pleno ejercicio
de protección, garantía y tutela de los derechos políticos electorales de los candidatos independientes,
emitió su posición, sosteniendo diversos juicios al respecto, entre los que se
destaca, el criterio contenido en la tesis XXI/2015 bajo el rubro: CANDIDATURAS INDEPEN-
DIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE PREVALENCIA
DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS 13 .
La tesis aludida, encierra la visión jurídica del máximo órgano jurisdiccional del país, pues al
resolver el recurso de reconsideración expediente SUP-REC-193/2015 14 , realizó una amplia
disertación bajo la perspectiva pro persona del derecho de las y los ciudadanos a ser votados
a través de una candidatura independiente.
En este sentido, se sostiene que los partidos políticos y las y los candidatos independientes
se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de tal forma que el marco
normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las
candidaturas independientes las limitaciones que fueron diseñadas exclusivamente para un
esquema normativo e institucional de partidos políticos.
13 El 30 de mayo de 2015, la Sala Superior en sesión pública celebrada aprobó la tesis por unanimidad de votos.
14 Recurso de Reconsideración expediente SUP-REC-193/2015, partes en el recurso; Actora: Arne Sidney Den Ruthen Haag;
Autoridad responsable: Sala Regional del Distrito Federal; emitido por la Sala Superior del TEPJF, por unanimidad de votos
en sesión pública de resolución de 29 de mayo de 2015.
41 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El financiamiento de los candidatos independientes en México
Asimismo, refiere que la limitación respecto al financiamiento privado, no puede ser aplicada
por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo.
Por último, la medida resulta desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto
que al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden
representando a un partido político, dado que el financiamiento privado se vea topado por el
público, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección.
Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución
Federal debe interpretarse de conformidad con los artículos 23 15 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 25 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así,
de acuerdo a estos preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como oportunidades
de contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido constitucional
del derecho a ser votado a través de una candidatura independiente, el que la participación
en una campaña electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.
Cabe destacar que después de sostener tal discernimiento, el propio órgano jurisdiccional
federal ha continuado con la postura a través de la resolución del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral con número de expediente SUP-JRC-582/2015 y acumulado SUP-
JRC-592/2015 17 .
CONSIDERACIONES FINALES
Se puede concluir que a partir de la experiencia del proceso electoral 2014-2015, el tope impuesto
a las y los candidatos independientes para el financiamiento privado les deja en una
situación de desventaja frente a los partidos políticos, lo que a su vez se traduce en una imposibilidad
de competir en términos reales o efectivos en los comicios.
15 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente,
en proceso penal.
16 Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derecho y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
17 Juicio de Revisión Constitucional Electoral, expediente SUP-JRC-582/2015, partes en el juicio; Actores: Partido Acción
Nacional y Morena; Autoridad responsable: Comisión Estatal Electoral de Chihuahua; emitido por la Sala Superior del TEPJF,
por unanimidad de votos, en sesión pública de resolución del 3 de junio de 2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
42

Mónica Aralí Soto Fregoso
Respecto al financiamiento público, los candidatos independientes dependiendo del número
de registrado, se vería disminuido significativamente el monto a repartirse entre ellos.
En este sentido, es incuestionable que la normativa electoral, sin perder de vista que es la
primera ocasión que cobra vigencia en nuestro sistema electoral la implementación de las
candidaturas independientes, no garantizó las condiciones de igualdad inherentes al derecho
político de los ciudadanos que participaron como opción política independiente, generando
una situación de inequidad y desventaja.
Por lo que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación privilegiando los derechos
humanos de los ciudadanos participantes en la contienda electoral, emitió criterios relevantes
con la finalidad de acortar la brecha entre los partidos políticos y los límites impuestos a los
candidatos independientes, garantizando en la medida de lo posible, la mayor equidad y justicia
en los comicios electorales federales, cuyos resultados aún se discuten en nuestro país.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2013.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2015.
Diario Oficial de la Federación, de fechas 23 de mayo, y 9 de agosto de 2014.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2015.
Montoya Zamora, Raúl. (2015) Candidaturas independientes en México, Ubijus, México.
Sarabia Ríos, Cecilia. (2015) Candidaturas independientes: ¿Más ciudadanización en los
procesos electorales?, en Revista Quid Iuris, Año 9, Volumen 28, del Tribunal Electoral
Estatal del Estado de Chihuahua, marzo - mayo 2015, México.
Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recurso de Reconsideración, expediente SUP-REC-193/2015, emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública de
resolución del 29 de mayo de 2015.
Juicio de Revisión Constitucional Electoral, expediente SUP-JRC-582/2015, emitido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad
de votos, en sesión pública de resolución del 3 de junio de 2015.
ACUERDOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determina el Tope
Máximo de Gastos de Campaña para la elección de Diputados y Senadores por el Principio de
Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado con el número IFE/
CG433/2011, aprobado por el entonces Instituto Federal Electoral, el 16 de diciembre de 2011.
43 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ARTÍCULOS
El financiamiento de los candidatos independientes en México
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes,
gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio
2015, identificado como INE/CG01/2015, aprobado en sesión extraordinaria de 14 de
enero de 2015.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las cifras
del financiamiento público para gastos de campaña, así como las relativas a la distribución
del financiamiento público por concepto de franquicias postales de las candidatas y candidatos
independientes para contender por el cargo de diputada y diputado federal por el principio
de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015, INE/CG88/2015, aprobado
en sesión extraordinaria de 11 de marzo de 2015.
Informe sobre el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral federal
2014-2015 y las acciones realizadas para garantizar su financiamiento público y el acceso a
la franquicia postal, en cumplimiento al punto quinto del Acuerdo INE/CG88/2015, publicado
en abril de 2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
44

E
ENSAYOS

ENSAYOS E
REGULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
EN MÉXICO
Implementation and regulation of the
independent candidacies in Mexico
María Del Carmen Alanís Figueroa 1
Recepción: 18 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 13 de mayo de 2016.
Pp. 46-61.
Resumen:
Con la implementación de las candidaturas independientes en los procesos electorales
en México se hizo necesaria la regulación de dichos procesos, generando nuevas disposiciones
para regular el proceso electoral y el postulamiento para una candidatura
independiente, presentando un innovador sistema que permitió a dichas candidaturas
ser reales y viables.
Palabras clave:
Candidaturas independientes, regulación, postulamiento, proceso electoral.
Abstract:
As a result of the implementation of independent candidacies in the electoral process
in Mexico, it became a necessity the regulation of the processes, which generated new
decrees to regulate the electoral process and the postulate of an independent candidacy,
presenting an innovating system that allowed independent candidacies become real and
viable.
Keywords:
Independent candidacies, regulation, postulate, electoral process.
1 Maestra en Gobierno Comparado (MSc) por la escuela London School of Economics y candidata a Doctora por la Facultad
de Derecho de la UNAM. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
JUSTICIA Y SUFRAGIO 46

María Del Carmen Alanís Figueroa
SUMARIO: I. Introducción II. Antecedentes de las candidaturas independientes en México
III. Las candidaturas independientes en los procesos electorales federales IV. Reforma
político electoral de 2014 V. Implementación de las candidaturas independientes en los
procesos electorales 2014-2015 y 2015-2016 1. Aspectos más controvertidos respecto
a la participación de las candidaturas electorales en el proceso electoral federal
y local 2014-2015 VI. Conclusiones. VII. Referencias Bibliográficas.
INTRODUCCIÓN
Uno de los temas que más interés generó en el pasado proceso electoral fue el de las candidaturas
independientes. Si bien en algunas de las entidades federativas ya habían sido registradas
candidaturas independientes para contender a cargos de elección popular, es a partir de la
incorporación de esta figura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
año 2012 2 , cuando resulta obligatoria la regulación de esta forma de participación ciudadana
tanto a nivel federal como local.
Las elecciones posteriores a la reforma constitucional de 2012, tuvieron diversos marcos normativos
de conformidad con la entidad federativa en las que se implementó esta figura, pero
es hasta la reforma constitucional y legal en materia político electoral de 2014, cuando se
estableció una detallada regulación respecto al registro y la participación de las candidaturas
independientes en los procesos electorales.
En ese contexto es que, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía acciones
de inconstitucionalidad, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
se convirtieron en los garantes de la tutela efectiva al derecho a ser votado bajo esta nueva
modalidad. Todas las y los aspirantes y candidatos que estimaron que los requisitos obstaculizaban
su derecho a ser electos que decidieron acudir a estos órganos de impartición de justicia
lo hicieron con la finalidad de que se invalidaran o se inaplicaran, según sea el caso, las porciones
legislativas que vulneraban su posibilidad de contender en las mismas condiciones que las
y los candidatos de los partidos políticos.
Este artículo pretende hacer un breve recorrido por la implementación y resultados de la incursión
de esta figura en una elección federal, así como en las elecciones locales coincidentes
con la federal y la armonización legislativa que los Congresos Estatales llevaron a cabo antes
del inicio de sus procesos electorales.
2 Decreto de reforma al párrafo primero y a la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012.
47 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
ANTECEDENTES DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO
La posibilidad de ocupar una candidatura para postularse a un cargo de elección popular en
nuestro país, no siempre ha estado ligada a los partidos políticos como única vía para lograrlo.
Ni la ley ni la Constitución establecieron el monopolio de los partidos políticos para las postulaciones
de 1810 hasta 1945, periodo en el que de manera simultánea, se podía contender
para un cargo de elección postulado por la vía independiente o por los partidos políticos. En
otras palabras, durante 135 años tuvimos el mismo régimen de postulación de candidatos a
cargos de elección popular que hoy prevé el texto constitucional y legal3. En el sistema jurídico
mexicano las candidaturas independientes fueron reguladas en las leyes electorales federales
de 1911, 1916, y 19184.
Fue hasta el año de 1946 cuando la Ley Federal Electoral, en su artículo 60 estableció la postulación
de candidaturas a cargos de elección popular únicamente para los institutos políticos.
Sin embargo, el monopolio para la postulación de candidaturas fue una regla introducida únicamente
a nivel legal y nunca llegó al texto constitucional, de tal suerte que bajo el amparo de
la libertad configurativa de las entidades federativas, fue posible ejercer esta vía de participación
en procesos electorales locales. Tal es el caso de entidades como Tamaulipas y Yucatán,
en las que se implementó esta figura.
En contra de la participación de las candidaturas independientes en el proceso electoral en
Yucatán se presentó la acción de inconstitucionalidad 26/2006. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación, haciendo una interpretación progresiva y preventiva, validó y permitió que
se presentaran candidaturas independientes a cargos de elección popular en ese estado. En
el año 2007 un candidato independiente se hizo con el triunfo de la elección en el Municipio
de Yobain, Yucatán5.
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES
Con la reforma al artículo 35 de la Constitución, se hizo posible la implementación de las candidaturas
independientes en cualquier entidad federativa y, por primera vez, a nivel federal. Sin
embargo, a pesar de que el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reformó el
artículo 35 de la Constitución mandató que se expidiera la legislación secundaria en un plazo
de un año, el legislativo federal no cumplió en el plazo señalado. Adicionalmente, en el mismo
3 En aquellos años la población de México era escasa y se distribuía en pequeñas comunidades, para ejemplo en 1910 apenas
había 15 millones de habitantes en el país. Esto hacía que las candidaturas fueran naturalmente independientes, y se basaran
en la imagen pública del aspirante, el margen del apoyo político de sus co-partidarios de facción y de los hombres de poder.
Vid. Pérez de los Reyes, Marco Antonio, y García Sánchez, Enrique. 2011. “1911. Las Primeras Elecciones de un país en
transición”, Revista del TEPJF, volumen 1, número 7. p. 370
4 Becerra 2014, 2002.
5 El candidato electo fue José Adonay Avilés Sierra, quien obtuvo el triunfo con 522 votos (40% de la votación).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
48

María Del Carmen Alanís Figueroa
decreto se estableció que al término de un año las legislaturas estatales realizarían las adecuaciones
necesarias para incorporar este derecho en las legislaciones locales, con la excepción
de aquellos estados en los que se celebrarían elecciones en 2013, quienes tenían la restricción
prevista en el artículo 105 constitucional, que les impedía modificar la legislación electoral, en
la parte sustantiva, 90 días previos al inicio de los procesos electorales. La reforma legal, como
veremos con detalle más adelante, fue publicada cinco años después, hasta mayo de 2014.
Con la inclusión en el texto constitucional de esta figura, en dos entidades federativas en las
que se llevaron a cabo procesos electorales locales en el año 2013, Quintana Roo y Zacatecas,
contendieron candidaturas independientes. En ambas, se tomaron rutas distintas para
su regulación. En Quintana Roo, la legislación electoral se reformó para incluir un apartado
en el que someramente se regulaba esta figura. En el caso de Zacatecas, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado aprobó un reglamento sobre candidaturas independientes6.
Los dos modelos tuvieron marcadas diferencias, entre las más importantes encontramos las
referentes al financiamiento de estas candidaturas, así mientras que en Quintana Roo se estableció
un financiamiento mixto (público y privado) para las candidaturas independientes,
en Zacatecas se optó sólo por el financiamiento de origen privado. Como resultado de estas
elecciones, en el municipio de General Estrada, Zacatecas, un candidato independiente resultó
electo como presidente municipal7.
REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DE 2014
La regulación de las candidaturas independientes era un tema inaplazable en la reforma de
2014. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en mayo de
2014, establece: el procedimiento, los requisitos, los derechos, las prerrogativas, las obligaciones
y las sanciones aplicables para las candidaturas independientes, pendiente desde su
inclusión en el texto constitucional en agosto de 2012.
El Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conformado
por 83 artículos que van del 357 al 440, constituye el marco normativo para las candidaturas
independientes para los procesos electorales federales.
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS
El procedimiento legal para que una candidatura independiente consiga su registro, es el
siguiente:
6 Reglamento aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-001/IV/2013, el 4 de
enero de 2013.
7 Raúl de Luna Tovar con 1,378 votos.
49 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
1. Inicia con la emisión de una convocatoria por parte del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en la que se determinan el número de cargos a elegir, los requisitos,
la documentación comprobatoria, los plazos para cada una de las etapas, así como los
formatos para recabar las firmas de apoyo ciudadano y los topes de gastos de campaña
aplicables para esta etapa.
2. Una vez emitida la convocatoria, las y los ciudadanos interesados en obtener una candidatura
independiente deben manifestar al Instituto Nacional Electoral su intención para
postularse para una candidatura independiente, la cual debe ser por escrito en el formato
aprobado por la autoridad electoral. Además, de conformidad con la ley, las y los
interesados deberán acreditar la constitución de una asociación civil; la apertura de una
cuenta bancaria a nombre de la persona moral en la que recibirán el financiamiento público
y privado y la aprobación de los estatutos de la asociación de conformidad con los
aprobados por el Consejo General.
Una vez que la autoridad haya comprobado el cumplimiento de estos requisitos, las y
los interesados adquieren la calidad de aspirante.
Los plazos para obtener esta calidad van desde el día siguiente a la emisión de la convocatoria
hasta el día del inicio de plazo para recabar el apoyo ciudadano establecido en la ley.
3. De cara a obtener una candidatura independiente una vez que se es aspirante, tres son
los requisitos que verificará la autoridad electoral:
a. La obtención del porcentaje de firmas establecido en la ley de conformidad con el
cargo para el que se postula:
• Para Presidente de la República, se requiere el 1% de la lista nominal de electores
en, por lo menos, diecisiete entidades federativas. Las y los aspirantes para postularse
para este cargo contarán con 120 días para obtener el respaldo ciudadano.
• Para Senador, se requiere el 2% de la lista nominal, el cual deberá estar integrado
por lo menos por la mitad de los distritos electorales de la entidad federativa
en el que pretendan competir. Contarán con 90 días para conseguir el respaldo
ciudadano.
• Para Diputado, se requiere el 2% de la lista nominal, el cual deberá estar integrado
por lo menos por la mitad de las secciones electorales del distrito en el que
pretenda competir. Contarán con 60 días para conseguir el respaldo ciudadano.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
50

María Del Carmen Alanís Figueroa
b. De conformidad con la ley, las y los aspirantes deben presentar, dentro de los 30
días siguientes a la conclusión del plazo para recabar las firmas de la ciudadanía, el
informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, de
conformidad con los requisitos determinados por el Consejo General, a propuesta de
la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
c. La verificación del tope de gastos establecidos por el Consejo General de conformidad
con el tipo de elección para el que se pretenda ser postulado.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos tendrá como consecuencia la negativa de
registro de la candidatura independiente.
En la ley se regularon aspectos referentes al acceso a radio y televisión; el financiamiento
público y privado y sus topes; la fiscalización; la representación de las y los candidatos
independientes ante las autoridades electorales, la legitimación para presentar medios de impugnación,
etcétera.
FINANCIAMIENTO Y LÍMITE DE GASTOS
En relación con el financiamiento para esta figura, tanto a nivel federal como local, las candidaturas
independientes, hasta obtener el registro, se financian por completo con recursos
de origen privado, de los que tienen que rendir cuentas a la autoridad electoral mediante la
presentación de un informe. Para las campañas electorales, los candidatos independientes
contarán con un financiamiento mixto compuesto de recursos públicos y privados.
En relación con el financiamiento privado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que este se conforma con las aportaciones del candidato independiente y
simpatizantes, pero tiene como límite máximo el 10% del monto señalado como tope de gastos
de campaña para la elección que se trate.
En cuanto al financiamiento público, de conformidad con la ley electoral federal, los candidatos
independientes en conjunto, sin importar el cargo para el que estén contendiendo, accederán
a la parte igualitaria del financiamiento público como si se tratara de un partido político
de nuevo registro.
Por lo que hace a los límites de gastos de campaña de los candidatos independientes en los
procesos locales, estos van desde los 193 mil pesos en Morelos, hasta cerca de los 3 millones
de pesos en Chiapas.
51 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El 20 de junio de 2014 se presentó la primera de cuatro acciones de inconstitucionalidad8 en
contra del decreto por el que se aprobó la reforma político-electoral federal. Uno de los temas
controvertidos era la regulación de las candidaturas independientes.
Para el proceso electoral 2014-2015 se presentaron 47 acciones de inconstitucionalidad relacionadas
con la legislación electoral local, 12 de ellas para cuestionar la validez de la legislación
en igual número de entidades de las 17 legislaciones locales que regirían los procesos electorales
locales 2014-2015 (70%)9.
En tanto, las 13 entidades que enfrentaran procesos electorales en 2016, en 6 de ellas 10 ya
se presentaron acciones de inconstitucionalidad relativas a los candidatos independientes.
Varios fueron los conceptos de invalidez impugnados, entre los principales encontramos los
siguientes: presunta inequidad de los plazos de registro de los aspirantes a candidatos independientes,
frente a los establecidos para la creación de nuevos partidos políticos; porcentaje
de respaldo ciudadano para que las candidaturas independientes obtengan su registro; requisitos
para el registro de las candidaturas independientes; obligación de entregar informes
financieros de los actos tendentes a recabar el respaldo ciudadano; determinación de sanciones
fijas de negativa o de privación de registro, por actos anticipados de campaña y
uso indebido de la radio y televisión; acceso de las candidaturas independientes a la radio y
televisión exclusivamente durante la campaña electoral; financiamiento público para las candidaturas
independientes en su conjunto, como si se tratara de un partido político de nueva
creación; prohibición para las candidaturas independientes para recibir dinero en efectivo, así
como metales y piedras preciosas.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia señaló que era
infundado el argumento de que el régimen legal aprobado para regular las candidaturas independientes
resultaba violatorio de convenios internacionales. Sostuvo que la sola diferencia de
trato frente a los partidos políticos no significa una renuncia a las obligaciones en materia de
protección a los derechos humanos que adquirió el Estado mexicano, puesto que el ejercicio
del derecho a ser votado, y el que ejercen otros ciudadanos aglutinados en un partido políti-
8 Las Acciones de Inconstitucionalidad fueron: 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014. Resueltas el 9 de septiembre de
2014.
9 Las entidades con proceso electoral en 2014-2015 en donde se impugnaron temas relacionados a los candidatos independientes
son: Campeche, Chiapas, Colima, D.F., Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
San Luis Potosí y Tabasco.
10 Las entidades con proceso electoral en 2015-2016 en donde se impugnaron temas relacionados a los candidatos independientes
son Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, y Veracruz.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
52

María Del Carmen Alanís Figueroa
co no guardan condiciones equivalentes en términos de la Constitución Federal, puesto que
la sola invocación del principio pro persona en los conceptos de invalidez (en relación con las
candidaturas independientes) no basta por sí solo para resolver que debiera ofrecérseles legalmente
una identidad absoluta con los partidos políticos 11 .
IMPLEMENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LOS PROCESOS
ELECTORALES 2014-2015 Y 2015-2016
La puesta en marcha de la reforma político electoral de 2014 tuvo su primera prueba en el
proceso electoral 2014-2015. La implementación de las candidaturas independientes no
estuvo exenta de complicaciones. Del 1 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015 la Sala Superior
del Tribunal Electoral, recibió en el ámbito federal 107 impugnaciones, mientras que de
candidatos de ámbito local fueron 152, un total de 259 impugnaciones resueltas respecto a
candidaturas independientes.
La etapa más impugnada de este proceso fue la de registro de candidatos con 85 medios
presentados, lo cual pone de relieve que el mayor índice de justiciabilidad se centra en la posibilidad
original de participación en los procesos electorales, mientras que en la etapa de actos
de preparación de la elección se presentaron 78.
A nivel federal la entidad en la que más impugnaciones presentaron fue Sinaloa con 15. En
Campeche, Guerrero y Morelos sólo se presentó una por cada entidad. Mientras que en el ámbito
local en la entidad en la que más impugnaciones se presentaron fue Nuevo León con 27
y el entonces Distrito Federal con 26, en cambio en Campeche sólo presentó una.
En la primera etapa del proceso electoral 2014-2015 relacionada con la manifestación de intención
para contender por una candidatura independiente, 400 ciudadanos se registraron
como aspirantes en las 17 entidades federativas y en la elección federal.
Se registraron como aspirantes a una candidatura independiente para una diputación federal
un total de 52 fórmulas, cifra que representan el 2.3% del total de candidatos que fueron registrados.
La representación de las mujeres como candidatas independientes estuvo por debajo
de los esperado, 45 de estas fórmulas fueron ocupadas por hombres (87%) y 7 por mujeres
(13%), distribuidos en 21 entidades federativas 12 .
11 Sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad fueron: 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014. Resueltas el 9 de
septiembre de 2014, pp.345-346.
12 Las entidades fueron: Aguascalientes (1), Baja California (6), Chiapas (1), Chihuahua (2), Distrito Federal (2), Hidalgo (1),
Jalisco (1), México (1), Michoacán (1), Nayarit (1), Nuevo León (1), Oaxaca (1), Puebla (7), Quintana Roo (1), San Luis
Potosí (1), Sinaloa (8), Tabasco (1), Tamaulipas (1), Tlaxcala (1), Veracruz (9) y Zacatecas (1).
53 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
Cabe destacar que las entidades con el mayor número de aspirantes a candidatos independientes
para la Cámara de Diputados fueron aquellas en las que no se llevaron a cabo
elecciones locales concurrentes con la federal. Las entidades con mayor número de registros
como aspirantes fueron:
• Veracruz 9 aspirantes.
• Sinaloa 8 aspirantes.
• Puebla 7 aspirantes.
• Baja California 6 aspirantes.
De los 52 aspirantes sólo 22 ciudadanos lograron el registro. Lo hicieron en 20 distritos
electorales, ya que en los distritos de Xalapa y Coatzacoalcos se registraron 2 fórmulas de independientes
en cada distrito. Lo que refleja una eficiencia en la etapa de obtención del apoyo
ciudadano del 42.3%. De las 22 candidaturas independientes registradas, 20 fueron hombres
y sólo 2 mujeres.
Las entidades con un mayor número de registros de candidaturas independientes fueron de
nueva cuenta aquellas entidades donde sólo hubo proceso electoral federal:
• Sinaloa con 4 candidatos independientes.
• Veracruz con 5 candidatos independientes.
• Tamaulipas con 3 candidatos independientes.
El único candidato independiente que obtuvo el triunfo fue el del distrito 5 de Culiacán, Sinaloa,
Manuel Clouthier, quien logró ganar en su distrito con el 42.45% de la votación. Es
el primer candidato independiente que integra la Cámara de Diputados de la Federación. El
promedio de votación obtenida por los 22 candidatos independientes a diputado federal
fue del 9.27%.
A nivel local, se eligieron 1,672 autoridades: 9 gobernadores, 639 diputaciones locales y
1,004 Presidencias Municipales. Para Gobernador se presentaron 12 aspirantes, destacándose
entidades con más de un candidato: 3 en Querétaro, 2 en Baja California Sur, Nuevo León
y San Luis Potosí.
En el caso de diputados locales se presentaron 233 manifestaciones de intención por una candidatura
independiente. En este caso se pueden destacar dos entidades en las que fue patente
el interés de participar por la vía independiente: Distrito Federal con 94 solicitudes y Estado de
México con 64. Mientras que para Presidencias Municipales fueron sólo 182 solicitudes, destacando,
otra vez, el otrora Distrito Federal con 51 y el Estado de México con 26.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
54

María Del Carmen Alanís Figueroa
Pese a que el otrora Distrito Federal y el Estado de México son las entidades en las que más
aspirantes se registraron, fueron Nuevo León y Michoacán los que un mayor número de ciudadanos
obtuvieron su registro como candidatos independientes, el primero tuvo 22 y el
segundo 12. Dejando al otrora Distrito Federal con 10 y al Estado de México con 11.
Para las 9 gubernaturas en juego en el 2015, únicamente obtuvieron registro un total de 5
candidatos independientes en Michoacán, Nuevo León, Baja California Sur, Campeche y San
Luis Potosí.
Para diputados locales, sólo fueron 29 de 233, lo que significa que sólo el 12.4% habría logrado
ser candidato, siendo Nuevo León el que más candidatos lograra con 11, en Baja California
Sur y en el entonces Distrito Federal sólo 3.
En el caso de las presidencias municipales fueron 182 aspirantes y 79 quienes obtuvieron registro
como candidatura independiente (43.4%). Michoacán consiguió 11 y Nuevo León 10.
Para el proceso electoral 2014-2015 obtuvieron registro como independientes 109 candidaturas,
sólo en Colima no se registró a nadie. Es decir, alrededor de un tercio de las y los
aspirantes alcanzaron su registro. En su conjunto, las 109 candidaturas lograron 1.43 millones
de votos, por lo que estas candidaturas se hicieron con el 5.8% de victoria13.
La participación de las candidaturas independientes en el proceso electoral 2014-2015, tuvo
como resultado el triunfo en una gubernatura, una diputación federal una diputación local y
tres presidencias municipales:
• Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, obtuvo 48.82%.
• Manuel Clouthier Carrillo, obtuvo el 42.17%.
• Pedro Kumamoto, distrito 10, Jalisco obtuvo 38%.
• José Alberto Méndez, en Comonfort, Guanajuato, obtuvo el 29.27%.
• César Adrián Valdés Martínez, García, Nuevo León, obtuvo 41.71%.
• Alfonso Martínez Alcázar, Morelia, Michoacán, obtuvo el 27.44%.
En el proceso electoral en marcha están en juego 2,080 cargos de elección popular, 12 gubernaturas,
496 diputaciones locales, 1,181 ayuntamientos y 391 presidencias de comunidad.
Respecto de las candidaturas independientes que participarán en este proceso electoral, no
se puede conocer aún las candidaturas independientes para todos los cargos que se eligen en
virtud de que, por los plazos legalmente establecidos, las gubernaturas son el único cargo en
13 Promedio de votos tomado de Beltrán Miranda, Yuri Gabriel, Candidaturas Independientes (segunda de dos partes), Este
País, núm. 291, julio de 2015.
55 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
el que han concluido los registros e iniciado las campañas electorales el 3 de abril de 2016. En
algunas entidades ya se cuenta con los datos de diputaciones y ayuntamientos.
Como aspirantes a las gubernaturas se registraron 3 en Aguascalientes, 1 en Chihuahua, 2
en Durango, 3 en Oaxaca, 7 en Puebla, 2 en Quintana Roo, 1 en Sinaloa, 1 en Tamaulipas, 2
en Tlaxcala, 2 en Veracruz y 2 en Zacatecas. De ellos, las y los aspirantes que obtuvieron una
candidatura independiente fueron uno en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, 2 en Zacatecas y, por el momento, en Puebla 1 14 .
Como aspirantes a una candidatura independiente para una diputación local se encuentran registrados
16 en Aguascalientes, 28 en Baja California, 10 en Chihuahua, 51 para la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, 9 en Durango, 10 en Hidalgo, 8 en Oaxaca, 4 en Quintana
Roo, 21 en Sinaloa, 14 en Tamaulipas, 4 en Tlaxcala, 73 en Veracruz y 4 en Zacatecas.
Obtuvieron, hasta este momento, registro como candidatura independiente en Aguascalientes
14, en Sinaloa 19, en Tamaulipas 1, en Tlaxcala 1.
En el caso de los Ayuntamientos cuentan con la calidad de aspirante 9 en Aguascalientes,
16 en Baja California, 2 presidencias y 1 síndico en Chihuahua, 16 en Durango, 35 en Hidalgo,
46 en Oaxaca, 6 en Quintana Roo, 12 en Sinaloa, 34 en Tamaulipas, 27 en Tlaxcala y 18
en Zacatecas. Hasta la fecha están registrados las siguientes candidaturas independientes:
8 en Aguascalientes, 2 en Quintana Roo, 11 en Sinaloa, 23 en Tamaulipas y 24 en Tlaxcala.
Además, en Tlaxcala se registraron 5 aspirantes a la presidencia de comunidad y los 5 obtuvieron
registro.
ASPECTOS MÁS CONTROVERTIDOS RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS
CANDIDATURAS ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
Y LOCAL 2014-2015
A continuación, enunciaré los tres temas que mayor conflicto causaron durante el pasado
proceso electoral y que siguen siendo temas polémicos en lo que va del proceso electoral en
marcha, los que sin duda ameritarán una revisión en la próxima reforma electoral con el objeto
de contar con procedimientos y requisitos que faciliten el acceso a la ciudadanía a esta vía
independiente de participación.
EL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO
Respecto a este tema, cada entidad federativa ha determinado, en aplicación del principio de
libertad configurativa normativa y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
14 El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla determinó resolver respecto de la postulación de Ana Teresa
Aranda, a más tardar, el 8 de abril de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
56

María Del Carmen Alanís Figueroa
porcentaje de apoyo ciudadano necesario para la obtención de una candidatura independiente.
A pesar de que existen estándares internacionales que sugieren que la cantidad de firmas
de apoyo requeridas para una candidatura no debe superar el uno por ciento del padrón 15 ,
en México, salvo en el caso de la Presidencia de la República, estamos lejos de ese estándar.
Del análisis de las legislaciones electorales locales con jornada electoral en 2015, se detectaron
extremos por demás preocupantes, como son los casos de exigencias tales como:
• 20% para algunos municipios en Nuevo León, esto en razón del número de habitantes
del municipio.
• 15% para algunos municipios en Yucatán.
• Baja California que estableció el 4% 16 de la lista nominal para gobernador y 5% para
diputados y Ayuntamientos. Aún más preocupante Tabasco, que para diputados al Congreso
local estableció el 6%.
• Sin embargo, los casos más extremos son Nuevo León, con hasta 20% en Ayuntamientos,
seguido de Yucatán, con el 15% y Tabasco hasta 8%, dependiendo del número de
habitantes que tenga cada Municipio y no del padrón electoral, cifra que evidentemente
resulta mayor a la de los ciudadanos registrados en el padrón.
Sin duda, este será uno de los temas más importantes que seguirá discutiéndose respecto a
la participación de las candidaturas independientes. Para el proceso electoral en marcha, la
armonización legislativa en las 13 entidades con proceso electoral, en ningún caso tomó en
cuenta el estándar internacional citado, salvo en el caso de Zacatecas que lo estableció para
el caso de una candidatura independiente para la gubernatura. En resto de los casos, se aparta
por completo de los estándares: por ejemplo, Aguascalientes optó por establecer un 5% de
apoyo ciudadano para Gobernador, mientras que otras siete entidades optaron por el 3%. Baja
California, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa establecieron como requisito un 2%.
En general, se aprecia que las legislaturas estatales optaron por establecer entre el 2 y 3 porciento.
Sin embargo, existen casos que son alarmantes. En Aguascalientes y Puebla, se solicitó
el 5% para Ayuntamientos, mientras que en Chihuahua se optó por establecer entre 3% y10%
de acuerdo con el tamaño del municipio de que se trate. Un caso que llama la atención es
15 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Código de buenas prácticas en materia electoral: Directrices e informe
explicativo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011.
16 La Sala Superior resolvió en el JDC-1004/2015, que el requisito del 4% del listado nominal para el cargo de Gobernador
en Baja California Sur resultaba excesivo, injustificado y desproporcionado, por lo que se determinó su inaplicación al caso
concreto y se determinó que con el 2.5% que había presentado el candidato era suficiente.
57 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
Tlaxcala en el que se exige el 3% para Gobernador, 6% para diputado local, 8% para Ayuntamiento
para Presidente de comunidad el apoyo ciudadano requerido se estableció -fuera de
toda lógica- en el 12%.
PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR
En el proceso electoral 2015-2014, este requisito se exigió en 9 entidades, Campeche, Chihuahua,
D.F., Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. El requisito
consiste en acompañar la cédula de respaldo ciudadano con las copias simples de la credencial
de elector de los ciudadanos que respaldan la candidatura. La Corte desafortunadamente
señaló que el requisito resulta en una medida idónea e incontrovertible para garantizar que
el aspirante cuenta con el suficiente apoyo de respaldo en tanto que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha señalado que la copia simple de la credencial de elector no
constituye una prueba plena para acreditar los veracidad de los datos de respaldo ciudadano,
por lo que para su demostración basta con inscribir el número de elector, por lo que esta exigencia
resultaba excesiva, innecesaria y costosa 17 .
FINANCIAMIENTO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Una vez que obtengan su registro, las y los candidatos independientes podrán constituir una
bolsa de financiamiento compuesta por dinero de origen público y privado. En el caso del financiamiento
público se estableció que los candidatos independientes en conjunto, es decir, como
si se tratase de un partido político nuevo, accederán en partes igualitarias al financiamiento
público. Asimismo, podrán recurrir a fuentes privadas de financiamiento, cuyo límite fue una
de las cuestiones más controvertidas durante el pasado proceso electoral.
Al respecto, la legislación federal que sirvió como guía para los estados estableció como límite
máximo al financiamiento privado el 10% del tope de gasto de campaña para la elección
de que se trate. Esta situación se replicó en 15 entidades federativas 18 . En Chiapas se extendió
el límite hasta el 25% y en Chihuahua hasta por el 50%. En las entidades como la Ciudad de
México entonces Distrito Federal, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas el límite al financiamiento privado
es el hasta por el tope de gastos de campaña. En Querétaro este límite se estableció por
el conjunto de las candidaturas hasta por el monto de financiamiento público que recibiría un
17 SUP-JDC-2782/2014 resuelto en sesión pública del 10 de diciembre de 2014.
18 Las entidades con el límite de aportaciones privadas al 10% del tope de gastos de campaña son: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
58

María Del Carmen Alanís Figueroa
partido político de nueva creación. En tanto que en Coahuila 19 , Colima Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca 20 , Puebla y Tlaxcala (6 entidades) no se determinó un límite al financiamiento privado.
Ante el limitado financiamiento público que perciben las y los candidatos independientes, las
aportaciones privadas a la campaña constituyen una posibilidad real de competencia. En este
contexto, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en un caso en el entonces Distrito
Federal, resolvió que no era posible aplicar la regla que establecía la primacía del financiamiento
público sobre el privado 21 . De haberse aplicado dicho precepto, a los cargos de Jefe Delegacional
hubiera dado como resultado que la suma entre el financiamiento público y privado apenas
hubiera alcanzado el 21% del tope de gasto de campaña, lo cual trastoca el principio de equidad
en la contienda, por lo que el límite que deben cumplir las candidaturas independientes es
el tope de gastos de campaña.
CONCLUSIONES
Pese a las complicaciones legales, reglamentarias y financieras que enfrentaron las candidaturas
independientes tanto en el proceso electoral en marcha como en el anterior, se convirtieron
en una opción política real y viable, con lo cual: (1) se cristaliza una nueva dimensión del derecho
humano a ser votado, (2) se otorgan nuevas opciones a la ciudadanía y (3) se inaugura
una vía paralela a la estructura partidista para el acceso a cargos de elección popular.
En primer lugar, debemos destacar que las candidaturas independientes obtuvieron triunfos
en todos los cargos de elección popular que estaban en juego: una gubernatura, una diputación
federal, una local y 3 presidencias municipales.
Uno de los principales retos de nuestros legisladores será reconocer el valor de esta vía de
participación ciudadana y, por tanto, rediseñar los procedimientos y exigencias para conseguir
una candidatura independiente. En casi todos los casos, los requisitos son mayores para una
candidatura independiente que para conformar un nuevo partido político.
19 Esto es así, porque no se ha reformado el Código Electoral del Estado, en consecuencia, la regulación de los candidatos
independientes que está en el código data de 2010, misma que fue invalidada por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad
14/2010 y sus acumuladas.
20 Cabe señalar que el pasado 5 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad
59/2015 y sus acumuladas (61 y 62) en donde determinó que debido a las graves violaciones al proceso legislativo
sería abrogada la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (publicada el 9 de julio de 2015
en el diario oficial del estado). En consecuencia, resulta aplicable para el proceso electoral de 2016 el Código de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales para el estado de Oaxaca.
La ley que perdió su vigencia (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca) sí estaba armonizada
en los temas de candidatos independientes.
21 Para un estudio puntual del caso se sugiere se consulte el expediente: SUP-REC-193/2015.
59 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Regulación e implementación de las candidaturas independientes en México
Con el objeto de facilitar la implementación de esta figura, los requisitos de acceso no deberían
ser tan gravosos. El punto central resulta el adecuado control y verificación del origen y
destino de cada peso destinado a una campaña de un candidato independiente, es ahí donde
los legisladores deben enfocarse. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser los
puntos centrales en la regulación de las candidaturas independientes.
Derivado de la experiencia de estos dos procesos electorales, es claro que resulta necesaria
la modificación de la regulación de las candidaturas independientes. Las reformas respecto a
esta figura, como mínimo, deben atender las siguientes consideraciones:
1. Reducir el porcentaje de apoyo necesario para el registro de una candidatura independiente.
No resulta pertinente cerrar las vías de participación para los electores, en última
instancia, si una candidatura independiente no cuenta con el suficiente respaldo, no conseguirá
el cargo el día de la elección.
2. Eliminar la previsión de que el financiamiento público debe prevalecer al de origen privado.
3. Diseñar mecanismos eficaces de fiscalización del origen y destino de los recursos, así
como de transparencia y de rendición de cuentas.
4. Eliminar requisitos gravosos como la presentación de la copia de la credencial de elector
de las personas que apoyen una candidatura independiente o que las y los ciudadanos
deban acudir a las oficinas de la autoridad electoral competente para manifestar su
apoyo a una candidatura como en el caso de la legislación de Puebla o la acreditación
de la buena fama pública, legislación de Veracruz, ambas invalidadas por la Suprema
Corte de Justicia.
El papel del Poder Judicial de la Federación debe de ser de garante de la integridad y uniformidad
en la interpretación de la Constitución, sobre todo en cuestiones de derecho electoral,
en donde se otorga competencia a la Suprema Corte de Justicia, para resolver la inconstitucionalidad
de normas (en abstracto), como al Tribunal Electoral de pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad e aplicación de la norma en casos concretos.
La labor del Poder Judicial debe consistir en ampliar y potenciar el ejercicio de los derechos humanos
de las y de los ciudadanos y no de limitarlos.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
60

María Del Carmen Alanís Figueroa
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012.
Vid. Pérez de los Reyes, Marco Antonio y García Sánchez, Enrique. 2011. “1911. Las
primeras elecciones de un país en transición”, revista del TEPJF, volumen 1, número 7.
p. 370.
Sentencia de las acciones de inconstitucionalidad fueron: 22/2014, 26/2014, 28/2014
y 30/2014. Resueltas el 9 de septiembre de 2014, pp. 345-346.
Promedio de votos tomado de Beltrán Miranda, Yuri Gabriel, candidaturas independientes
(segunda de dos partes), este país, núm. 291, julio de 2015.
Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Código de Buenas Prácticas en
Materia Electoral: directrices e informe explicativo, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, México, 2011.
SUP-JDC-2782/2014. Resuelto en sesión pública del 10 de diciembre de 2014.
61 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS E
VOTO ELECTRÓNICO: UN PASO MÁS
EN LA LEGITIMIDAD Y CALIDAD
DEMOCRÁTICA
Electronic vote: one step more into the
democratic legitimacy and quality
Francisco Javier Arenas Soto 1
Recepción: 10 marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 11 de mayo de 2016.
Pp. 62-82.
Resumen:
El desarrollo del presente trabajo se inscribe en la apremiante necesidad de que en nuestro
país se implemente un sistema integral de gestión electoral y voto electrónico. La temática
se abordará desde la cronología de la relación del sufragio con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC); posteriormente, se describirán los antecedentes
tecnológicos del siglo XIX; en seguida, se analizarán los sistemas de votación electrónica
desarrollando una tipología de dichos sistemas y de los instrumentos o herramientas
que se han venido aplicando; después, se realizará un ejercicio descriptivo del panorama
global, señalando los países en los que se implementa el sistema de votación electrónica,
y del panorama nacional, donde se presentan los antecedentes en la legislación mexicana;
también se mencionarán los estados donde se han realizado ejercicios de votación
electrónica vinculantes y no vinculantes, concluyendo con la descripción detallada de los
componentes que integran la propuesta del sistema integral de gestión electoral y voto
electrónico.
Palabras clave:
Sistema de gestión electoral, voto electrónico, urna electrónica.
1 Maestrante del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Correo
electrónico: pacoarenas@gmail.com
JUSTICIA Y SUFRAGIO 62

Francisco Javier Arenas Soto
Abstract:
The development of the current work is inscribed on the urgent need of an integral system
of electoral management and electronic vote. The subjects will be englobed since
chronology of the connection between suffrage and the Technology of Information and
Communication (Spanish acronym known as TIC); subsequent, the technologic records
of 19th Century will be described; immediately, electronic voting systems will be analyzed
by the development of typology of this mentioned systems and the instruments
or tools that have been applied on this matter; then, a descriptive exercise of national
sight will be made by mentioning the countries in which the electronic vote system has
been implemented, and the national sight, where the records are presented in Mexican
legislation; also, it will be listed every country in which the binding and not binding
electronic voting exercises have been realized, concluding with a detailed description of
the elements which are integrated on the integral system of electoral management and
electronic vote proposal.
Keywords:
Electoral management system, electronic vote, electronic urn.
SUMARIO: I. Introducción. II. Descripción cronológica de la relación del sufragio con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. III. Antecedentes tecnológicos de los
sistemas de votación. IV. Sistemas de votación electrónica. V. Panorama global, nacional
y local. VI. Aproximación teórico conceptual. VII. Dimensiones discursivas en torno
al voto electrónico. VIII. Sistema Integral de Gestión y Votación Electrónico. IX. Conclusiones.
X. Referencias Bibliográficas.
INTRODUCCIÓN
Cada vez es más amplia y generalizada la aplicación de las TIC, esto ha provocado que en el
ámbito comercial a través del comercio electrónico e-commerce y e-business sea una práctica
cotidiana. Respecto a la esfera gubernamental su avance es de menor intensidad, sin embargo,
el gobierno electrónico e-government es sin duda una realidad en México. Este contexto ha
llevado a que se vaya consolidando la aplicación de las TIC en la participación político-electoral,
dando paso a lo que algunos han denominado democracia electrónica e-democracy, la que transita
desde la sistematización de los procesos administrativos de gestión del proceso electoral,
hasta la expresión de la voluntad popular e-voting y la presentación de resultados preliminares 2 .
2 NOHLEN, Dieter [et al.] comp. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina [en línea]. México: Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Instituto de Ciencia Política, Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fondo de Cultura Económica,
2007 [fecha de consulta: 23 de enero de 2016]. Capítulo 38. El voto electrónico. Disponible en: http://www.idea.int/publications/
electoral_law_la/upload/inlay_tratado.pdf ISBN 978-968-16-8283-5
63 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
Hace algunos lustros sería como una historia de ciencia ficción que se pudiera votar mediante
un sistema electrónico; ni qué decir de una urna inteligente que no requiera de boletas, de
conteo y de revisión en el listado nominal.
La votación mediante un sistema electrónico se viene aplicando desde hace varios lustros en
diversas latitudes, su implementación requiere de algunos factores que involucran en primer
plano a los actores y agentes que participan en los procesos electorales, así como la ejecución
de una serie de acciones referentes a la aplicación de tecnologías y de la alineación del marco
legal y normativo que le dé vigencia y legitimación3.
El desarrollo del presente trabajo se inscribe en la apremiante necesidad de que en nuestro país
se implemente un sistema integral de gestión electoral y voto electrónico, es por ello, que se
abordará la temática desde la cronología de la relación del sufragio y las TIC; posteriormente,
se describirán los antecedentes tecnológicos del siglo XIX que conlleva la referencia de figuras
como Thomas Alva Edison, quien fue el primero en patentar una máquina que registrara mecánicamente
los votos hasta llegar al internet actual; en seguida, se analizarán los sistemas
de votación electrónica desarrollando una tipología de dichos sistemas y de los instrumentos
o herramientas que se han venido aplicando; después, se realizará un ejercicio descriptivo
del panorama global, señalando los países en los que se implementa el sistema de votación
electrónica, y del panorama nacional, donde se presentan los antecedentes en la legislación
mexicana, cuyo ejercicio histórico se ubica en las leyes Madero y Carranza como primeros antecedentes.
En el mismo sentido, se mencionarán los estados donde se han realizado ejercicios
de votación electrónica vinculantes y no vinculantes, en particular la experiencia del estado
de Jalisco; sin ser exhaustivo, se incluyen las voces de algunos expertos como Cano Bueso,
Elías Huerta Psihas, María de los Ángeles Fromow Rangel, Francisco J. Guerrero Aguirre y Fernando
Barrientos del Monte, quienes con su voz permiten hacer un ejercicio de aproximación
teórico-conceptual sobre el tema de votación electrónica; finalmente, se propone un sistema
integral de gestión y votación electrónico.
DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LA RELACIÓN DEL SUFRAGIO Y LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Es indudable que el largo y sinuoso camino democrático que nuestro país ha transitado desde
que se otorgó el voto a la mujer (17 de octubre 1953 DOF, 3 de julio de 1955 primera
elección) pasando por la reforma política del año 1977, la que incluyó la representación proporcional
y les otorgó a los partidos minoritarios espacios mediante la aplicación de fórmulas
no exploradas hasta ese momento en México.
3 TÉLLEZ Valdés, Julio. El voto electrónico. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2010.ISBN 978-607-
708-003-9
JUSTICIA Y SUFRAGIO
64

Francisco Javier Arenas Soto
En 1988 la denominada “caída del sistema”, puso en entredicho el uso de las TIC en los procesos
electorales.
Hace unas décadas, poder disponer de un listado nominal confiable, disponer de una credencial
con fotografía, que la insaculación como proceso electrónico se realice sin cuestionamientos
para la integración de las autoridades de las mesas receptoras de votos y disponer de resultados
preliminares el mismo día de la elección, era todo un reto. Es indudable que ha sido una
ruta de avances en la administración y gestión de los procesos electorales.
Ahora bien, es pertinente hacer un paréntesis en dos hechos en particular: la credencial para
votar, y la insaculación para la integración de las mesas receptoras de votos. En estas acciones
se tiene como protagonistas silenciosas a las TIC.
Para la emisión de la credencial para votar se requiere todo un modelo de diseño e implementación
de sistemas de gestión de base de datos, con un nivel de confiabilidad por demás reconocido.
Prueba de ello es que esta credencial es el documento oficialmente reconocido para realizar cualquier
trámite; en poco tiempo se pasó de la desconfianza a la certidumbre y legitimidad.
Por otro lado, la integración de los funcionarios de las mesas receptoras de votos mediante
el proceso de insaculación electrónica, implica un sistema de software que técnicamente sea
eficaz y un proceso que sea transparente, este tema se ha consolidado a tal nivel de confiabilidad,
que no existen impugnaciones por parte de los actores ni de los agentes que participan
en el proceso electoral.
Este relato cronológico se concluye con el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), cuyo diseño e implementación requiere de una plataforma de soporte tecnológico
confiable, así como una logística de suministro oportuno de información y alimentación del
sistema. Es un hecho que todo proceso electoral federal o local tiene contemplado un PREP.
ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICOS
Las elecciones son procesos muy complejos ya que para su realización se debe conformar una
gran estructura, tanto de autoridades, como de capacitadores, además de la elaboración de
los materiales electorales, los que comprenden: urnas, boletas para votar, crayones, tinta indeleble,
manuales, actas, todo esto hace que el proceso electoral sea costoso.
Por otro lado, los resultados definitivos se conocen hasta el miércoles posterior a la elección;
en elecciones con resultados cerrados las impugnaciones por parte de los contendientes colocan
al proceso electoral en cuestionamientos que impactan en la legitimación del ejercicio
democrático.
65 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
A continuación, se abordarán los antecedentes tecnológicos para disponer de una visión histórica
del devenir de este esfuerzo por legitimar el desarrollo democrático mediante sistemas
de votación electrónica.
A partir del siglo XIX, se localizan antecedentes de propuestas orientadas a realizar más eficientes
y seguros los procesos electorales mediante mecanismos de votación automatizada.
Como dato sobresaliente Thomas Alva Edison fue el primero en registrar y patentar un instrumento
electrográfico para el registro de la votación realizada, de esta primera herramienta
se desprende una larga cauda de aparatos orientados a registrar la votación.
En esa ruta se inscribe en 1891 la propuesta de Jacob H. Myers con su denominada “cabina
automática de Myers”, misma que se utilizó oficialmente en la ciudad de Lock-port, Nueva
York, cuyo objetivo era “proteger mecánicamente al votante del fraude y hacer del proceso
de selección de la papeleta de voto un plan perfecto, simple y secreto”4.
Algunos trabajos de investigación establecen una clasificación de la tecnología que señala
ocho generaciones de dispositivos mecánicos y electrónicos para emitir el sufragio, verbigracia
como:
• La registradora electrográfica de Edison.
• La cabina automática de Myers de 1891.
• Las máquinas de perforación de Hollerith de 1930.
• Los sistemas de televoting o voto por teléfono.
• Los dispositivos de escaneo óptico.
• Las máquinas de votación de grabación electrónica directa (machines DRE).
• La televisión digital interactiva o iD-TV.
• Las nuevas que surgen con el desarrollo de las TIC, internet y dispositivos móviles.
Ahora bien, cabe señalar que desde la década del año 1960, se vienen desarrollando procesos
electorales mediante votación electrónica en países como Estados Unidos, Canadá, Australia,
Francia y Suiza5.
IV. SISTEMAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA
Entre los diversos sistemas de votación electrónica, podemos ubicar como los de mayor popularidad
en Estados Unidos y Europa, la denominada Red Pública de Registro Directo Electrónico,
y las máquinas de votar direct recording electronic (DRE) voting machine; así como algunos
4 Ibíd., 13 p.
5 Ibíd. 14 p.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
66

Francisco Javier Arenas Soto
sistemas híbridos que integran algún dispositivo para emitir el voto y otro para su tabulación
electrónica.
Se pueden señalar como las tipologías de voto electrónico las siguientes:
• Voto electrónico a distancia y voto local.
• Voto electrónico por internet, tanto en un entorno controlado (pollside internet voting)
o en entorno remoto o no controlado (remote internet voting).
• Voto electrónico presencial6.
Por otro lado, se menciona la clasificación de los tipos de sistema de votación electrónica:
• Sistema de votación mediante tarjeta perforada.
• Sistemas de voto mediante un aparato lector.
• Sistemas de voto mediante aparatos de grabación directa.
• Sistema de voto electrónico remoto7.
De igual forma, los dispositivos de recepción de votación entre los más populares se
encuentran:
• Tarjetas perforadas.
• Escáners o digitalizadores ópticos.
• Urnas electrónicas digitales.
• Urnas electrónicas biométricas.
• Kioscos electorales o sitios de votación especializados8.
A través de internet:
• El DRE.
• Transmisión vía telefónica.
• Por sistema de televisión 9 .
6 Ibíd., 23-28 p
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ídem.
67 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
PANORAMA GLOBAL, NACIONAL Y LOCAL
PANORAMA GLOBAL
Ejercer el derecho ciudadano de sufragar mediante voto electrónico se ha convertido en una
tendencia global, en este sentido, se puede señalar a Bélgica como el país que inicia esta tradición
en el viejo continente. Por su parte, la India es el primer país en diseñar su propia urna y
recibir el cien por ciento de la votación de manera electrónica; en América Latina, Brasil inició
con un sistema de votación electrónica y Venezuela se sumó a esta tendencia 10 .
En Brasil los resultados presidenciales en la segunda elección del presidente Luiz Inácio Lula Da
Silva, se tuvieron en un 90% antes de la medianoche del día de la jornada electoral, y el 100%
al amanecer del día siguiente, oficialmente contabilizados 11 .
PANORAMA NACIONAL
Este último dato robustece el planteamiento de que se generalice el uso del voto electrónico
en los procesos electorales en el país.
Es importante destacar que en México los antecedentes de utilizar medios mecánicos o electrónicos
no son de fecha reciente, se localizan desde la denominada Ley Madero de fecha 19
de diciembre de 1911, en cuyo artículo 31 señalaba el uso de las máquinas automáticas de
votación; por su parte la Ley Carranza del 1 de julio de 1918, en el artículo 58 establecía la
importancia del tránsito de un sistema de voto tradicional a la utilización de medios mecánicos
o automáticos para sufragar. Asimismo, se encuentra alusión a sistemas automáticos de
votación en legislaciones electorales posteriores, por ejemplo, en “las de 1946, 1951 y 1973,
en los artículos 76, 86 y 140, respectivamente” 12 . En ese mismo sentido, el artículo 188 de la
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 13 .
Los anteriores ordenamientos contrastan con las legislaciones más recientes ya que el Código
Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de
1987, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado
en el DOF el 15 de agosto de 1990, desafortunadamente no contemplaron ninguna mención
10 Díaz Ortiz, Ángel Rafael. El voto electrónico en México. Las urnas electrónicas y el voto por internet [en línea] México, 2013
[fecha de consulta: 26 de enero de 2016]. Disponible en: http://www.ieecolima.org.mx/temporales/votoelectronico.pdf
11 FEPADE Difunde [en línea]: FEPADE. México, 2004 [fecha de consulta 07 de febrero de 2016] Disponible en:
http://201.147.173.37/combate%20a%20la%20delincuencia/documentos/delitos%20federales/fepade/fepadedifunde5.pdf
12 TELLEZ Valdés, Julio. Op. Cit., 4p.
13 Ibíd., 14-15 p.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
68

Francisco Javier Arenas Soto
respecto a la posibilidad de utilizar instrumentos tecnológicos para recibir la votación en procesos
electorales federales 14 .
México tiene antecedentes exitosos del uso de la urna electrónica en los estados de Coahuila,
Jalisco 15 y en la Ciudad de México (antes el Distrito Federal) 16 .
En México Coahuila es pionero en votación electrónica, ya que fue la primera entidad de la federación
en utilizar 42 urnas electrónicas para recibir la votación, de las cuales los resultados
electorales tuvieron efectos vinculantes. El sistema de votación electrónica fue desarrollado
por la Unidad de Informática del entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila (IEPCC) 17 .
El Instituto Electoral del Distrito Federal, celebró un convenio con Brasil para que en las elecciones
del 2003, se utilizaran urnas brasileñas para realizar una prueba piloto no vinculante
con resultados muy favorables 18 .
A principios de 2005, se desarrollaron 60 urnas electrónicas semi-industriales, en una prueba
piloto no vinculante, se les pidió a los ciudadanos que desahogaran un cuestionario para
conocer sus impresiones de la urna, las respuestas de más del 95 por ciento, fueron en el sentido
de que era muy fácil de operar y que les daba confianza, se llegó a más de 30 ejercicios
vinculantes y más de 70 en diferentes presentaciones dentro y fuera del Distrito Federal 19 .
PANORAMA LOCAL, EL ESTADO DE JALISCO
Jalisco ha sido escenario de distintos ejercicios de votación electrónica, tanto vinculantes
como no vinculantes, dichos ejercicios se iniciaron en 2006 en el proceso local.
Los ejercicios no vinculantes realizados con la urna electrónica en dicha entidad federativa,
fueron 3 durante 2006, 8 en 2007, 13 en 2008 y 14 en 2009 20 .
Con relación a los ejercicios vinculantes del 2009, en Jalisco se realizaron elecciones constitucionales
en tres municipios, Tuxcueca, Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca. Asimismo,
14 Ibíd., 15.
15 ZAMARRONI Martínez, Ulises. Un éxito la urna electrónica en Jalisco [en línea]. El Universal: 2° de julio de 2012. Disponible
en: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/856840.html
16 DÍAZ, Ortíz, Ángel. R. Temas de Derecho Procesal Electoral Tomo III [ en línea]. México: Secretaría de Gobernación, 2012
[fecha de consulta: 16 de febrero de 2016]. Derecho al Uso de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación.
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2012/temas-2012.pdf
17 DÍAZ Ortiz, Á. R., El voto electrónico en México, las urnas electrónicas y el voto por internet. Op. Cit., 2-3 pp.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
20 Ibídem., 4 p.
69 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
en 2012, se utilizaron 972 urnas electrónicas en 43 de 125 municipios con efectos vinculantes
que representó medio millón de electores 21 .
A partir del resultado obtenido del proceso de medición de la reacción de los actores del proceso
electoral mediante sufragio por medios electrónicos, se puede señalar como satisfactoria
ya que no se registra alta incidencia en impugnaciones por la vía jurisdiccional 22 .
Estos ejercicios realizados en el país, algunos de ellos no vinculantes y otros vinculantes, conforman
el antecedente que permite ver con optimismo la implementación del voto electrónico
mediante la urna electrónica 23 .
Como se ha señalado anteriormente, en México, el uso de las TIC en los procesos electorales
se viene realizando exitosamente, tal es el caso de la credencial para votar, la insaculación de
los funcionarios de las mesas receptoras de votos y el PREP, esto genera condiciones favorables
para la implementación de un sistema de recepción de votación electrónica.
APROXIMACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL
Abordando el marco teórico-conceptual se considera importante referirlo al ser representativo
del tema materia de la presente investigación, en ese sentido, se deberá explorar con mayor
profundidad para dilucidar qué corrientes teóricas inciden o se expresan en un tema que pareciera
eminentemente tecnológico y procedimental, por ello, a continuación, se expresan
algunas voces de estudiosos del fenómeno electoral que abordan el tema del voto electrónico.
Cualquier aplicación y uso de las TIC conlleva una modificación en la forma de hacer las cosas;
esto impacta en los hábitos y formas de convivencia social, de allí que algunos autores
mantengan una posición que se va al extremo respecto a la implementación de un sistema
electrónico de votación. Por ejemplo, Cano Bueso 24 argumenta que, llevado el proceso a sus
últimas consecuencias, bien podría suceder el ascenso de lo que llama la telemática plebiscitaria.
En el plano filosófico y el impacto antropológico del votante algunos denominan a esta
etapa como democracia posmoderna, así como Cyberdemocracia.
21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 ibíd.
24 CANO Bueso, Juan. En torno a las transformaciones de la representación política. Boletín Mexicano de Derecho Comparado
[en línea]. 2001, no. 101 [fecha de consulta: 26 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.
php/bmd/article/view/10469 ISSN 0041-8633
JUSTICIA Y SUFRAGIO
70

Francisco Javier Arenas Soto
Por otro lado, el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en
Derecho, A.C. publicó un ensayo denominado La urna electrónica y el voto en el extranjero 25 ,
en el que expresa el contexto de las reformas que en el año 2004 se vislumbraban en materia
de derecho electoral.
Se pronunció en su momento para que “…en el Congreso de la Unión se dé respuesta a una
exigencia ciudadana: abaratar los costos de nuestra democracia” 26 .
Huerta Psihas, señala que se debería legislar para dar entrada a lo que él denomina: “… derechos
político-electorales de segunda generación”, y adoptar el uso de novedosos medios e
instrumentos que ha probado eficacia en otras latitudes y que constituyen paradigmas del fenómeno
electoral…” 27 .
Además, Psihas plantea un Sistema Integralmente Electrónico que contemple el voto de los
electores en el territorio nacional y, que permita el voto de los mexicanos en el extranjero.
Reclama de manera reiterada que este sistema pretende darle mayor certeza, confiabilidad,
economía y sobre todo menos burocracia en los procesos electorales 28 .
También apunta que el Sistema Integral Electrónico sea integrado por la urna electrónica que
disponga de un sistema de escrutinio electrónico, es decir, lo describe como un mecanismo
invulnerable a la corrupción, capaz de recibir, trasmitir y plasmar fidedignamente la voluntad
democrática del electorado 29 .
Al mismo tiempo, describe bondades, las cuales se pueden sintetizar en lo que él denomina
tres avances esenciales:
1. Fortalece la democracia.
2. Permite que en forma ágil y segura el votante registre automáticamente su voto, asegurando
la secrecía y la autenticidad, evitando así que pueda ser alterado o manipulado.
3. Accesibilidad del sistema, lo que implica que esté al alcance de toda la sociedad, sin que
origine obligaciones adicionales 30 .
25 HUERTA Psihas, Elías. La urna electrónica y el voto en el extranjero. FEPADE Difunde [en línea]. diciembre 2004, no. 5 [fecha
de consulta 03 de marzo de 2016]. Disponible en: http://201.147.173.37/combate%20a%20la%20delincuencia/
documentos/delitos%20federales/fepade/fepadedifunde5.pdf
26 Ibídem., 10 p.
27 Ibídem., 50 p.
28 Ibídem., 52 p.
29 Ibídem., 53 p.
30 Ibídem., 53-54 pp.
71 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
Señala como ejemplo exitoso a Brasil, que a pesar de su complejidad y magnitud territorial, el
sistema de votación electrónico permitió que a la media noche del día de la jornada electoral,
se tuvieran oficialmente contabilizados más del 90% de los votos, sin reclamación alguna 31 .
Por lo destacado de las personalidades que participaron en el Simposio sobre las Urnas Electrónicas
en el Distrito Federal 32 y por las ideas que se expusieron, es conveniente hacer una
síntesis del debate respectivo.
De manera particular, se destaca la participación de la Dra. María de los Ángeles Fromow
Rangel, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), quien
manifestó su preocupación por el tema de la vulnerabilidad, y por los sistemas de seguridad
necesarios para que el ejercicio del voto electrónico, no se vea perjudicado por alteraciones al
derecho fundamental de expresar la voluntad popular.
En el año 2004 los días 2 y 3 de septiembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal, organizó
el simposio acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano, en el que
participaron 33 especialistas en el tema del voto electrónico, los cuales pertenecen al ámbito
académico, electoral y empresarial.
La temática se abordó en cuatro mesas:
1. Seguridad en el uso de urnas electrónicas.
2. Aspectos jurídicos, sociales, políticos, procedimentales, logísticos y de capacitación en
el uso de urnas electrónicas.
3. Confiabilidad y auditabilidad de las urnas electrónicas.
4. Experiencia en el diseño de urnas electrónicas 33 .
Del mismo modo se presentaron también los prototipos de urnas electrónicas funcionales en
ese momento.
Este ejercicio de discusión y su memoria documental, es por sí mismo un documento sustantivo
para el tema de la presente investigación. Por obviedad de espacio y de tiempo, se retoma
nuevamente la intervención de la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, por la trascenden-
31 Ibídem., 54 p.
32 Este Simposio acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano, se realizó con el “propósito de analizar
desde una perspectiva teórico conceptual, el uso de las urnas electrónicas en procesos electorales y de participación ciudadana”.
HOMS Tirado María Elena. Memorias acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano [ en línea].
En: Simposio acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto ciudadano, septiembre 2°,3°, 2004: D.F., México.
Presentación. IEDF: México, 2005 [fecha de consulta 03 de marzo de 2016]. Disponible en:http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/foros/67_Memoria_Simposio_urnas.pdf ISBN 970-786-003-0
33 ibíd.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
72

Francisco Javier Arenas Soto
cia de su planteamiento y por la estrecha relación de la materia con el desempeño profesional
en ese momento.
El planteamiento de la Dra. Fromow consiste en el análisis jurídico sobre el marco legal de aplicación
en materia de la implementación de las urnas electrónicas en nuestro país 34 .
En la ponencia expresa la relevancia que ha cobrado en regímenes democráticos la utilización
de nuevos instrumentos y procedimientos para la emisión del voto ciudadano. Señala los casos
de: Francia, Alemania, Inglaterra, España, India, Brasil, Argentina y Venezuela, los cuales en el
momento del simposio ya habían realizado procesos electorales utilizando urnas electrónicas 35 .
La ponente señaló: “Hoy, pensar en organizar un proceso electoral sin el uso de equipos y
sistemas informáticos y de telecomunicaciones resulta imposible. Quizá, los programas de
resultados electorales son el mejor ejemplo de la aplicación exitosa de nuevas tecnologías en
este tipo de procesos” 36 .
La Dra. Fromow Rangel, hace énfasis especial en la vulnerabilidad de los sistemas informáticos,
-haciendo relevante el tema de la seguridad-. En seguida, le otorga una preponderancia a
la protección jurídica del sufragio en el contexto de un sistema electrónico de votación, cuando
manifestó:
… debemos de considerar que en el acto de emitir el voto a través del uso de la tecnología
y la comunicación, el bien jurídico tutelado se amplía en atención a ese acto privado
e individual, cuya información obtenida parte de la emisión inmaterial de un resultado
que es de tipo virtual. De ahí que las conductas de sustraer, destruir, alterar o modificar
tendrían que atender a esta forma intangible de resultado 37 .
Asimismo, marcó su posicionamiento al declarar que:
…los sistemas de votación electrónica propuestos hasta la fecha en el contexto de las
nuevas tecnologías, no obstante las ventajas que ofrecen de simplificación del procedimiento,
de la omisión del escrutinio, de la precisión y la celeridad en los resultados, y la
existencia de errores y omisiones, entre otras, no han podido solucionar los retos técnicos
y socio-políticos, pues todavía ninguna empresa o gobierno han podido sortear
sus dificultades de manera cerrada y completa 38 .
34 Ibídem., 123 p.
35 Ibídem., 124 p.
36 Ibídem., 126 p.
37 Ibídem., 132 p.
38 Ibídem., 133-134 pp.
73 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
Concluye su intervención precisando en este tenor:
Políticos y analistas coinciden en expresar que la mayor preocupación que suscita el
voto electrónico es la seguridad. Seguridad que tiene que ver más con aspectos de carácter
tecnológico, que de tipo legal.
Por ello, aun cuando para muchos la panacea es el voto electrónico, su implementación
no reviste solo un problema tecnológico, sino financiero, demográfico y cultural, pero
especialmente su estructuración jurídica en los distintos campos se hará necesaria una
vez que se sienten las bases y sus mecanismos, es decir, una vez que se decidan las
formas de su implantación, y será entonces que entraremos a un debate de como legislar
en esta materia 39 .
Por otro lado, reviste importancia la postura que asume y expresa el ex consejero electoral
Francisco J. Guerrero Aguirre, ahora Secretario para Asuntos Políticos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en su artículo publicado en el diario El Universal, que denominó: El
voto electrónico y el Pacto por México.
En dicho documento apuntó que la adopción de medios digitales en las democracias ha tenido
un crecimiento vertiginoso. De la misma manera, indicó que en países como India, Brasil, Venezuela,
Suiza, Bélgica y Filipinas cuentan con sistemas de votación automatizado 40 .
Hace alusión al ejercicio que realizó el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) en el pasado
proceso electoral del año 2012, en el que se instalaron en los 300 distritos electorales federales,
cuatro urnas electrónicas, como prueba piloto no vinculante. Lo digno de destacar son
los resultados de las encuestas que se realizaron a los votantes en esas urnas electrónicas 41 .
Guerrero Aguirre destaca que:
Entre los resultados, cabe destacar que nueve de cada 10 participantes consideraron
que el uso de la boleta electrónica es fácil, y 85.9% argumentó que les inspira confianza
este instrumento. Un dato relevante es que de los 94 mil 785 ciudadanos consultados,
más de la mitad seis de cada 11 dijo estar dispuesta a utilizar el voto electrónico en los
próximos comicios federales 42 .
39 Ibídem., 135 p.
40 GUERRERO Aguirre, Francisco J. El voto electrónico y el Pacto por México [ en línea]. El Universal: 20 de enero de 2013.
Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/01/62609.php
41 ibíd.
42 Ibíd.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
74

Francisco Javier Arenas Soto
Hace énfasis en la reducción significativa en los costos de las elecciones, la capacitación de los
funcionarios será más sencilla y los resultados serán inmediatos.
Finalmente, invitó a los signatarios del Pacto por México a inscribir en el acuerdo el uso de las
nuevas tecnologías para el ejercicio del sufragio.
DIMENSIONES DISCURSIVAS EN TORNO AL VOTO ELECTRÓNICO 43
El Dr. Fernando Barrientos del Monte en su ensayo Dimensiones discursivas en torno al voto
electrónico, permite ubicar teóricamente desde su perspectiva discursiva cuatro dimensiones:
1. Orwell’s discourse o democracia postmoderna.
2. La retórica de la democracia electrónica.
3. El discurso de legitimación.
4. La perspectiva procedimental 44 .
Este ejercicio que plantea el Dr. Barrientos del Monte permite darle coordenadas a un tema
árido teóricamente -por lo reciente-. De ahí que se profundizará en estas cuatro corrientes
que se expresan en el tema de sistema de votación electrónica.
ORWELL’S DISCOURSE O DEMOCRACIA POSTMODERNA
Este discurso le imprime un alcance por demás excesivo al uso de las TIC, luego de establecer
que: “las nuevas tecnologías utilizadas en los procesos de gobierno y electorales podrían presuponer
el advenimiento de un dominio omnipresente de una nueva clase política autoritaria” 45 .
Incluso va más allá en su escenario catastrofista, de tal manera que perfila el advenimiento
de una anarquía en la que los individuos pueden -a través de la votación directa o e-vote-,
prescindir de la intermediación entre la sociedad y el estado. A este fenómeno le denominan
democracia posmoderna 46 .
Ahora el jurista Cano Bueso, vislumbra la tumba de la democracia representativa con el surgimiento
de la que él señala como teledemocracia o ciberdemocracia 47 .
43 Título del artículo de BARRIENTOS Del Monte, Fernando. Dimensiones discursivas en torno al voto electrónico. Revista de
Ciencia Política [ en línea]. 2007, no. 1 [ fecha de consulta: 13 de marzo de 2016] Disponible en: http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wpcontent/uploads/2013/09/06_vol_27_1.pdf
Versión online ISSN 0718-090X
44 Ibídem., 112 p.
45 Ibídem., 120 p.
46 ibíd.
47 CANO Bueso: Op. Cit., 396.
75 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
LA RETÓRICA DE LA DEMOCRACIA ELECTRÓNICA
Este planteamiento teórico se traslada al otro extremo desde una óptica optimista, por ende,
parte de la posición:
Democrática-liberal sobre el individuo, es decir, aquel que está interesado en la política,
que cuenta con información completa y exacta de lo que sucede a su alrededor, con
amplia capacidad de análisis, altamente deliberativo y participante, supone que la futura
forma de la polity será la Cyberdemocracia 48 .
Asimismo, refiere que: “Las nuevas tecnologías son, desde esta perspectiva, la alternativa a la
democracia representativa que tiene como pilares la rigidez y verticalidad interna de los partidos
políticos y las estructuras de gobierno” 49 .
Este planteamiento además de utópico, se le confiere una excesiva idealización a las deliberaciones
en internet, en suma como lo señalan Janssen y Kies, dicha “deliberación es compleja
e incontrolable” 50 .
EL DISCURSO DE LEGITIMACIÓN
Es una de las perspectivas más difundidas en los ámbitos gubernamentales, académicos y de
la opinión pública, la que presupone:
… que los mecanismos existentes de la democracia representativa, en específico las elecciones,
pueden ser potencializados si se implementa el voto electrónico en todos los
procesos electorales, ya que pueden modificar no solo los procedimientos técnicos, sino
también comportamientos y valores, y por lo tanto la cultura política de una sociedad 51 .
En esta postura teórica el voto electrónico garantiza el principio de certeza, por ende, aumentaría
la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Perspectiva procedimental
En este terreno ideológico se circunscribe el análisis del voto electrónico a los procedimientos
estrictamente electorales, sin descuidar el contexto político y social. Se centra en el uso de
48 BARRIENTOS Del Monte: Op. Cit., 120 p.
49 Ibídem., 120-121 pp.
50 JANSSEN Y KIES. En BARRIENTOS Del Monte, F., Dimensiones discursivas en torno al voto electrónico. Revista de Ciencia
Política [ en línea]. 2007, no. 1 [ fecha de consulta: 13 de marzo de 2016] Disponible en: http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wpcontent/uploads/2013/09/06_vol_27_1.pdf
51 BARRIENTOS Del Monte, F.: Op. Cit. 122 p.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
76

Francisco Javier Arenas Soto
las TIC en los diversos procesos de la administración y gestión electoral, además, es promovido
por organismos internacionales como la International Foundation for Electoral Systems
(IFES) y el Institute for Democracy and Electoral Assistence (IDEA)52.
Esta óptica perfila de manera correcta los momentos de aplicación de las TIC en la gestión y
administración electoral, por ejemplo: “a) antes del proceso electoral: la formación de las bases
de datos; b) durante el proceso electoral: la identificación de los electores, la votación y la
concentración de votos; c) después de la jornada electoral: el escrutinio, la concentración de
los resultados y su difusión”53.
La gestión de las elecciones con todas sus vicisitudes es un proceso complejo y costoso, por
lo cual, los elementos centrales en la perspectiva procedimental son: la eficacia, la eficiencia,
y la transparencia.
VIII. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y VOTACIÓN ELECTRÓNICO
¿Qué es?
Es un sistema integral que permite administrar mediante un portal electrónico multiplataforma,
las actividades sustantivas que se desarrollan durante las etapas del proceso electoral:
etapa preparatoria del proceso electoral, campañas electorales, jornada electoral y calificación
de la elección.
Este sistema, integra al voto electrónico como un módulo más dentro del componente de la
jornada electoral.
¿Qué componentes tiene?
El Sistema Integral de Gestión y Votación Electrónico, está integrado por varios componentes,
algunos de ellos ya operan en la actualidad de forma electrónica. A continuación, se señalan
los componentes y sus módulos básicos:
a. Componente de Organización de la Elección
• Integración de Órganos Electorales.
52 Cfr. BARRIENTOS Del Monte, F., Dimensiones discursivas en torno al voto electrónico. Revista de Ciencia Política [ en línea].
2007, no. 1 [ fecha de consulta: 13 de marzo de 2016] Disponible en: http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wpcontent/uploads/2013/09/06_vol_27_1.pdf
53 Ibídem., 123 p.
77 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
• Actualización y publicación del listado nominal.
• Ubicación de casillas.
• Insaculación de funcionarios de mesas directivas de casillas.
• Capacitación de funcionarios de mesas receptoras de votos.
• Entrega de paquetes con material electoral.
b. Componente de Campañas Electorales
• Solicitudes de registro y dictamen de partidos políticos.
• Monitoreo de precampañas.
• Registro de candidatos.
• Monitoreo de campañas electorales.
c. Componente de la Jornada Electoral
• Instalación de casillas.
• Emisión de votación electrónica.
• Desarrollo de la jornada electoral.
• Reporte de incidentes.
• Cierre de casillas.
• Escrutinio y cómputo electrónico votos.
• Traslado y recepción de paquetes electorales.
d. Cómputo final de la Elección
• Programa de Resultados Electorales Preliminares.
• Calificación de la elección.
• Fiscalización.
¿Cómo opera?
El portal electrónico brinda autonomía operativa en sus procesos a cada componente con su
plataforma, esto permite que de manera simultánea se lleven a cabo procesos en las diversas
plataformas sin generar conflicto operativo.
Permitiendo al administrador general, tener una gestión integral de los procesos sustantivos
y operativos del proceso electoral en cada una de sus etapas.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
78

Francisco Javier Arenas Soto
¿Por qué es necesario?
Porque en la actualidad sólo algunos procesos se desarrollan de forma electrónica e inconexos,
lo que impide tener una gestión integral del proceso electoral.
Este sistema permitirá simplificar procesos y actividades, se dispondrá de resultados electorales
de forma ágil, sobretodo, es una tendencia global a la que se ha arribado en forma tardía.
El diseño e implementación será un gran aporte para avanzar en la legitimidad y calidad democrática.
CONCLUSIONES
México dispuso de una legislación de vanguardia en materia de votación mediante sistemas
mecanizados o automatizados, desde la Ley Madero (1911), la Ley Carranza (1918), hasta
llegar a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE, 1977), lo que le dio
vida a una histórica reforma política.
Por otro lado, las legislaciones ya más recientes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), así como las leyes derivadas de la reforma electoral del año
2014, carecen de alguna referencia tendiente a fortalecer un sistema de votación electrónica.
México llegó tarde al sistema electrónico de votación, es decir, actores, sociedad y medios;
lo cual prueba que perdió la gran oportunidad de ser innovador en esta forma de votación
electrónica.
Ahora se considera que enfrentará el reto de hacerlo, lo recomendable es que sea un proceso
planeado y no un proceso bajo presión producto del interés de algunos actores que lo impulsen.
En contrapartida, el fenómeno electoral de crear y fortalecer un sistema integral de votación
electrónica, se está impulsando de la periferia al centro; es decir, desde los estados se viene
consolidando la realización de procesos electorales que contemplan la gestión de procesos
electrónicos relativa a la organización y votación, por ejemplo: Coahuila, la Ciudad de México
antes el Distrito Federal, Jalisco, Tamaulipas, encabezan este primer impulso.
Es imprescindible señalar el interés en el tema de la implementación de un sistema de voto
electrónico por parte del Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Estatal Electoral
del Estado de Baja California, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el Instituto Electoral Veracruzano,
el Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
79 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Voto electrónico: un paso más en la legitimidad y calidad democrática
Chiapas, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y el Instituto Electoral del Estado de Campeche,
entre otros organismos electorales (actualmente denominados organismos públicos
electorales OPLES).
Se coincide con Julio Téllez Valdés, quien señala tres condiciones que exige la implementación
de un sistema de votación electrónica en nuestro país:
a) Un nivel adecuado de aceptación social frente a las nuevas tecnologías aplicadas en el
ámbito electoral.
b) Una factibilidad técnica que colme los requisitos constitucionales y legales en el ejercicio
del sufragio público.
c) Un atractivo político para los diversos actores en un contexto democrático 54 .
Mucho se ha comentado sobre las ventajas que el voto electrónico traerá al fortalecimiento
y legitimación de la democracia mexicana; sin embargo, resulta necesario hacer algunas reflexiones
finales.
Es innegable que la implementación de un sistema electrónico de votación robustece la legitimación
y eficiencia de los procesos electorales.
La cyberdemocracia, la democracia digital, e-voto, deberán fortalecer los principios rectores
de los órganos electorales como lo son: imparcialidad, legalidad, objetividad, trasparencia e
independencia.
Además, se debe propiciar la generación de acciones preventivas que garanticen economizar
la administración y gestión de los procesos electorales con un sistema electrónico de votación.
El estilo de vida actual permite disponer de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, laptops,
computadoras, cajeros automáticos, compras vía electrónica, todo ello se constituye en un
factor que favorece a la implementación de un sistema electrónico de votación.
Ahora, la implementación de un sistema electrónico de votación con la utilización de la urna
electrónica, favorece la legitimación y eficiencia del proceso electoral, así como de sus principales
agentes, entre ellos autoridades electorales, partidos políticos, candidatos, electores,
expertos y medios de comunicación; ya que es posible disponer de información oportuna y
definitiva de los resultados electorales en la misma noche del proceso electoral, con un costo
de operación más bajo.
54 TÉLLEZ Valdés, Julio.: Op. Cit. 7 p.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
80

Francisco Javier Arenas Soto
Derivado de las reflexiones anteriores la propuesta se centra en términos del capítulo VIII del
presente ensayo, lo que traduce simple y llanamente, en el transitar hacia la construcción de
Un Sistema Integral de Gestión y Votación Electrónico, que permita dar un paso más en la legitimidad
y calidad democrática para seguir consolidando a la democracia como la mejor forma
de convivencia.
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JUSTICIA Y SUFRAGIO
82

E ENSAYOS
UN PROBLEMA Y UNA PROPUESTA DE
SOLUCIÓN EN MATERIA DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES EN EL ÁMBITO ELECTORAL
A problem and a proposed solution in the
precautionary measures of electoral matters
Raúl Becerra Bravo 1
Recepción: 18 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 16 de mayo de 2016.
pp. 83-98.
Resumen:
La tutela preventiva se presenta en diversas áreas del derecho, lo cual no excluye al ámbito
del derecho administrativo sancionador en materia electoral, a través de lo que la Constitución
Federal denomina como medidas cautelares, mismas que parten del peligro en la
demora respecto a la sentencia de fondo, por lo que se les considera decisiones de urgente
resolución; sin embargo, en la práctica se advierte que debido a erróneas interpretaciones
por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral, no siempre se hace efectiva la tutela preventiva.
Palabras clave:
Cautelar, comisión, demora, justicia, medidas, preventiva, tutela.
Abstract:
The process of democratic consolidation which has represented in the last years in
our country the progress in the democratic subject, the institutional activities and the
achievements have expanded the reach of the Trial for the Protection of Citizen’s Political
and Electoral Rights (JDC), basic procedural instrument for the defense of the political
and electoral rights, that have been highly developed in the last years.
Keywords:
Cautionary, commission, delay, justice, measures, preventive, protection (legal costudy).
1 Maestro en Derecho y Especialista en Derecho Electoral por la UNAM, además cuenta con Especialidad en Justicia Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente
se desempeña como asesor de Consejero Electoral del INE; ha sido Subdirector de Quejas en la Dirección Jurídica
del IFE y Vocal Secretario Distrital del IFE.
83
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
SUMARIO: I. Introducción. II. Naturaleza de las medidas cautelares en materia electoral.
III. Regulación de las medidas cautelares en materia electoral. IV. Crítica procesal
respecto al trámite de las medidas cautelares en materia electoral. V. Conclusiones. VI.
Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene la intención de analizar exclusivamente cuál es la funcionalidad de las
medidas cautelares en materia electoral, sin que por ello se desconozca que la figura de las
medidas cautelares no sólo aplica en ese ámbito, sino también en juicios ordinarios de otras
ramas del Derecho o incluso en juicios constitucionales como el Juicio de Amparo en el que
encontramos la suspensión del acto reclamado antes que se emita una sentencia definitiva a fin
de contar con una tutela preventiva, siempre que se cubran determinados presupuestos legales.
Es importante aclarar que no se analizarán cuestiones sobre la mejor terminología que se
debate en la doctrina como medidas precautorias, medidas preparatorias, medidas provisionales,
medidas cautelares, tutela inhibitoria, tutela anticipada, tutela preventiva, entre otras;
tampoco se analizará si las medidas cautelares se adoptan en un juicio autónomo al juicio
principal, o si se trata de un juicio accesorio, una resolución interlocutoria o incluso si se trata
de resolver una cuestión incidental; finalmente, tampoco se analizará el debate acerca de si
las resoluciones de medidas cautelares violan garantías de seguridad jurídica al no darse vista
al demandado.
Lo anterior, en razón que aquello que interesa analizar en estas breves líneas, es concretamente
la regulación constitucional, legal, jurisprudencial y reglamentaria de las medidas cautelares
a nivel nacional en materia electoral, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar
si el actual trámite de las medidas cautelares a propósito de procesos electorales locales
es adecuado o no, partiendo del derecho de acceso a la justicia, pronta y expedita, atendiendo
a la naturaleza que persiguen las medidas cautelares, pues el análisis de los otros temas
representan una mayor profundidad que rebasa el espacio del presente ensayo.
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA ELECTORAL
Las sentencias de fondo han mostrado que pueden ser insuficientes en determinadas ocasiones,
debido a que el objeto en controversia puede mermarse en forma importante si las
autoridades no determinan una tutela preventiva que garantice que el derecho en concreto
pueda ser restituido en su oportunidad, como se muestra a continuación:
Cuando sea necesario detener el tiempo (por ejemplo, embargo preventivo, no innovar), anticiparse
al mismo (secuestro, intervenciones, protección de cosas o personas), o simplemente
JUSTICIA Y SUFRAGIO
84

Raúl Becerra Bravo
acelerar (peligro de pérdida o desvalorización que autoriza la venta anticipada), siempre estarán
de por medio la urgencia (peligro en la demora) y la necesidad (verosimilitud del derecho),
de manera que para proceder con la pretensión se deberán evaluar ambos presupuestos y asegurar
la afectación que sufre la otra parte mediante la imposición de fianzas o contracautelas 2.
Resulta claro que en ciertos casos, la tutela preventiva es necesaria para evitar mayores perjuicios
en determinadas situaciones. Al respecto, el autor Osvaldo Alfredo Gozaíni refiere, en
esos supuestos, temas como derechos del niño, menores, las mujeres, el medio ambiente, e
incluye la materia electoral, a fin de garantizar el derecho de las personas para elegir un gobierno
representativo, es decir, busca garantizar la equidad en la contienda electoral y que los
resultados electorales gocen de los principios de ser libres y auténticos, para lo cual es necesario
en determinados casos, que las autoridades electorales dicten medidas cautelares por
presuntas violaciones a la normatividad electoral, porque en caso de no hacerlo, se podría
afectar el proceso electoral en forma determinante. Esta idea, el autor en comento la refiere
en los términos siguientes:
… lo que se busca es demostrar que las medidas provisionales (tomadas en esta presentación
como un sinónimo de precautorias) pueden funcionar antes de que el hecho
se consume, ya sea para que cesen los efectos o para impedir su continuación, pero
siempre en forma previa a llevar el caso a un proceso judicial que por su condición obraría
ex post facto 3.
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que para que la solicitud de una medida cautelar
prospere, es indispensable que exista la apariencia del buen derecho o verosimilitud del derecho
(fumus bonis iuris) y peligro en postergar una decisión (periculum in mora) que, por sus
características, pueden hacer ineficaz una resolución de fondo en su resultado final.
De esta manera, una solicitud de medida cautelar debe tener un respaldo y fundamentos jurídicos,
por lo que necesariamente requiere una base aparente de razón sobre lo solicitado,
además de acreditar la necesidad de la urgencia que no puede ser otra que el perjuicio irreparable
o irreversible, es por eso que en caso de que se trate de hechos consumados o que se
hubieran realizado en forma irreparable hace improcedente la solicitud de medidas cautelares.
Para efectos de la materia electoral, se retoman los presupuestos antes señalados en las
solitudes de medidas cautelares, principalmente en el trámite de los denominados procedimientos
especiales sancionadores, que entre otros casos, proceden por presuntas violaciones
en materia de radio y televisión, como por ejemplo, cuando se denuncia a un partido político
2 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral. Medidas Cautelares en el Derecho Procesal
Electoral, número 27, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 15.
3 Ibídem, pp. 17 y 18.
85 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
o candidato por realizar actos anticipados de campaña o por haber emitido calumnia en contra
de alguna persona, candidato o partido político.
Puede decirse que la mayoría de las solicitudes de las medidas cautelares pretenden que se
suspendan diversos promocionales de partidos políticos en radio y televisión, por lo que su
suspensión puede implicar una restricción a la libertad de expresión como derecho fundamental
consignado en la Constitución federal, de ahí que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, ha considerado que no basta verificar que se cumplan con los
presupuestos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sino que al tratarse
de un derecho protegido constitucionalmente, la solicitud debe cumplir con lo que la doctrina
ha denominado como test de proporcionalidad, que implica revisar si la afectación adoptada
cumple con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
En el amparo en revisión 237/2014, relativo al uso del estupefaciente cannabis sativa y del
psicotrópico THC (marihuana), con fines recreativos o lúdicos, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se refiere a la idoneidad en los siguientes términos:
… el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación empírica entre la intervención
al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la
medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el
legislador…”4.
En la misma sentencia se refiere a la necesidad en los siguientes términos:
… el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios
con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en
segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el
derecho fundamental afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad,
toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar
el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad
y afectación material de su objeto5.
Finalmente, en lo que se refiere a la proporcionalidad en sentido estricto, la sentencia en comento
la explica en los siguientes términos:
El examen de proporcionalidad en sentido estricto consiste en realizar un balance o ponderación
entre dos principios que compiten en un caso concreto. Este análisis requiere
4 Página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/
DetallePub.aspx?AsuntoID=164118 p. XIII, consultado el 15 de marzo de 2016.
5 Ibídem, p. XV.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
86

Raúl Becerra Bravo
comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida
legislativa examinada frente el grado de realización del fin perseguido por ésta. Dicho
de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una ponderación entre
los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que
se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de
los derechos fundamentales afectados6.
Todos los presupuestos antes expuestos y que deben acreditarse en toda solicitud de medida
cautelar, se contemplan en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de clave 26/2010 que dice en su rubro lo siguiente: RADIO Y
TELEVISIÓN. REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PRO-
PAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COMO MEDIDA CAUTELAR7.
De acuerdo con lo anterior, supongamos que se solicita que se dejen de difundir los promocionales
de un partido político por presuntos actos anticipados de campaña, y que la autoridad
electoral considera que en efecto nos encontramos ante esa infracción por haberse acreditado
los elementos objetivo, subjetivo y temporal de lo que se entiende por campañas electorales,
es decir, se razona que la legislación electoral sí prohíbe la realización de actos anticipados de
campaña (apariencia del buen derecho en la solicitud), y que se podría afectar en forma importante
y determinante la equidad en la contienda electoral en el caso que no se suspenda a
la brevedad su difusión (peligro en la demora).
Bajo este mismo ejemplo, en el test de proporcionalidad encontramos el relativo a la idoneidad,
en el que se puede advertir que el derecho afectado es la libertad de expresión de los partidos
políticos en la difusión de sus promocionales a que tienen derecho como prerrogativa de acceso
a tiempo en los medios de comunicación social, mismo que debe contrastarse con la equidad a
que deben sujetarse los partidos políticos en las contiendas electorales, por lo que podría considerarse
que la medida solicitada de suspender la difusión de los promocionales es idónea y
conforme a la Constitución federal a fin que no se rompa la equidad en la contienda electoral.
Respecto a la necesidad, en el mismo ejemplo, la misma se cumple, porque no se advierte otra
posibilidad más que suspender la difusión de los promocionales denunciados, sin embargo, la
prerrogativa del partido político de acceso a radio y televisión no se ve afectada, porque se
encuentra en su derecho de sustituir el promocional.
En lo que se refiere a la proporcionalidad en sentido estricto, se advierte que es preferible limitar
la libertad de expresión de los partidos políticos a que se afecte la equidad de una elección
6 Ibídem, p. XVII.
7 Disponible en www.te.gob.mx consultada el 15 de marzo de 2016.
87 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
popular, es decir, el costo es mucho mayor si se determinara privilegiar la libertad de expresión,
por lo que en esta ponderación se sobrepone la equidad que deben guardar las elecciones.
Por otra parte, es importante aclarar que las resoluciones que recaigan a las solicitudes de
medidas cautelares no tienen fuerza vinculante respecto a la resolución que recaiga sobre el
estudio de fondo de la controversia, en razón que la medida cautelar es un análisis preliminar
para la cesación de los efectos de la conducta, pero la determinación de fondo depende de las
investigaciones y pruebas que se aporten durante el procedimiento.
Lo anterior, así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la jurisprudencia de clave 26/2014 que en su rubro establece lo siguiente: PRO-
CEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. EL ANÁLISIS PRELIMINAR QUE EN
ÉL SE HACE SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA, CARECE DE FUERZA VINCULANTE AL RE-
SOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR8.
REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA ELECTORAL
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base III, Apartado
D, se establece que el Instituto Nacional Electoral se encuentra facultado para tramitar
procedimientos por infracciones en lo concerniente al modelo de comunicación política a que
se refieren los Apartados A, B y C del mismo artículo, pudiendo imponer entre otras medidas
cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio
y televisión, en términos de lo que disponga la ley.
Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 471,
numeral 8, establece que si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión
de Quejas y Denuncias, para efecto que determine si se otorgan o no las medidas cautelares
solicitadas. Cabe aclarar que cuando el medio comisivo no corresponda a radio o televisión, a
los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral les corresponde pronunciarse sobre
las medidas cautelares que se soliciten, en términos del artículo 474 de la ley en comento.
En el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral se describe el trámite
general, al respecto, si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no advirtiera alguna
causal de improcedencia, realizará las diligencias correspondientes y una vez que la admita,
remitirá un proyecto de acuerdo a la Comisión de Quejas y Denuncias, para que ésta resuelva
en un plazo máximo de 24 horas, como se observa en el artículo 40, numeral 1 del mencionado
reglamento.
8 Idem.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
88

Raúl Becerra Bravo
En el caso de que la Comisión determine suspender la difusión de los promocionales, a los
responsables de su difusión se les otorgará un plazo no mayor a 24 horas para suspenderla a
partir de la notificación correspondiente, por lo que se le solicitará al partido político responsable
que sustituya el material denunciado, como igualmente se observa en lo dispuesto en el
artículo en comento en sus numerales 4 y 6.
Respecto a las medidas cautelares tramitadas por los órganos desconcentrados, el artículo
42 del mismo reglamento, establece que deberán pronunciarse sobre esas solicitudes en los
mismos plazos que los que se han mencionado a nivel central.
Como puede observarse, con independencia de que consideremos la solicitud de una medida
cautelar como un juicio autónomo, como una interlocutoria o como un incidente, lo cierto es
que -en mi opinión- se trata de un procedimiento sumario y accesorio, por lo que sus plazos
de investigación y resolución son muy breves, debido precisamente al presupuesto de peligro
en la demora.
Esto es así, porque como se ha señalado, dentro de la evolución del acceso a la justicia, se ha
advertido que en determinados casos ya no es suficiente la tutela ordinaria, sino que se requiere
de una tutela preventiva, sólo así cobra un sentido amplio y garantista lo dispuesto en
los artículos 1 y 17 de la Constitución federal.
En efecto, en el segundo párrafo del artículo 17 señalado, dispone que toda persona tiene
derecho a que se le imparta justicia de manera pronta. Al respecto, esta disposición debe interpretarse
hacia todos los tipos de tutela, ya sea la ordinaria y por mayoría de razón la preventiva,
en la que encontramos precisamente como garantía la figura de las medidas cautelares, sólo
así puede entenderse la progresividad de los derechos humanos, en caso contrario, se correría
el riesgo de hacer ineficaces las resoluciones de fondo, porque se trata de casos en los que,
como hemos señalado, existe peligro en la demora.
Resulta relevante aclarar que el acceso a la justicia se trata de un derecho humano y, conforme
al artículo 1° de la Constitución federal a los derechos humanos de las personas se les debe
garantizar la protección más amplia, no sólo conforme a las disposiciones constitucionales,
sino tomando en cuenta lo que en la doctrina se ha denominado como bloque de constitucionalidad,
en el que encontramos a los tratados internacionales.
De acuerdo con lo anterior, en su artículo 25 la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
así como el artículo 2°, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
señalan que en materia de protección judicial las personas tienen derecho a un recurso sencillo
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
89 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
ción, la ley o la propia Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; lo anterior, constituye un acceso a la justicia de
forma efectiva, para obtener una tutela preventiva funcional.
Como podemos observar, existe armonía entre lo dispuesto por la Constitución federal con
los instrumentos internacionales respecto a la tutela efectiva, lo que debe interpretarse que
abarca tanto la tutela ordinaria como la preventiva, siempre que así lo amerite cada caso concreto
ante el peligro en la demora.
A contrario sensu, si lo anterior no se garantiza en cualquier tipo de proceso o procedimiento
ante las autoridades correspondientes, no se cumpliría con los fines medulares del acceso a la
justicia, ya sea en sus vertientes de tutela ordinaria o preventiva, lo que no excluye al ámbito
electoral. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de clave 14/2015, así como la tesis
XI/2015, ambas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que en su rubro señalan respectivamente lo siguiente: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTE-
LA PREVENTIVA9 y MEDIDAS CAUTELARES. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEBE
PRONUNCIARSE CON INMEDIATEZ SI PROCEDEN O NO, AL MARGEN DE QUE EN LA MISMA
RESOLUCIÓN SE ADOPTEN OTRAS DETERMINACIONES 10 .
En efecto, debe partirse que las etapas de los procesos electorales no pueden retrotraerse,
por lo que siempre es necesario contar con un acceso a la justicia pronta e imparcial, no sólo
respecto a las sentencias de fondo, sino como hemos dicho, en las solicitudes de medidas
cautelares.
De esta manera, si las autoridades electorales no cumplen a cabalidad lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 17 de la Constitución federal, se corre el riesgo que se provoque
inequidad en la contienda electoral en forma determinante, por lo que, en las solicitudes de
medidas cautelares, si bien es cierto, hemos señalado que se deben cubrir determinados presupuestos
para que las mismas sean procedentes, lo cierto es que la autoridad debe ser diligente
ante el peligro en la demora.
Lo señalado en el presente apartado cobra relevancia, en razón que, como se mostrará en el
siguiente apartado, se considera que existen supuestos en los que el Instituto Nacional Electoral
no actúa con diligencia en la atención a las solicitudes de medidas cautelares, aduciendo
cuestiones de invasión de competencias y razones de trámite institucional que en nada benefician
a los quejosos, respecto a la solicitud de tutela preventiva.
9 Idem.
10 Idem.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
90

Raúl Becerra Bravo
CRÍTICA PROCESAL RESPECTO AL TRÁMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN
MATERIA ELECTORAL
No hay duda que cuando se trata de una elección federal y se solicita una medida cautelar por
una presunta infracción a la normatividad electoral en materia de radio y televisión, es competencia
del Instituto Nacional Electoral su adopción o no a través de la Comisión de Quejas
y Denuncias, sin embargo, cuando nos encontramos en el desarrollo de procesos electorales
locales, las cosas tienden a complicarse.
En principio, no debemos perder de vista que la mayoría de las medidas cautelares solicitadas
es por los tiempos pautados de los partidos políticos en su prerrogativa de acceso a radio y televisión,
ya sea en procesos electorales federales o locales o incluso fuera de dichos periodos,
porque el Instituto Nacional Electoral es el administrador único del tiempo que corresponda
al Estado en radio y televisión para sus propios fines y para el ejercicio de ese derecho de los
partidos políticos en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, conforme al Apartado D de la misma disposición, se señala que podrá
imponer entre otras medidas cautelares suspender o cancelar de manera inmediata las
transmisiones en radio y televisión. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de clave 23/2010 y
24/2009, que en sus rubros señalan lo siguiente: MEDIDAS CAUTELARES EN ELECCIONES
LOCALES. CORRESPONDE DETERMINARLAS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRA-
TÁNDOSE DE PROPAGANDA DIFUNDIDA EN RADIO Y TELEVISIÓN 11 y RADIO Y TELEVISIÓN.
LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FA-
CULTADA PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA
ELECTORAL 12 .
En este orden de ideas, en el apartado inmediato anterior ya mencionamos una tesis que señala
que el Instituto debe pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares de una manera
breve por el carácter de urgente que tienen las mismas de acuerdo con su naturaleza, por lo
que nos remitimos a ella, y una vez que ha quedado claro que al ser de urgente resolución y
que al Instituto le corresponde decretar las medidas cautelares, entre otros supuestos, los
relativos a procesos electorales locales cuando el medio comisivo sea el relativo a radio y televisión,
resulta conveniente destacar lo que señala el artículo 471, numeral 1 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice: Artículo 471. 1. Cuando la conducta
infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las en-
11 Idem.
12 Idem.
91 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
tidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia
ante el Instituto (…) 13 .
En mi opinión, de esta disposición se debe realizar una interpretación conforme a la Constitución,
es decir, si al Instituto Nacional Electoral le corresponde suspender la difusión de
promocionales en radio y televisión, ya sea dentro de los procesos electorales federales o locales,
o incluso fuera de ellos, esta disposición lo que prevé es el supuesto que ante una infracción
electoral local, como podría ser el caso de que se denuncie un acto anticipado de la campaña
de un candidato a Gobernador del Estado, pero el medio comisivo sea radio y televisión,
y que se presente la denuncia ante la propia autoridad electoral local, resulta evidente que a
fin de no invadir competencias, esa autoridad podrá admitir la denuncia y solicitar al Instituto
Nacional Electoral que se pronuncie sobre las medidas cautelares, ya sea que se hubieran solicitado
por el quejoso o incluso que la solicitud provenga de oficio por el propio órgano local.
Lo anterior no quiere decir que no pueda ocurrir lo opuesto, esto es, que la denuncia de una infracción
electoral de carácter local con medio comisivo en radio y televisión se presente ante
el Instituto Nacional Electoral para que se pronuncie sobre una medida cautelar. En este supuesto,
lo que se debe aplicar es una interpretación constitucional sistemática y funcional,
relativa a la tutela efectiva y preventiva, conforme al artículo 17 de la Constitución federal y
los tratados internacionales ya señalados, lo que implica que el Instituto Nacional Electoral, a
través de su Comisión de Quejas y Denuncias, se debe pronunciar sobre la procedencia o no
de la medida cautelar, aperturando para ello un Cuadernillo Auxiliar, porque resulta obvio que
al tratarse de una posible infracción a la normatividad electoral local no es a ella a quien le corresponde
resolver el fondo de la controversia, es decir, sólo le corresponde resolver de manera
pronta y precautoria y, posteriormente, debe remitir el expediente a la autoridad electoral local
para que continúe con el trámite, sustanciación y resolución del mismo. De esta manera,
se evita que se abran simultáneamente dos expedientes.
Lo anterior es válido porque se insiste en que es al Instituto Nacional Electoral por medio de
la Comisión de Quejas y Denuncias, al órgano que le corresponde en todos los casos ordenar
la suspensión o interrupción de la propaganda difundida en radio y televisión, lo cual no le corresponde
a ningún Organismo Público Local Electoral determinarlo u ordenarlo.
De acuerdo con esta forma de interpretar, no hay ninguna antinomia entre la Constitución federal
y la ley electoral, por el contrario, se procura una tutela preventiva, con independencia
que la solicitud de medida cautelar se presente ante un Organismo Público Local Electoral o
ante el Instituto Nacional Electoral y el medio comisivo sea radio y televisión.
13 Compendio Nacional Electoral, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Instituto Nacional Electoral y
otros, Tomo II, México, 2014, p. 181.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
92

Raúl Becerra Bravo
Aunado a lo anterior, no se desconoce el contenido de la jurisprudencia 25/2010 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en su rubro señala lo
siguiente: PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AU-
TORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
RESPECTIVOS 14 .
Esta jurisprudencia establece que la autoridad administrativa electoral local es competente
para conocer del procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente,
por lo que en estos casos, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas
y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver sobre
la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio y televisión.
En mi opinión, dicha petición puede provenir del quejoso o de manera oficiosa por la
propia autoridad electoral local, lo cual no contraviene la forma de interpretar lo que se ha señalado
en el presente apartado, por el contrario, es coincidente.
De acuerdo con lo anterior, consideramos que lo que sí es contrario a la Constitución federal
y la ley, es el artículo 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
que señala en lo que nos interesa lo siguiente:
ARTÍCULO 43
De las medidas cautelares, tratándose de propaganda en radio y televisión, en asuntos de
competencia exclusiva de los Organismos Públicos Locales:
1. Tratándose de procesos electorales de las entidades federativas, en los que la autoridad
electoral local haya dado inicio al procedimiento sancionador por violaciones a una norma
electoral local, si advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar en materia
de radio o televisión, remitirá su solicitud a la Unidad Técnica del Instituto.
2. Si la queja o denuncia y/o solicitud de medidas cautelares sea presentada directamente
al Instituto, la Unidad Técnica la remitirá de inmediato al órgano electoral local correspondiente
para los efectos del párrafo anterior.
(…) 15 .
Lo inconstitucional de la disposición en comento parte del numeral 2, porque si una queja se
presenta ante el Instituto Nacional Electoral, la misma se remite al Organismo Público Electo-
14 Disponible en www.te.gob.mx consultada el 15 de marzo de 2016.
15 Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, México, Instituto Nacional Electoral, 2014, pp. 51 y 52.
93 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
ral Local, para efecto que en su caso solicite la adopción de una medida cautelar, lo cual pone
en riesgo hacer ineficaz la tutela efectiva y preventiva, porque si la queja versa sobre una cuestión
de radio y televisión, como se ha señalado el Instituto Nacional Electoral debe abrir un
Cuadernillo Auxiliar y pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar y una vez hecho lo
anterior, remitir las constancias correspondientes a la autoridad electoral local para que continúe
con el trámite y sustanciación de la queja, por lo que en mi opinión, se realiza un reenvío
a la autoridad electoral local en forma por demás innecesaria, porque se retarda la resolución
de la medida cautelar solicitada, lo cual rompe precisamente la naturaleza de estas solicitudes
que parten como hemos dicho del peligro en la demora.
Respecto a los demás numerales de la disposición transcrita son aplicables sin mayor problema
bajo el supuesto de cuando una denuncia se presenta ante el Organismo Público Local
Electoral y determina solicitar al Instituto Nacional Electoral la adopción de la medida cautelar,
ya sea porque así lo solicitó el quejoso o porque la autoridad electoral de manera oficiosa
así lo consideró, es decir, esos numerales son acordes con lo establecido en el artículo 471,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se puede
decir que el numeral que es contrario a la Constitución federal es el numeral 2 del artículo
citado por las razones ya expuestas.
Lamentablemente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral realiza una incorrecta interpretación
de la jurisprudencia 25/2010, del artículo 471, numeral 1 de la ley electoral,
así como del numeral 2 del artículo 43 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral, criterio que incluso ha sido avalado por algunos Consejeros Electorales, integrantes
de la Comisión de Quejas y Denuncias, lo que ha provocado dilaciones innecesarias
en el pronunciamiento de las solicitudes de las medidas cautelares, mismas que -como hemos
dicho- tienen el carácter de urgente por el peligro en la demora.
Ante este escenario, ha llegado a suceder que cuando una solicitud de medida cautelar
regresa para conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias, los hechos ya fueron consumados
de manera irreparable porque los promocionales denunciados en radio y televisión
ya no se encuentran al aire, lo que indudablemente afecta a los quejosos que en su mayoría
son los partidos políticos y candidatos, al no haber obtenido un pronunciamiento oportuno
sobre la solicitud de una medida cautelar, lo cual no corresponde a una adecuada o efectiva
tutela preventiva, de ahí que considero que estamos ante un artículo del reglamento que es
inconstitucional, por lo que el mismo debe ser reformado para eliminarse el numeral referido
lo antes posible.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
94

Raúl Becerra Bravo
No se desconoce que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia SUP-RAP-785/2015 16 , validó el Acuerdo INE/CG948/2015 que en la parte
que nos interesa señala lo siguiente:
MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN
Para agilizar la comunicación entre el Instituto y los OPLE, en materia de medidas cautelares
en materia de radio y televisión, en el anexo técnico deberá preverse un apartado donde se
determine que en el caso de que la UTC, reciba una queja o denuncia de la competencia de alguna
autoridad electoral estatal con solicitud de medidas cautelares relacionadas con radio y
televisión, se deberá estar a lo siguiente:
• La UTC deberá avisar de inmediato y por la vía más expedita, al OPLE que resulte competente,
sobre la presentación de la queja.
• En las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la queja, la UTC deberá remitir a la autoridad
competente copia del escrito de queja y demás documentación relacionada con el
asunto. La remisión se realizará vía electrónica desde el correo institucional de la citada UTC
al correo electrónico proporcionado por el organismo electoral que resulte competente.
• Una vez recibido el correo electrónico con la documentación atinente, el OPLE competente
contará con un plazo máximo de veinticuatro horas para que por la misma vía
electrónica, informe si se ha presentado una queja o denuncia relacionada con la solicitud
de medidas cautelares, para los efectos de lo dispuesto en el citado artículo 43 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
Para los efectos del punto anterior, la UTC, así como los OPLE, deberán generar una cuenta
de correo electrónico institucional únicamente para este fin, a través de la que se establecerá
la comunicación descrita en el presente acuerdo. Quedando bajo la responsabilidad de cada
autoridad, en el ámbito de su competencia, la revisión y correcto funcionamiento del correo
electrónico institucional que señalaron.
Desde la recepción de la queja, hasta el pronunciamiento del OPLE, ambas autoridades mantendrán
una comunicación directa, continúa y abierta, con el objeto dar funcionalidad al
presente acuerdo 17 .
16 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.te.gob.
mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0785-2015.pdf consultada el 15 de
marzo de 2016.
17 Acuerdo del Instituto Nacional Electoral, disponible en http://norma.ine.mx/documents/27912/1607601/
ACUERDO+INE-CG948-2015.pdf/bf952fa3-4380-433a-8e05-00f0832bf585INE/CG948/2015 pp. 49 y 50, consultado
el 15 de marzo de 2016.
95 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
En términos generales, la Sala Superior consideró que tanto el envío que realizaba el Instituto
Nacional Electoral a los Organismos Públicos Locales Electorales como la respuesta de éstos
últimos, se debían sujetar a un límite máximo de veinticuatro horas recíprocamente, por lo que
debía procurarse no agotarlo, dada la naturaleza sumaria de las solicitudes de medidas cautelares
y que era adecuado privilegiar la comunicación por medios electrónicos.
Al respecto, el anterior criterio no se comparte porque sigue la lógica del artículo 43, numeral
2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, del cual ya se
precisaron las razones de su inconstitucionalidad y, aunque la Sala Superior sostuvo que los
tiempos para realizar los reenvíos debían ser de un límite máximo de veinticuatro horas, dicho
criterio lo consideró innecesario e insuficiente, en razón que, cuando una queja se presenta directamente
ante el Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
debe abrir un Cuadernillo Auxiliar y proponer un proyecto a los integrantes de la Comisión de
Quejas y Denuncias a fin de que se adopte o no la solicitud de medidas cautelares, para posteriormente
remitir las constancias correspondientes al Organismo Público Local Electoral, y
continuar con el trámite y sustanciación de la denuncia.
Finalmente, tampoco se desconoce que las sentencias de la Sala Superior SUP-AG-28/2016
y SUP-AG-30/2016 18 , consideran válido el trámite a que se refiere el artículo 43, numeral 2
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, a fin que no se abran
dos procedimientos sancionadores, lo que considera que a ningún fin práctico conduciría, reiterando
que la solicitud de la medida cautelar debe provenir necesariamente del Organismo
Público Local Electoral.
En definitiva, no se comparte la sentencia de la Sala Superior, en razón que no se atiende a la
tutela preventiva ante el peligro en la demora. Más bien, lo procedente tendría que ser que la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral abra un Cuadernillo Auxiliar a fin de no instaurar
dos procedimientos, para efecto que la Comisión de Quejas y Denuncias se pronuncie sobre
la adopción o no de la solicitud de medidas cautelares, resolución que no es vinculante para
el Organismo Público Local Electoral, porque éste atendiendo a su propia autonomía puede
determinar en la resolución de fondo que no se actualiza ninguna infracción, lo que implicaría
que el partido de que se trate, en principio, puede volver a transmitir sus promocionales.
A mayor abundamiento, la autoridad electoral local incluso podría determinar desechar la
denuncia, lo cual debe informar al Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales correspondientes,
que no pueden ser otros que el promocional denunciado debe continuar
transmitiéndose.
18 Sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://portal.te.gob.
mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/AG/SUP-AG-00028-2016.htm y http://portal.te.gob.mx/colecciones/
sentencias/html/SUP/2016/AG/SUP-AG-00030-2016.htm consultado el 15 de marzo de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
96

Raúl Becerra Bravo
De esta manera, como se puede observar el Instituto Nacional Electoral no se irroga facultades
de los organismos públicos locales electorales, en razón que sus determinaciones no le
son vinculantes y no se abrirían de ninguna manera dos procedimientos, sino que el primero
sólo se encargaría de abrir un Cuadernillo Auxiliar para resolver la medida cautelar que es de
su competencia, sin que se trate de una resolución definitiva del asunto principal, que por supuesto
le corresponde a la autoridad electoral local.
Finalmente, debe reiterarse y aclararse que nuestro motivo de disenso versa exclusivamente
cuando las denuncias de carácter local se presentan directamente ante el Instituto Nacional
Electoral, no así cuando se presentan ante el Organismo Público Local Electoral, pues en ese
caso, son correctas las disposiciones legales y reglamentarias que han sido señaladas en el
presente ensayo.
CONCLUSIONES
1. La progresividad de los derechos fundamentales, implica que el artículo 17 de la Constitución
Federal debe entenderse como un acceso efectivo a la justicia, lo que abarca tanto la
tutela ordinaria como la preventiva.
2. La tutela preventiva requiere que se cumplan determinados presupuestos: la apariencia
del buen derecho, el peligro en la demora y que la medida a adoptar sea idónea, necesaria
y proporcional.
3. Si la tutela preventiva no resulta lo suficientemente diligente, se pueden poner en riesgo los
principios cualitativos que son la garantía para que las elecciones se celebren de forma libre y
auténtica, que pueden hacer determinante el resultado de la elección al haberse permitido inequidad
durante el desarrollo del proceso electoral.
4. Es correcto que si una queja o denuncia se presenta ante un Organismo Público Local Electoral,
pero el medio comisivo es radio y televisión, que en su caso, soliciten la medida cautelar
al Instituto Nacional Electoral ya sea de oficio o atendiendo a la solicitud del quejoso, para el
sólo efecto que se abra un Cuadernillo Auxiliar y la Comisión de Quejas y Denuncias se pronuncie
sobre su adopción o no, en cualquiera de los casos, posteriormente, las constancias
se remiten al Organismo Público Local Electoral para que continúe con el trámite, sustanciación
y resolución.
5. Es incorrecto que si una queja o denuncia de competencia local donde el medio comisivo
sea radio y televisión se presente al Instituto Nacional Electoral y que éste lo remita al Organismo
Público Local Electoral a fin que, en su caso, solicite al primero la adopción de medidas
cautelares, en razón que aquello que se debe privilegiar es la atención en la tutela preventiva,
97 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Un problema y una propuesta de solución en materia de las medidas cautelares en el ámbito electoral
y si el motivo de queja ya fue presentado ante el Instituto Nacional Electoral, debe pronunciarse
sobre la solicitud de medida cautelar abriendo un Cuadernillo Auxiliar, para posteriormente
remitir las constancias a la autoridad electoral local correspondiente.
6. En este escenario, las resoluciones sobre las medidas cautelares que emita la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral no son vinculantes a los Organismos Públicos
Locales Electorales.
BIBLIOGRAFÍA
Libros
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral. Medidas
Cautelares en el Derecho Procesal Electoral, número 27, México, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, 2014.
Legislación
Compendio Nacional Electoral, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Instituto Nacional Electoral y otros, Tomo I, México, 2014.
Compendio Nacional Electoral, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
Instituto Nacional Electoral y otros, Tomo II, México, 2014.
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, México, Instituto
Nacional Electoral, 2014.
Páginas electrónicas
Acuerdo del Instituto Nacional Electoral de clave INE/CG948/2015 ubicado en la página
www.ine.mx
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 237/2014 ubicado en la
página http://www2.scjn.gob.mx
Sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
claves SUP-RAP-785/2015, SUP-AG-28/2016 y SUP-AG-30/2016 ubicadas en la
página www.te.gob.mx
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tesis y Jurisprudencia, ubicada en
la página www.te.gob.mx
JUSTICIA Y SUFRAGIO
98

E ENSAYOS
LOS DERECHOS POLÍTICOS EN UN
ÁMBITO DE PROGRESIVIDAD
The political rights in a ambit of progressivity
Constancio Carrasco Daza 1
Recepción: 20 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 16 de mayo de 2016.
Pp.99-110.
Resumen:
El proceso de consolidación democrática por el que ha transitado nuestro país en los
últimos años, ha generado avances significativos en la materia, la labor jurisdiccional
llevada a cabo y los logros alcanzados en esa área, se expanden hasta el notable desarrollo
del Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
Palabras Clave:
JDC, derechos político-electorales, avance, proceso, democracia.
Abstract:
The democratic consolidation process of our country in the last year, has generated
significant advances in the matter, the judicial work and the achievements in this area,
have improved the development of the proceeding for the protection of the political and
electoral rights of the citizen.
Keywords:
JDC, political-electoral rights, progress, process, democracy.
SUMARIO: I. Preámbulo II. Contexto; III. El juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano. IV. Primeros años del TEPJF. V. Representación en el JDC.
VI. Cargos de autoridad electoral. VII. Remuneración de cargos municipales. VIII. Conclusiones.
IX. Referencias Bibliográficas.
1 Maestro en Derecho. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
99
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
PREÁMBULO
Este artículo se inscribe en el marco de la conclusión de diez años de trabajo jurisdiccional de
la actual integración de magistrados de la Sala Superior. En estos años, su trabajo se ha visto
incentivado por una ciudadanía cada vez más informada del entorno público, consciente de
sus responsabilidades cívicas y exigente de sus derechos.
La referida transformación del tejido social, se instala en un tramo complejo e inacabado proceso
de consolidación democrática de nuestro país, que marca el punto de arranque de un
profundo cambio cultural y estimula a las autoridades de todas las ramas del gobierno a modificar
la estructura normativa y sus acciones cotidianas con una inspiración fundamental: la
efectiva tutela de los derechos humanos.
Esa motivación, ha llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –
desde su creación– a desarrollar una línea interpretativa vanguardista en favor de la tutela de
los derechos de los justiciables, cuyos resultados globales tienen un notable valor desde una
perspectiva histórica, por constituirse como elementos fundamentales en la construcción de
una sociedad de derechos.
En las siguientes páginas, se encuentra una síntesis de las actividades institucionales llevadas
a cabo, y de los logros alcanzados, en un importante tema: la expansión en los alcances del
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), instrumento
procesal básico para la defensa de los derechos político-electorales, que ha alcanzado un
notable desarrollo en los últimos años.
CONTEXTO
Una mirada a lo acontecido desde hace más de dos siglos y medio en la historia del mundo, nos
ofrece una perspectiva de la victoria del régimen democrático en prácticamente todas las latitudes.
La palabra “democracia” –gobierno del pueblo– lleva implícita una determinada noción
sobre la persona humana, como depositaria de derechos, entre los que destacan los políticoelectorales,
o aquellos vinculados con la configuración de los asuntos públicos.
En todo sistema democrático, es prioritaria la existencia de un medio de protección judicial que
empodere al individuo frente al Estado en la tutela de sus prerrogativas ciudadanas.
A pesar de su importancia para la vida pública, la regulación que ha existido en México sobre
la materia electoral desde la Independencia de nuestra nación, ha sido omisa en lo que se refiere
a la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Hasta fechas muy
recientes (1996), solamente se puede documentar un breve periodo a fines del siglo XIX
JUSTICIA Y SUFRAGIO
100

Constancio Carrasco Daza
(1872-1876) durante el cual se empleó el juicio de amparo para controvertir los resultados
electorales, mediante el argumento de la competencia de origen, esgrimido por el entonces
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias.
Al ser elegido en 1877 como ministro presidente del Alto Tribunal, Ignacio L. Vallarta, refutó
el argumento señalado, eliminando así las atribuciones del Poder Judicial en cuestiones políticas.
Con posterioridad, la judicatura estuvo ausente de la tutela de la vida política de nuestra
nación por cerca de un siglo2.
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO
La madurez de la sociedad mexicana, y la consolidación de sus instituciones, a finales del siglo
XX, desembocaron en la judicialización de la vida político-electoral, la cual es una garantía de
objetividad e imparcialidad en resolución de las controversias electorales.
La tendencia que recogieron e impulsaron el Tribunal de lo Contencioso Electoral (1987-
1988) y el Tribunal Federal Electoral –desde el ámbito administrativo– se vio coronada diez
años después por la reforma de julio de 1996, la cual significó una profunda modificación a nivel
orgánico de la institución encargada de impartir justicia electoral: pasó a formar parte del
Poder Judicial de la Federación, y tomó el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el cual quedó constituido como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia3,
con excepción del control abstracto de constitucionalidad de leyes electorales4, que le corresponde
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En noviembre de ese mismo año, se creó un régimen contencioso electoral integral, mediante
la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
(LGSMIME). De los medios de impugnación previstos, destaca particularmente el que protege
los derechos fundamentales de la persona en materia de participación política: el juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
El referido recurso llenó la laguna en la custodia judicial de los derechos electorales, que se
2 No se puede pasar por alto que un buen número de constituciones mexicanas, y la legislación secundaria correspondiente,
han instrumentado diversos mecanismos y recursos relacionados con la materia electoral. Estos tuvieron naturaleza parlamentaria
o administrativa, y estaban vinculados fundamentalmente con la calificación de las elecciones. Por su parte, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1917 hasta 2011, tuvo la facultad de investigar los hechos que pudieran
derivar en violación al voto público. Paralelamente, desde 1977 hasta 1985, fue competente para resolver el Recurso de
Reclamación Electoral, en contra de las resoluciones de los Colegios Electorales de las Cámaras. Ninguna de estas facultades
era vinculatoria, ni protegía el ejercicio de los derechos de naturaleza político-electoral.
3 Artículo 99 de la Constitución.
4 Artículo 105, fracción II, de la Constitución.
101 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
produjo desde que el Ignacio L. Vallarta estableció que el amparo no procedería en dicha materia5,
por lo que ha sido considerado como “el amparo electoral”6.
De esta manera, se daba cumplimiento a numerosas recomendaciones de especialistas en
el tema, legisladores y organismos internacionales vinculados con la protección de los derechos
humanos.
Desde su origen, este medio impugnativo tuvo como objetivo la protección de los derechos
político-electorales de la ciudadanía. En efecto, la exposición de motivos de la iniciativa de
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1996, lo señala expresamente
de la siguiente manera:
...El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá a su cargo (...) el recurso
para la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser
votado y de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país. Con esto se satisface
plenamente un viejo reclamo, sin involucrar a otras instituciones de protección
de garantías que nacieron, evolucionaron y tienen características muy diferentes a las
que se presentan en este campo (...)7.
La creación de un sistema de impugnación para proteger los derechos político-electorales
constituyó un hito de primera importancia en la consolidación de la democracia en México,
que responde a las necesidades y exigencias de una sociedad interesada en participar proactivamente
en los asuntos públicos, dado que abrió las puertas a la tutela de una amplia gama
de las mencionadas prerrogativas.
PRIMEROS AÑOS DEL TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde su creación, se ha distinguido
por su compromiso con la ciudadanía, al contribuir a la expansión de sus derechos políticoelectorales.
5 Sobre este punto, vale la pena recordar que el Tribunal Federal Electoral estaba facultado para resolver el recurso de apelación,
por cuyo medio la ciudadanía podía inconformarse contra los actos y resoluciones del Registro Federal de Electores;
al cual, a pesar de sus escasos alcances protectores, se considera como antecedente inmediato de las vías judiciales para
defenderse en contra de presuntas violaciones de la autoridad electoral a sus derechos político-electorales. (Cfr. Nieto
Castillo, Santiago y Espíndola Morales, Luis, El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
México, Porrúa, 2012, pp. 51 y 52).
6 A esa ausencia de instrumentos para una efectiva justiciabilidad, se sumó la exclusión expresa de la materia electoral de la
protección que brindan los organismos protectores de derechos humanos, creados en los años 90.
7 Consultado en http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1996-EM-EZPL.html.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
102

Constancio Carrasco Daza
Al respecto, es pertinente señalar que el texto literal de la LGSMIME señala los alcances de la
protección del JDC en el artículo 79.1 que, en su primera redacción, se expresaba en los siguientes
términos:
Artículo 79
1. El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, sólo
procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos (...).
Los términos literales del párrafo aparentemente limitan la protección judicial a los derechos
enumerados, dejando fuera cualquiera que no se encuentre en esa lista.
Por ese motivo, debemos destacar el trabajo de construcción y maximización de los derechos
político-electorales que se ha forjado a través de decisiones judiciales, desde la primera
integración de magistrados de la Sala Superior (1996-2006): a ellos correspondió sentar las
bases de la definición de muchos conceptos fundamentales para el derecho electoral, y poner
las primeras piedras de lo que hoy es un medio de protección judicial versátil, amplio y en
constante perfeccionamiento, de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Así lo atestigua el relevante acervo de sentencias, tesis aisladas y jurisprudencias referentes
a temas fundamentales para la materia electoral, entre las que destacan las sentencias
SUP-RAP-20/2000 y SUP-JDC-117/2001, que definieron con amplitud los derechos políticoelectorales,
al extremo de concluir que es posible encontrar en ellos un contenido indeterminado.
La labor jurisdiccional de aquella primera integración delineó aspectos básicos relacionados con
un instrumento indispensable para el ejercicio activo del derecho al voto: la credencial para votar.
Asimismo, diferentes criterios jurisprudenciales interpretaron expansivamente el derecho de
afiliación a un partido político, dándole la dimensión de “prerrogativa de pertenecer a éstos
con todos los derechos inherentes a tal pertenencia”8, y reconociendo que dichos institutos
políticos deben gozar de la garantía de la tutela judicial efectiva, de modo que los militantes
pueden promover el JDC en contra de los actos o resoluciones de los órganos partidarios
que los afecten9, lo que abrió cauce a la protección de los derechos de la militancia partidista.
8 Jurisprudencia 24/2002: DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.
9 Jurisprudencia S3ELJ 03/2003: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-
DANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. También, se debe agregar
la S3ELJ 04/2003: MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
103 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
REPRESENTACIÓN EN EL JDC
Como se expuso anteriormente, la redacción original del artículo 79, numeral 1, no admitía
ningún tipo de representación. Al parecer, el medio de protección estaba reservado únicamente
a las personas físicas que acudieran por su propio derecho 10 , excluyendo así a las personas
morales o colectivas. No se observaba ninguna razón de ser para esta restricción, por lo que
su misma motivación fue cuestionada 11 .
El desarrollo interpretativo del Tribunal flexibilizó este mandato, permitiendo que diversos justiciables
promovieran este medio de impugnación a través de un representante. El primer caso fue
el de las agrupaciones o partidos políticos, los cuales se encontrarían en estado de indefensión
en el caso de que la autoridad electoral administrativa les negara o les retirara el correspondiente
registro, debido a que en esos casos perderían la posibilidad de presentar otro medio de impugnación.
Para esos casos, se amplió la protección del JDC al otorgarle a las referidas organizaciones
la facultad de interponer el juicio por medio de su representante legal mediante una interpretación
extensiva del artículo 80 inciso e) de la LGSMIME, que se expresa en los siguientes términos:
Artículo 80
1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
e) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en
asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente
su registro como partido político o agrupación política;
A mayor abundamiento, es necesario señalar que en distintas ocasiones el TEPJF ha reconocido
que, dada la naturaleza y función de los derechos reconocidos por los pueblos y
comunidades indígenas, era válido que se presentaran a exigir sus derechos individualmente
o por medio de un representante legal.
El impulso que dio la línea jurisprudencial en este tema, encontró eco en el legislador secundario
que, en la reforma a la LGSMIME de 2008, modificó el transcrito artículo 79, numeral 1,
para permitir que el juicio ciudadano fuera interpuesto por el ciudadano, en forma individual,
o a través de sus representantes legales, quedando a la discreción del órgano jurisdiccional la
definición del tipo de instrumento que debe exhibir el representante para acreditarse como tal.
10 Es posible incluso suponer que el carácter personal, intransferible e inalienable de los derechos político-electorales, sea el
motivo por el que el legislador de 1996 haya decidido excluir la posibilidad de cualquier tipo de representación en el juicio
ciudadano.
11 Carrasco Daza, Constancio. “La representación en el juicio para la protección de los derechos político electorales. ¿Obstáculo
en el ejercicio de acceso a la jurisdicción?”, Tepantlato: Difusión de la cultura jurídica. Octava época, núm. 35. Instituto de
Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES, Aragón, México, septiembre de 2008.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
104

Constancio Carrasco Daza
CARGOS DE AUTORIDAD ELECTORAL
El limitado repertorio de derechos político-electorales que menciona expresamente el artículo
79 no contemplaba el de pertenecer a un organismo electoral de carácter administrativo o jurisdiccional,
ya sean de la Federación o de las entidades federativas. Inicialmente, los derechos
político-electorales que reconocía y protegía la LGSMIME se limitaban al acto propiamente
comicial: al sufragio, y a que los resultados del mismo se ajustaran a los términos de la ley.
No obstante, el derecho a participar en los asuntos públicos es más amplio, e incluye la permanencia
en el cargo para el que fue electo el candidato y el derecho a integrar autoridades
electorales, aspectos que también requieren ser resguardados judicialmente.
Esto ha sido reconocido públicamente, y ha sido abordado mediante las decisiones judiciales,
a partir de las cuales ha marcado una lógica expansiva al catálogo de derechos políticos. A
partir de la reforma del 1° de julio de 2008 se modificó el artículo 79 del citado ordenamiento
para agregar el siguiente párrafo:
Artículo 79
2. [El JDC] Asimismo, resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por
quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para
integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.
Ahora está claro que en el número de derechos político-electorales se hallan algunos otros íntimamente
relacionados con el desarrollo de los comicios, como lo es el integrar las autoridades
electorales. Esta interpretación particular se ha visto impulsada por la labor jurisdiccional del
TEPJF. Pese a que originalmente declaró improcedente el JDC para proteger la designación de
los funcionarios electorales 12 , por iniciativa de uno de sus magistrados 13 , el órgano jurisdiccional
se ha pronunciado por otorgar la dimensión de derecho político al de integrar las autoridades
electorales, pues el ámbito de alcance de los derechos políticos no se circunscribe a los meramente
electorales.
Esta idea estuvo seguramente presente en el esfuerzo del legislador al adicionar el artículo 79
en los términos referidos.
12 Así lo estableció al desechar el SUP-JDC-221/2000, el SUP-JDC-222/2000 y el SUP JDC-1166/2002 que sustentaron
la tesis S3EL 078/2001 de rubro FUNCIONARIOS ELECTORALES. CONTRA SU DESIGNACIÓN RESULTA IMPROCEDENTE
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, Sala Superior, Tercera
Época, Revista Justicia Electoral, suplemento 5, 2002, pp. 77.
13 Voto particular emitido por el magistrado Manuel González Oropeza en el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales
del ciudadano SUP-JDC-1608/2007. Ver también González Oropeza, Manuel, “Desempeño y retos del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, Quid iuris, n° 15, 2011, pp-9-32.
105 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
De modo congruente con esta doctrina, en el año 2009 se aprobó el siguiente criterio jurisprudencial:
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RE-
LACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción
II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I,
incisos d) y e), así como 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, se concluye que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones de
actos o resoluciones vinculados con la designación de los integrantes de las autoridades
electorales de las entidades federativas, sea mediante juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano o juicio de revisión constitucional electoral,
porque como máxima autoridad jurisdiccional electoral le corresponde resolver todas
las controversias en la materia, con excepción de las que son competencia exclusiva
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas regionales, sin que la hipótesis
mencionada esté dentro de los supuestos que son del conocimiento de éstas, además
de que en el ámbito electoral local debe velar por la observancia de los principios de imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad que rigen los procesos electorales 14 .
De igual manera, se aprobó el siguiente criterio:
INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA
SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.- De la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos
segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al
sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho
ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las
calidades que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral,
es decir, su tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes
de los órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades
administrativas o jurisdiccionales electorales estatales 15 .
14 Jurisprudencia 3/2009.
15 Jurisprudencia 11/2010.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
106

Constancio Carrasco Daza
De esta manera, encontramos que el legislador une sus esfuerzos con la judicatura en su empeño
de garantizar un acceso integral a la justicia electoral, la cual sigue dando cauces que
apuntan en la dirección de ampliar el espectro de los derechos que tutela, y trasciende de los
asuntos relativos al voto público directo, e incluye la protección en la designación para desempeñar
funciones vinculadas con el entramado electoral.
REMUNERACIÓN DE CARGOS MUNICIPALES
Como parte del fenómeno de la progresividad, elemento que ha caracterizado a la justicia electoral
constitucional, el derecho político a ser votado ha tenido importantes desdoblamientos.
Uno de ellos consiste en concebir al derecho a ser votado, en una vertiente de varias posibles,
denominada como desempeño del cargo, es decir, la necesidad de proteger a la ciudadanía en
su derecho político desde un punto de vista material, condujo necesariamente al TEPJF a incluir
en su protección el derecho de la ciudadana o del ciudadano que han resultado electos, a
recibir efectivamente las dietas o remuneraciones que le corresponden por el desempeño en
el respectivo cargo de elección popular.
En ese sentido, es importante señalar que la doctrina judicial emergida por la jurisprudencia
de la Sala Superior del TEPJF ha distinguido con claridad las circunstancias originadoras de la
afectación en la dieta o remuneración del servidor público de un cargo de elección popular. De
esta manera, cuando dicha suspensión o afectación en el pago tiene su origen en un procedimiento
administrativo, ese elemento impide que la restitución sea por la vía judicial electoral,
sino en todo caso, mediante la vía ordinaria administrativa 16 .
La jurisprudencia de la Sala Superior ha identificado la procedencia del JDC en el supuesto de
que esas privaciones en el salario de un cargo de elección popular provengan de decisiones del
cabildo en un contexto de índole política. Es ahí cuando se da lugar a la posibilidad de cuestionar
un acto mediante el JDC.
En esa tesitura, se ha establecido con nitidez que los casos en los cuales se ha descontado
parte del salario, debe entenderse en aquellos supuestos consistentes en el incumplimiento de
obligaciones, lo cual se combate vía administrativa ordinaria. Por otro lado, cuando durante el
ejercicio de un cargo de elección popular se modifica el salario del servidor público correspondiente
y por ende se afecta el presupuesto respectivo, en esas condiciones hay un menoscabo
inherente en el derecho político a ser votado, de ahí que su impugnación es procedente por la
16 Jurisprudencia 19/2013: DIETAS. LA SUSPENSIÓN O AFECTACIÓN EN EL PAGO, DERIVADA DE PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO.
107 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
vía procesal electoral 17 . Asimismo, se ha considerado que un año es un plazo razonable para
exigir la ausencia del pago correspondiente si se atiende a los elementos ya señalados 18 .
CONCLUSIONES
Una mirada a los veinte años de existencia institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, permite encontrar un gran esfuerzo de acercamiento de las instituciones públicas
involucradas con la justicia electoral a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía.
La cultura democrática que permea a la sociedad mexicana, es lo que impulsa a la magistratura
electoral para la realización de sus labores cotidianas.
A lo largo de este trabajo, se puede advertir cómo la sociedad mexicana ha evolucionado con
largos pasos hacia la consolidación de un sistema plural, tolerante y participativo; lo cual ha
efectuado en un espacio relativamente breve de tiempo. Hace apenas treinta años, la vida política
–en su aspecto electoral– estaba totalmente ausente de cualquier tipo de justiciabilidad.
Hoy, gracias al estímulo de una comunidad activa y vigilante, los órganos jurisdiccionales vinculados
con la vida comicial hacen vigentes unos derechos que van más allá del votar y ser
votado, y se extiendan a los que hacen eficaces dichas prerrogativas, como el derecho a la
asociación individual y libre para participar pacíficamente en asuntos políticos, el de afiliación
libre e individual a los partidos políticos, la designación como funcionario electoral en las entidades
federativas, así como cualquier otro derecho de carácter político que se relacione con
los anteriores.
En el TEPJF estamos conscientes de que nuestra responsabilidad consiste en desterrar toda
amenaza de reducir el sufragio a un acto instrumental, toda vez que estamos llamados a contribuir
eficazmente a generar las condiciones necesarias para cerrar la brecha entre sociedad
y estado de derecho. Por ello, los jueces electorales estamos llamados a defender la autenticidad
de la expresión ciudadana al ejercer su derecho al voto, y expandir los alcances de la
tutela que como competencia –y por convicción– tenemos a nuestro cargo a través del juicio
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.
En estas tres décadas de existencia del JDC, se ha registrado una notable progresividad en los
derechos políticos, que ha pasado de la protección de un número limitado de ellos, al reconocimiento
e impulso de aquellos relacionados con el pleno disfrute de los primeros.
17 Tesis LXX/2015: DIETAS. DIFERENCIA ENTRE DESCUENTO Y REDUCCIÓN (LEGISLACIÓN DE OAXACA).
18 Jurisprudencia 22/2014: DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN
DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
108

Constancio Carrasco Daza
Este giro de la interpretación jurisdiccional representa una verdadera carta de derechos
ciudadanos. La ampliación de los alcances –por todos los conductos– de los derechos políticoelectorales
como derechos humanos, ha permitido redefinir lo que es propiamente la materia
electoral, la cual no se reduce exclusivamente a elegir a candidatos sino también a todos los
medios de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, en clave de bienestar
social.
De este modo, se amplían los alcances de los derechos fundamentales a muchas actividades
que antes no tenían esa categoría, propiciando de este modo, el afianzamiento de la democracia
en nuestro entorno político.
En este sentido, el abanico es muy grande y la universalización de la justicia electoral todavía es
un reto que tienen los órganos jurisdiccionales vinculados al tema, queda mucho por avanzar.
El objetivo de hacer llegar la justicia electoral a todos los rincones de la actividad pública nacional,
dista de ser alcanzado pero, en este punto del camino, es un deber de justicia reconocer
a los muchos servidores públicos responsables que, desde todas las salas del Tribunal Electoral,
laboran diariamente para consolidar en México una sociedad genuinamente democrática.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Cfr. Nieto Castillo, Santiago y Espíndola Morales, Luis, El juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, México, Porrúa, 2012, pp. 51 y 52
www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1996-EM-EZPL.html.
Jurisprudencia 24/2002: DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTO-
RAL. CONTENIDO Y ALCANCES.
Jurisprudencia S3ELJ 03/2003: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PO-
LÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E
IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
S3ELJ 04/2003: MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE
DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
Carrasco Daza, Constancio. “La representación en el juicio para la protección de los derechos
político electorales. ¿Obstáculo en el ejercicio de acceso a la jurisdicción?”, Tepantlato:
Difusión de la cultura jurídica. Octava época, núm. 35. Instituto de Ciencias
Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES, Aragón,
México, septiembre de 2008.
SUP-JDC-221/2000
SUP-JDC-222/2000
SUP JDC-1166/2002
109 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Los derechos políticos en un ámbito de progresividad
S3EL 078/2001 de rubro: FUNCIONARIOS ELECTORALES. CONTRA SU DESIGNACIÓN
RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PO-
LÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, Sala Superior, Tercera Época, Revista Justicia
Electoral, suplemento 5, 2002, pp. 77.
Voto particular emitido por el magistrado Manuel González Oropeza en el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1608/2007.
Ver también González Oropeza, Manuel, “Desempeño y retos del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación”, Quid iuris, n° 15, 2011, pp-9-32.
Jurisprudencia 3/2009
Jurisprudencia 11/2010
Jurisprudencia 19/2013: DIETAS. LA SUSPENSIÓN O AFECTACIÓN EN EL PAGO, DERI-
VADA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO TRANSGREDE EL DERECHO
POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO.
Tesis LXX/2015: DIETAS. DIFERENCIA ENTRE DESCUENTO Y REDUCCIÓN (LEGISLA-
CIÓN DE OAXACA).
Jurisprudencia 22/2014: DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO
A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE
PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
110

E ENSAYOS
EL REFLEJO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
DE 1917 RESPECTO DE LA VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE JALISCO
The reflection of the Federal Constitution of 1917
regarding the current Political Constitution of the free
and sovereign state of Jalisco
Manuel González Oropeza 1
Recepción: 11 de marzo de 2016.
Aprobación para su publicación: 11 de mayo de 2016.
pp. 111-126.
Resumen:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base sobre la cual el país
se ha desarrollado de manera independiente y como una república federal, por lo tanto,
cada Estado que lo conforma tiene su propia Constitución la cual no es simplemente una
copia de la Constitución federal sino un reflejo de la esencia de cada entidad federativa.
Palabras Clave:
Constitución Federal, Constitución Local, Federalismo, Entidad Federativa.
Abstract:
The political Constitution of our country is the base on which the nation where the Country
has been developed independently and as a federal republic; therefore, each State of
the country has its own Constitution, which is not simply a copy of the federal Constitution
but a reflection of the essence of each State.
Key Words:
Federal Constitution, Local Constitution, Federalism, Federal Entity.
1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional y Doctor honoris por la Universidad Autónoma de Baja California. Docente e
investigador, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ostentando el nivel III. Actualmente es magistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
111
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
SUMARIO: I. Prolegómenos II. El periodo de vigencia de la Constitución de 1857 en algunas
entidades III. Los antecedentes de la Constitución de 1917. IV. La Reforma del
Estado en las entidades federativas: Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco
de 1917. V. Referencias Bibliográficas.
PROLEGÓMENOS
La Constitución es un conjunto de normas que determinan las bases de un ordenamiento jurídico
de un Estado, en especial la organización de los poderes públicos y sus competencias, los
fundamentos de la vida económica y social, los deberes y derechos de sus ciudadanos. En el
caso de nuestro país, la Constitución se ha convertido en la piedra fundamental desde la cual
se ha construido y desarrollado su vida independiente, tanto a nivel federal como en cada uno
de los estados que integran la nación; una vez que se ha llevado a cabo la presentación, discusión,
modificación y promulgación de los artículos constitucionales que configuran la Carta
Fundamental federal, los estados emprenden la tarea de crear de sus propias constituciones
locales, incorporando las disposiciones federales a sus propios requerimientos, pero sobre
todo, con la ampliación de la protección de los derechos de sus ciudadanos, como ocurrió y
sigue ocurriendo en diversos estados: Veracruz, Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua
y Jalisco, son sólo algunos ejemplos de entidades que han extendido los derechos humanos
y sus garantías más allá de lo establecido por la Constitución federal. Hechos tan relevantes
como el juicio de amparo, las libertades de culto y expresión tuvieron su origen en las constituciones
locales de la primera mitad del siglo XIX.
Ello nos lleva señalar que, contrario a lo que se piensa, las constituciones estatales no son, por
mucho, una simple copia de la Carta Magna. Cada provincia o estado, al adoptar sus constituciones,
fue testigo de grandes debates y trascendentes cambios, desde tempranas épocas
como 1824. Para el caso que ahora nos ocupa, debemos señalara que “la [primera] Constitución
de Jalisco organizó los poderes del Estado de manera integral; los derechos del hombre
aparecieron como prohibiciones para los órganos de gobierno y, en nuestro país, no se conocieron
como declaraciones, sino hasta el periodo que cubre de 1836 a 1857. Pero en 1824 lo
que importaba era dilucidar cómo se llevaría a cabo la república federal. El resultado fue una
constitución que “contenía los mejores y más liberales principios”2. Pero además, el Senado local
fue considerado como parte del Poder Ejecutivo, “pues sus funciones no eran de colegislar,
sino de consultoría al gobernador, además de participar en los nombramientos del ejecutivo y
en el desglose de la cuenta pública. El vicegobernador sería presidente del Senado. Sin embargo,
su función más importante radicó en la facultad de control de la constitucionalidad de las
leyes y actos, ya que este control político fue el que predominó en la primera mitad del siglo
2 Manuel González Oropeza, El Federalismo, México, UNAM-IIJ, 1995, (Serie C. Estudios Históricos, núm. 53), p. 62.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
112

Manuel González Oropeza
XIX en todo el país” 3 . De manera adicional, la constitución del estado organizó unas “juntas
cantonales de policía”, encargadas de vigilar la aplicación constitucional en su territorio (ocho
cantones) y la supervisión de la correcta administración de los ayuntamientos, entre otras actividades
exclusivas para la entidad.
En el caso de la Constitución yucateca de 1841 es también muy significativo, pues luego de
separase la Península del resto del país por la imposición del sistema centralista por Antonio
López de Santa Anna, la Legislatura del estado decide restablecer la Constitución de 1825
promulgada bajo el sistema federal, pero también aprueban reformarla, pues era claro que el
sistema federal original de esa constitución y de la federal de 1824 requería de modificaciones.
Para ello confió a Manuel Crescencio Rejón la jefatura de la comisión de reformas y el
proyecto de constitución para Yucatán en 1840, en el cual propone ideas pioneras y atrevidas:
establecimiento de un Poder Ejecutivo Colegiado depositado en tres personas, un gobernador
y dos cónsules; elección popular directa de todos los cargos electivos del estado; responsabilidad
ilimitada de los funcionarios de la administración y de sus colaboradores; institución de un
jurado popular; libertad de cultos y de prensa, y por último, establecimiento del Juicio de Amparo
para protección de los derechos del hombre. De las instituciones propuestas, la que logró
trascendencia fue, precisamente, el Juicio de Amparo. Su proyecto dividía la competencia del
amparo como instrumento de constitucionalidad, el cual sería sustanciado en forma directa
por la Suprema Corte yucateca; sin embargo, correspondía a los jueces de primera instancia
el amparo contra la violación de los derechos del hombre. El proyecto fue aprobado el 31 de
marzo de 1841 por el constituyente local y entró en vigor el 16 de mayo del mismo año; de
esta manera, quedaron establecidas en forma definitiva todas esas instituciones innovadoras.
Esto confirma la regla de que muchas de las instituciones políticas y jurídicas de la federación
han sido iniciadas en los propios estados.
EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 EN ALGUNAS ENTIDADES
Como es bien conocido por todos, el sistema centralista en México llegó a su fin con la guerra
contra Estados Unidos en 1846-1847 y el restablecimiento del sistema federal a través
del Acta de Reformas de 1847; unos cuantos años más tarde el Plan de Ayutla trajo consigo
la caída del régimen de Santa Anna, y la necesidad de convocar a un nuevo Congreso Constituyente,
de tal manera que el 17 de febrero de 1856 quedó instalado bajo la presidencia de
Ponciano Arriaga, y el día siguiente se llevó a cabo la apertura solemne de las sesiones, con la
presencia del presidente interino, Ignacio Comonfort. Tardaron casi cuatro meses en elaborar
el proyecto de Constitución, puesto que surgieron algunos debates en torno a la organización
del propio congreso y a temas que involucraban a la Iglesia, y para junio de 1856 se presen-
3 Ídem.
113 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
taban los 126 artículos, divididos en nueve títulos, que contendría la nueva Carta Magna,
los cuales serían debatidos a partir del siguiente mes y hasta el 31 de enero de 1857. Hubo
momentos en que ciertas posiciones trataban de imponerse, como en septiembre de 1856,
cuando parecía que se restablecería la Constitución de 1824, pero los radicales lograron que
siguiera la discusión de una nueva constitución.
Este documento significó el triunfo de los liberales, pues implantaba el federalismo de forma
definitiva y el establecimiento de la república representativa. Muchas innovaciones dejaban
abierta la intervención del gobierno en actos del culto público y la disciplina eclesiástica suprimía
la vicepresidencia y ampliaba los capítulos de libertades individuales y sus garantías.
Fueron declaradas libres la enseñanza, la asociación, el trabajo, la industria y el comercio. La
Constitución de 1857 limitó el poder legislativo, se suprimió la cámara de senadores y se
adoptó un sistema unicameral en beneficio del poder judicial, al que se le confirió una mayor
competencia tanto en el ámbito electoral como en el control de la constitucionalidad de leyes
y actos electorales, ya que en el artículo 101 de la citada constitución se introdujo como una
cuestión por demás trascendental y significativa: el juicio de amparo, con el fin de preservar
los derechos de los gobernados, elemento que se adoptó de la legislación yucateca de 1841.
Algunas entidades, como San Luis Potosí, en 1857 presentaron una nueva constitución, que
un par de años después sustituyeron por otra, en plena Guerra de Reforma, en donde “además
de fijar los derechos y obligaciones de los potosinos, los ciudadanos y los avecindados
contaban con un apartado para los “transeúntes”, apartado singular que en pocas Constituciones
se incluye. El artículo 16 establecía que los transeúntes gozarían de la protección de
las leyes y de las autoridades del Estado y los obligaba, en consecuencia, a observar puntualmente
la Constitución y las leyes potosinas, así como a respetar a las citadas autoridades y
a obedecer sus órdenes”4; además de confirmar la separación de la Iglesia y el Estado, por lo
cual ningún empleo popular podría recaer en manos de un miembro del clero ni tampoco nadie
podía ser perseguido por sus creencias religiosas5. Tampoco puede dejar de señalarse que
esta constitución estableció el jurado para conocer de los asuntos sobre libertad de imprenta
en su artículo 1006.
El caso de la Constitución de Chihuahua de 1858, diversos elementos propios se incorporaron
en sus discusiones y con posteriores decretos; la administración de justicia se instrumentó
con un Supremo Tribunal de Justicia colegiado, un juicio por jurados de indudable influencia
anglosajona, y un tema que resulta de enorme interés: la Ley de 8 de julio de 1875, la cual
4 Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. San Luis Potosí, México, SCJN-TEPJF, 2015. Libro electrónico.
Evolución Constitucional del Estado de San Luis Potosí, p. 21.
5 Idem.
6 Ídem., p. 22.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
114

Manuel González Oropeza
establecía la educación obligatoria para los niños de siete a catorce años de edad7. Tampoco
debemos olvidar que la Constitución de Chihuahua de 1887 creó “las jefaturas políticas como
instancias de control del gobernador y anticipando el monopolio de la acción penal por parte
del Ministerio Público, de manera contraria a la tendencia de la Constitución Federal de 1857
que permitía el ejercicio de la acción a instancia de parte”8.
LOS ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917
Toda Constitución puede constituir la ruptura total o casi total del orden jurídico anterior, o
bien, representar una evolución jurídico-política respecto a su antecesora. Entre estos dos extremos
surgen los más diversos matices, y la Constitución de 1917 no es la excepción. Baste
recordar que el antecedente inmediato a esta constitución es la lucha armada a la cual convocó
Francisco I. Madero tras la reelección de Porfirio Díaz a la presidencia del país.
Lo acontecido desde las elecciones de 1910, el inicio de la revolución mexicana, la caída del
régimen de Díaz, el triunfo de Madero y su posterior asesinato, el gobierno militar e ilegítimo
de Huerta con la suspensión de la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la convocatoria de Venustiano Carranza para restablecer el constitucionalismo violado
por Huerta, así como la encarnizada lucha entre las diversas facciones revolucionarias, fueron
un preámbulo poco venturoso para preparar un Congreso Constituyente. Estas condiciones
políticas y sociales derivaron en una convocatoria sumamente restrictiva para participar si se
había colaborado en los regímenes no democráticos contrarios a la Carta Magna de 1857 y
no se apoyaba la causa constitucionalista de Venustiano Carranza.
Un Diputado Constituyente del 17 refiere que a Carranza se debe la idea de reunir un Congreso
destinado a “reformar” la Constitución de 18579, y, que a través de la prensa afín a su persona,
entre ellos Félix Fulgencio Palacivini, editor de El Pueblo, comenzarán una campaña que urgía la
necesidad de convocar a un Congreso Constituyente, apoyado entre otras cosas, por el control
del más del ochenta por ciento del territorio, lo cual podía augurar un éxito a esta iniciativa;
lo cual así ocurre como lo constata el “Decreto del 14 de Septiembre de 1916”, el cual entre
otras cosas señala la modificación de los artículos 4° al 6° del Decreto de 12 de diciembre de
1914, para elegir un Congreso Constituyente, cuya única labor será discutir, aprobar o modificar
“el proyecto de Constitución reformada” que presente el Encargado del Poder Ejecutivo de
la Unión. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal.
7 Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. San Luis Potosí, op. cit., p. 14.
8 Ídem., p. 16.
9 Juan de Dios Bojórquez León (cuyos textos firmaba con el anagrama y pseudónimo de Djed Bórquez), Crónica del Constituyente,
México, Ediciones Botas, 1938,752 p.
115 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
Este “Decreto” y la “Convocatoria a elecciones” del 15 de septiembre de 1916 antecedieron
a la “Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente” del 20 de septiembre
de 1916. El 22 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en 216 de los 244 distritos del
país, excepto en la totalidad de Campeche y Quintana Roo, y en algunas zonas de Chihuahua
y Morelos, que estaban bajo el control de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Cuatro días
después se dictaron las reglas para la instalación del Congreso en la ciudad de Querétaro; se
determinó que las juntas preparatorias comenzarían el 20 de noviembre para la revisión de
las credenciales por parte del Colegio Electoral, y la instalación del Congreso Constituyente
sería del 1° de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, promulgándose la Constitución el
5 de febrero de ese año.
Como se estipuló, a las 16:30 horas, del 1° de diciembre de 1916 quedó erigido el Congreso
Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, y se llevó a cabo la sesión inaugural en el teatro
Iturbide de la ciudad de Querétaro con la asistencia de Venustiano Carranza. El proyecto de
Constitución presentado el 1° de diciembre de 1916 por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
ante el Congreso Constituyente, fue preparado en principio por un grupo de notables
abogados, y con posterioridad por un reducido equipo de sus colaboradores, entre los cuales
sobresalían Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Félix F. Palavicini y Alfonso Cravioto. El
proyecto en sí mantenía el carácter liberal de la Constitución de 1857, en el cual preponderaba
el aspecto político sobre las cuestiones económicas y sociales, además de que las reformas
sólo se reducían a suprimir lo que resultaba inaplicable, a suplir las deficiencia, a aclarar algunos
artículos y establecer el mecanismo necesario para evitar las dictaduras; lo anterior, con
la finalidad de fortalecer al Poder Ejecutivo, al considerar que no podía seguir bajo el dominio
de Poder Legislativo, al requerir un mayor margen de actuación para el presidente. En algunas
de las sesiones que se llevaron a cabo las discusiones de los artículos constitucionales, Carranza
estuvo presente, pero sin intervenir, concediendo absoluta libertad a los constituyentes.
El Congreso Constituyente contó con una gran diversidad de opiniones; uno de sus integrantes,
el diputado Juan de Dios Bojórquez, señala que de manera clara se podían distinguir dos
grupos: a quienes denomina “Renovadores o moderados”, por apoyar el proyecto que Venustiano
Carranza presentó al Congreso, mientras que los opositores conformaban el bloque de
los Radicales, “jacobino” o de criterio izquierdista, al cual él se decía pertenecer. Evidente es la
oposición de varios miembros del Congreso, señala Bojórquez, contra la aprobación absoluta
del texto de Carranza, sin discutirla y evitando hacer cambios; de manera afortunada, también
lo recalca Bojórquez, Carranza respetó el trabajo de los constituyentes opositores y permitió
que se hiciera una libre discusión de los artículos constitucionales 10 . La gran masa del Congreso
llegó libre de partidarismos y fue la que formó la mayoría equilibradora de los extremos.
10 Bojórquez, op. cit., p. 6. Desde el comienzo de su narración, Bórquez deja en claro que “Carranzafue derrotado por los
constituyentes.”
JUSTICIA Y SUFRAGIO
116

Manuel González Oropeza
Del proyecto presentado por Carranza fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización
política del país, que le reafirman su carácter presidencialista. En una serie de artículos
fundamentales impuso su criterio el ala jacobina o radical. De hecho, en la Constitución
quedaron incorporadas algunas de las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias.
La Carta Magna de 1917, en su redacción original, estaba conformada por los siguientes títulos:
I. De las garantías individuales. II. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. III.
De la división de poderes. IV. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. V. De los
Estados de la Federación. VI. Del trabajo y la previsión social. VII. Prevenciones generales. VIII.
De las reformas a la Constitución. IX. De la inviolabilidad de la Constitución.
El Congreso Constituyente de 1917 deliberó en 32 sesiones, en las cuales se aprobó el texto
de los 136 artículos de la Constitución, en el que estuvieron 218 representantes de 29 entes
federados. El proyecto original de Carranza contenía 132 artículos, al cual se le agregaron
cuatro disposiciones.
Conviene señalar para nuestro objetivo, que de la totalidad de los 218 diputados constituyentes,
sólo 193 ocuparon un sitio en las discusiones (aunque 209 de ellos firmaron la
Constitución), y el contingente mayoritario fue el del estado de Jalisco, con 21 representantes
11 , inclusive uno de ellos llegó a presidir el Congreso.
11 Estos diputados de Jalisco son:
1. Joaquín Aguirre Berlanga.
2. Amado Aguirre Santiago.
3. Sebastián Allende.
4. Esteban Baca Calderón.
5. Gaspar Bolaños V.
6. Ramón Castañeda y Castañeda.
7. Marcelino Dávalos.
8. Manuel Dávalos Ornelas.
9. Federico E. Ibarra.
10. Francisco Labastida Izquierdo.
11. Paulino Machorro Narváez.
12. José Manzano.
13. Francisco Martín del Campo.
14. Bruno Moreno.
15. Rafael Ochoa.
16. Ignacio Ramos Práslow.
17. Juan de Dios Robledo.
18. Luis Manuel Rojas.
19. José I. Solórzano.
20. Jorge Villaseñor.
21. Carlos Villaseñor Mejía.
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Jalisco
117 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
Asimismo, conviene destacar que dentro de las sesiones celebradas, hubo dos jaliscienses
que brillaron y orientaron algunos de los debates más trascendentes: Luis Manuel Rojas y Esteban
Baca Calderón.
Luis Manuel Rojas 12 , de corte liberal, se pronunció por el Estado laico y la separación de las
instituciones jurídicas y religiosas y, en su calidad de Presidente del Congreso Constituyente,
exhortó a los diputados para que los debates y propuestas trataran de llegar al justo medio,
evitando a toda costa que se reanudara la contienda armada.
Por su parte, Esteban Baca Calderón 13 , del grupo radical, se manifestó en contra de los jurados
y respecto de las violaciones legales en imprenta; se opuso al voto directo; solicitó que se
expresara un tiempo específico en el derecho de petición y que se protegieran los derechos
de los trabajadores.
La Constitución Mexicana de 1917 a nivel federal plasmó diversos principios, para afinarlos y
reconstruirlos de sus antecesoras de acuerdo con la evolución socio-política de esas décadas,
y se decidió por dos nuevos y muy importantes principios: la supremacía del estado sobre las
iglesias y la justicia social como una garantía a la constitución, misma que se vio reflejada en
el Estado de Jalisco.
Los Constituyentes por el estado de Jalisco actuaron conforme al espíritu que animó la creación
de una nueva norma rectora, como fueron la protección de los derechos sociales, el
reparto agrario, la inclusión de las demandas obreras, y por supuesto, la continuación del pro-
12 Luis Manuel Rojas. Nació en Ahualulco, Jalisco, en 1871. Desde 1901 ingresó a las filas del maderismo, a cuyo triunfo fue
electo diputado a la XXVI legislatura federal, formó parte del grupo llamado renovador. Fue uno de los pocos diputados
que no aceptaron las renuncias del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, a la muerte de éstos lanzó su “Yo
acuso a Mr. Henry Lane Wilson”. Al ser disueltas las Cámaras por el traidor Victoriano Huerta, Rojas fue encarcelado. Al
salir, se une al constitucionalismo al lado del general Carranza. Cuando se reunió el Congreso Constituyente en la ciudad de
Querétaro, el licenciado Rojas fue electo presidente de dicho Congreso. Además, se desempeñó como: ministro de México
en Guatemala; miembro de la Comisión de Reclamaciones por daños causados por la Revolución; magistrado del Tribunal
Militar, con grado de general de división, entre otros. Falleció en la ciudad de México en 1949.http://constitucion1917.
gob.mx/es/Constitucion1917/Luis_Manuel_Rojas_
13 Esteban Baca Calderón. Nació Santa María del Oro, Nayarit, el 6 de mayo de 1876. Con Manuel M. Diéguez, fundó la Unión
Liberal Humanidad, para sumarse a la campaña que en el periódico “Regeneración” realizaba Ricardo Flores Magón. Se afilió
al Partido Liberal y fundó la Unión Minera y la Liga Minera para dirigir con Diéguez, la huelga minera de Cananea el 1º de
junio de 1906. Calderón y Diéguez fueron sujetos a proceso y sentenciados a 15 años en la prisión de San Juan de Ulúa
con Juan José Ríos y otros. Tras la Revolución y la caída de Porfirio Díaz, Calderón regresó a Cananea y fundó en 1912 el
Club Liberal Benito Juárez. A fines de ese año hizo la segunda huelga minera y volvió a ser perseguido con Juan José Ríos,
siendo puesto en libertad 15 días después, a exigencia de Adolfo de la Huerta. Vino el cuartelazo de la Decena Trágica y
Calderón, Diéguez y otros se alzaron en armas el 3 de marzo de 1913, quedando a las órdenes del general Obregón. En el
Constituyente se opuso al voto directo y formó parte del grupo radical. Falleció el 29 de marzo de 1957, en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Esteban_B_Calderon
JUSTICIA Y SUFRAGIO
118

Manuel González Oropeza
ceso de separación entre la Iglesia y el Estado 14 . Este tema ha sido, desde el siglo XIX, una situación
muy seria para la entidad, primero en la Constitución de 1824, luego en la de 1857
y todavía en la de 1917, que más tarde desatará la llamada “Guerra Cristera” entre 1926 y
1929, en donde la reacción del movimiento cristero tuvo su cuna y se pronunció en contra
del espíritu del Congreso Constituyente 15 . Si bien es cierto que los Constituyentes jaliscienses
14 El problema de la separación Estado-Iglesia no es tema nuevo en la Constitución de 1917, ni en la de 1857, tanto a nivel
federal como local. Recordemos que la Constitución de Apatzingán de 1814 excluía la libertad religiosa, mientras que la
Constitución de 1824 imponía la religión católica como la única del país, excluyendo cualquier otra: “Artículo 3.- La religión
de la nación mexicana es y será perpetuamente la C. A. R. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el
ejercicio de cualquiera otra.”
15 La separación Iglesia-Estado fue muy discutida en Jalisco antes que en ninguna otra parte del país. El Congreso Constituyente
Federal de 1824, el Presidente Guadalupe Victoria, así como los Cabildos eclesiásticos de México, Puebla, Valladolid
(hoy Morelia), Culiacán, Oaxaca y Monterrey, con motivo del artículo 7° de la Constitución de Jalisco expresaron “La religión
del Estado es la católica apostólica romana sin tolerancia de otra alguna. El Estado fijará y costeará todos los gastos
necesarios para la conservación del culto.” Este artículo estableció, de hecho, la intolerancia religiosa en el estado, hecho
que desaparece hasta 1874, cuando las Leyes de Reforma pudieron implantarse, después de la Guerra de Tres Años y el
Segundo Imperio. Fue el tema del patronato del estado sobre cuestiones de administración el que mayor problema originó,
pues la Jerarquía eclesiástica de Guadalajara, y del resto del país, consideraron que la disposición de Jalisco era incompatible
con los artículos 3° y 50, fracción XII, de la Constitución Federal de 1824:
Artículo 3.- La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la C. A. R. La nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.
Artículo 50.- Las facultades exclusivas del congreso general son las siguientes
[…]
12. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar
el ejercicio del patronato en toda la federación; […]
Con lo anterior se quería argumentar que, en el mejor de los casos, le correspondería a la Federación y no a los estados,
la regulación de los gastos para la conservación del culto. En el fondo, esta polémica representó el primer enfrentamiento
entre el pensamiento liberal y la Iglesia Católica del país. El Cabildo Eclesiástico de Guadalajara había protestado la Constitución
Federal de 1824, pero tratándose de la Constitución de Jalisco:
Se ha repetido y alegado como principal, entre otros fundamentos, el de que los diezmos, primicias y obvenciones
que forman entre nosotros la decorosa sustentación del culto y de sus ministros, no son oblaciones voluntarias
como las de los fieles primitivos, sino prestaciones forzosas que con propiedad se deben llamar y son contribuciones;
y que no habiendo como no hay otra potestad que la civil a que incumba decretar y exigir contribuciones
a los ciudadanos, a ella solo y no a la Iglesia, puede corresponder por título alguno el establecimiento, cobro y
distribución de los que se destinan al culto y a los ministros:
Tan lejos debe estarse de juzgarlo, así como de apropiar el nombre de contribución a los jornales que se pagan al
jornalero, al humano que se satisface, a los abogados, a las prestaciones que se hacen a los médicos, a los derechos
que se pagan a jueces y a escribanos; y en general, a cualquiera otra de las compensaciones que acostumbre
dar a los que hacen cualquier servicio.
Colección de documentos relativos a la conducta del Cabildo Eclesiástico de la Diócesis de Guadalajara y del clero similar
[sic] y regular de la misma, en cuanto a rehusar el juramento de la segunda parte del artículo séptimo de la Constitución
del Estado Libre de Jalisco, Imprenta del C. Mariano Rodríguez, 1825, p. 10-11.
La polémica de este artículo fue tan grave, que el Congreso Constituyente del estado debió intervenir, a través de Urbano
Sanromán y José Justo Corro, para evitar una grave crisis nacional, y la expatriación de los clérigos remisos; a esta polémica
se unión la Universidad de Guadalajara, que se negó a jurar la Constitución de Jalisco, pero asistieron a las procesiones para
demostrar su disciplina a las autoridades del estado, sólo se abstuvieron de asistir al lugar en donde se verificó la jura de la
constitución. La polémica concluyó cuando fue expedido el Decreto No. 124 del Congreso Federal Constituyente, del dos
de diciembre de 1824, suscrito por Valentín Gómez Farías, José Ma. Izazaga y José Rafael Alarid, en el cual se declaraba:
119 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
estuvieron al nivel, en cuanto al pensamiento liberal y social, y en consecuencia actuaron de
manera congruente, como lo reflejan los debates que sostuvieron y en donde se muestran
partidarios del nuevo espíritu que se advertía en dicha norma rectora; no obstante, cuando se
tuvo que armonizar la Constitución federal con la Constitución de Jalisco, no resultó tan fácil
ni se hizo en términos pacíficos, pues pocos años después de promulgada la Carta Magna la
entidad encabezó la guerra cristera 16 .
LA REFORMA DEL ESTADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO DE 1917
La Constitución de Jalisco fue aprobada por el Tercer Congreso Constituyente de la entidad en
el Salón de sesiones del Congreso en Palacio de Gobierno, el ocho de julio de mil novecientos
diecisiete, promulgada el día 11 luego de haber sido firmada por el Gobernador General Manuel
Macario Diéguez Lara 17 , y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucionalista
El artículo 7° de la Constitución del Estado de Jalisco debe entenderse sin perjuicio de la facultad 12ª del artículo
50 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo sentido, sin protesta alguna, aquel
venerable cabildo protestará el juramento a dicha Constitución.
Idem., p. 112.
Véase el libro de González Oropeza, El Federalismo, op. cit., p. 59-62.
No sólo en Jalisco se presentó esta polémica, también en otras entidades, como Michoacán, desde el siglo XIX se opusieron
a los artículos constitucionales que otorgaran libertad de culto e implementaban una serie de medidas que afectaban
los intereses económicos de la Iglesia, como la desamortización de sus bienes para equilibrar las finanzas públicas derivadas
del quebrantado erario tras la guerra con Texas desde 1835, la intervención francesa de 1838 y la guerra con Estados
Unidos entre 1846 y 1848. Las reformas a la Constitución de Michoacán de 1825 hechas entre 1847 y 1852 no fueron
aceptadas por el Obispo del estado, Clemente de Jesús Munguía, negándose a jurar los cambios; la nueva Constitución
federal motivó una nueva convocatoria en la entidad para crear y promulgar una nueva Constitución local, en la cual ya se
incluía la supresión del fuero eclesiástico, en consonancia con la Ley Juárez de 1855, uno de los motivos de la Guerra de
Reforma o de los Tres Años. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, Digesto Constitucional Mexicano.
Michoacán, México, SCJN-TEPJF, 2014. Libro electrónico. Evolución Constitucional del Estado de Michoacán, p. 19-20.
16 La llamada “Guerra cristera” de 1926-1929 sucedió durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que dio lugar a la creación
misma de la Iglesia Católica Mexicana, la cual estaba al servicio del Presidente, rompiendo con el poder de la Santa Sede
y sobre todo con la riqueza que ésta obtenía de la sociedad mexicana de la época. La Iglesia Católica Mexicana se creó
en 1925, con apoyo del Gobierno mexicano a través de la CROM, dotándola de recursos e inmuebles, con la finalidad de
romper con El Vaticano; la Iglesia reunió cerca de dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional, pero
su petición fue rechazada. Los católicos llevaron a cabo un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de
productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de lotería y a no usar sus automóviles para no comprar
combustible, acciones que causaron graves daños a la economía nacional, y que a la vez permitieron radicalizar las posturas
de algunos grupos dentro de la Iglesia católica en México, que llevaron al surgimiento de la guerra cristera y a acciones
como el asesinato del candidato electo a la presidencia de México, Álvaro Obregón, a manos de José de León Toral con la
participación intelectual de Concepción Acevedo de la Llata, la “Madre Conchita”.
17 Manuel M. Diéguez Lara fue, junto con Esteban Baca Calderón, Juan José Ríos, Pablo Quiroga y José María Ibarra, de los
fundadores de la Unión Liberal Humanidad en 1906, perfilándose como líder obrero entre los mineros de Cananea, como
lo demostró en la Huelga de Cananea de 1906, la cual fue disuelta de manera violenta, él fue aprehendido y consignado al
juzgado de Nogales, condenándolo a quince años de prisión en San Juan de Ulúa.Gracias al triunfo de la revolución maderista,
fue liberado y regresó a Cananea, en donde fue elegido alcalde. Al enterarse del golpe de estado de Victoriano Huerta,
se incorpora a la lucha con 400 hombres, desconociendo al nuevo régimen. En los primeros días de junio de 1914 fue
nombrado gobernador de Jalisco, teniendo como sede de su gobierno la población de Etzatlán. Cuando las fuerzas constitucionalistas
ingresaron a Guadalajara el 8 de julio de 1914 al mando de Venustiano Carranza, éste nombró gobernador
Provisional de Jalisco a Manuel Macario Diéguez, quien se mantuvo en el cargo hasta el 16 de diciembre de 1914, y de nue-
JUSTICIA Y SUFRAGIO
120

Manuel González Oropeza
del Estado el veintiuno de julio del mismo año, entrando en vigor al día siguiente.
El constituyente de Jalisco se encontraba integrado por 16 Diputados –1 por cada Distrito–,
a saber:
• Manuel Bouquet, Presidente del Congreso.
• Carlos Galindo, Vicepresidente.
• V. L. Velarde.
• Ramón Delgado.
• Tomás Morán.
• Jesús Camarena.
• Ambrosio Ulloa.
• Marcos Guzmán.
• Pedro Alarcón.
• Sebastián Allende, que llegaría a gobernador y fue constituyente federal 18 .
• Fausto Ulloa.
• Alberto Macías.
• Carlos Villaseñor Mejía, también proveniente del constituyente federal 19 .
vo ocupó la titularidad del Ejecutivo local del 18 de enero al 12 de febrero de 1915. Como comandante militar de su estado
natal y gobernador inició una obra legislativa y administrativa que buscaba la transformación social-política y económica:
Promulgó 143 decretos siendo uno a favor de los trabajadores manuales, restituyó la autoridad de los ayuntamientos, declaró
la fórmula del estado de interés público, concedió el descanso dominical obligatorio, fijó el salario mínimo y la jornada
de nueve horas de trabajo; por último, prohibió las tiendas de raya y el embargo de salarios; impulsó la educación orientada
hacia el trabajo, creando la Escuela Industrial para Señoritas. Construyó los edificios de la Universidad de Guadalajara y de
la Escuela de Música. Ante el ataque villista contra Guadalajara a fines de 1915, se trasladó a Ciudad Guzmán, en donde
estableció la sede del gobierno. Fue incorporado a las fuerzas del Gral. Francisco Murguía para recuperar Guadalajara en
enero de 1916, pero fueron derrotados por falta de municiones por las fuerzas villistas. Diéguez se retiró a Colima, recuperando
dicha plaza para el constitucionalismo en el mes de abril. De ahí se incorporó a las Fuerzas de Benjamin Hill Salido
y de Álvaro Obregón para participar en la campaña del Bajío; por sus méritos en campaña fue ascendido a General de
División. Ocupó por segunda vez la gubernatura de Jalisco al ser electo en 1917, aunque sólo estuvo unos meses al frente
del puesto pues fue designado jefe de operaciones militares en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Tiempo después
regresó como gobernador a Jalisco, siendo digno de recordarse los conflictos que tuvo en la población de Guadalajara por
conflictos religiosos. Fue fusilado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de abril de 1924, por haber secundado la rebelión de
la huertista contra el gobierno de Álvaro Obregón.
18 Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 25 de febrero de 1880. El 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero lanzó
el grito de rebelión en contra del gobierno porfirista, el joven abogado Sebastián Allende se lanzó a la revolución con las
armas en mano, uniéndose a los grupos maderistas, y, más tarde, secundó la revolución carrancista. Fue electo al Congreso
Constituyente por su tierra natal, Ciudad Guzmán, que comprendía entonces el distrito XVIII del estado de Jalisco. Falleció
el 17 de diciembre de 1947. Romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, México, SEP, IIJ-
UNAM e INEHRM, 2014, p. 92. http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Sebastian_Allende
19 Nació en Guadalajara, Jalisco, el 22 de octubre de 1875. Realizó sus estudios de Médico Cirujano en la ciudad de Guadalajara,
lo que concluyó el 13 de marzo de 1907 y, los de farmacéutico el 17 de mayo de 1908. En 1916, fue designado
Médico de Sanidad. En 1912, fue electo diputado al Congreso de la Unión, en aquella legislatura que se llamó maderista
y que fue disuelta por Vitoriano Huerta. Fue electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro por el XIX distrito
electoral de Jalisco, Ciudad Guzmán. Murió en su ciudad natal el 13 de abril de 1955. Romero Flores, Jesús, Historia del
Congreso Constituyente 1916-1917, México, SEP, IIJ-UNAM e INEHRM, 2014, pp. 92 y 93. http://constitucion1917.gob.
mx/es/Constitucion1917/Carlos_Villasenor
121 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
• J. Guadalupe Ruvalcaba.
• José W. Torres.
• Jorge Villaseñor y Velarde.
Del análisis del texto original de la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1917, se desprende
que el Constituyente local adoptó diversas figuras de la Constitución Federal del mismo
año. Al respecto, conviene señalar la ausencia de documentación relacionada con la exposición
de motivos de la referida constitución local, es decir, de las actas de las sesiones celebradas
por el Poder Constituyente y de los debates sostenidos entre sus integrantes, en las cuales se
podrían advertir los principales puntos de conflicto, consideraciones y conclusiones que le dieron
contenido a la constitución local.
Lo que podemos señalar, es que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco
de 1917, tomó como base diversos principios de la Constitución General de la República.
Así, por ejemplo, consolidó en una sola disposición –artículo 4º–, los derechos de los habitantes
de la entidad, así como de los obreros, empresarios y patrones, para lo cual en su fracción
I, realiza una remisión expresa a los derechos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su Título I, artículos 1 a 33, y Título VI, artículo 123. En consecuencia,
al ser los derechos reconocidos en la Ley Fundamental local de 1917, los mismos
que los adoptados y reconocidos por el Constituyente Federal, puede concluirse que las garantías
tuteladas eran las siguientes:
• Derecho de libertad.
• Derecho a la educación laica y gratuita.
• Derecho a la libre profesión u oficio.
• Derecho a un trabajo digno y decoroso.
• Derecho a la libertad de expresión.
• Derecho a la libertad de imprenta.
• Derecho de petición.
• Derecho a la libre asociación.
• Derecho a la libertad de posesión de armas de las no prohibidas por la Ley para la Legítima
Defensa de los Gobernados.
• Derecho al libre tránsito en el territorio nacional.
• Derecho a la igualdad ante la ley.
• Derecho de audiencia y defensa.
• De la fundamentación y motivación de la autoridad en los actos de molestia a los gobernados.
• Derecho a la justicia pronta y expedita por tribunales establecidos por el Estado mexicano.
• Derecho a la libertad de creencias.
• Del derecho de posesión.
• Derecho de votar y ser votado.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
122

Manuel González Oropeza
Al respecto, resulta pertinente señalar que el reto de implementar en un Estado conservador
los principios laicos de la educación, así como la separación de la Iglesia y el Estado no fue nada
fácil ni aceptada por los jaliscienses. Esta polémica generó, como lo hemos señalado, la llamada
“Guerra Cristera” 20 , rebelión contra el Gobierno Federal suscitada en la Zona de Occidente
y parte del Bajío. El estado de Jalisco tenía, y tiene hasta la fecha, un número considerable de
fieles católicos, los cuales en ese momento estuvieron dispuestos a defender su fe frente a
cualquier amenaza o todo aquello que consideraran como tal.
Con relación a las obligaciones de los habitantes del estado de Jalisco, las fracciones II y III del
artículo 5º remitían a las previstas en los artículos 31 y 36 de la Constitución Federal, tratándose
de mexicanos y ciudadanos, respectivamente.
Lo anterior permite considerar que las obligaciones impuestas a los jaliscienses y a los ciudadanos
de dicho Estado, consistían en:
Obligaciones de los Jaliscienses
1. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las escuelas públicas
o privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo
que marque la Ley de Instrucción Pública en cada Estado.
2. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para
recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos
de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
3. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar
y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la
Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y
4. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Mientras que las obligaciones de los ciudadanos de Jalisco son:
1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo
ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse
en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes;
2. Alistarse en la Guardia Nacional;
3. Votar en las elecciones populares en el Distrito electoral que le corresponda;
4. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en
ningún caso serán gratuitos; y
5. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales
y las de jurado.
20 Vid. supra notas 15 y 16.
123 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
Es de destacarse la fracción III del artículo 5º, la cual establecía la obligación de los extranjeros
residentes en el estado, para contribuir con los gastos públicos y someterse a las leyes
y resoluciones judiciales del estado. Esta disposición tenía especial significación, pues durante
la segunda mitad del siglo XIX hubo diversos juicios y protestas de extranjeros para pagar
contribuciones en el estado, a pesar de su residencia en él, ya que deseaban verse exentos de
cualquier obligación con el estado y el país21.
La Constitución Política del Estado de Jalisco, al igual que las demás legislaciones constitucionales
de las diversas entidades federativas, no sólo se ha limitado a copiar y armonizar las
diversas normas de la Constitución federal, pues contrario a lo que se argumenta de la carencia
de creatividad del legislador local o del escaso margen de acción que se tiene en los
estados, ellos pueden resolver las diversas necesidades y problemas particulares de la entidad
federativa sin vulnerar las normas rectoras de la Carta Magna, lo cual queda evidenciado
con los ejemplos siguientes:
REFORMA
Incorpora la participación de las mujeres en las
elecciones municipales, en igualdad de condiciones
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas
Se incluye de manera expresa a las mujeres como
ciudadanas. Suprime el precepto constitucional
que restringe la participación de las mujeres sólo a
elecciones municipales
Reduce a 21 años la edad para ser diputado
Reforma político-electoral en que se reconoce a los
partidos políticos como entidades de interés público
Eleva a rango constitucional a los organismos de
protección de los derechos humanos
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
25/septiembre/1948
Artículo 4, fracción III, párrafo 1
5/noviembre/1954
Artículo 4, fracción III y IV
5/agosto/1972
Artículo 10
20/agosto/1991
Artículo 4, fracción VII
13/julio/1994
Artículo 10
En muchas de estas reformas que sólo reflejan las federales, no se hubiera requerido siquiera
una réplica expresa en la Constitución. Aunque también es cierto que el Constituyente Permanente
del Estado de Jalisco se ha limitado a impactar en la Constitución local las reformas
realizadas en la Constitución federal, sin implementar instituciones innovadoras que dentro
de su ámbito de atribuciones pudieran dar soluciones adecuadas a las problemáticas jurídicas,
económicas, políticas o sociales que se presentan en dicha entidad federativa.
21 Esta disposición respecto a las obligaciones de los extranjeros residentes en el Estado, tenía significación pues durante la
segunda mitad del siglo XIX, hubo diversos juicios y protestas de extranjeros para pagar contribuciones en el Estado, a
pesar de su residencia en él, ya que deseaban verse exentos de cualquier obligación con el Estado y el país. El problema en
Jalisco surgió a raíz de la aplicación del artículo 6º. del Tratado de amistad con España de 1838. Manuel González Oropeza,
“Los difíciles años de un jurista en la política de Jalisco”, en: La centenaria obra de Ignacio L. Vallarta como Gobernador de
Jalisco, México, UNAM, 1995, pp. 12-13.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
124

Manuel González Oropeza
Así, por ejemplo, Jalisco carece de un Tribunal Constitucional a través del cual pudieran resolverse
en el seno de la entidad los conflictos existentes entre los poderes del Estado de Jalisco,
entre sus distintos niveles de gobierno, o entre aquellos y los particulares en los que se impugne
la inconstitucionalidad de una ley.
No obstante, en marzo de 2015, Héctor Pizano Ramos, Presidente de la Comisión de Justicia
en el Congreso del Estado, declaró que había presentado una iniciativa para crear un tribunal
constitucional; sin embargo, se advierte que, si bien se han realizado reuniones en el Palacio
Legislativo con magistrados, académicos, docentes y especialistas en derecho para dialogar
e intercambiar ideas sobre la posibilidad de establecer en Jalisco un Tribunal Constitucional,
y que dicha propuesta ha sido bien recibida por la mayoría de los participantes, aún no se ha
presentado la iniciativa precisada.
En otras palabras, el margen de maniobras en las entidades federativas es muy amplia, más
de lo que generalmente se piensa, sólo falta que los constituyentes locales, como en el caso
de los que crearon la nueva Constitución de Veracruz, se decidan a ampliar los derechos humanos
y sus garantías, más de los que ya está en la Carta Magna, para que de nuevo sean
esas constituciones locales quienes lleven a cabo una transformación de las leyes en beneficio
de la sociedad mexicana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Bojórquez León, Juan de Dios. (cuyos textos firmaba con el anagrama y pseudónimo de
Djed Bórquez), Crónica del Constituyente, México, Ediciones Botas, 1938, 752 p.
González Oropeza, Manuel. El Federalismo, México, UNAM-IIJ, 1995, (Serie C. Estudios
Históricos, núm. 53), p. 62.
González Oropeza, Manuel. Digesto Constitucional Mexicano. San Luis Potosí, México,
SCJN-TEPJF, 2015. Libro electrónico. Evolución Constitucional del Estado de San Luis
Potosí, p. 21.
González Oropeza, Manuel. Digesto Constitucional Mexicano. San Luis Potosí, México,
SCJN-TEPJF, 2015. Libro electrónico. Evolución Constitucional del Estado de San Luis
Potosí, p. 22.
González Oropeza, Manuel. Digesto Constitucional Mexicano. San Luis Potosí, op. cit.,
p. 14.
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Luis_Manuel_Rojas_
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Esteban_B_Calderon
Colección de documentos relativos a la conducta del Cabildo Eclesiástico de la Diócesis
de Guadalajara y del clero similar [sic] y regular de la misma, en cuanto a rehusar el
juramento de la segunda parte del artículo séptimo de la Constitución del Estado Libre
de Jalisco, Imprenta del C. Mariano Rodríguez, 1825, p. 10-11.
125 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El reflejo de la Constitución Federal de 1917 respecto de la vigente Constitución política
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Sebastian_Allende
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Carlos_Villasenor
Vid. supra notas 15 y 16.
González Oropeza, Manuel. “Los difíciles años de un jurista en la política de Jalisco”, en:
La centenaria obra de Ignacio L. Vallarta como Gobernador de Jalisco, México, UNAM,
1995, p. 12-13.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
126

E ENSAYOS
DE LO LEGAL A LO INDEBIDO
From the legality to the abuse
Jesús González Salas 1
Recepción: 10 de marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 12 de mayo de 2016.
Pp. 127-136.
Resumen:
Es incuestionable la evolución de la democracia, haciéndose patente con la implementación
de un sistema político electoral equitativo, plasmando en la ley los términos a que se
sujetan los procesos electorales tanto los constitucionales como los procesos internos
de los institutos políticos que conforman el sistema político en México; observando que
se regulan estos procesos, pero no pasa desapercibido que en ocasiones lo legal no quita
lo injusto; debiendo ser sometido este tipo de procesos a un estudio meticuloso, con un
debate abierto en donde participen voces avanzadas en la materia para que en las contiendas
se utilicen única y exclusivamente prerrogativas a que tiene derecho los partidos
políticos, y no recursos que aunque estén en la ley se tornan tácitamente indebidos.
Palabras claves:
Indebida financiación, organización, dirigentes, violación laboral, legal, injusto, recursos
públicos, partido político, prerrogativas.
Abstract:
The evolution of democracy is unquestionable, it became evident though the establishment
of an equitable electoral and political system that includes applicable rules for
the constitutional electoral processes and also, for the internal processes of the parties.
However, just because a disposition is added to a legal system does not mean it would
be the right regulation, so it requires a careful analysis by electoral specialists whit the
purpose to determine if the prerogatives granted to political parties are suitable.
Keywords:
Improper financing, organization, leaders, labor abuses, legal, unfair, public resources,
political party, prerogatives.
1 Maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco. Actualmente es asesor técnico pedagógico en la supervisión de la zona escolar No. 15 del nivel de secundaria
técnica, de la Secretaría de Educación Jalisco. Correo electrónico: gonzsa@hotmail.com
127
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
De lo legal a lo indebido
SUMARIO: I. Introducción. II. Marco constitucional y reglamentario. III. Convenio celebrado
entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática. IV.
Impactos. V. Implicaciones futuras. VI. Conclusiones. VII. Fuentes de Consulta.
INTRODUCCIÓN
En el presente ensayo se hace una reflexión sobre los impactos que pueden generar la organización
de los procesos electorales internos de los partidos políticos por parte del Instituto
Nacional Electoral (INE), ya que a partir de la reforma político electoral, establece atribuciones
que implica la intervención formal, traduciéndose en mayor carga de trabajo, inversión (tiempo
hora-trabajo, materiales, etc.) debido a la cantidad de incidencias de esta nueva atribución y
modalidad legal, de organizar mediante convenio elecciones internas de los institutos políticos
electorales. Por tanto es interés de este ensayo dejar plasmadas reflexiones e implicaciones
por este tipo de eventos. De igual forma como una idea por fuera de los partidos políticos para
analistas en materia electoral.
MARCO CONSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIO
Está encuadrado en las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 41, de la base V Apartado B, párrafo segundo, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce 2 .
2 Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,
y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones
del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme
a las siguientes bases: (…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas
que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A
petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las
elecciones de sus dirigentes.”
JUSTICIA Y SUFRAGIO
128

Jesús González Salas
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 32 numeral
2, inciso a); 44, numeral 1, inciso f), y 55 numeral 1, inciso k)3.
Así como el artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos 4 .
CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Este convenio de colaboración suscrito entre el Partido de la Revolución Democrática y el Instituto
Nacional Electoral, para la organización de la elección nacional de integrantes del Consejo
Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional, mediante voto directo y secreto
de todos los afiliados, del Partido de la Revolución Democrática que se celebraron el día
siete de septiembre del año dos mil catorce5 constituye una flagrante violación a los derechos
laborales de los empleados del INE en la intervención de dicho instituto, en la organización de
los hechos antes referidos, ya que los partidos políticos dentro de sus prerrogativas específicas
contemplan presupuesto para ello, el hecho de disponer de recursos humanos del INE,
equivale a violar los derechos laborales de algunos servidores públicos de dicho instituto; específicamente
por lo señalado en el punto 13 del anexo financiero, así como lo estipulado en
el punto 2 de la cláusula vigésima octava del convenio de colaboración celebrado por el INE y
los representantes del Partido de la Revolución Democrática, para la realización de la jornada
electoral para la elección de Congresistas Nacionales, Consejeros Nacionales, Estatales y
Municipales, cuya organización se solicitó al INE; ya que el disponer de personal que tiene definidas
sus atribuciones y funciones en el desempeño de sus actividades organizativas en el
seno del propio Instituto que en un marco ordinario de actividades antes de la reforma política,
tiene definido un horario de trabajo, y la organización de la referida jornada equivale a tener
3 Artículo 32.
1.El Instituto tendrá las siguientes atribuciones(…) 2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece
esta Ley, contará con las siguientes atribuciones: a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos,
cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;”
Artículo 44.
El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las
dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley.
La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante
acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener
actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos
locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos Locales;”
Artículo 55. (…)
“1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones (…)
k) Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando así lo soliciten al Instituto. Los gastos correspondientes
serán con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos solicitantes;”
4 Artículo 45. 1.-Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, con
base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.
5 “Convenio de colaboración suscrito entre el PRD y el INE, para la organización de la elección nacional de integrantes del
Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional, mediante voto directo y secreto de todos los
afiliados, del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse el día siete de septiembre del año dos mil catorce. Pp. 1 a 42.
129 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
De lo legal a lo indebido
que desarrollar actividades fuera de su horario, limitándolos, el convenio en cita a no recibir
compensación extraordinaria al personal del INE que participe en las actividades del proceso
de selección interna; y el uso de edificios públicos, y recursos humanos adscritos a dependencias
de gobierno en la citada elección; dependientes de otras esferas de gobierno, al utilizar
inmuebles propiedad tanto del gobierno federal, estatal o municipal, en donde se instalaron
las mesas directivas de casillas, que esos recursos no están disponibles ordinariamente para
el INE tratándose de la elección materia de análisis
IMPACTOS
1. En el argot electoral, se usa cotidianamente los vocablos “recursos”, relativos a “materiales”,
“humanos”, “públicos”, englobando en estos últimos el presupuesto del erario de gobierno sin
distinguir los tres niveles, federal, estatal o municipal; pues bien es común escuchar que los
partidos políticos usan recursos públicos, esto es, recursos del peculio del gobierno.
Según lo definen en el documento anónimo intitulado: RÉGIMEN JURÍDICO Y FINANCIERO DE
LOS PARTIDOS Y CONDICIONES DE EQUIDAD EN LA COMPETENCIA ELECTORAL.
“Derechos, prerrogativas y obligaciones”
DERECHOS
Los derechos de los partidos políticos nacionales se pueden agrupar en dos grandes vertientes:
a) Relacionados con su participación en procesos electorales:
Que es acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público tanto para sus actividades
electorales, como para las permanentes.
b) Relacionados con sus actividades permanentes:
Gozar de las garantías que la ley les otorga para realizar libremente sus actividades6.
Con base en ello, es obligado hacer un análisis del uso de recursos públicos de los que dispusieron
en el proceso de la organización de la elección nacional de integrantes del Consejo
Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional, mediante voto directo y
secreto de todos los afiliados, del Partido de la Revolución Democrática, que se celebraron el
día siete de septiembre del año dos mil catorce, mediante el convenio de colaboración cele-
6 Anónimo. Régimen jurídico y financiero de los partidos y condiciones de equidad en la competencia electoral.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
130

Jesús González Salas
brado entre el instituto político citado y el Instituto Nacional Electoral el día siete de julio de
dos mil catorce.
Han reordenado las variables al decretarse la reforma política a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 41, base V apartado B; párrafo segundo, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en sus artículos 32 numeral 2, inciso a); 44, numeral 1,
inciso f) y 55, numeral 1, inciso k, así como el artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos.
Al contemplar la solicitud y organización de los comicios internos de los partidos políticos, sin
proyectar la violación de los derechos de los trabajadores al servicio del Instituto Nacional Electoral,
en la que se vislumbra, que soplan vientos, una vez más en pro de los partidos políticos.
Alonso Urrutia hace el comentario en el Diario “la Jornada en línea”7: sin mayor debate, el
Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la asignación de prerrogativas de los
partidos políticos para gastos ordinarios y actividades específicas por un total de 3 mil 925
millones de pesos, más 76 millones de pesos para franquicias postales”. Sale a colación porque
tanto en la reforma política, como en el referido convenio, precisándose en la CLAUSULA
DÉCIMA OCTAVA DEL CONVENIO que los gastos correspondientes “serán sufragados con los
recursos provenientes de sus prerrogativas del financiamiento público” así como la “responsabilidad
administrativa, civil, fiscal o en su caso, laboral”8.También comenta Alonso Urrutia9 “El
PRD recibirá una suma conjunta de 699.1 millones de pesos, 678.8 millones de los cuales corresponden
al financiamiento ordinario”; razón de más para que el partido sufrague los gastos
de la compensación de la que excluyen al personal del Instituto Nacional Electoral, que participa
en las actividades del proceso de selección interna, identificable en el anexo financiero
del convenio con el número 13 10 tal acuerdo viola fehacientemente los artículos 5, 61, 68 segundo
párrafo, 70 de la Ley Federal del Trabajo 11 en mérito de que pasa desapercibido que las
disposiciones de la ley laboral son de orden público, y desde luego no producirá efecto legal,
7 Urrutia, Alonso. (2014, enero14) Diario “la Jornada en línea”.
8 Clausula décima octava del convenio 1. “EL PARTIDO” autoriza a “EL INSTITUTO”, a través de la “DEA” Dirección Ejecutiva de
Administración (8) pág.37 del convenio para que en su nombre y representación realice la contratación de los prestadores
de servicios profesionales requeridos para el adecuado desempeño en tiempo, forma y lugar de las actividades derivadas del
proceso electivo materia del presente convenio, los que serán sufragado con los recursos provenientes de sus prerrogativas
del financiamiento público, por lo que todas las obligaciones administrativas, civiles, fiscales o en su caso laborales y de
cualquier índole que se deriven, son de exclusiva responsabilidad de “EL PARTIDO” p.37.
9 Urrutia, Alonso. (2014, enero 14) Diario “La Jornada en línea”.
10 Anexo financiero del Convenio punto 13 “No se otorgará compensación extraordinaria al personal de “EL INSTITUTO” que
participe en las actividades del proceso de selección interna”.
11 LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo 5o.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el
ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:
II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley”; pág. 14
Artículo 61.- “La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta”.
Artículo 68.- “Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo”.
131 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
De lo legal a lo indebido
ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea verbal o escrita la estipulación que establezca:
una jornada mayor que la permitida por la ley; y los trabajadores no están obligados
a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido por la ley, y el trabajo extraordinario,
obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente, lo que hace ilegal el convenio
en cuestión, eso solo en el ámbito laboral. Anexo financiero del convenio con el número 13.
2. La disposición indebida de recursos públicos, al hacer uso de inmuebles propiedad de los gobiernos
federal, estatal o municipal.
3. Otro rubro es el pago de renta de inmuebles en donde se instalarán las mesas receptoras
de votación, y la disposición de personal adscrito a otras áreas de gobierno; porque como se
ha venido señalando el uso de inmuebles como escuelas públicas, oficinas municipales, por ser
un partido político, es hacer uso de recursos públicos indebidamente.
4. Y se utilizan recursos públicos indebidamente, como ya mencioné, al hacer acopio de inmuebles
propiedad del estado o del municipio, al instalar las mesas receptoras de votación,
en escuelas públicas, mercados municipales, oficinas de gobierno, etc. así como la disposición
de personal adscrito a esas esferas de gobierno, y al hacer uso de recursos públicos irregularmente,
se incurre en una causal de nulidad contemplada en el artículo en comento en el inciso
c). Esa es una causal de nulidad de la elección. Y el propio artículo contempla: “En caso de nulidad
de la elección, se convocará a una elección extraordinaria…”
¿Qué sucederá si algún ciudadano o miembro del partido, interpone un recurso de nulidad,
y prospera?, el convenio en cuestión en ningún de sus apartados contempla la posibilidad de
esta hipótesis, pregunto, en el caso de convocar a una elección extraordinaria, ¿quién la sufragará?
de por si el sistema electoral es sumamente costoso, en ese caso, ¿se cubrirá también
de las prerrogativas? es especialmente importante que la norma defina con precisión este
supuesto, es inusual que la autoridad deje al margen todo lo anterior, el convenio parece ajustado
a la probidad, pero ésta a veces termina cuando se viola la ley, como en el caso concreto;
se ha dicho constantemente con demasiado acierto que conviene no introducir al marco normativo
reglas cuyo cumplimiento no se pueda llevar a cabo.
IMPLICACIONES FUTURAS
Definitivamente, esto es singularmente novedoso, rompe el principio de legalidad laboral y financiero,
ya que consideran que el solo hecho de plasmarlo en el convenio, libera a las partes
suscribientes de la responsabilidad que proceda; porque esta organización electiva invariablemente
va encaminada decididamente a financiar actividades destinadas a la búsqueda del
voto, en cualquiera de sus modalidades.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
132

Jesús González Salas
Es elocuente pensar, que contar con un órgano constante de profesionales para acometer labores
electivas resulta de vital importancia en donde el financiamiento directo se utilice, de
manera firme, para financiar actividades ordinarias, pues se trata de recursos que fluyen propiamente
de recursos públicos directos, no sólo es constante, sino que abarca, por otro lado
diversas actividades y entre ellas, este proceso del que se habla, ya que los partidos reciben
recursos para gastos tanto ordinarios como de campaña.
En ese devenir analítico, holísticamente, se continua con las violaciones, contempladas en la
cláusula VIGÉSIMA OCTAVA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN” punto 2 12 .
En esta cláusula al establecer “EL PARTIDO” es quien enfrentará cualquier controversia que
surja con los proveedores de los servicios que ha solicitado “EL INSTITUTO” a través de la
DEA de cualquier responsabilidad derivada del proceso electivo materia del presente convenio,
con motivo de las obligaciones administrativas, civiles, fiscales y laborales, o en su caso
de cualquier índole que se deriven de actos jurídicos”; es inconcuso que si el Partido político
es responsable entre otras de las obligaciones fiscales, y laborales, tácitamente incluyen las
responsabilidades electorales, de ese acontecer organizativo electoral interno, en razón que
el artículo 41 base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
eclécticamente: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos
que señalen esta constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución”.
Y sigue contemplando: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones
federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos”:
“c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.
En el caso particular se hizo una campaña en forma, con un inicio de ese proceso interno, incluyendo
la jornada electoral el día siete de septiembre del año 2014.
En cuanto a la reforma política es primordial que la autoridad electoral cuente con los recursos
materiales y humanos para realizar la organización de las elecciones internas de los
partidos políticos de manera integral y profesional, pero con apego a derecho, esto es con respeto
a los derechos laborales de sus trabajadores, y la obligación de los institutos políticos
12 Clausula VIGÉSIMA OCTAVA punto 2. “EL PARTIDO”, por conducto del representante legal que ha designado en este Convenio
de colaboración atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Ley General de Partidos Políticos es quien
enfrentará cualquier controversia que surja con los proveedores de los servicios que ha solicitado a “EL INSTITUTO” través
de la “DEA” de cualquier responsabilidad derivada del proceso electivo materia del presente Convenio, con motivo de las
obligaciones administrativas, civiles, fiscales y laborales, o en su caso de cualquier índole que se deriven de actos jurídico.
pp 41 y 42.
133 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
De lo legal a lo indebido
solicitantes sufraguen de su peculio el uso de inmuebles públicos, para evitar hacer uso de recursos
inminentemente públicos, y caigan en una causal de nulidad, que de darse una elección
extraordinaria, tendría resultados económicos a cargo de sus prerrogativas otra vez, pero incongruente
con el aspecto de la austeridad.
Lo señaló Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es
justa13.
En este caso, sí existe plasmado en una norma, nada más que con vicios, y ello conlleva a interpretar
lo señalado por este filósofo que por el hecho de ser ley, no por eso es justa.
CONCLUSIONES
La intención de este ensayo ha sido proponer una línea de análisis para los futuros convenios
que se realicen en una total cabalidad integrando los recursos de las prerrogativas los partidos
políticos en aras de defender los derechos laborales de los empleados del Instituto Nacional
Electoral. Debe verse la idoneidad de un diseño institucional de verificación de esos derechos
multicitados, si no se tienen en cuenta los mismos, dicho convenio es violatorio de sus derechos
laborales, ya que son derechos fundamentales, tutelados a la luz de la Ley Federal del
Trabajo. No es razonable que se dejen de lado sus prerrogativas laborales, puesto que las partes
intervinientes en el convenio, velan por la justicia social, y esos derechos son íntegramente
sociales. Se debe regular todo, y evitar a toda costa cualquier violación a la ley.
Lo que los órganos electorales deben hacer en materia de los derechos de los trabajadores
es regularlos en los convenios que celebren con los partidos políticos para su organización de
elección interna.
El respeto íntegro al límite individual de los derechos laborales fijados para todos en la Ley del
Trabajo, puede ser materia de verificación a través de medios directos de control, como lo es
la instancia correspondiente dentro de la vigencia del convenio materia de este comentario, a
cargo de las finanzas del propio partido político.
La autoridad debe de contar con la fuerza institucional, tenerse como una expectativa la introducción
de los derechos laborales de los servidores públicos al servicio del Instituto Nacional Electoral,
y de que será capaz tanto la autoridad como los partidos políticos de cumplir la ley laboral.
Se debe hacer valer el conjunto de normas relativas al uso de los recursos de que disponen los
partidos políticos, actores centrales de la competencia democrática.
13 Disponible en: http://joselopezsanchezwordpress.com/citas-celebres
JUSTICIA Y SUFRAGIO
134

Jesús González Salas
Preocupa especialmente que los partidos políticos reciban sus prerrogativas y que los recursos
humanos los dejen a la deriva, a su suerte, en el desamparo, tanto éstos como el Instituto
Nacional Electoral.
Todo lo anterior con todas las facultades de que está dotada la autoridad, sin restringir los derechos
multicitados. Difícil de definir, pero se debe establecer elocuentemente la manera de
actuar de estos servidores públicos, en el aspecto laboral, no pasando desapercibido que son
útiles, muy útiles en este tipo de eventos democráticos, pues prácticamente cualquier gasto
que se haga en el transcurso de eventos electorales tienden a lograr convencer a la ciudadanía,
y desde luego a la obtención de votos.
No es aceptable, y no hace sino coadyuvar a la desconfianza en el derecho, en la certeza, la legalidad,
la imparcialidad y la objetividad, como principios de las normas electorales, esto hace
obligatorio en el convenio en cita, colocar bien definidos los derechos de los trabajadores al
servicio del Instituto Nacional Electoral, en este proceso interno del Partido de la Revolución
Democrática.
Regular el uso de los recursos públicos, limitando el uso de los edificios públicos, federales, estatales
y municipales, así como los empleados de otras instancias gubernamentales, a efecto
de evitar causales de nulidad, porque se volvería todavía más costosos los procesos electorales
internos.
Debe de ser elocuente la organización de procesos internos en términos claros, que no confundan
a la ciudadanía, ya que se debe integrar concretamente en sus prerrogativas los gastos
de organización
Se tiene que hacer un esfuerzo para impulsar la democracia con apego a la legalidad, de la
mano con lo justo y debido, debe de pedirse perdón a la ciudadanía en general, por la disposición
legal que se aplica indebidamente, que dentro de los valores morales se debería de
renunciar a este viento a favor.
Convengo en que debe haber sostenimiento de las instituciones políticas para no tener monopolios
políticos; sino por el contrario, que sea plural en toda su forma; evitando que el Instituto
Nacional Electoral se convierta en una refaccionaria político-financiera.
De seguir acaparando estos vientos inmorales, se seguirá yendo en detrimento de la prosperidad
democrática, que en estos tiempos cabalga sustentablemente hacia la consecución de
bases legales y justas, fortalecidas con la moral. Debemos rechazar toda posibilidad de que
se sigan utilizando recursos públicos en todas sus manifestaciones en procesos internos, con
una legislación que no atente contra la evolución electoral.
135 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
De lo legal a lo indebido
Debe ser sometido este tipo de procesos a estudio meticuloso por parte de las personas avezadas
en la materia para que efectivamente lo legal sea justo; y no castigar al pueblo con esta
disposición legal que resulta injusta e indebida.
FUENTES DE CONSULTA
INE. Régimen Jurídico y Financiero de los Partidos y Condiciones de Equidad en la Competencia
Electoral. http://www.ine.mx/docs/Internet/FAQ/Docs_ES_PDF/V__Regimen_psps_y_cond_equidad.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convenio de colaboración suscrito entre el partido PRD y el Instituto Nacional Electoral,
para la organización de la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos
Estatales y Municipales, y Congreso Nacional, mediante voto directo y secreto
de todos los afiliados, del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse el día
siete de septiembre del año dos mil catorce.
Diario la Jornada en línea.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de mayo de 2014 que abroga el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14
de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones.
Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
mayo de 2014.
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de
1970. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre
el año 2012.
URL http://joselopezsanchezwordpress.com/citas-celebres.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
136

E ENSAYOS
APROXIMACIÓN AL MODELO DE
IGUALDAD ENTRE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES Y DE PARTIDO: CASO
DE AYUNTAMIENTOS
Approach to the equality model between
independent and party candidacies.
Case of councils
Juan Pablo Hernández Venadero 1
Recepción: 8 de marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 12 de mayo de 2016.
Pp.137-156.
Resumen:
Las democracias necesitan refrescarse. Las candidaturas independientes son una alternativa
válida que diversifica y complementa la oferta política electoral al ciudadano y
permite áreas de participación antes restringidas. Para la verdadera inclusión de esta
figura, es necesaria una visión jurídica, que incluya medidas administrativas, legislativas y
jurisdiccionales que posibiliten un marco de igualdad entre candidatos independientes y
de partido, como en el caso tratándose de la asignación de regidores por el principio de
representación proporcional.
Palabras clave:
Candidaturas independientes, representación proporcional, asignación, evolución,
igualdad.
1 Maestrante en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco. Actualmente es secretario relator en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Obtuvo la designación como juez
de primera instancia en materia civil.
137
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
Abstract:
Democracies need to evolve. Independent candidacies are a valid alternative that diversify
and complements the current electoral-political offer to citizens and allows previously
restricted areas of participation. For the real inclusion of this figure, is required a
legal view provide with administrative, legislative and judicial measures that enable a
framework between independent and party candidates, such as in the case of councilors
allocation by the principle of proportionality.
Keywords:
Independent candidacies, proportional representation, selection, evolvement, equality.
SUMARIO: I. Rasgos de nuestra democracia e importancia de las candidaturas independientes;
II. Algunas Problemáticas. III. Antecedentes y criterios judiciales; IV. Resumen
del caso relevante, consideraciones torales de las sentencia y conclusión; V. Bibliografía
y fuentes de consulta.
RASGOS DE NUESTRA DEMOCRACIA E IMPORTANCIA DE LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
La Constitución Política de 1917 estableció en su artículo 40 que el régimen de gobierno en
nuestro país sería el de una República representativa, democrática y federal. De dicho año a
la fecha, el texto de dicho precepto sólo se ha modificado en una sola ocasión, siendo esta el
8 de noviembre de 2012, para introducir la laicidad como elemento fundamental de la forma
de gobierno. De tal suerte que podemos estimar que la obra original del Constituyente Revolucionario
se ha mantenido prácticamente intacta.
En este sentido, el valor de la democracia en nuestro régimen de gobierno no solo tiene una
perspectiva teórica, digamos una tendencia que está de moda entre las naciones, sino que es
una premisa básica de organización política, social y económica que irradia todos los estratos
de la vida nacional.
Ello se corrobora de la noción plasmada en el artículo 3º constitucional que concibe a la democracia
no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Así las cosas, el mecanismo institucional implementado a fin de captar la voluntad soberana
del electorado para transformarla en representación, que pudiéramos llamar democracia electoral,
ha transitado por un derrotero histórico que marca una puntual evolución.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
138

Juan Pablo Hernández Venadero
En ella, las autoridades electorales, actores políticos, partidos y ciudadanía construyen relaciones
jurídicas para dar sustento a las distintas formas de organizar los procesos electorales.
Sin embargo, es preciso que las relaciones jurídicas tengan una orientación que tutele ciertos
valores y permita mejores condiciones de participación de los protagonistas de la contienda,
pues en ello se cierne un importante componente democrático: la igualdad.
Durante los últimos 30 años, hemos sido testigos de importantes reformas electorales que
han buscado dotar de certeza, legalidad, transparencia, seguridad jurídica y solidez a los procesos
electorales, y en dichas reformas se han dado pasos importantes hacia una democracia
de instituciones ciudadanas.
Ese parece ser el rumbo que se ha dado a nuestro sistema electoral, uno donde las reglas del
juego democrático privilegien la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, uno donde la
legalidad sea el eje rector de las autoridades encargadas de llevar las elecciones a buen puerto,
donde la participación cívica sea el motor que impulse el desarrollo de las actividades electorales,
donde la certeza de todas y cada una de las actuaciones permitan dar confianza del quehacer
electoral, donde la equidad sea el marco de competencia entre los aspirantes, pero sobre todo,
uno donde el valor democrático fundamental del respeto a la mayoría sea el que prevalezca.
En ese orden de ideas, la democracia como régimen de gobierno precisa de insumos necesarios
para su mantenimiento como forma legítima de organización política y social. Esta afirmación, se
sustenta en que la sociedad que vertebra la democracia debe identificarse con las prácticas que
la caracterizan, con la filosofía que le da soporte y principalmente debe adentrarse en sus reglas.
En años recientes, se ha discutido la necesidad de darle un nuevo impulso a nuestra democracia2.
Se buscó el camino del pluripartidismo, ajustando reglas electorales para generar espacios
de representación proporcional y esquemas de financiamiento que facilitaran condiciones de
equidad. El resultado histórico no ofreció los resultados esperados. En recientes años se discutió
la necesidad de incorporar a la legislación electoral las candidaturas independientes como
forma alterna de postulación a los partidos políticos.
2 En efecto, Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) señala que los principios democráticos clave que
constituyen la base del marco de trabajo para la evaluación son el control popular sobre los tomadores de decisiones y la
igualdad política de quienes ejercen dicho control. Estos principios definen aquello por lo que han luchado los partidarios de
la democracia de todos los tiempos y lugares: 1. Lograr que el control popular sobre la toma de decisiones públicas sea más
eficaz y más inclusivo; 2. Eliminar el monopolio de la elite sobre la toma de decisiones y sus beneficios, y; 3. Superar obstáculos
que impiden el ejercicio igualitario de los derechos ciudadanos, tales como los de género, etnia, religión, idioma, clase, riqueza,
etcétera. Asimismo, los principios fundamentales de IDEA Internacional en su tarea de apoyo a la democracia en todo
el mundo: 1. La democratización es un proceso que requiere tiempo y paciencia. 2. La democracia no se logra sólo mediante
las elecciones.3. Las prácticas democráticas se pueden comparar, pero no prescribir. 4. La democracia se construye desde el
interior de las sociedades. La democracia no se puede importar ni exportar, pero sí apoyar. Tomado de: IDEA Internacional,
Diez años de apoyo a la democracia en el mundo, Estocolmo: IDEA Internacional, 2005, p. 12.
139 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
Dicha posibilidad, fue discutida al mismo tiempo de flexibilizar los requisitos para conformar
nuevos partidos, entre otras alternativas. Lo cierto es que el sistema electoral en sí necesitaba
ampliar la oferta electoral y presentar nuevos elementos para que el elector cuente con
mayores razones para acudir a las urnas.
Desde luego que la presencia de candidatos independientes en las boletas electorales no garantiza
ser la solución para inhibir el abstencionismo como tal, pero sí resulta ser un incentivo
adicional que conjuntado con otras medidas, coadyuve en fomentar una mayor participación
en el electorado.
Al respecto, cabe señalar que desde la Constitución de 1824 hasta aproximadamente 1911,
todas las candidaturas en México, fueron independientes. No es sino hasta 1946 cuando se
fincó el monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos.
Por otro lado, la lucha por la confianza ciudadana ha propiciado fenómenos políticos muy diversos,
acentuados desde la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, y
acompasada por transiciones de partido en el gobierno en buena parte de las entidades federativas.
Al respecto, como lo apunta el maestro Gonzalo Santiago Campos:
En el año de 1977, México comienza su proceso de transición política, mismo que ha
tenido diversos momentos de ajustes y reformas, tanto legales como constitucionales.
Este proceso puede ser dividido en dos períodos, a saber:
1. De los años de 1977 a 1996, cuando las reformas políticas estuvieron orientadas a
lograr que las elecciones tuvieran como principal característica la igualdad de los competidores
en la disputa por el apoyo del electorado, mediante la constitucionalizarían de
los partidos políticos y sus prerrogativas, un sistema electoral mixto predominantemente
mayoritario, la paulatina judicialización de los procesos electorales, y la creación y fortalecimiento
de los organismos electorales encargados de la organización de las elecciones.
2. El período 1997-2000, cuyas reformas políticas estuvieron limitadas a regular las
condiciones de acceso a la contienda en las urnas. En esta etapa se presentan dos eventos
relevantes para la democracia mexicana. Primero: en las elecciones federales para
integrar la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000), el PRI perdió por
primera vez la mayoría absoluta de dicha cámara, obteniendo solamente 239 curules
de un total de 500. Segundo: la elección presidencial del año 2000 fue ganada por el
candidato del PAN (Vicente Fox Quesada), lo que implicó un cambio de rol por parte del
PRI, dejando de ser partido oficial para convertirse en partido de oposición…3.
3 Santiago Campos, Gonzalo. Las candidaturas independientes en México. Revista Derecho del Estado n.º 33, julio-diciembre
de 2014, pp. 65-99.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
140

Juan Pablo Hernández Venadero
Otro aspecto interesante lo advertimos en las distintas campañas que animaban a emitir voto
nulo durante los últimos procesos electorales, tanto federales como locales. Dichas campañas
sostenían que debería anularse el sufragio como manifestación política de rechazo al sistema
electoral, principalmente por la ausencia de alternativas más allá de la oferta proveniente de
los partidos políticos.
Un antecedente de interés, lo tenemos en el estado de Yucatán, entidad que en el 2006 incorporó
la figura de candidaturas electorales independientes. Dicha reforma se puso en marcha
para las elecciones locales celebradas en el 2007, en la cual surgió el primer candidato independiente
ganador, en la persona del Adonay Sierra Avilés, como primer edil de Yobaín.
En ese orden de ideas, como parte de la evolución propia de estos procesos y prácticas democráticas,
el Constituyente Permanente estimó pertinente incorporar al texto constitucional el
reconocimiento expreso para que un ciudadano pueda contender en forma independiente4 en
las elecciones, con lo cual se rompió el llamado “monopolio” de partidos políticos.
Cabe señalar que conforme al derecho internacional no se puede obligar a nadie a afiliarse
a una asociación política, “a menos que se reconozca a los partidos el monopolio de las
postulaciones, no se debe impedir que los individuos sean nominados como candidatos independientes
o no afiliados”5. Conforme a ese estándar, en nuestro país, dicho monopolio
desapareció.
En efecto, a partir de la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 el artículo 35, fracción
II establece lo siguiente:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (…) II. Poder ser votado para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. (…).
Por su parte, en la exposición de motivos de la reforma constitucional se sostuvo expresamente
lo siguiente:
4 El Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos define al candidato independiente como “el aspirante a un
cargo de elección popular que no está afiliado a un partido político” (INEP) (consultado el quince de diciembre de 2015, en
la liga http://diccionario.inep.org/C/CANDIDATO-INDEP.html). Por su parte, en la obra denominada Lectura Regional Comparada.
En Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, se puede apreciar la definición del doctrinista Raúl
Ferreyra, quien sostiene candidato independiente es la nominación para ocupar un cargo electivo, cuyo rasgo peculiar y sobresaliente
consiste en que tal oferta política se realiza sin el concurso ni principal ni complementario de un partido político.
5 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) Normas electorales internacionales:
Directrices para revisar el marco legal de las elecciones, Halmstad, Suecia: Bulls Tryckeri, 2002, p. 51.
141 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
…Queremos fortalecer la participación ciudadana con candidaturas independientes que
no sirvan para vaciar a los partidos políticos ni se contrapongan a ellos, estableciendo
reglas en la Constitución al igual que los partidos, para que ni los partidos capturen
candidatos independientes como propios, ni los que salgan derrotados en procesos
internos de los partidos acudan de inmediato a la candidatura independiente para debilitar
el sistema de partidos.
(…)
Las candidaturas Independientes son una vía de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos en un régimen democrático. La apertura en esta materia, significa un
avance en la construcción de nuestra democracia. El derecho ciudadano a “votar y ser
votado” forma parte de los derechos civiles y políticos reconocidos a nivel nacional e internacional.
No obstante, en el caso de México este tema es una asignatura pendiente,
cuando la tendencia internacional es el fortalecimiento de los regímenes democráticos
a partir de la coexistencia de un sistema de partidos y de candidaturas independientes.
La iniciativa plantea una revisión estructural del artículo 41 de la Constitución, a efecto
de incorporar como parte de las funciones del Estado, además de las de la democracia
participativa, la reglamentación básica de las candidaturas independientes, bajo la premisa
de que la Carta Magna permite, de manera indubitable, esta figura.
(…)
En este contexto, al no prohibir el registro y participación de los candidatos independientes
y subsumida en el paradigma del derecho ciudadano de “votar y ser votado”,
lo que proponemos es adicionar una fracción V con tres apartados al párrafo segundo
del artículo 41, de modo que, se regulen las candidaturas independientes, y que en su
oportunidad se desarrollen las bases que sirvan de referente a las constituciones y leyes
electorales de los estados y el Distrito Federal.
(…)
Con el fin de propiciar que las candidaturas independientes se constituyan en verdaderos
mecanismos de participación de ciudadanos que no se sienten representados
ideológica o programáticamente por alguno de los partidos políticos 6.
6 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Senador Arturo Núñez Jiménez (PRD), a nombre propio y de los
Legisladores de los grupos parlamentarios del PRD, PT y Convergencia de ambas Cámaras del Congreso. Consultado en el
sitio: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/258_DOF_09ago12.pdf
JUSTICIA Y SUFRAGIO
142

Juan Pablo Hernández Venadero
Con esta reforma se marca una diferencia en las prácticas democráticas mexicanas, pues
como resultado apreciamos un buen número de ciudadanos que tanto en el ámbito federal
como local han solicitado su registro para contender por la vía independiente.
Al respecto, en la obra denominada “Origen y balance de las candidaturas independientes” el
maestro Efrén Arellano Trejo, sostiene que:
En las elecciones de 2015, federales y locales, participaron 118 candidatos independientes,
de los cuales 70 compitieron por una presidencia municipal o jefatura
delegacional (60%), 45 participaron por una diputación local o federal (38%) y 3 para
gobernador (2%). Cuatro entidades agrupan la mitad de dichas candidaturas. Se trata
de Nuevo León (con 23 candidaturas), Distrito Federal (12), Michoacán (12) y Estado
de México (11). Solamente seis candidatos obtuvieron el triunfo: uno a la gubernatura
de Nuevo León; otros tres serán presidentes municipales (en Morelia, Michoacán;
García, Nuevo León y Comonfort, Guanajuato); un diputado local en Jalisco y un diputado
federal en Sinaloa. Del resto de los candidatos se puede observar que casi la mitad
(46.6%) obtuvo menos del cinco por ciento de los votos; otra cuarta parte entre más
de 5 y menos de 10%; un 17% obtuvo entre 10 y 20%; y solamente uno de cada diez
obtuvo de 20 a 45% de la votación.
CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE LOGRARON GANAR LAS ELECCIONES EN 2015
NOMBRE ENTIDAD CARGO
Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón
César Adrián
Valdés Martínez
José Alberto
Méndez Pérez
Alfonso
Martínez
Manuel Jesús
Clouthier
Carrillo
José Pedro
Kumamoto
Aguilar
DISTRITO
ELECTORAL
VOTOS
OBTENIDOS
Nuevo León Gobernador Nuevo León 1,020,552 48.8
Nuevo León
Guanajuato
Michoacán
Sinaloa
Presidente
Municipal
Presidente
Municipal
Presidente
Municipal
Diputado
Federal
García 25,557 41.7
Comonfort 7,315 29.3
Morelia 67,385 27.4
Culiacán 43,730 42.5
Jalisco Diputado Local Distrito Décimo 51,478 37.7
De tal manera que en el balance general aparecen dos grandes polos. Por un lado, un pequeño número de candidatos
que obtuvieron triunfos significativos y relevantes; y del otro la gran mayoría que lograron despertar
el interés de la ciudadanía pero que no lograron ser competitivos en las elecciones en las cuales participaron 7 .
%
7 Arellano Trejo, Efrén. Origen y balance de las candidaturas independientes. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Documento de Trabajo núm. 193, junio de 2015. Págs. 32 y 33.
143 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
De esta manera, podemos advertir una evolución en la forma de postulación de candidatos,
pues en la actualidad se transformó a uno de corte abierto, por lo cual estamos en presencia
de un cambio sustancial para el sistema jurídico, así como para el desarrollo y solvencia de la
democracia mexicana.
Asimismo, la reforma a nivel constitucional marca una nueva etapa en el modelo de democracia
participativa, y en la lógica de la competencia electoral entre aspirantes a cargos de
elección popular.
Por tanto, el ajuste constitucional descrito tiene que ver con la necesidad de fomentar la participación
ciudadana, mejorar las condiciones de competencia electoral, diversificar la oferta
electoral y generar espacios de representación política para ciudadanos sin filiación partidista,
en los cuales los ciudadanos se sientan parte de los procesos en la toma de decisiones.
No obstante lo anterior, es imperativo puntualizar que la inclusión de aspirantes independientes
no marca una ruptura del sistema de partidos, sino que tiende a fortalecer el sistema
electoral, pues indudablemente, sin los partidos políticos la democracia estaría en graves problemas,
en este sentido, ampliar la base de derechos políticos es una opción.
Desde esa perspectiva, las candidaturas independientes amplían el acceso de la ciudadanía a
los cargos de elección popular, dicho de otra manera, el derecho a ser votado se hizo más dúctil
para aquellos que, con el simple hecho de pretender ejercer su derecho de participación en
los asuntos públicos de la sociedad, pudiesen contender con toda legitimidad.
ALGUNAS PROBLEMÁTICAS
El estado de cosas de las candidaturas independientes a partir de la reforma constitucional de
2012 ha marcado un importante auge con algunos altibajos.
En principio de cuentas, la emisión de legislaciones estatales electorales en materia de candidaturas
independientes presentó una cierta demora8, pues se requirieron varios años para
tener un marco jurídico reglamentario que diera certeza sobre las reglas de participación de
esta figura electoral.
8 Para efectos de regular lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional, los artículos segundo y tercero transitorio
del dictamen de reforma determinan que para expedir su respectiva legislación reglamentaria, el H. Congreso de la Unión
contaba con un año a partir de la entrada en vigor del referido instrumento normativo, es decir, hasta el 10 de agosto de
2013, lo mismo ocurre para los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para efectuar las
adecuaciones necesarias a su legislación secundaria (DOF, 2012).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
144

Juan Pablo Hernández Venadero
Aunado a ello, en la práctica, la posibilidad de que los candidatos independientes participen en
los procesos electorales aún cuenta con limitaciones en la ley. Faltan aún pasos hacia la consolidación
de una igualdad plena y eficaz, entre los candidatos independientes y de partido.
Desde esa perspectiva, el problema del sistema electoral mexicano podría ser la incompatibilidad
entre el propósito de las candidaturas independientes, que buscan promover mayor participación
ciudadana, y el diseño del sistema, pensado para la competencia entre partidos políticos.
Al respecto, en la Red de conocimientos Electorales “Ace Project” se señala que:
…En países como Inglaterra, los candidatos presentan sus nominaciones sobre una base
individual. Las reglas para los candidatos nominados por los partidos políticos no tienen
diferencia con el proceso que otros candidatos deben seguir. En algunos otros países,
el procedimiento de registro para “independientes” difiere del de los nominados por los
partidos.
Por ejemplo, en Australia, a los candidatos independientes y los candidatos nominados
por partidos políticos sin registro no se permite que tengan un logotipo al lado de sus
nombres en la boleta de votación. Tampoco, tienen la facultad de recibir recursos del
estado para los gastos de su elección.
En países como los Estados Unidos, hay barreras especiales que los independientes y
los miembros de los partidos pequeños deben librar antes de que sus nombres se incluyan
en las boletas. Estos candidatos son requeridos para recolectar un gran número
de firmas para sostener sus nominaciones. Los candidatos de los dos partidos establecidos
-Republicanos y Demócratas- están libres de esta tarea.
Esta noción marca una problemática clara en las prácticas electorales en el mundo sobre el
tratamiento de los candidatos independientes.
Al parecer existe un consenso en los países que permiten a las candidaturas independientes
exigir para su registro, una determinada cantidad de firmas en apoyo del candidato. El elemento
importante es la cantidad de las firmas requeridas, ya que al ser un número muy alto,
puede desvirtuar la figura de candidato independiente e impedir a los ciudadanos participar
en la elección.
En el plano nacional, atento a estas y otras problemáticas relacionadas con la igualdad de oportunidades
y el acceso a las candidaturas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación han generado criterios jurisdiccionales encaminados
a facilitar el camino de los ciudadanos que buscan el registro.
145 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
En ese sentido, me gustaría brevemente exponer algunos de estos criterios en donde se ha
interpretado el marco jurídico en materia de candidaturas independientes, de manera que se
han dado pasos importantes hacia la construcción de un modelo de igualdad entre dichos candidatos
y los que surgen de los partidos políticos.
ANTECEDENTES Y CRITERIOS JUDICIALES
Hay múltiples precedentes judiciales como el caso del ciudadano Manuel Guillén Monzón,
quien en el año 2001 aspiraba a ser registrado como candidato independiente a la gubernatura
de Michoacán, también tenemos el conocido caso Castañeda Gutman vs. México, donde
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió la necesidad de implementar
un recurso judicial efectivo en materia de candidaturas independientes, sin olvidar el
caso del “Doctor Simi”, y más recientemente el caso de Manuel Clouthier Carrillo y otros ciudadanos,
estos últimos aspirantes a la presidencia de la República, en los que se abordó la
problemática jurídica y sin duda hay elementos muy interesantes a considerar.
DERECHO A SUBSANAR
En materia de registro de la candidatura, la Sala Superior ha determinado que la autoridad electoral
debe requerir al interesado para que subsane las deficiencias dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes al requerimiento, incluso cuando la presentación del escrito sea próxima
a la culminación del plazo de registro y no sea dable su desahogo en la fecha límite conforme
a las disposiciones normativas, pues de esa forma se privilegia el derecho de audiencia, reconocido
en el artículo 14 de la CPEUM y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos al favorecer que los aspirantes estén en posibilidad de contender en procesos comiciales
a cargos de elección popular, sin ser sometidos a requisitos que obstaculicen o hagan
nugatoria la modalidad de participación política elegida 9 .
DERECHOS DE REPRESENTANTES DE INDEPENDIENTES
Asimismo, fijó los alcances de los derechos de sus representantes para ejercer su función ante
las autoridades electorales, entre los que destacan el derecho a ser convocados oportunamente
con la documentación respectiva, intervenir y hacer uso de la voz en las sesiones ante los
consejos correspondientes, así como todas las prerrogativas para garantizar el ejercicio de la
función que tienen encomendada, a fin de privilegiar la intervención y defensa efectiva de sus
representados, en observancia al principio de equidad dentro de los procesos electorales 10 .
9 Jurisprudencia 2/2015.
10 Tesis LXVI/2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
146

Juan Pablo Hernández Venadero
PROPAGANDA
La Sala Superior también determinó que la propaganda electoral de los candidatos independientes
debe ser diferente de la que difundan los partidos políticos, por lo que debe estar
orientada a comunicar los principios, posicionamientos, programas, ofertas y/o agenda política
de los candidatos, ya que de esa forma atiende a la naturaleza, finalidad y razones de la
creación de ese tipo de participación: que la ciudadanía cuente con formas de participación
políticas alternas al sistema de partidos; lo que no se lograría si se difunde conjuntamente con
propaganda de éstos o de sus candidatos, porque se podría confundir al electorado al transmitirle
la idea de alguna unión entre ellos11.
FIRMAS DE APOYO
Por otro lado, consideró que el requisito consistente en la acreditación de un número o porcentaje
determinado de firmas de apoyo a la candidatura independiente es necesario, porque
al igual que los ciudadanos que son postulados por un partido político, quienes aspiran a ser
registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con respaldo ciudadano y,
por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de votos para acceder al
cargo público que se pretende; es idóneo, porque permite inferir que quien lo cumple, es una
auténtica opción política en una contienda electiva y, por tanto, puede aspirar a obtener una
mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un puesto de elección popular; y es proporcional,
porque evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una
contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía. Todo lo anterior soporta su fin legítimo,
al ser acorde con los principios constitucionales de equidad en la contienda así como de
igualdad de condiciones entre todos los participantes de un proceso electoral12.
INCONSTITUCIONAL EXIGIR DOMICILIO EN RESPALDO CIUDADANO
De la misma manera, determinó que el requisito de incluir en el formato de apoyo ciudadano
el domicilio de las personas que otorgan el respaldo para el registro de las candidaturas independientes
falta a la regularidad constitucional, ya que es desproporcionado que a efecto
de verificar la certeza de ese apoyo, se exija a las personas que proporcionen su domicilio, al
tratarse de un dato que se encuentra resguardado por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales y existir mecanismos menos gravosos para verificarlo, en tanto que la autoridad
encargada del padrón electoral puede obtenerlo a través del cruce que efectúe de los datos
ahí asentados con la clave de elector que se registre al otorgar el respaldo de referencia.
11 Tesis LII/2015.
12 Tesis II/2015.
147 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
Asimismo, interpretó que el requisito consistente en la obligación del aspirante a candidato
independiente a diputado federal por el principio de mayoría relativa, de capturar los datos de
los ciudadanos que lo respalden en el sistema electrónico informático emitido por la autoridad
administrativa electoral, no cumple con los criterios de idoneidad y necesidad, dado que
en el artículo 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se prevé como requisito para ser registrado en ese tipo de candidatura
la presentación de la cédula de respaldo ciudadano. Además, es irrazonable porque requerir
la transcripción y captura de esos datos a quien solicite su registro a una candidatura independiente,
puede conllevar al error, pues no cuenta con los recursos humanos necesarios para
poder cumplimentar el requisito en cuestión, ni recibe financiamiento de carácter público para
la obtención del apoyo ciudadano 13 .
FINANCIAMIENTO
Un criterio fundamental sostenido de manera reciente para privilegiar el principio de equidad
en materia electoral entre candidatos independientes y partidos políticos, consiste en que los
primeros no le es aplicable el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
En efecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que los partidos políticos
y los candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables,
de modo que el marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Además,
al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden representando
a un partido político, el hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el
público, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección 14 .
En otro criterio interesante sobre esta temática, el órgano especializado del Poder Judicial de
la Federación en temas electorales, resolvió que una vez superada la etapa de registro, las candidaturas
independientes deberán regirse por un marco normativo en relación con la obtención
de recursos públicos que les permitan contender en igualdad de circunstancias respecto de
sus similares postulados por algún partido político de nueva creación más allá de las diferencias
evidentes o de las derivadas del texto constitucional, lo cual es acorde con la equidad que
debe regir en materia de financiamiento 15 .
OMISIÓN DE LEY
Otra intelección favorecedora al derecho a contender por la vía independiente consistió en que
ante la ausencia de ley secundaria, las autoridades electorales administrativas deben adop-
13 Tesis III/2015.
14 Tesis XXI/2015.
15 Tesis LIII/2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
148

Juan Pablo Hernández Venadero
tar las medidas necesarias a efecto de privilegiar su pleno ejercicio, en observancia al marco
constitucional, convencional y demás normativa aplicable 16 .
En esa misma línea, sostuvo que el poder revisor de la constitución otorgó a los órganos legislativos
locales un plazo determinado para que, en el ámbito de su competencia, emitieran la
ley correspondiente, a fin de cumplir con dicho mandato. Por tanto, el incumplimiento de ese
deber implica una privación del derecho a ser votado de aquellos que tengan interés en participar
políticamente bajo esta modalidad de candidatura, ya que son afectados al no conocer
los requisitos, condiciones y términos, violentando así los principios de certeza y seguridad jurídica,
así como los derechos a la igualdad jurídica y la no discriminación 17 .
LISTA DE APOYO CIUDADANO
En otro orden de ideas, la Sala Superior consideró que atendiendo a la diversa naturaleza de
las obligaciones, finalidades y regulación de cada figura, la lista de apoyo ciudadano para obtener
el registro como candidato independiente no es asimilable al padrón de militantes de
los partidos políticos 18 .
INCONSTITUCIONAL EXIGIR FE NOTARIAL
También sostuvo que el artículo 18, fracciones II y III, de la Ley Electoral del estado de Zacatecas,
al establecer que la relación de apoyo ciudadano, conteniendo las firmas autógrafas de
quienes respaldan una candidatura independiente, se haga constar mediante fe de hechos notarial,
y que la copia de sus credenciales de elector sean cotejadas con su original por fedatario
público, es inconstitucional, porque prevé requisitos que no son proporcionales, que impiden
a los candidatos independientes contender en los procesos electorales en igualdad de condiciones
respecto de los demás actores políticos dado su difícil cumplimiento, pues implica la
movilización masiva de los ciudadanos que deben acudir ante el fedatario público a expresar
dicho respaldo, con lo cual se obstaculiza el derecho de acceder a las candidaturas independientes
y la participación ciudadana en la vida democrática del país 19 .
INCONSTITUCIONAL ESCRITO DE INTENCIÓN CUANDO NO ESTÉ PREVISTO EN LEY
También declaró inconstitucional el artículo 13, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Candidaturas
Independientes del estado de Zacatecas, cuando exige como requisito para el registro de
candidatos independientes, la presentación previa de un escrito de intención, pues excede la
16 Tesis V/2015.
17 Tesis LXXXII/2015.
18 Tesis VI/2015.
19 Tesis VII/2015.
149 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
facultad reglamentaria de ese órgano electoral al prever un requisito no contemplado en la ley,
lo cual se traduce en una restricción al derecho fundamental de ser votado 20 .
ACCESO A MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
En otro aspecto, la Sala Superior determinó que la obligación de los candidatos independientes
a cargos de elección local, de entregar al organismo público local los materiales para la
difusión de sus promocionales, garantiza el goce de su prerrogativa de acceso a los medios de
comunicación (Radio y Televisión), para lo cual estableció que de lo dispuesto en los artículos
37, párrafo 4, y 43, párrafos 3 y 4, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
no vulnera su prerrogativa de acceso a los medios de comunicación social.
ACCESO A JUSTICIA
Asimismo, en materia de acceso a justicia por parte de candidatos independientes, se determinó
que el juicio de revisión constitucional electoral puede ser promovido por aquellos
ciudadanos que ostentan dicha calidad, cuando la legislación estatal aplicable reconozca esas
candidaturas y reglamente su participación para contender en las elecciones. Esto es así, porque
al considerar las particularidades de dichas candidaturas, se hace necesario homologarlas
con el régimen de medios de impugnación imperantes en el sistema electoral mexicano, para
preservar condiciones equitativas en el acceso a la justicia electoral, tanto para los partidos
como para los candidatos postulados por un grupo de ciudadanos 21 .
Con estos y otros interesantes criterios, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación da contenido y sustancia al derecho político electoral de ser votado en
forma independiente de los partidos políticos, con lo cual estimo se dan pasos importantes
hacia la consolidación de esta importante figura.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos criterios interesantes
sobre candidaturas independientes al resolver acciones de inconstitucionalidad sobre
leyes electorales.
Entre ellos, destacó el sustentado en la acción 32/2014 y sus acumuladas 40 y 42, sentencia
en la cual sostuvo que las figuras jurídicas de partidos políticos y candidatos independientes
no pueden considerarse equivalentes, pues las mismas tienen naturaleza y fines distintos.
Asimismo, en la diversa acción de inconstitucionalidad 35/2014, el Tribunal Pleno determi-
20 Tesis VIII/2013.
21 Tesis XXIX/2007.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
150

Juan Pablo Hernández Venadero
nó que es constitucional el requisito para ser registrado como candidato independiente la
constitución de una asociación civil integrada al menos por el propio aspirante a candidato
independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de
la candidatura independiente, al considerar que es una medida razonable y no constituye un
requisito excesivo o desproporcionado pues únicamente pretende dar un cauce legal a las relaciones
jurídicas que se entablen con la candidatura independiente. Por un lado, provee a la
candidatura independiente de una estructura mínima que facilita su actuación a través de los
distintos miembros de la asociación; por otro lado abona a la transparencia, al permitir distinguir
claramente entre los actos jurídicos del candidato independiente en su esfera personal y
los relacionados con su candidatura; sin que ello pueda llegar a constituir un obstáculo o carga
excesiva, pues si bien implica un trámite y un costo para quien aspire a ser candidato independiente,
ello guarda proporción con la finalidad de la candidatura, que es la de acceder a un
cargo de elección popular.
En otro aspecto, al Alto Tribunal determinó que es inconstitucional solicitar una fianza para ser
registrado como candidato independiente (acción de inconstitucionalidad 38/2014). En efecto,
el establecer una “fianza” para garantizar el cumplimiento de las previsiones normativas de
la ley electoral local, implica la introducción de un criterio de orden económico tanto para la
selección como para el registro de las candidaturas independientes, que no se contempla en el
texto de la norma suprema y atenta contra el acceso igualitario al sufragio pasivo. Asimismo,
mermaría las iguales oportunidades a los ciudadanos para tener acceso a las funciones públicas.
Aceptar una premisa en donde, quede supeditada la incorporación de una fianza para la
selección y registro de candidaturas generaría un efecto inhibitorio de los ciudadanos que pueden
costearla, dado que no es la capacidad económica ni el dinero el criterio imperante para
ejercer los derechos contenidos en el artículo 35 fracción II y numerales 23 y 25 de los tratados
del Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos. Por ello, no
se puede convalidar un requisito de carácter económico que en los hechos impedirá que muchos
ciudadanos puedan participar por no cubrir con la fianza requerida.
Una vez reseñados estos criterios, podemos apreciar como el Poder Judicial de la Federación
marca estándares jurídicos que tienden a facilitar el ejercicio del derecho a postularse por la
vía independiente, a través de dos rutas jurídicas: una, flexibilizar los requisitos para acceder
al registro, y dos, propiciar condiciones de equidad en la competencia electoral, principalmente
en la etapa de campaña.
Pero surge una pregunta: ¿Qué pasa en la etapa de resultados y asignación? Tradicionalmente
los criterios que han animado tanta la ley como la jurisprudencia han venido limitando la
participación de candidatos independientes en la asignación de curules o regidurías de representación
proporcional (RP), por mencionar un ejemplo.
151 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
A continuación, expondremos un novedoso criterio adoptado por una ejecutoria de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual confirmó en lo que
interesa, la decisión adoptada por la Sala Regional Monterrey del propio Tribunal, en donde se
reinterpreta este punto jurídico para permitir la asignación de aspirantes independientes en
regidurías de representación proporcional.
RESUMEN DEL CASO RELEVANTE, CONSIDERACIONES TORALES DE LA SENTENCIA Y
CONCLUSIÓN
El asunto que se opina versa sobre la resolución de un recurso de reconsideración resuelto por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual interpretó
que los candidatos independientes cuentan con el derecho a participar en la asignación de regidurías
de representación proporcional en el caso de ayuntamientos 22 .
El presente asunto, tiene que ver con la elección municipal de San Pedro Garza García, Nuevo
León, en el cual la planilla de candidatos independientes obtuvo el segundo lugar en los comicios,
no obstante, la autoridad administrativa electoral local omitió asignarle regidurías de
representación proporcional y en su lugar lo hizo a los partidos políticos que ocuparon el tercero
y cuarto lugar.
Dicha determinación se fundó en una lectura específica de los artículos 191, 270, 271 y 272
de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que en concepto de la autoridad electoral administrativa
electoral excluye a los candidatos sin partido de la asignación de representación
proporcional.
Agotadas las instancias jurisdiccionales pertinentes, el asunto se presentó ante la Sala Superior
quien determinó, en esencia, que toda restricción a un derecho humano debe responder
a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, por lo que solo de esa manera podría
justificarse un trato desigual entre los candidatos independientes y los postulados por los partidos
políticos.
En ese sentido, se estimó que no había una incompatibilidad entre la manera en que se postulan
candidatos independientes y el mecanismo para asignar regidurías de representación
proporcional.
Por lo cual, se consideró que a partir de una interpretación conforme de los preceptos de la legislación
local, con lo dispuesto en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política
22 Este criterio se adoptó por unanimidad de votos, respecto al primero y segundo resolutivo, y por lo que respecta al tercer
resolutivo, por mayoría de votos, de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al resolver el Recurso de Reconsideración identificado como SUP-REC-564/2015.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
152

Juan Pablo Hernández Venadero
de los Estados Unidos Mexicanos, es posible arribar a la convicción de que, tratándose de los
candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, toda vez que los mismos
resultan de las candidaturas por el principio de mayoría relativa, no cabe hacer distinción
alguna para efectos de la asignación.
Lo anterior tomando en cuenta que los artículos invocados se refieren a la “votación válida
emitida”, la cual se utiliza para la referida asignación, por lo cual lo congruente es el que la votación
obtenida por la planilla de candidatos independientes sí sea considerada para efectos
de determinar la votación válida emitida, pues de no hacerlo, se provocaría una distorsión en
la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional. Asimismo, atendiendo
a una interpretación sistemática, en aquellas porciones normativas en donde se indica que la
asignación de regidurías se hará a los partidos políticos, este último término deberá entenderse
en un sentido amplio e incluir a las planillas de candidatos independientes, como una fuerza
política más con pleno derecho a dicha asignación, robusteciendo su lectura en lo dispuesto
por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar
que la restricción en estudio vulnera el carácter igualitario del voto previsto en la fracción II
del artículo 35 de la Constitución Federal, así como en los artículos 23, numeral 1, inciso b),
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
Con base en dicha argumentación, se concluyó que al no existir una prohibición expresa para
que los candidatos independientes accedan a regidurías de representación proporcional, aunado
a que las normas relativas a derechos humanos se deben de interpretar favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia, se confirmó que los candidatos independientes
gozan de los mismos derechos que los partidos políticos, y por ende a la asignación de
regidurías por el principio de representación proporcional.
Por tanto, se confirmó la nueva asignación realizada por la Sala Regional que en su momento conoció
del asunto, en la cual se concedió dos regidurías a la planilla de candidatos independientes.
Al respecto, comparto el criterio adoptado en esta resolución, puesto que estimo sería un
contrasentido reconocer el derecho de candidaturas independientes en una planilla para
contender en la elección municipal para mayoría relativa, y que se les niegue el derecho de
participar en la asignación de representación proporcional, porque no solamente es restringir
el derecho a los ciudadanos que participan en una planilla de independientes, sino también se
estaría afectando la representación de los ciudadanos que votaron por esa planilla.
Además, considero que el voto de los mexicanos no puede ser diferenciado entre el modelo
de partidos políticos y los candidatos independientes, sino que en lo posible debe prevalecer
un tratamiento jurídico igualitario entre los sujetos de derecho electoral.
153 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
En ese orden de ideas, cuando se alegan violaciones al principio de igualdad, en virtud de la
existencia de diferenciaciones arbitrarias, como en el caso la exclusión para efectos de asignar
regidores de RP entre candidatos de partido e independientes, se precisa desarrollar un
juicio de igualdad.
Es la teoría de la clasificación razonable, que intenta resolver la confrontación entre el principio
constitucional de igualdad y la potestad del legislador de diferenciar. Según esta doctrina
jurisprudencial, el principio de igualdad no obliga necesariamente a las leyes a tratar de forma
idéntica a todos los ciudadanos. Lo que hace es obligar al legislador a realizar una clasificación
razonable, es decir, a que la diferencia en el trato que recoge la ley responda a parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad.
En la jurisprudencia mexicana, las conculcaciones al principio de igualdad suelen analizarse,
básicamente, a la luz de un test de razonabilidad.
Ahora bien, en el caso, los artículos 191, 270, 271 y 272 de la Ley Electoral para el Estado
de Nuevo León excluyen a los candidatos independientes del derecho a acceder a los cargos
de regidores por el principio de representación proporcional, pues reservan esta figura para
los partidos políticos.
Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las legislaturas
estatales tienen libertad para definir, dentro de los márgenes que establece la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reglamentación del principio de representación
proporcional. Sin embargo, también ha dejado en claro que esa libertad no se
puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por la Ley Suprema que
garantizan la efectividad del sistema electoral mixto.
Asimismo, en concepto del máximo órgano constitucional, la libertad configurativa del legislador
se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos
humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. Ello, porque
el principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a los demás
derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de
dicho derecho puede ser susceptible de constituir una violación al citado derecho.
Ahora bien, en el caso concreto no se advierte que la diferencia de trato para las planillas de
candidatos independientes en el acceso a las regidurías de representación proporcional responda
a una finalidad legítima o razonable.
A partir de la reforma constitucional de nueve de agosto de dos mil doce, se incluyó expresamente
en el artículo 35 constitucional la posibilidad de los ciudadanos de ser votados en su
JUSTICIA Y SUFRAGIO
154

Juan Pablo Hernández Venadero
calidad de candidatos independientes, como una alternativa a la participación a través de los
partidos políticos.
En consecuencia, mediante posterior reforma de veintisiete de diciembre de dos mil trece, la
Constitución federal sufrió una nueva reforma, esta vez en su artículo 116, a efecto de establecer
la obligación de que en las constituciones y leyes de los estados se fijen bases y
requisitos para los ciudadanos que solicitaran su registro como candidatos independientes a
cargos de elección popular.
Esto revela la aceptación, desde el texto constitucional, de esta nueva forma de participación
ciudadana, y si bien la reglamentación de la misma es facultad de las legislaturas estatales,
esta libertad no puede llegar al grado de crear diferencias materiales, de modo que el régimen
que les sea aplicable durante la asignación de cargos de representación proporcional sea irrazonablemente
distinto.
En ese sentido, si la finalidad del principio de representación proporcional es que la expresión
del electorado en el voto se traduzca en cargos públicos, y que todas las opciones políticas
estén representadas según la fuerza política y el respaldo popular que tengan, resulta claro
que no existe razón alguna para negar a las planillas de candidatos independientes, el acceso
a una regiduría de representación proporcional.
Finalmente, cabe destacar que esta necesidad de igualdad jurídica entre los candidatos, también
es un estándar internacional. Al respecto, la Comisión Europea para la Democracia por el
Derecho –Comisión de Venecia– emitió el “Código de buenas prácticas en materia electoral”,
el cual contiene una serie de directrices, entre las que destaca la relativa a la igualdad de oportunidades
entre los partidos y los candidatos, misma que debe entenderse como un mandato
para orientar las decisiones políticas hacia la búsqueda de que sea el electorado y no el marco
normativo e institucional, quien decida quien los representa.
Por ello, mi opinión es que el criterio sustentado en esta ejecutoria no solo favorece el ejercicio
del derecho al voto pasivo de los candidatos independiente, sino que además contribuye a
una efectiva inclusión y decisión popular en el ejercicio de la representación política.
155 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Aproximación al modelo de igualdad entre candidaturas independientes y de partido: caso de Ayuntamientos
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA
Arellano Trejo, Efrén. Origen y balance de las candidaturas independientes. Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de Trabajo núm. 193, Junio de
2015. pags. 32 y 33.
Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos (consultado el quince de
diciembre de 2015, en la liga http://diccionario.inep.org/C/CANDIDATO-INDEP.html)
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Internacional, 2005, p. 12.
IDEA Internacional. Normas electorales internacionales: Directrices para revisar el marco
legal de las elecciones, Halmstad, Suecia: Bulls Tryckeri, 2002, p. 51
Montoya Zamora, Raúl. Candidaturas Independientes en México. 1 e., México, ed. Ubijus,
2015.
Santiago Campos, Gonzalo. Las candidaturas independientes en México. Revista Derecho
del Estado n.º 33, julio-diciembre de 2014, pp. 65-99.
Zovatto, Daniel. Lectura Regional Comparada. En Regulación Jurídica de los Partidos Políticos
en América Latina, coord. Daniel Zovatto, 3-187. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas-UNAM.
Legislación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Código de buenas prácticas en materia electoral.
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Sentencias
Sala Superior
SUP-REC-564/2015 Y ACUMULADOS
Sala Regional Monterrey
SM-JDC-535/2015
Iniciativas
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada
por el Senador Arturo Núñez Jiménez (PRD), a nombre propio y de los Legisladores
de los grupos parlamentarios del PRD, PT y Convergencia de ambas Cámaras del
Congreso. Consultado en el sitio: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/258_DOF_09ago12.pdf
JUSTICIA Y SUFRAGIO
156

E ENSAYOS
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ESPECIAL EN MATERIA ELECTORAL EN EL
ESTADO DE JALISCO
Special disciplinary procedure in electoral matter
in the state of Jalisco
José Alberto López Damián1
Recepción: 25 de marzo de 20016.
Aprobación para publicación: 16 de mayo de 2016.
Pp. 157-168.
Resumen:
La reforma en materia político-electoral trajo grandes cambios para nuestro país, entre
otros y probablemente de menor auge es el relativo al Procedimiento Sancionador Especial,
medio que tienen a su disposición los diferentes actores políticos para tramitar
quejas o denuncias cuando consideran se están vulnerando las reglas del proceso electoral,
el ensayo presenta un panorama general respecto de dicho procedimiento, expone
algunos aciertos y desaciertos y el trámite mediante el cual se sigue.
Palabras clave:
Procedimiento, proceso electoral, reforma política, autoridad electoral y Jalisco.
Abstract:
The electoral-political reform brought big changes for our country, among others and
probably the less popular, is the one related to Special Disciplinary Procedures, which is
the resource that the different political dispose to promote complaints when they consider
the rules of the electoral process have been violated, the essay presents a general
overview regarding this procedure, it offers a view of the qualities and weaknesses and
the process by which it is followed.
Keywords:
Procedure, electoral process, politic reform, electoral authority, State of Jalisco.
1 Maestrante de la Maestría en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco. Secretario Particular y Coordinador de la Secretaría General del Congreso del Estado de Jalisco.
Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política en la LXI Legislatura.
157
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto y naturaleza jurídica. III. Sujetos responsables e
infracciones. IV. Sanciones. V. Del procedimiento. VI. Principios que lo rigen. VII. Conclusiones
y propuestas. VIII. Lista de referencias.
INTRODUCCIÓN
Para justificar e iniciar el ensayo, parto de la premisa de la necesidad de seguir la pista de
este procedimiento, novedoso a partir del pasado proceso electoral en Jalisco, en razón de
las modificaciones hechas al libro sexto del Código Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, en donde ahora las reglas cambian ya que corresponde al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad federativa, ser autoridad instructora y
el Tribunal Electoral, autoridad competente para sancionar a los sujetos infractores en caso
de comprobarse la probable realización de irregularidad.
Resulta por demás efectiva la reforma en materia político-electoral en donde Jalisco también
jugó, por decirlo así, con nuevas reglas para el pasado proceso electoral en el que, entre los
cambios, vemos un nuevo Procedimiento Especial Sancionador, asemejado al iusponiendo, en
donde las reglas proponen una forma inmediata y expedita para que cesen las conductas que
pudieran poner en peligro al proceso electoral y sus actores, pero dada la experiencia recabada
precisamente de este ejercicio, se verán algunos aciertos pero también errores y deficiencias
derivados de la propia legislación respecto de esta figura jurídica, lo que justifica el estudio con
el fin de hacer las propuestas y conclusiones que servirán como marco referencial al momento
del panorama vigente estatal.
Al realizar el ensayo, nos encontramos con que es muy escasa la información bibliográfica
respecto del tema, se toma como base lo relativo al Procedimiento Sancionador Especial, así
denominado a nivel federal, así como el acervo legal y jurisprudencial para el desarrollo del
mismo, todo con la finalidad de que su estudio esté apegado a la realidad que se vive en el estado
de Jalisco.
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Con motivo de la reforma constitucional federal en materia político-electoral, publicada el diez
de febrero de dos mil catorce, así como la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, el veintitrés de mayo del mismo dos mil catorce; los ordenamientos constitucionales
y legales de las entidades federativas sufrieron modificaciones, en ese sentido en el
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se suprimió la atribución
de resolver los Procedimientos Sancionadores Especiales al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, conservando éste sólo la facultad de instruir el procedimiento e integrar el
JUSTICIA Y SUFRAGIO
158

José Alberto López Damián
expediente, para que la declaración de la existencia o inexistencia de la violación sea competencia
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Según Manuel González Oropeza 2 , el procedimiento especial sancionador “es un procedimiento
mediante el cual los actores políticos pueden formular una queja por violaciones a las
normas de propaganda electoral en radio y televisión, a las normas sobre propaganda electoral
o sobre hechos que constituyan actos anticipados de campaña, como pueden ser los promocionales
que vulneren los derechos fundamentales de los candidatos y partidos políticos, los
cuales son tutelados por las leyes respectivas y la Constitución federal”.
El origen del procedimiento es de carácter legal y jurisprudencial, debido a que nace derivado
de la necesidad de imponer sanciones durante el avance de un proceso electoral a quienes
infringen la norma electoral en razón de la violación de los principios rectores de todo proceso,
especialmente durante el desarrollo de las campañas electorales, para obligar a todos los
actores políticos a que se conduzcan por los cauces institucionales, cesando las conductas
contrarias a la norma constitucional y legal que regulan los comicios, tarea que anterior a la
reforma 2014-2015 corría únicamente a cargo de los organismos electorales administrativos.
Para entender la naturaleza jurídica del procedimiento especial sancionador 3 , es importante
precisar que en el año 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través
de la resolución del Recurso de Apelación número SUP-RAP-17/2006, ordenó que la autoridad
administrativa implementara procedimientos sancionadores abreviados, con lo que se dio
vida al procedimiento instaurado y resuelto por el entonces Instituto Federal Electoral, auxiliado
de sus órganos técnicos.
La resolución emitida por el Consejo General, era impugnable vía Recurso de Apelación ante
la Sala Superior del señalado Tribunal Electoral.
Ahora bien, a partir de la reforma 2014 en materia electoral, el Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el Procedimiento Sancionador
Especial, lo que está encomendado por mandato legal, según lo dispuesto por los
artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
68 y 70, fracción VI, de la Constitución Política; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones
IV y X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis
2 Doctor en derecho por la UNAM; Magistrado de la Sala Superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en “LAS NUEVAS REGLAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN MÉXICO: ELECCIONES INTERMEDIAS 2015”, Justicia y
Sufragio, revista especializada en Derecho Electoral, Vol. 1, Núm. 14, jun-nov. 15, pág. 46.
3 A nivel federal el procedimiento se identifica con las siglas “PES” cuyo significado es Procedimiento Especial Sancionador, en
el Estado de Jalisco por sus siglas el Procedimiento Sancionador Especial es el “PSE”.
159 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
y 475, fracción III, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, estos últimos ordenamientos
del Estado de Jalisco.
Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 471 del Código Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, dentro de los procesos electorales se contempla la posibilidad de
instaurar un Procedimiento Sancionador Especial, cuando se denuncie la comisión de conductas
que violen el segundo párrafo, del artículo 116 Bis, de la Constitución local; contravengan
las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos; o
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
El procedimiento se desarrolla en dos etapas, primero en sede administrativa, en donde se
debe iniciar de oficio o a petición de parte la queja o denuncia, etapa en donde se integra el
expediente de acuerdo a lo estipulado en el código de la materia, tal y como se verá en los
siguientes apartados del presente ensayo; luego culmina en sede jurisdiccional, en donde se
impondrán, en el caso que corresponda, las sanciones en aquellos casos en que se actualice
alguna infracción.
SUJETOS RESPONSABLES E INFRACCIONES
Los sujetos susceptibles de denuncia, sea a petición de parte o mediante el procedimiento instaurado
oficiosamente por el Instituto Electoral a través de su Secretaría General4, cuando se
denuncie la comisión de alguna de las diferentes conductas que señala el artículo aquí citado,
son de acuerdo a lo establecido en el diverso artículo 446 del código comicial electoral estatal:
los partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos
de elección popular, los ciudadanos o cualquier persona física o moral, los observadores electorales,
las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de
los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro
ente público, también los notarios, los extranjeros, las organizaciones de ciudadanos que pretendan
formar un partido político, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de
cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación y registro de partidos políticos,
los ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
De lo anterior, se aprecia que prácticamente no existe sujeto que no sea susceptible de instauración
de un procedimiento sancionador especial, los que deberán comparecer por sí o a través
de su representante legal que en su momento se acredite para tal efecto, quienes llevarán la
carga de los alegatos y la defensa durante el desarrollo y resolución del mismo.
4 Artículo 471, punto 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
160

José Alberto López Damián
Las faltas o infracciones en que alguno de los sujetos obligados puede incurrir están previstas
en los capítulos del segundo al décimo segundo5 del libro sexto, título primero, del Código Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, todas susceptibles de actualización
acorde a las diferentes etapas del proceso electoral, llámese antes de la precampaña, durante
la compaña y posterior al día de la jornada electoral.
SANCIONES
Los infractores serán sancionados una vez que se ha determinado que sí se cometió la falta,
para ello el código electoral local, contempla en los artículos 458 a 459, los sujetos y sanciones
a imponer, que serán variados, de acuerdo a la falta cometida.
Los criterios para la graduación de la sanción están relacionados tanto con los hechos como
con su valoración jurídica, por lo que no es de extrañar que respecto a ellos se planteen determinados
problemas específicos.
Así, en el artículo 459, inciso 5, fracciones I a VI, se establece puntualmente que para la individualización
de las sanciones, una vez que se tiene acreditada la infracción y su imputación,
se deben tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa,
considerándose:
I. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan
las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado o las quejas que se dicen
con base en él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones; y
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento
de obligaciones.
En este proceso electoral, por ejemplificar un caso, el Tribunal Electoral se encontró ante la
disyuntiva de la “reincidencia”; ello, en razón de que de manera literal se puede entender el
5 Artículos 447-457 del Código Electoral Local.
161 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
término como la repetición de un hecho por el mismo actor político, como pudiera ser el partido
político cuando está siendo denunciado por culpa invigilando.
En este caso, el mismo artículo 459, punto 5, señala que se considerará reincidente al infractor
que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a
que se refiere la Ley General y el Código Electoral local, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora.
Entonces, nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: ¿qué se entiende por la misma conducta
infractora? Será por ejemplo que en el mismo proceso electoral un partido político por
sí o a través de sus candidatos coloquen propaganda de manera ilegal en espectaculares, entendiéndose
por ésta aquella que no cumple con lo que establece el código de la materia; o
será que esta propaganda ilegal sea colocada en diferentes ubicaciones pero en las mismas
condiciones.
Un caso de este tipo se dio en los Procedimientos Sancionadores Especiales identificados con
los números PSE-TEJ-037/2015, en donde el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, determinó
sancionar con “amonestación pública” al Partido Revolucionario Institucional y a su entonces
candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, por considerar que ambos infringieron las
normas respecto a la propaganda política-electoral, en razón de la denuncia de hechos interpuesta
por diversos partidos políticos en razón de la colocación de propaganda electoral en
lugares no permitidos, como es el equipamiento urbano, dicho procedimiento se impugnó ante
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente, en el expediente identificado como PSE-TEJ-048/2015, el mismo Tribunal
Electoral Local determinó sancionar al mismo candidato y al partido político que lo postuló por
la misma conducta señalada en el párrafo que antecede, determinándose, además, al momento
de graduar la infracción que habían reincidido en la conducta, dicho procedimiento también
fue impugnado ante la Sala Regional Guadalajara del ya citado Tribunal Electoral.
No obstante lo anterior, mediante sentencia recaída al SG-JRC-39/2015 y SG-
JDC-11039/2015 ACUMULADO, la Sala Regional ya mencionada determinó revocar la
sentencia del expediente PSE-TEJ-048/2015 6 , dado que, al momento de la emisión de la ejecutoria,
aún no se encontraba resuelto lo relativo al expediente PSE-TEJ-037/2015, en razón
de que a decir de la Sala Regional, el Tribunal Electoral Local no observó lo sostenido por la Sala
Superior de este Tribunal en la jurisprudencia que a la letra dice: REINCIDENCIA. ELEMENTOS
MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN 7 , de donde se desprende
6 http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-0039-2015.pdf
7 Jurisprudencia 41/2010, consultable en la “Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral” Jurisprudencia,
Volumen 1, a fojas 652 a 654.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
162

José Alberto López Damián
que para que se estime actualizada la figura jurídica de la reincidencia es necesario se colmen
tres elementos, a saber:
1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas
protegen el mismo bien jurídico, y
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante
resolución o sentencia firme.
De lo que se advirtió, que un infractor es reincidente siempre que vuelva a cometer una falta
de similar naturaleza a aquella por la que ha sido sancionado con anterioridad por resolución
firme, por lo que concluyó que al momento de dictar la resolución controvertida, aún se encontraba
sub iudice la sanción impuesta en el procedimiento sancionador PSE-TEJ-037/2015,
estimando que no se actualizaba el elemento de firmeza de la sanción y, por ende, no se encontraba
configurada la reincidencia de los denunciados, revocando la resolución para que
emitiera una nueva sin considerar el factor de la reincidencia.
Con lo anterior, se debe concluir, en primer lugar, que al momento en que el Tribunal Electoral
de Jalisco emita las sentencias recaídas a los procedimientos sancionadores especiales, y
se esté en la etapa de revisión de la probable reincidencia, no debe únicamente observar que
se trate de la misma conducta por los mismos sujetos presuntos infractores, sino que además
se debe estar atento a los posibles medios de impugnación recaídos a las procedimientos
que estén pendientes de resolución en las instancias federales, lo que evidentemente vuelve
casi imposible actualizar la figura de la reincidencia, o se actualizaría en muy pocos casos, en
razón de que, no obstante los tiempos del procedimiento se desarrollan con la mayor prontitud,
conforme van pasando las diferentes instancias, la solución de los mismos va variando en
cuanto al tiempo de resolución.
Con lo anterior, la referencia se hace únicamente a los tiempos en que tanto la Sala Regional
como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tardan en emitir
las resoluciones a los medios de impugnación interpuestos ante estos órganos electorales,
ya que si bien se considera razonable en ocasiones la tardanza para resolver, también es cierto
que los procedimientos sancionadores electorales que se vienen desahogando en el Instituto
Electoral Local y el propio Tribunal Electoral, no admiten dilación en los tiempos; y el hecho de
que se encuentre algún otro medio en trámite de solución definitiva, limita la facultad de sancionar,
atendiendo a la probable reincidencia; insisto, aun cuando se trate del mismo hecho,
cometido por los mismos actores políticos.
163 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
DEL PROCEDIMIENTO
Derivado de los últimos dos procesos electorales federales, se motivó la reforma constitucional
electoral en materia federal, lo que trajo consigo que las entidades federativas hicieran los
ajustes correspondientes en la legislación local, en lo que no quedó exento el estado de Jalisco.
Así, la reforma publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 08 de julio del año
2014 8 , divide la tramitación del procedimiento sancionador especial.
A partir de ello, los procedimientos especiales serán tramitados por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, y resueltos por el Tribunal, ambas instituciones del estado de Jalisco.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene que recibir las quejas, emplazar a las
partes, realizar diligencias -cuando se requiera-, escuchar a las partes en audiencia, formular
conclusiones y remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional.
Por lo que ve al Tribunal Electoral del Estado, tiene que recibir el expediente, evaluar las constancias,
determinar si requiere mayores diligencias y resolver las quejas (absolver o sancionar).
El trámite que se sigue es el siguiente:
a. Desarrollo del procedimiento en sede administrativa (IEPCEJ):
La temporalidad en que se puede presentar el medio, es únicamente durante el desarrollo de
un proceso electoral, y ello se da cuando un ciudadano, partido político o cualesquiera que tenga
conocimiento de que se esté dando la comisión de alguna de las conductas previstas en el
artículo 471 9 del Código Electoral y de Participación Ciudadana estatal.
Tratándose de propaganda política o electoral que tenga relación con radio o televisión, la denuncia
será presentada ante el Instituto Nacional Electoral.
La queja o denuncia puede ser presentada a instancia de parte afectada o de oficio a través
del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Local.
Una vez recibida la denuncia, que deberá reunir una serie de requisitos, la autoridad encargada
de su trámite es el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, quien en un plazo no mayor
8 http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-08-14-vi.pdf
9 I. Violen el segundo párrafo del artículo 116 Bis, de la Constitución local;
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o
III. Constituyan actos anticipados de campaña o campaña.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
164

José Alberto López Damián
a 24 horas emitirá un acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento; y, si se requieren
diligencias de investigación respecto de los hechos denunciados, se podrá ampliar el plazo
de admisión o desechamiento hasta por 72 horas más, término dentro del cual se desarrollan
las diligencias de mérito.
Una vez que se admite la denuncia, acto seguido se emplaza al denunciante y al denunciado
para su comparecencia a una audiencia de pruebas y alegatos, corriéndosele traslado al denunciado
junto con la denuncia y anexos, así como de las diligencias de investigación.
Además, de resultar necesaria la adopción de medidas cautelares, se propondrá a la Comisión
de Quejas y Denuncias para que resuelva lo conducente, ello dentro del lapso en que se está
desarrollando el procedimiento, importante resaltar que la resolución que emite dicha comisión
podrá ser impugnada vía Recurso de Revisión, no obstante que debido a la aplicación de la
figura del per saltum, los diferentes actores interpusieron directamente ante el Tribunal Electoral
Local, el Recurso de Apelación, mismo que en todos los casos fue resuelto de manera
conjunta con el Procedimiento Sancionador respectivo.
En continuidad, en la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevará a cabo de manera
ininterrumpida, en forma oral y conducida por el Secretario Ejecutivo que levantará la constancia
correspondiente, a la que pueden acudir las partes mediante representante acreditado
tanto los partidos políticos, personas morales o instituciones públicas;, se dará lectura a las
únicas pruebas admisibles, es decir la documental y la técnica, dándosele uso de la voz al denunciante
para que resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas
que a su juicio la corroboran; acto seguido se da el uso de la voz al denunciado, para que responda
la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se le realiza.
En este mismo acto, la Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido
procederá a su desahogó y concluido lo anterior, concederá en forma sucesiva el uso de
la voz tanto al denunciante como al denunciado, quienes alegarán en forma verbal o escrita,
por una sola vez.
Concluida la audiencia, la Secretaría deberá, de forma inmediata, turnar el expediente completo
al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y
demás diligencias que se hayan llevado a cabo.
b. Desarrollo del procedimiento en sede jurisdiccional (TEEJ):
Recibido el expediente, el Tribunal Electoral estatal, es el órgano competente para resolver el
procedimiento, el que será turnado de manera inmediata por el Presidente al magistrado ponente
que corresponda.
165 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
Una vez en ponencia el expediente, se radicará la denuncia, procediendo a verificación del cumplimiento
de los requisitos respecto de la integración y tramitación.
Si se advierte la omisión o deficiencia en la integración del expediente, o en su tramitación,
se procede a ordenar al Instituto Electoral, realice u ordene las diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, lo cual deberá ser de
la manera más expedita.
Haciendo un paréntesis, en este proceso electoral local próximo pasado, se vislumbraron algunos
errores cometidos durante la integración de los expedientes por parte de la autoridad
administrativa electoral, en el sentido de la errónea valoración de las pruebas, como fue el
caso del PSE-TEJ-206/2015 10 , en el que se aportaron como parte del caudal probatorio, una
gran cantidad de bolsas, cajas y un par de lonas, así señaladas al momento de la recepción
de la queja.
Así, para estar en condiciones de resolver, el Tribunal Electoral, en atención a esta deficiencia,
ordenó al Instituto Electoral se repusiera el procedimiento, debiendo enlistar exactamente
qué se recibió, ponerlo a disposición de las partes y llevar a cabo nuevamente la audiencia de
pruebas y alegatos, lo que trajo consigo claramente la dilación en el procedimiento, muestra
de las deficiencias en que se puede incurrir.
Ahora bien, en caso de que persista la violación procesal, el ponente deberá imponer las medidas
de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad
en la tramitación del procedimiento.
Una vez que se encuentra debidamente integrado el expediente, el Magistrado ponente deberá
poner a consideración del Pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva
el procedimiento, en un plazo no mayor a 48 horas.
Los efectos de la sentencia que emita el Pleno del Tribunal Electoral consisten en: a) declarar
la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y en su caso, revocar las medidas
cautelares que se hubieren impuesto; o b) declarar la existencia de la violación e imponer las
sanciones que resulten procedentes.
PRINCIPIOS QUE LO RIGEN
En la tramitación y resolución del procedimiento sancionador especial, se aplican los principios
del derecho administrativo sancionador, del derecho penal y los principios de universalidad, in-
10 http://www.triejal.gob.mx/pse-tej-2062015/
JUSTICIA Y SUFRAGIO
166

José Alberto López Damián
divisibilidad y progresividad, reconocidos en el artículo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, lo que se toma de los diferentes criterios jurisprudenciales que
ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 11 .
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Con el objeto de que en los procesos electorales cobren eficiencia los principios rectores, se
destaca el cambio profundo que sufre el Procedimiento Especial Sancionador en materia federal,
en Jalisco denominado Procedimiento Sancionador Especial; ahora las reglas respecto
a su substanciación, tramitación y resolución cambian, el Instituto Electoral Local deja de ser
juez y parte, ahora únicamente se encarga de la integración y tramitación del expediente y la
solución y en su caso imposición de sanciones corre a cargo del Tribunal Electoral.
El procedimiento ha sido rediseñado, la inmediatez es una de sus principales características,
novedoso resulta el tiempo que lleva la tramitación y resolución del mismo, con el fin de que
cesen las conductas y actos irregulares y contrarios a la normatividad electoral.
Debe resaltarse que este proceso electoral 2014-2015 resulta un parte aguas del Procedimiento
Sancionador Especial, pues representó un reto tanto para la autoridad administrativa
como jurisdiccional. La primera al actualizar su facultad de vigilante del proceso electoral, tanto
de partidos políticos como candidatos, para que en la etapa de precampaña y campañas
electorales no se vulneren las reglas de la propaganda, la cuestión de la denigración a las instituciones
y a los propios partidos, además de las posibles calumnias en que se pudiera incidir
y, en general, cuidar que no se vulnere el principio de equidad en la contienda.
Por su parte, el Tribunal Electoral se enfrentó ante un nuevo procedimiento, al constituirse en
autoridad revisora y encargada de resolver y en su caso sancionar a los posibles infractores,
cuidando en todo momento la no vulneración a los derechos de los denunciados y el acceso
a la justicia de los denunciantes, advertido en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; previendo, además, la garantía de los principios rectores del ius
puniendi, como es el principio de presunción de inocencia.
Para los participantes en esta experiencia electoral, el reto fue importante, hubo algunas inconsistencias
no previstas por el código electoral local, tal como la posible sobreexposición
de un candidato con propaganda electoral fuera del municipio o distrito por el que contendió,
bajo el amparo de que nos encontramos en una “zona metropolitana”, situación que deberá
estudiarse a fondo para condicionar este tipo de conductas a la porción geográfica por la que
contenderá el candidato.
11 http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/Equidad%20en%20la%20contienda_CJSC.pdf
167 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El procedimiento sancionador especial en materia electoral en el estado de Jalisco
Otro tema que fue materia de estudio es el relativo a la propaganda en etapa de precampaña
por parte de los “precandidatos únicos”, en donde se arribó a la conclusión por parte de las
autoridades electorales tanto a nivel estatal como federal que sí tenían derecho a promoverse,
con la única limitante establecida en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es decir, el respeto a terceros, cuestión que a mi parecer resulta debatible
en razón de que si se está en periodo de precampaña, éstos, al ser candidatos únicos, no
tienen necesidad de pedir el voto a su favor en razón de la inexistencia de contienda alguna.
Finalizo el ensayo señalando que considero un enorme acierto tanto del legislador federal, como
lo hecho por los pares en el estado de Jalisco. Ahora el acceso a la justicia pronta y expedita se
cumple a cabalidad y la responsabilidad compartida del procedimiento es un salto que resultaba
necesario. Los Procedimientos Sancionadores Especiales vienen a blindar el proceso electoral
para evitar las prácticas de antaño y arraigadas de los diferentes actores políticos, que jamás
se vieron ante la posibilidad de, en el último de los casos, la pérdida de registros. En hora buena.
LISTA DE REFERENCIAS
González, O. (2015). Las nuevas reglas de los procesos electorales en México: Elecciones
intermedias 2015, Jun-Nov. 15, en Justicia y Sufragio, revista especializada en
Derecho Electoral.
Diario Oficial de la Federación. (19 de octubre de 2015). Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en materia Electoral. Recuperado de: http://cdn.reformas.gob.
mx/Ley_General_de_Partidos_Politidos_Reforma_Politica_Electoral.pdf.
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Publicado en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco, el 5 de agosto de 2008, Sección II. Última reforma publicada
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 8 de julio de 2014, sección VI. http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-08-14-vi.pdf
SENTENCIAS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-
JRC-0039-2015.pdf
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
PSE-TEJ-037/2015 en http://www.triejal.gob.mx/pse-tej-0372015/
PSE-TEJ-048/2015 en http://www.triejal.gob.mx/pse-tej-0482015-3/
PSE-TEJ-206/2015 en http://www.triejal.gob.mx/pse-tej-2062015/
Jurisprudencias
41/2010, consultable en la “Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral” Jurisprudencia, Volumen 1, a fojas 652 a 654.
http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/Equidad%20en%20la%20contienda_
CJSC.pdf
JUSTICIA Y SUFRAGIO
168

E ENSAYOS
LA ESFERA DE COMPETENCIAS EN EL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL:
UNA PERSPECTIVA ULTERIOR A LA PRAXIS DE
LA ÚLTIMA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
EN MÉXICO
Sphere of competence in the special electoral disciplinary
procedure: a further perspective to the praxis of the last
political and electoral reform in Mexico
Israel Antonio Mendoza Guerrero 1
Recepción: 16 de marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 12 de mayo de 2016.
Pp. 169-194.
Resumen:
La más reciente reforma constitucional y legal en materia político-electoral en México,
trajo consigo entre otras novedades y con el motivo de dar una mayor agilidad, modificaciones
en materia de los regímenes sancionador electoral, particularmente, a la esfera
de competencias de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales para
el conocimiento, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores
electorales especiales tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas,
antes reservados solamente para las autoridades administrativas, para otorgar
a estas únicamente la responsabilidad de su tramitación y, a las jurisdiccionales, la
de emitir las resoluciones recaídas a ese tipo de procedimientos. Así, la finalidad de
este ensayo, es brindar un panorama actual que nos permita observar si una vez que
ya se ha aplicado la reforma en los procesos electorales ordinarios federal y locales, la
separación de la competencia para tramitar, sustanciar y resolver esos procedimientos,
1 Licenciado en Relaciones Industriales, por el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas; Abogado. por
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ambos de la Universidad de Guadalajara y Maestrante de la
Maestría en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco. Correo electrónico: israelm65@hotmail.com
169
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
realmente ha cumplido la expectativa que llevó al legislador a modificar el ámbito de
competencias para agilizar y optimizar su consecución y resolución, o bien, si nos encontramos
ante la perspectiva y reto de nuevos planteamientos en este tema.
Palabras clave:
Régimen sancionatorio electoral, sancionador especial, competencia, incoación,
integración, resolución.
Abstract:
The recent constitutional and legal reform in electoral and political matters in Mexico,
brought among other novelties motivated give more agility, different changes to the
electoral sanctions regimes, particularly, to the sphere of competence of the electoral
administrative and jurisdictional authorities regarding the substantiation and resolution
of electoral disciplinary procedures special both at the federal level as in the states, formerly
reserved only for the administrative authorities which now only have the responsibility
of integrate the file, meanwhile the judicial authorities are responsible for resolving
these procedures. Accordingly, the porpuse of this essay is to offer a current overview that
allows us to identify if, once implemented the reform in the federal and local electoral
processes, separation of competition about substantiation and resolution of procedures,
has really fulfilled the expectation that led the legislator to modify the competence of
the electoral authorities in order to streamline and optimize their achievement and resolution,
or otherwise, if we are facing the challenge of new approaches in this area.
Keywords:
Electoral penalty system, special sanction, competition, opening, integration, resolution.
SUMARIO: I. Reseña histórica de los regímenes sancionadores electorales en México.
II. El procedimiento sancionador especial y su regulación en la normatividad electoral
federal y local. III. Principios que imperan en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral. IV. Un caso concreto y numeralia. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y lista de
referencias.
RESEÑA HISTÓRICA DE LOS REGÍMENES SANCIONADORES ELECTORALES EN MÉXICO
El derecho electoral mantiene una estrecha vinculación, entre otras ramas, con el derecho
público, constitucional, administrativo y penal, y precisamente de esa interrelación de las ciencias
jurídicas, es que en la normatividad electoral se incluyen figuras jurídicas, mecanismos e
instrumentos que retoman principios que rigen en esas ramas, una muestra de ello son los procedimientos
administrativos para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones en
materia electoral en que pudieren incurrir los diversos actores relacionados con las contiendas
electorales o con las instituciones políticas y electorales.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
170

Israel Antonio Mendoza Guerrero
Sin embargo, la regulación legal de los procedimientos sancionadores en materia electoral de
reciente inclusión y motivada por el reconocimiento de la necesidad de adecuar las normas
electorales ante hechos suscitados dentro y fuera de los procesos electorales que ameritaron
establecer constitucional y legalmente, aquellos mecanismos eficaces para estar en condiciones
de identificar conductas infractoras, sujetos susceptibles de cometer esas conductas, así
como las sanciones administrativas para castigar e inhibir las infracciones en materia electoral,
lo cual, implica normar el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos para la
aplicación de sanciones de esa naturaleza.
De hecho, para referirnos a la función del derecho administrativo sancionador, podemos citar
a Leonardo Valdés Zurita, que la señala como un “disuasor y represor de ilícitos, pero también
como garante del proceso de la democracia representativa y de los derechos de los actores
permite entrar a analizar las diferencias entre el derecho administrativo sancionador y el derecho
penal del cual hereda sus instituciones y su aparato crítico” (Roldán Xopa, J., 2012, p. 16).
Así, de las reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que en momentos
coyunturales se han suscitado en el sistema electoral de nuestro país, una de ellas fue la
efectuada en el año de 2007-20082 -primero a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y después al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-
de cuyos puntos, destaca la regulación de regímenes sancionador electoral y disciplinario
interno en los que se establecieron los procedimientos sancionadores ordinario y especial, un
procedimiento en materia de financiamiento, fiscalización y gastos de los partidos y agrupaciones
políticas nacionales, así como uno las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos del Instituto Federal Electoral.
Interesa aquí enfatizar que la inclusión legal de los procedimientos sancionadores electorales
ordinario y especial, deviene de múltiples análisis y debates de especialistas e interesados en
esta materia, y en ellos se incluyeron un catálogo de sujetos de responsabilidad en materia
electoral, otro relativo a las diversas infracciones, y finalmente, uno de sanciones aplicables
para acreditación de la comisión de las infracciones, igual forma, se regularon las disposiciones
generales y específicas para la incoación, tramitación, sustanciación y resolución de los
citados procedimientos.
En efecto, el modelo de regímenes sancionadores electorales establecidos con la reforma federal
en comento, trajo a la par, modificaciones a las constituciones y leyes electorales en las
entidades federativas que adecuaron su normativa a la innovación suscitada a nivel federal,
esto es, que la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores electorales,
2 La citada reforma, a nivel federal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, y puede ser
consultada en la página de Internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007,
fecha de consulta: 22 de febrero de 2016.
171 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
con la reforma en comento, abarcó a los ámbitos federal y estatales, a nivel federal en la reforma
en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales3 (COFIPE),
se adicionó un Libro Séptimo dedicado a ese tipo de procedimientos.
En las entidades federativas como es el caso de Jalisco, con la reforma electoral estatal mediante
la cual se creó, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 4 , también
se contempló la regulación del Libro Sexto, relativo a los Regímenes Sancionador Electoral y
Disciplinario Interno, en el que se incluyeron los rubros de las infracciones electorales, sujetos
responsables y sanciones, así como los procedimientos sancionadores ordinario y especial.
También, el procedimiento sancionador en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de
los partidos políticos y, dentro del disciplinario interno, el correspondiente a responsabilidades
de los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
y el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas.
En continuidad, en las citadas legislaciones electorales secundarias, se estableció que los procedimientos
sancionadores ordinarios que son aquellos instaurados por faltas cometidas
dentro y fuera de los procesos electorales y los especiales que se instauran de forma expedita
por faltas cometidas dentro de los procesos electorales 5 , siendo ambos las vías procedimentales
para la presentación de quejas y denuncias por la posible comisión de infracciones cuya
competencia para conocer y resolver correspondería, a las autoridades administrativas electorales
–federal o locales– en tanto que a éstas, en principio, les fue reservada la facultad
sancionadora.
Ahora bien, con la pasada y más reciente reforma constitucional y legal en materia político-electoral
en nuestro país, el 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia 6 , y en
consecuencia de ello, se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 7
(LEGIPE) que abrogó al COFIPE, en la cual particularmente en su Libro Octavo se incluyó, entre
otros rubros esenciales, el inherente a un nuevo sistema de competencias para conocer y
3 El decreto por el que se expidió el nuevo Código, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de
2008, el cual puede ser consultado en el sitio de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5028346&fe
cha=14/01/2008, fecha de consulta: 21 de febrero de 2016.
4 El decreto 22272/LVIII/08 por el que se expidió el Código Electoral Local en comento, fue aprobado por el Congreso del
Estado el 27 de julio de 2008, y publicado el 05 de agosto del mismo año en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,
el cual puede ser consultado en el sitio de internet: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.
mx/files/08-05-08-ii.pdf, fecha de consulta: 21 de febrero de 2016.
5 Así los regula el artículo 440 de la LEGIPE.
6 El citado decreto de la reforma, se encuentra disponible en internet en el sitio: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5332025&fecha=10/02/2014, fecha de consulta: 19 de febrero de 2016.
7 El decreto de la reforma que expidió la referida LEGIPE fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de mayo
de 2014, y se encuentra disponible en internet en el sitio: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345954&f
echa=23/05/2014, fecha de consulta: 19 de febrero de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
172

Israel Antonio Mendoza Guerrero
resolver de los procedimientos administrativos sancionadores especiales electorales, posibilitando
que éstos puedan ser tramitados y sustanciados por las autoridades administrativas
electorales, pero reservando la nueva competencia para resolverlos únicamente a las instancias
jurisdiccionales.
En el ámbito federal, a partir de la entrada en vigor de la reforma, el recién creado Instituto
Nacional Electoral (INE) dentro de su esfera de competencias y a través de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de su Secretaría Ejecutiva 8 , tiene la de conocer de las quejas o denuncias
que motivan la incoación de los procedimientos sancionadores especiales, tramitarlas
y sustanciarlas hasta la etapa de admisión, desahogo de pruebas y presentación de alegatos,
pero sin ir más allá, esto es, sin resolverlos, limitándose a remitir y someter los expedientes
sustanciados, a la autoridad jurisdiccional.
Lo anterior, implicó la creación de una Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, lo que permitió que la facultad para la imposición
de sanciones al resolver los procedimientos sancionadores, recayera precisamente en la referida
autoridad jurisdiccional electoral; esto es, que a partir del nuevo modelo del régimen
sancionador electoral, en tratándose de los especiales –que deben ser expeditos en tanto que
las denuncias de hechos de las que conocen se vinculan a los procesos electorales– podríamos
resumir que en razón de la competencia, la facultad indagatoria sigue recayendo en los
órganos administrativos y la facultad impositiva de sanciones por la comisión de infracciones,
recae en la autoridad jurisdiccional electoral. En las entidades federativas, fueron adoptadas
las adecuaciones necesarias para la implementación de este nuevo modelo a seguir en los procedimientos
sancionadores especiales.
En la praxis, este es el panorama que se presentó en los pasados comicios, tanto en el ámbito
federal como en los procesos electorales locales de aquellos Estados de la República que
celebraron su jornada electoral en 2015, tal es el caso de Baja California Sur, Campeche, Colima,
Chiapas, el entonces Distrito Federal y ahora denominada Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco, y Yucatán, en los que se incoaron procedimientos de esta naturaleza
bajo esta nueva esfera competencial dividida entre los órganos administrativos electorales
para la integración de los procedimientos y las autoridades jurisdiccionales electorales locales,
en los que hubieron de actuar con la expedites legal necesaria.
En este contexto, en el presente trabajo, se plantea un panorama actual respecto a las expectativas
que tuvo el legislador para la reforma en el sentido de agilizar y perfeccionar la función
8 Así lo disponen los artículos 471, párrafo 7 y 472, de la LEGIPE.
173 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
sancionadora administrativa en materia electoral, con el nuevo esquema en la esfera de competencias
divididas entre las autoridades de carácter administrativo y jurisdiccional para el
conocimiento de los procedimientos sancionadores especiales, para formar una opinión razonada
respecto a si tal punto de la pasada reforma realmente significó un avance y, en todo
caso, cuáles son los retos y perspectivas para el perfeccionamiento de nuestro actual régimen
administrativo sancionador imperante cuyo objetivo a final de cuentas, se traduce, en el
ejercicio de la potestad sancionadora del Estado frente a los gobernados ante la comisión de
infracciones cometidas a la norma electoral y, a la vez, poner en marcha la inhibición de esas
conductas, lo que necesariamente tendrá como resultado, una mayor tutela de los principios
rectores de la función electoral y de los postulados propios de la democracia nacional.
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR Y SU REGULACIÓN EN LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL
El objetivo de la creación de los procedimientos sancionadores (ordinario y especial) como lo
cita Arturo Espinosa Silis, es para evitar y sancionar conductas violatorias de la legislación electoral
que pueden poner en riesgo los procedimientos electorales (Ugalde Ramírez L.C., Loret
de Mola G.R., 2014, p. 461), debido a esto es que el artículo 470, párrafo 1, de la ahora Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece los supuestos de
procedencia del PES (Procedimiento Especial Sancionador) y que tiene que ver con la violación
a lo establecido en la base III del artículo 41 o el párrafo octavo del artículo 134 constitucional,
todo relativo al derecho que se tiene por parte de los distintos actores que intervienen en
las precampañas y campañas electorales sobre el uso de la propaganda en radio y televisión,
y cuando se constituyan actos anticipados de precampaña y campaña electoral; en cuanto a
las sanciones, las establece el artículo 456 de la citada legislación dependiendo pues de los
sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la ley electoral que pueden ser desde
una amonestación pública, hasta la imposición de multas, reducción del financiamiento público,
interrupción de trasmisión de la propaganda política o electoral, cancelación del registro
de los partidos políticos, pérdida del precandidato infractor a ser registrado como candidato o
a la cancelación del mismo, en el caso de candidatos independientes, también con la pérdida
del derecho del aspirante infractor, entre otras sanciones.
Referente al desahogo del trámite y sustanciación del mismo, lo observan los artículos 471,
párrafo 4 al 471, párrafo 8, 472 al 474 y del 475 al 477 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, que establecen la competencia para la resolución jurisdiccional
del PES (Procedimiento Especial Sancionador).
Ahora bien, para entender la esencia de este tipo de procedimiento relativamente nuevo, debemos
estar claros que de acuerdo a lo referido en el tema número 7 del Curso “Las Reformas
Electorales 2014” otorgado en línea por el TEPJF, surge como mecanismo de defensa con mo-
JUSTICIA Y SUFRAGIO
174

Israel Antonio Mendoza Guerrero
tivo de un recurso de apelación interpuesto en el marco de la elección presidencial de 2006
por la coalición “Por el Bien de Todos” (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo,
Convergencia), en contra de la coalición “Alianza por México” (Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México), esto derivado de diversos promocionales
transmitidos por radio y televisión, que presuntamente denostaban al entonces candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador (SUP-RAP-017/2006). El TEPJF, menciona el capítulo
referido, sustanció y resolvió el recurso a través de una interpretación en la cual se estableció
la instauración de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, análogo al
contemplado en ese entonces en el artículo 270 del COFIPE, que en ese momento hacía referencia
a un procedimiento ordinario (Madrazo 2011, p.13).
Posteriormente, basado en un criterio jurisprudencial emitido por el TEPJF, sobre la facultad de la
autoridad electoral para instaurar un procedimiento sumario preventivo para revisar las conductas
de los actores políticos (Jurisprudencia 12/2007), en la reforma electoral de 2007 y 2008
se permitió en el COFIPE se estableciera el procedimiento especial sancionador para conocer
las siguientes conductas: a) Contravención a normas sobre propaganda política electoral establecidas
para los partidos políticos; b) Violación de disposiciones constitucionales relativas a los
medios de comunicación social o difusión de propaganda de servidores públicos; c) Actos anticipados
de precampaña y campaña; y, d) Por irregularidades e incumplimientos sobre prerrogativas
y tiempos disponibles para partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión.
Este procedimiento se había tramitado, sustanciado y resuelto por el Consejo General del
entonces Instituto Federal Electoral, con el apoyo de la Comisión de Quejas y Denuncias, así
como de la Secretaría del Consejo General (Tema 7 del curso Las reformas electorales 2014
publicado en línea por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2014).
Ahora bien, la reforma del 2014 establece que el Instituto Nacional Electoral será responsable de
investigar, mediante procedimiento expedito, las infracciones a la normatividad electoral durante
los procesos electorales; el Consejo General realizará esa tarea a través de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, para integrar el expediente y someterlo al conocimiento y resolución
del TEPJF mediante su Sala Regional Especializada (Tema 7 del Curso Las reformas electorales
2014 otorgado en línea por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014).
En relación a la norma aplicable a nuestro Estado de Jalisco, en el mismo sentido de la reforma,
el artículo 471, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana local establece el
procedimiento sancionador especial cuando se denuncie la comisión de conductas que violen
el segundo párrafo del artículo 116 Bis de nuestra Constitución local, es decir, todo lo relativo
al carácter institucional e informativa de la propaganda que en su modalidad de comunicación
social emitan los poderes públicos y sus entidades, dependencias, instituciones autónomas o
descentralizadas, así mismo se contravenga las normas sobre propaganda política o electoral
175 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
distintos a los de radio y televisión y se constituyan actos anticipados de precampaña y campaña,
en cuanto a las sanciones las establece el artículo 458 del mismo Código dependiendo
en su aplicación de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la ley electoral,
las sanciones pueden ser desde una amonestación pública hasta la imposición de multas,
cancelación del registro de los partidos políticos, candidatos independientes, etcétera.
Respecto al desahogo del trámite y sustanciación del mismo, lo observan los artículos 472,
párrafo 2 al 472, párrafo 9, 473 al 474 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco y del 474 Bis al 475 del mismo Código, que establecen la competencia y
tramitología para la resolución jurisdiccional del procedimiento especial sancionador por el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco.
Observado lo anterior e identificando los alcances de la competencia de las instancias involucradas
en la tramitología, sustanciación y resolución de este procedimiento y comprendiendo
finalmente que la naturaleza del mismo es enderezar o restaurar el orden legal dentro del proceso
electoral, la pregunta ahora es, si una vez llevada a la práctica la reforma en el ámbito
local, ¿verdaderamente se ha logrado la expectativa de agilizar la incoación, tramitación y resolución
de los mismos?, lo anterior viene a colación debido a que para antes de la reforma
del 2014 pero ya aplicada la de los años 2007 y 2008, referidos en los hallazgos principales
establecidos bajo el subtema “Quejas y sanciones en el sistema electoral federal mexicano
(2000-2012)” de Arturo Espinosa Silis refiere que derivado de la jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se puede advertir que el carácter sumario
del procedimiento especial sancionador se ha visto comprometido, en virtud del cúmulo de
formalidades procesales que se exigen para su tramitación y sustanciación –emplazamientos,
investigación, desahogo de pruebas, notificaciones-, con lo cual los tiempos originalmente previstos,
cinco días, en muchas ocasiones resultan insuficientes a fin de atender los requisitos
procedimentales establecidos jurisprudencialmente por el TEPJF (Ugalde Ramírez L.C., Loret
de Mola G.R., 2014, p. 462).
Reflexionando sobre lo anterior, podemos referirnos a la pertinencia de que el Poder Legislativo
replantee en la mesa de estudio y debate, los beneficios que pudiere traer consigo que la
tramitología, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores especiales, quedara
bajo la competencia de una sola autoridad electoral, al caso, la jurisdiccional.
PRINCIPIOS QUE IMPERAN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL
Es importante recordar los principios que rigen al Derecho Administrativo Sancionador para enfatizar
su importancia y considerar, de acuerdo a la información y argumentación presentada
en el presente ensayo, la necesidad actual de modificar la norma aplicable en la determinación
JUSTICIA Y SUFRAGIO
176

Israel Antonio Mendoza Guerrero
de la competencia para la tramitación, sustanciación y resolución de este tipo de procedimientos
en la autoridad jurisdiccional y no la administrativa.
Por lo anterior es que retomo información obtenida del material didáctico de apoyo para la capacitación
sobre el “Derecho Administrativo Sancionador Electoral del Centro de Capacitación
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de abril de 2010 y
julio de 2011: “El principio es un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o
asegure una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es
una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad (Dworkin, Ronald,
Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, p. 72.).
Los principios son los siguientes:
Derecho a penar o derecho a sancionar; “ius puniendi”: Es una expresión latina utilizada para referirse
a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como “derecho a penar”
o “derecho a sancionar”. Es la potestad del Estado para sancionar a los gobernados, siempre
que se cumplan y observen los imperativos constitucionales y legales que limitan el actuar autoritario
y confieren derechos al trasgresor de la norma.
De irretroactividad; “non reformatio in pejus”: A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna (artículo 14 constitucional).
Teoría de los derechos de adquisición. No se puede afectar o modificar derechos adquiridos
durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo
amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas o de su esfera jurídica,
aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra
diferente (SUP-RAP-50/2005).
De Presunción de Inocencia; “In dubio pro reo”: Se debe presumir la inocencia mientras no se
declare responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa (artículo 20 constitucional).
Es una manifestación del principio de presunción de inocencia, que obliga a absolver
en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Al respecto, el TEPJF revocó la determinación del Consejo General del entonces Instituto Federal
Electoral que resolvió con una fe notarial -única prueba- determinar la compra de votos,
mediante la aplicación del principio in dubio pro reo, porque consideró que a partir de los hechos
que se desprendían de la fe notarial, no se colmaban los elementos de convicción, ya
que dicha prueba es ineficaz para generar certeza sobre los hechos que se pretendían probar
(SUP-RAP-71/2008).
177 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
Implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para un delito o infracción,
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual,
se erige como principio esencial de todo Estado democrático (Tesis LIX/2001, XVII/2005,
XLIII/2008 del TEPJF).
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito; “Non bis in ídem”: Nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene
(artículo 23 constitucional).
Vertiente material. Es la garantía, para quien comete un acto ilícito, de que no podrá ser sancionado
dos veces por el mismo hecho.
Aspecto procesal. Un mismo hecho no podrá ser objeto de dos procesos distintos. (Daniel E.
Malijar, 2004).
En mayo de 2006, al resolverse una controversia administrativa disciplinaria en la que se le impusieron
diversas sanciones a un trabajador, por indebido ejercicio del presupuesto, se estimó
que se conculcaba la prohibición non bis in ídem, porque los preceptos que tipificaban las distintas
infracciones guardaban identidad con el mismo bien jurídico tutelado.
Se argumentó que, aunque pudieran constituir infracciones independientes (tomadas en lo
individual), se encontraban vinculadas por afectar un mismo objeto y lesionar o poner en
riesgo el mismo bien jurídico, entonces esos distintos hechos no deben apreciarse de manera
individual e independiente, sino relacionarse entre sí, como elementos constitutivos de una
infracción de mayor entidad o de naturaleza compleja, y así deben ser ponderadas en este
caso (CLT-009/2005).
Dispositivo: Se encuentra esencialmente en la instancia inicial del procedimiento, donde se
exige la presentación de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se
impone a las partes la carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos, con valor
indiciario (Jurisprudencias 3/2008 (no vigente) y 22/2013).
Inquisitivo: Una vez que se recibe la denuncia, corresponde a las autoridades competentes la
obligación de seguir con las etapas correspondientes del procedimiento, según lo prescriben
las normas legales y reglamentarias (Jurisprudencias 64/2002 (no vigente) y 12/2010).
De Exhaustividad: Impone el deber de agotar cuidadosamente en la resolución, todos y cada uno
de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones,
y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso,
como base para resolver (Jurisprudencias 12/2001 y 43/2002, y tesis XXVI/99 del TEPJF).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
178

Israel Antonio Mendoza Guerrero
De Legalidad: Se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, para que todas
las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la
Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los
derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de
la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades
electorales federales y locales (Jurisprudencia 21/2001 del TEPJF).
De Concentración: El procedimiento en su totalidad, debe conocerlo el mismo órgano jurisdiccional
o el mismo órgano administrativo competente, en un número limitado de etapas y
actuaciones procedimentales (SUP-RAP-017/2006).
De inmediatez: Favorece la comunicación directa del justiciable o de los denunciantes con el
juzgador o el órgano administrativo competente, particularmente en relación con los actos de
prueba (SUP-RAP-017/2006).
De Celeridad: Obliga a la autoridad a sustanciar el procedimiento a la mayor brevedad posible,
suprimiendo los trámites innecesarios, a fin de dictar resolución en forma pronta. Al efecto,
confluyen dos exigencias igualmente necesarias que deben ser maximizadas: a) La garantía
de un pronunciamiento jurisdiccional o de una determinación administrativa que cumpla con
las formalidades esenciales del procedimiento (lo que supone cierto tiempo); y, b) Evitar que
la eventual decisión ajustada a derecho pero tardía, resulte ineficaz (SUP-RAP-017/2006).
De Tipicidad: Es un mandato que deriva del principio de legalidad, y se encuentra tutelado por
el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece: “En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata”.
Estas reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones que prevean la posibilidad
de imponer una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral (Tesis XLV/2001
del TEPJF).
De manera ordinaria en el derecho penal la tipificación es directa e individualizada, pero en materia
administrativa sancionadora, dada la complejidad de sus mandatos y prohibiciones, así
como la multiplicidad de leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos generales en los cuales
pueden recogerse, es imposible tener un catálogo definido de faltas administrativas, con la
asignación, a cada una, de su correspondiente sanción (SUP-RAP-018/2003).
Es la descripción legal de una conducta específica, a la que se conectará una sanción administrativa
(Eduardo García de Enterría, 2004).
179 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
De Idoneidad: Se refiere a que la prueba sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar
a lo objetivamente necesario (Jurisprudencia 62/2002 del TEPJF).
De Necesidad o Intervención Mínima: Al realizar varias diligencias razonablemente aptas para
la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado
los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados (Jurisprudencia
62/2002 del TEPJF).
De Proporcionalidad: En las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba,
la autoridad estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos
enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por
las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor (Jurisprudencia
62/2002 del TEPJF).”
Cuando nos adentramos entonces a los principios del Derecho Administrativo Sancionador
Electoral desentrañamos las características de la esencia del procedimiento sancionador
en materia electoral (tanto ordinario como especial), que en el cumplimiento y respeto de
esa esencia por parte de la autoridad competente de trámite, sustanciación y resolución se
obtendrá un producto jurídico o resolución apegada a la norma que competa según las características
de la conducta violatoria por parte de los sujetos establecidos por la misma, pero
con un espíritu no solo de aplicación del estado de derecho sino de justicia y por lo tanto de
encauzamiento o enderezamiento del proceso electoral, buscando con ello de igual forma se
cumpla con la premisa de que la justicia sea expedita, derivado de la aplicación de este principio
es la importancia de que su tramitología sea eminentemente jurisdiccional.
UN CASO CONCRETO Y NUMERALIA
De una consulta por las páginas oficiales de los diversos tribunales y salas electorales de las
entidades federativas en las que se celebraron comicios el año pasado, incluyendo del entonces
Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como de la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos encontramos que en el pasado proceso electoral
ordinario 2014-2015 –el primero efectuado después de reforma constitucional y legal
en materia político-electoral– se resolvieron en las instancias jurisdiccionales gran cantidad
de procedimientos sancionadores especiales electorales, de los cuales, no pocos hubieron de
ser devueltos a la autoridad administrativa electoral, por omisiones o deficiencias en la integración
del expediente o en su tramitación, lo que pudo implicar un retardo en la resolución
final de esas controversias.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
180

Israel Antonio Mendoza Guerrero
En efecto, con las reformas electorales, específicamente en lo que corresponde a la regulación
legal de los procedimientos sancionadores especiales en las legislaciones electorales locales,
en la mayoría de los estados, la cadena impugnativa comienza con la presentación de la denuncia
ante el organismo electoral local, el cual, instruye, tramita e integra el expediente, ya
sea a través de su Dirección de Quejas y Denuncias, o su Dirección Jurídica, como es el caso de
Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Sonora, o bien, a través de su Junta General Ejecutiva
o Secretaría Ejecutiva (en algunos casos ésta por conducto de su Unidad Técnica Jurídica
y de lo Contencioso Electoral) como sucede en Campeche, Chiapas, el entonces Distrito Federal
(hoy Ciudad de México), Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Sin embargo, en cuatro de esas entidades federativas que son Chiapas, Querétaro, Sonora
y Tabasco, según lo regula su legislación electoral, quienes resuelven los procedimientos
sancionadores especiales no son los órganos jurisdiccionales, sino el Consejo General de los
respectivos organismos electorales locales (de carácter administrativo).
Mientras que en el resto de ellas, es decir, en trece de los citados estados, posterior a la tramitación
de las denuncias interpuestas, los organismos electorales administrativos en cita,
deben remitir los expedientes debidamente integrados a los respectivos tribunales o salas
electorales, para que éstos, en primera instancia, emitan las resoluciones correspondientes.
No obstante, si los expedientes que contienen lo actuado en los procedimientos que remitan
los organismos electorales a los tribunales, son omisos o deficientes en cuanto a su integración
o tramitación, incluyendo indagaciones o admisión y desahogo de pruebas, los tribunales podrán
realizar per se, u ordenar la realización a aquellos, de las diligencias necesarias para mejor
proveer, otorgando plazos para ello, e inclusive, puede aplicar medidas de apremio a quienes,
en su caso, persistiesen en las violaciones procesales de que se trate.
Lo anterior, se muestra en la siguiente tabla:
ENTIDAD
FEDERATIVA
1 Baja California Sur
Ley Electoral del
Estado de Baja
California Sur - 28
de junio de 2014.
(Artículos 290-297)
REGULACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA PARA TRAMITAR, SUSTANCIAR
Y PARA RESOLVER EL PSE
Artículo 290.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Instituto,
por conducto de la Dirección de Quejas, Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el
presente Capítulo (…)
Artículo 293.- Celebrada la audiencia, la Dirección de Quejas, Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá turnar
de forma inmediata el expediente completo (…) al Tribunal Electoral, así como
un informe circunstanciado.
Artículo 295.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Electoral.
Artículo 296.- El Tribunal Electoral, (…) quién deberá: (…) b) Cuando advierta
omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación,
así como violación a las reglas establecidas en esta Ley, realizar u ordenar al
Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que
deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar
en la forma más expedita. (…)
181 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
2 Campeche
Ley de Instituciones
y Procedimientos
Electorales del
Estado de Campeche
- 8 de octubre de
2014
(Artículos 610-620)
3 Chiapas
Código de Elecciones
y Participación
Ciudadana del Estado
de Chiapas - 30 de
junio de 2014
(Artículos 364-368)
4 Colima
Código Electoral del
Estado de Colima
- 28 de junio de
2014 y con la F. E.
del 11 de octubre de
2014 (Incluye notas
de Abril 2015).
(Artículos 317-325)
5 Ciudad de México
(Antes D. F.)
Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del
Distrito Federal
(reformas publicadas
el 18 de diciembre
de 2014)
Artículo 610.- (…) Dentro de los procesos electorales, la Junta General
Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, instruirán y darán
trámite al procedimiento especial establecido por el presente Capítulo (…).
Artículo 611.- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial será la autoridad competente para resolver el procedimiento especial
sancionador.
Artículo 614.- La Junta General Ejecutiva será el órgano competente
que podrá admitir o desechar la queja o dictar en su caso las medidas que
considere pertinentes. (…) una vez realizadas las diligencias necesarias, turnará
el expediente completo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 364.- Durante los procesos electorales, el Instituto instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente capítulo (…)
Artículo 366.- Admitida la denuncia, el Instituto emplazará al denunciante y
al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos,
que tendrá lugar dentro del plazo de hasta setenta y dos horas posteriores a
la admisión. (…)
Artículo 368.- Celebrada la audiencia, el Instituto dentro de los cinco días
siguientes, dictará resolución.
Artículo 317.- Dentro de los procesos electorales, la Comisión de Denuncias y
Quejas instruirá el procedimiento especial establecido por la presente sección,
(…)
Artículo 321.- Celebrada la audiencia, la Comisión de Denuncias y Quejas
deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su
caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo,
al Tribunal, así como un informe circunstanciado.
Artículo 322.- (…) III. Celebrada la audiencia, el Presidente del Consejo Municipal
correspondiente deberá turnar al Tribunal de forma inmediata el expediente
completo, exponiendo las diligencias que se hayan llevado a cabo así como un
informe circunstanciado en términos de lo dispuesto en este Código, remitiendo
copia del expediente al Consejo General para su conocimiento.
Artículo 323.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal.
Artículo 324.- El Tribunal, (…) II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la
integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas
establecidas en este Código, presentar al pleno del Tribunal en un término
de 48 horas después de recibido el expediente e informe correspondiente un
proyecto para realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para
mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a
cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Pleno del Tribunal podrá imponer las
medidas de apremio (…)
Artículo 374.- Cuando algún órgano del Instituto Electoral reciba una queja
o denuncia o tenga conocimiento de la probable comisión de infracciones en
materia electoral, deberá informarlo y turnar el escrito correspondiente a la
Secretaría Ejecutiva quien realizará las actuaciones previas en coadyuvancia de
la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y pondrá a consideración de la
Comisión correspondiente el proyecto de acuerdo que corresponda.
(…)
IX. Que tratándose de procedimientos especiales, una vez sustanciado el
expediente respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de que el órgano
jurisdiccional resuelva lo conducente, señalando las reglas para su remisión.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
182

Israel Antonio Mendoza Guerrero
6 Estado de México
Código Electoral del
Estado de México
(Artículos 482-487)
Artículo 482.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, iniciará el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo
(…)
Artículo 485.- Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar de
forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral,
así como un informe circunstanciado.
El Tribunal Electoral recibirá del Instituto el expediente original formado con
motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.
Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, (…)
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código,
realizará u ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita.
III. De persistir la violación procesal, el magistrado ponente podrá imponer las
medidas de apremio necesarias (…)
V. El Pleno del Tribunal Electoral en sesión pública resolverá el asunto en un
plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el
proyecto de resolución.
7 Guanajuato
Ley de Instituciones
y Procedimientos
Electorales
para el Estado
de Guanajuato
(Actualizada con las
reformas publicadas
el 29 de diciembre
de 2015.)
(Artículos 370-380)
Artículo 370.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva
por conducto de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
del Instituto Estatal, instruirá el procedimiento especial establecido por el
presente Capítulo (…)
Artículo 373.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Estatal, sin prevención alguna, cuando:
(…)
Artículo 375.- Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal deberá
turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso,
las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al
Tribunal Estatal Electoral, así como un informe circunstanciado.
(…)
Artículo 378.- El Tribunal Estatal Electoral será competente para resolver
sobre el procedimiento especial sancionador referido en el artículo 370 de esta
Ley.
Artículo 379. – (…) Recibido el expediente en el Tribunal Estatal Electoral, se
turnará al Magistrado que corresponda, quien deberá:
(…)
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
realizar u ordenar al Instituto Estatal la realización de diligencias para mejor
proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo,
las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado podrá imponer las medidas
de apremio (…)
V. El Pleno del Tribunal Estatal en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo
de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto
de resolución.
183 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
8 Guerrero
Ley de Instituciones
y Procedimientos
Electorales del
Estado de Guerrero
(Ley publicada el 30
de junio de 2014).
(Artículos 439-445)
9 Jalisco
Código Electoral
y de Participación
Ciudadana del
Estado de Jalisco
(Actualizado con las
reformas publicadas
el 8 de julio de
2014). (Artículos
471-475)
Artículo 439.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva
del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
instruirá el procedimiento especial, (…)
En relación a la instrucción del Procedimiento especial sancionador serán
competentes (…)
La resolución del presente procedimiento especial corresponderá al Tribunal
Electoral del Estado.
El trámite y substanciación de los procedimientos especiales sancionadores en
materia electoral, le corresponderán a la Secretaria Ejecutiva, a través de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la cual estará adscrita de manera
directa a dicha Secretaría.
(…)
Artículo 443.- Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo
en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a
cabo, al Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado.
(…)
Artículo 444.- El Tribunal Electoral, recibirá del Instituto el expediente original
formado con motivo de la denuncia (…) deberá:
(…)
b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita.
De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las
medidas de apremio necesarias (…)
d) El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro
horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
Artículo 471.- 1. Dentro de los procesos Electorales, la Secretaría del Consejo
General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo,
(…)
Artículo 474.- 1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de
forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, así como un informe circunstanciado.
(…)
Artículo 474 bis.- 1. Será competente para resolver sobre el procedimiento
especial sancionador referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral.
(…)
2. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recibirá del Instituto el expediente
(…)
deberá:
(…)
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código,
realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las
medidas de apremio necesarias (…)
V. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en sesión pública, resolverá
el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya
distribuido el proyecto de resolución.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
184

Israel Antonio Mendoza Guerrero
10 Michoacán
Código Electoral del
Estado de Michoacán
de Ocampo (Código
publicado el 29 de
junio de 2014).
(Artículos 254-264)
11 Morelos
Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Morelos
(Código publicado
el 30 de junio de
2014).
Artículo 254.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva
del Instituto, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente
Capítulo (…)
Artículo 260.- Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar de
forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal, así
como un informe circunstanciado.
Artículo 263.- El Tribunal, recibirá del Instituto el expediente original (…)
deberá:
(…)
b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código,
realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
c) De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las
medidas de apremio necesarias (…)
e) El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro
horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
Artículo 321. El Tribunal Electoral será competente para conocer (…) así como
para resolver sobre el procedimiento especial sancionador (…)
Artículo 373.- Encontrándose debidamente integrado el expediente del
procedimiento especial sancionador respectivo, el magistrado ponente, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno para
resolver, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal Electoral el
proyecto de sentencia.
El Pleno, en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas
contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
(…)
Artículo 381.- En los procedimientos sancionadores, el Instituto Morelense
tomarán en cuenta las siguientes bases:
(…)
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al
Tribunal Electoral, para su resolución, y
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción de quejas frívolas,
aplicables en la Entidad, entendiéndose por tales: (…)
185 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
12 Nuevo León
Ley Electoral para
el Estado de Nuevo
León (Actualizada
con la fe de erratas
publicada el 11 de
agosto de 2014).
(Artículos 370-376)
13 Querétaro
Ley Electoral del
Estado de Querétaro
(Actualizada las
reformas del 29
de junio de 2014 y
con la fe de erratas
publicada el 15 de
agosto de 2014).
14 San Luis Potosí
Ley Electoral del
Estado de San Luis
Potosí (Ley publicada
el lunes 30 de junio
de 2014). (Artículos
442-451)
Artículo 370.- Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la
Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por
el presente Capitulo, (...)
Artículo 373.- Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá turnar de
forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral,
así como un informe circunstanciado.
Artículo 374.- (…) III. Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica deberá turnar
al Tribunal Electoral de forma inmediata el expediente completo, exponiendo
las diligencias que se hayan llevado a cabo así como un informe circunstanciado
en términos de lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 375.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Estatal Electoral.
Recibido el expediente el Tribunal deberá:
(…)
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
realizar diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse
y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más
expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Tribunal podrá imponer las medidas de
apremio necesarias (…)
IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Tribunal,
en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas
contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
Artículo 256.- Durante los procesos electorales, la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva instruirá y el Consejo General
resolverá, el procedimiento especial, (…)
Durante la sustanciación del procedimiento, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva podrá, en su caso, dictar medidas cautelares.
El procedimiento especial se desahogará de conformidad con lo previsto en el
reglamento que al efecto expida el Consejo General del Instituto.
Artículo 442.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva, por
sí o a través del funcionario o los funcionarios electorales en los que delegue
dicha atribución instruirá el procedimiento especial establecido por el presente
capítulo, (…)
Artículo 443.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador, el Tribunal Electoral del Estado.
Artículo 449.- La Secretaría Ejecutiva, celebrada la audiencia, deberá turnar de
forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas
cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo al Tribunal Electoral
del Estado, así como un informe circunstanciado. (…)
Artículo 450.- (…) Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, (…) deberá:
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
realizar u ordenar al Consejo la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las
medidas de apremio necesarias. (…)
V. El Pleno del Tribunal, en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de
resolución.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
186

Israel Antonio Mendoza Guerrero
15 Sonora
Ley de Instituciones
y Procedimientos
Electorales para el
Estado de Sonora
(Ley publicada el
lunes 30 de junio del
2014). (Artículos
298-305)
16 Tabasco
Ley Electoral y de
Partidos Políticos del
Estado de Tabasco
(Ley publicada el 2
de julio de 2014).
(Artículos 361-367)
17 Yucatán
Ley de Instituciones
y Procedimientos
Electorales del
Estado de Yucatán
(Ley publicada el 28
de junio de 2014).
(Artículos 406-416)
Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del
Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos,
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, (…)
Artículo 301.- Celebrada la audiencia, la comisión de denuncias deberá
turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso,
las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, del
Consejo General, para efecto de que mediante acuerdo sea remitido en un
plazo no mayor a 24 horas a la Secretaría Ejecutiva para que esta la ponga en
estado de resolución una vez realizado el estudio correspondiente.
(…)
Artículo 303.- Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador referido en el artículo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal.
De igual forma conocerá de la resolución respecto a las causales de improcedencia
o desechamiento que las partes o la comisión de denuncias hagan valer.
Artículo 304.- El Secretario Ejecutivo recibirá el expediente original formado
con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.
Recibido el expediente se procederá a redactar el proyecto de resolución y
deberá:
(…)
II.- Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
ordenará a la comisión de denuncias realice las diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse.
III.- De persistir la violación procesal, el Secretario Ejecutivo exhortará a
garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del
procedimiento; y
IV.- Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el
Secretario Ejecutivo dentro de los 5 días siguientes deberá poner a consideración
del Consejo General, el proyecto de resolución que resuelva el procedimiento
sancionador, y en su caso, tenga por desechada o sobreseída la denuncia.
Artículo 361.- 1. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, (…)
Artículo 362.- (…) 2. El órgano del Instituto Estatal que reciba o promueva la
denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la
examine junto con las pruebas aportadas.
(…)
Artículo 364. 1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá formular un
proyecto de resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes y lo
presentará ante el Consejero Presidente, para que éste convoque a los
miembros del Consejo Estatal a una sesión que deberá celebrarse, a más tardar,
dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega del citado proyecto.
2. En la sesión respectiva el Consejo Estatal conocerá y resolverá sobre el
proyecto de resolución. (…)
Artículo 406.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría, por conducto
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento
especial establecido por el presente capítulo, (…)
Artículo 413.- Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral deberá turnar en un término máximo de 48 horas, el expediente
completo, exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás diligencias
que se hayan llevado a cabo al Tribunal, así como un informe circunstanciado.
(…)
Artículo 415.- El Tribunal, recibirá del Instituto el expediente original (…)
deberá: (…)
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley,
realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse, las cuales deberá desahogar;
(…)
IV. El Pleno de este Tribunal, resolverá el asunto en un plazo de 24 horas
contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
187 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
REGULACIÓN LEGAL DEL PROCEDIMIENTOS SANCIONADOR ESPECIAL (FEDERAL)
Artículo 470.- 1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente
Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas (…)
Artículo 470.- (…)
6. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia
en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante
su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser
confirmada por escrito y se informará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, para su conocimiento.
(…)
8. Si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de
medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de cuarenta y
ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 467 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Artículo 473.- 1. Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva
deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y
demás diligencias que se hayan llevado a cabo, a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, así como
un informe circunstanciado.
(…)
Artículo 474. 1. Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan como motivo la comisión de
conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquélla
pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando se
refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese
tipo de propaganda se estará a lo siguiente:
(…)
c) Celebrada la audiencia, el vocal ejecutivo de la junta correspondiente deberá turnar a la Sala Especializada del
Tribunal Electoral de forma inmediata el expediente completo, exponiendo las diligencias que se hayan llevado
a cabo así como un informe circunstanciado en términos de lo dispuesto en esta Ley. (…)
Artículo 475. 1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el
artículo anterior, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
Artículo 476. (…)
2. Recibido el expediente en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, el Presidente de dicha Sala lo
turnará al Magistrado Ponente que corresponda, quién deberá: (…)
b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como
violación a las reglas establecidas en esta Ley, realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para
mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá
desahogar en la forma más expedita;
c) De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las medidas de apremio necesarias
para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. (…)
d) Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno de
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento
sancionador, y
e) El Pleno de esta Sala en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a
partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.
Fuente de elaboración: sitio en internet de consulta de legislaciones electorales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que se enlista en el capitulado de fuentes de consulta del presente trabajo.
Ahora bien, ante la posible inconformidad de las partes por las resoluciones dictadas por los
tribunales o salas locales en los procedimientos sancionadores especiales, procede la vía del
Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, siendo esta entonces la segunda instancia en el conocimiento
de conflictos de esa naturaleza.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
188

Israel Antonio Mendoza Guerrero
Hasta aquí, queda claro que en la cadena impugnativa, los tribunales electorales locales, son
la primera instancia, y que en esa instancia procedimental, el conocimiento en sí de los procedimientos
sancionadores especiales, se comparte entre las autoridades administrativas y
las jurisdiccionales, quienes tienen, estas últimas, la facultad de efectuar diligencias o bien de
ordenarlas a las primeras, lo cual desde está opinión no aporta ningún beneficio en cuanto a
la expedites en el desarrollo de cada etapa de los procedimientos, ni tampoco en cuanto a la
optimización de la impartición de justicia en esos asuntos; por el contrario, el hecho fáctico
de que la tramitación e integración del expediente, estén sujetos a la revisión por el tribunal
electoral a efecto de asegurar el respeto al debido proceso y que estén correctamente integrados,
con la posibilidad de que sean devueltas a la instructora para que corrija o complete
diligencias, retarda la solución de los mismos, lo que se considera innecesario máxime porque
se encuentran vinculados a hechos situados en tiempo de procesos electorales.
De ahí que la opinión sea, que los procedimientos de esta naturaleza bien podrían ser tramitados,
sustanciados y resueltos únicamente por los órganos jurisdiccionales locales, lo que
equivaldría a fortalecer el principio de economía procesal, sin lesionar principios que rigen en
los regímenes sancionadores electoral, puesto que tal y como están las cosas, en principio, la
autoridad jurisdiccional sí tiene facultades para realizar diligencias, o para ordenarlas, lo que
resulta un indicador de que bien podría conocer bajo su jurisdicción y de principio a fin, la consecución
de este tipo de procedimientos, y sin que con ello se lesione la esfera de derecho de
los justiciables ni se reduzca alguna vía instancial en la cadena impugnativa.
Cuestión diferente, -pero no por ello un obstáculo insalvable, en esta opinión-, es que los tribunales
y salas electorales cuenten con los elementos y recursos humanos suficientes y
necesarios para realizar esa encomienda en caso de así se los mandatara la ley, puesto que
la experiencia vivida en los pasados comicios 2014-2015, nos muestran, que los procedimientos
de esta naturaleza, y tomando en cuenta solamente los trece estados en los que las
resoluciones a los sancionadores electorales fueron competencia de autoridades jurisdiccionales,
se resolvieron conforme a la numeralia que se advierte en el siguiente cuadro:
NO.
ENTIDAD FEDERATIVA
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ESPECIALES (PES) RESUELTOS
1 Baja California Sur 19
2 Campeche 5
(Los regula como Asunto General AG)
3 Colima 24
4 Ciudad de México (antes D.F.) 89
5 Estado de México 216
6 Guanajuato 89
7 Guerrero 20
8 Jalisco 217
189 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
9 Michoacán 162
10 Morelos 55
11 Nuevo León 265
12 San Luis Potosí 25
13 Yucatán 0*
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015
Procedimientos Sancionadores Especiales
842:
(PES) resueltos
-295: Del órgano central del INE, PSC.
-513: De órganos distritales del INE, PSD.
34: De órganos locales del INE, PSL.
* Datos no disponibles.
Elaboración propia del autor. Fuente de consulta: sitios en internet de los organismos electorales locales, de
los tribunales o salas electorales de las entidades federativas, así como de la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se enlistan en el capitulado de fuentes de consulta del presente
trabajo.
De los citados procedimientos sancionadores electorales, como podemos observar, en trece
entidades federativas, se advierte que los tribunales o salas electorales cuentan con las atribuciones
para poder desahogar diligencias pendientes o bien incorrectamente desahogadas
por las autoridades administrativas electorales, pero también, pueden ordenar a estas la realización
o corrección de dichas diligencias, lo que en la praxis viene a retardar la resolución que
ponga fin a las controversias ya sea para imponer sanciones a los sujetos denunciados, inhibiendo
a la vez, la comisión de conductas infractoras, o bien, para exonerarlos de la supuesta
infracción denunciada.
A efecto de corroborar lo anterior, en el expediente identificado con la clave alfanumérica PSE-
TEJ-053/2015 9 , incoado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Movimiento
Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
contra del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por la probable contravención a
las normas relativas a propaganda gubernamental durante el más reciente proceso electoral
local, mediante un acuerdo plenario de fecha siete de marzo de dos mil quince del Tribunal
Electoral de ese estado, se advirtió la omisión por parte de la autoridad instructora, en resolver
lo conducente a lo informado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos,
así como en llevar a cabo el desahogo del contenido de una prueba técnica y dar vista a las
partes de la información recibida por la referida autoridad electoral, a efecto de que estuvieran
en oportunidad de manifestar lo que a su derecho correspondiera con relación a la citada
9 La sentencia del referido Procedimiento Sancionador Especial, se encuentra disponible en la página oficial del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco en internet: http://www.triejal.gob.mx/pse-tej-0582015/, consultada el 01 de marzo de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
190

Israel Antonio Mendoza Guerrero
información, y por tanto, se ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la
citada Entidad Federativa que realizara las acciones tendientes para el debido desahogo de la
diligencia, desahogado lo anterior, dar vista a las partes, para que en el término de tres días,
manifestaran lo que a su derecho conviniera y recibida la vista o concluido el plazo, remitiera
el expediente relativo al procedimiento sancionador especial, conjuntamente con un nuevo
informe circunstanciado en el que incluyera el resultado de la práctica de esas diligencias, lo
que debería de realizar en un plazo de veinticuatro horas. Esto es, que en cuanto a la omisión
de la autoridad administrativa electoral que instruyó el procedimiento se le concedió un plazo
determinado para la reposición del procedimiento en lo que fue materia de la omisión detectada
por el órgano jurisdiccional y, luego, otro lapso más, a efecto de que remitiera el informe
correspondiente al Tribunal Electoral.
CONCLUSIONES
La regulación de los sujetos infractores, catálogo de infracciones y de sanciones dentro de la
normatividad electoral en nuestro país, principalmente, como hemos visto, en las reformas
suscitadas en los años 2007-2008 de impacto nacional para los regímenes sancionadores
que imperan en el Derecho Electoral, implica el reconocimiento de avances y beneficios en
cuanto a los mecanismos para la inhibir la comisión de conductas infractoras de las normas
electorales, que atentan contra los principios y valores de la democracia.
No obstante, todavía debemos reflexionar sobre lo perfectible, sobre los puntos pendientes
para fortalecer a los procedimientos sancionadores especiales, uno de ellos que se ha abordado
en el presente trabajo, y es el relativo la propuesta de concentrar la competencia para
conocer y resolverlos en las autoridades electorales de carácter jurisdiccional, esto para fortalecer
la aplicación de los principios de justicia expedita y el de economía procesal, sin lesionar,
a la vez, los que rigen en los regímenes sancionadores electorales y en las atribuciones sancionadoras
de las autoridades electorales en México, en cuyo ejercicio convergen, entre otros, los
principios dispositivo, inquisitivo, de exhaustividad, legalidad, concentración, inmediatez, tipicidad,
idoneidad y proporcionalidad, como hemos repasado en el capítulo III.
La pretensión es que, tales procedimientos que se incoan durante los calendarizados procesos
electorales, sean resueltos en primera instancia bajo una misma autoridad resolutora,
permitiendo con ello que se procesen con mayor celeridad algunos de los conflictos generados
durante los procesos electorales, máxime que la experiencia de los pasados procesos
comiciales federal y locales nos muestran, que se ha incrementado el número de los citados
procedimientos que se conocen y resuelven. Aunado a ello, se reflexiona respecto a la ventaja
que representa la homogeneidad en la regulación de competencias para tramitar sustanciar y
resolver los sancionadores especiales en todas las legislaciones de las entidades federativas,
recayendo en la autoridad jurisdiccional y no la administrativa, lo cual podría reportar efec-
191 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La esfera de competencias en el procedimiento sancionador especial
tos de celeridad en el desarrollo de cada etapa procedimental de los mismos, al no tener que
solicitar los tribunales electorales a los organismos electorales la realización o corrección de
diligencias dentro de la debida integración de los expedientes.
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JUSTICIA Y SUFRAGIO
192

Israel Antonio Mendoza Guerrero
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193 JUSTICIA Y SUFRAGIO

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Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoElectoral/6/
el/el11.pdf.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
194

E ENSAYOS
LA REGULACIÓN DEL CABILDEO EN MÉXICO
Loobying regulation in Mexico.
Carlos Manuel Rosales 1
Recepción: 14 abril de 2016.
Aprobación para publicación 16 de mayo de 2016.
Pp.195-218.
Resumen:
El presente trabajo muestra la relación entre servidores públicos y cabilderos. El vínculo
entre ambos nace al momento en que los cabilderos contactan a los servidores públicos
para presentarles sus ofertas u opiniones, e intentar influir en el desarrollo de sus labores;
ante lo cual, los funcionarios públicos deberán actuar conforme a sus convicciones,
compromisos o intereses.
Palabras clave:
Democracia representativa, financiamiento político, cabildeo, corrupción.
Abstract:
The present essay article shows the relation between public servants and lobbyists. The
relation between both is born from the moment in which lobbyists contact the public
servants to present their offers or opinions, and they try to influence the development
of the public servants labor; whereupon the public servants must act in accordance with
their convictions, commitments or interests.
Keywords:
Representative democracy, political financing, lobby, corruption.
SUMARIO: I. Introducción. II. Democracia representativa. III. Delegación Soberana. IV.
Elecciones. V. Tipos de financiamiento. VI. Lobby. VII. Corrupción. VIII. Conclusiones. IX.
Bibliografía.
1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado por la Universidad de Heidelberg. Magister
y Doctorado en la Universidad de Chile.
195
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
INTRODUCCIÓN
El sistema democrático está compuesto por un conjunto de valores y principios que permiten
la estabilidad del mismo, por medio de la renovación de las autoridades de manera pacífica y
ordenada, a través de elecciones periódicas y honestas, en el que todos los ciudadanos puedan
participar de manera activa o pasiva; pudiéndose agrupar, para intercambiar información
y así, discutir los asuntos públicos sin censura ni sanción 2 .
De manera general, este artículo indagará sobre la concentricidad de los elementos democráticos
antes mencionados: la representación pública, el intercambio de información y el derecho
de petición. Para comprender cómo debe ser el comportamiento de los representantes del
pueblo, la manera en qué se allegan de información los legisladores y como, una persona, un
grupo organizado o una organización o empresa profesional de consenso puede contactar a
un delegado o un funcionario estatal, para exponerle su causa (lobby) 3 .
El Lobby (cabildeo) es una prerrogativa política que permite tener contacto con las autoridades
públicas, que está diseñada para intervenir en las acciones de las instituciones del gobierno 4 .
Esta intervención informa y forma el orden del día público en la política. También se le estima
como el arte de la persuasión política 5 .
El cabildeo es un instrumento que intenta influir en la política, esto puede ocurrir en las etapas
del proceso legislativo, por una variedad de motivos 6 .
La relación que existe entre los poderes fácticos y los representantes del pueblo se da por
medio de los llamados cabilderos (lobbyist), que son los responsables de ofrecer información
especial y/o beneficios económicos a los servidores estatales. Esto lo realizan, proporcionando
información, investigación o datos adicionales para influenciar en un proyecto de ley o para
mediar que un funcionario público realice algo específico, buscando una ganancia para la empresa
o causa que representen 7 . Por lo que la conducta del representante o funcionario, ante
esa tentación puede desviarse de la delegación soberana que le fue otorgada 8 .
En el caso de particular de este trabajo, se expondrá la necesidad de regular esta actividad
en México, pues a partir de las recientes reformas constitucionales se contará con una mayor
2 Whitehead, Laurence, Democratization, Ed. Oxford, Great Britain, 2003, p.20. Águila, Rafael, Manual de ciencia política, Ed.
Trotta, Madrid, 2000, p.156.
3 Se pondrá especial atención a la representación Parlamentaria y a los titulares del Poder Judicial.
4 Miller, Charles, Practical tecniques for effective lobbying, Ed.Thorogood, London, 1998, p.3.
5 Zetter, Lionel, Lobbying.The art of political persuasion, Ed.Harriman, Great Britain, 2008, p.3.
6 Goldstein, Kenneth M., Interest groups, lobbying and participation in America, Ed. Cambridge. United Kingdom, 2008, p.6.
7 Kayser, Robert, So damn, much money, Ed. Vintage books, USA, 2010, p.3.
8 Goldstein, Kenneth M., op. cit., p.16.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
196

Carlos Manuel Rosales
cantidad de empresas internacionales, que requerirán del trabajo que realizan los cabilderos
(o empresas especializadas en esta actividad), para representar sus intereses en diversas industrias
(como en materia de energía, construcción, telecomunicaciones, proveedores, etc.),
lo que podría desviar, confundir, tergiversar, manipular o dirigir las actividades y funciones de
los representantes del pueblo y de los empleados del gobierno.
Este artículo comenzará exponiendo brevemente en qué consiste la democracia representativa,
para elucidar cuál es el compromiso de los servidores públicos, cuando ejerce funciones
públicas. En segundo lugar, se examinará el apartado de las elecciones, pues es por este instrumento
cómo se accede al poder político. Pero, para poder hacer de conocimiento público las
ofertas políticas, se necesita de recursos financieros, este es un punto en el que se puede coludir
la conciencia y la conducta del futuro representante. En tercer lugar, se mostrará y explicará
la función de los cabilderos en un sistema democrático, y su interacción con los poderes públicos.
El producto final de esta investigación se materializa, varias conclusiones y propuestas
para que se analice y considere el por qué se debe regular y controlar la actividad del cabildeo.
Uno de los objetivos de este trabajo es exhibir la posible desviación que puede ocurrir cuando
los servidores públicos deciden actuar como agentes o aliados de los poderes fácticos por
medio de los cabilderos, colocando el interés privado sobre el público, por lo que se hace necesaria
una legislación especial.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Winston Churchill declaró que “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las
otras formas que se han probado de tiempo en tiempo” 9 . La democracia como sistema político
garantiza la libertad, protege los derechos fundamentales y el mejoramiento de la sociedad.
Pero sobre todo, permite que sea el pueblo el que determine su propio destino.
Sin duda, el valor político y social de la democracia se encuentra en la legitimidad de los actos
de la autoridad.
Desde el aspecto institucional, la democracia posibilita el establecimiento de normas para el
control de las autoridades estatales, con el objetivo de que no abusen del poder que se les ha
delegado temporalmente.
Actualmente existe un déficit democrático a nivel mundial, al no haber un reflejo efectivo entre
los actos gubernamentales y los deseos de la sociedad. Con asuntos que hacen dudar del
valor de esta forma de gobierno; pues casos como corrupción, demagogia, rescates bancarios
9 Frase pronunciada en la Cámara de los Comunes el 11 de noviembre de 1947.
197 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
insultantes, subordinación ante los poderes fácticos, desinformación pública, poderes políticos
coludidos con el crimen organizado, manipulación cultural e ideológica, represión social,
censura, indebida intervención electoral (privada y pública), opacidad estatal, etcétera 10 . Por
lo que se vuelve necesario reformular, recolocar y mostrar los beneficios que debe producir la
democracia, con el fin de que esta permee y se regenere endógenamente.
La democracia es un término muy amplio, que cuenta con acepciones descriptivas, funcionales,
referenciales, etc. por lo que se llega a perder su sentido, por la diversidad de sus
significados, que van desde una generalidad hasta una ambigüedad de lo que representa 11 .
Hay que recordar que “la democracia nació sin Constitución. Su identidad como proyecto partía
del reconocimiento de un valor, la dignidad de todos los ciudadanos; del abanderamiento
de un principio, la autonomía política, y la defensa de una forma de acción concreta, la participación
generalizada” 12 .
Esto ha convertido a este sistema político en el único medio de legitimación del poder con una
aceptación general, lo que ha conllevado a que la democracia se transforme en un concepto
“ideal”, que todo gobierno usufructúa para autocalificarse. Esto ha producido un sinfín de
acepciones de la democracia 13 .
La definición más reconocida de la voz democracia, es acorde con su origen etimológico “gobierno
del pueblo” 14 . El otro significado más utilizado, es el que ofrece la Real Academia de
Lengua (RAE): “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno o predominio
del pueblo en el gobierno político de un Estado” 15 . Sin embargo, para Luigi Ferrajoli la
acepción semántica de democracia es incompleta, porque no deja claros los conceptos de qué
se debe entender por poder, quiénes conforman al pueblo, entre otras cosas 16 .
Para Michael Walzer, la democracia es entendida como una manera de asignar el poder y legitimar
su uso -o mejor dicho, es la manera política de asignar el poder 17 .
10 Vid, Keane, John, The Life and Death of Democracy, Ed. Simon and Schuster, London, 2009.
11 Sunstein, Cass R., “Constitutions and democracies” en Elster, Jon, Constitucionalism and democracy, Ed.Cambridge University
Press, USA, 1998, p.352.
12 “Esta es la paradoja de nuestro tiempo: para que la democracia se realice, es necesaria la Constitución, y para que esta se
realice plenamente, es necesario un órgano que, actuando con una racionalidad distinta a la política, garantice su observancia”,
Cossío Díaz, José Ramón, “Sobre jueces y política”, en Vázquez, Rodolfo (compilador), Corte, jueces y política, Ed.
Fontamara, México, 2007, p.95.
13 Serrano Gómez, Enrique, Consenso y conflicto, Ed. Interlínea, México, 1996, p.60.
14 Gómez de Silva, Guido, Diccionario Etimológico de la Lengua Española, Ed. FCE, México, 2001, p.213.
15 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Ed. Espasa, España, 2001, p.744.
16 Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, Ed. Trotta, Madrid, 2008, p.87.
17 Walzer, Michael, Las esferas de la justicia, Ed. FCE, México, 2004, p.313.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
198

Carlos Manuel Rosales
Norberto Bobbio definió a la democracia con base en tres principios institucionales: “1) conjunto
de reglas (primarias o fundamentales) de procedimiento para la formación de decisiones
colectivas, 2) que establecen quien está autorizado a tomar las decisiones y, 3) mediante que
procedimientos” 18 . Por lo mismo, Bobbio considera que un régimen es democrático, en cuanto
sea mayor la cantidad de personas, que participan directa o indirectamente en la toma de
decisiones.
Michelangelo Bovero estima que un régimen político puede ser definido como democrático
–cualquiera que sea su forma- “cuando a todos los sujetos a que se dirigen las decisiones colectivas
tienen el derecho-poder de participar, con igual peso con respecto de cualquier otro,
en el proceso que conduce a la asunción de dichas decisiones” 19 .
Robert Dahl considera un régimen como democrático cuando reúne por lo menos las siguientes
características: la renovación de las élites; la decisión de qué elite gobernará, tomada
mediante elecciones libres abiertas, competitivas y transparentes, y la tutela y la protección
de los derechos fundamentales 20 .
Sin embargo, la evolución de este sistema político ha creado diversas acepciones en que puede
ser entendida y utilizada (por ejemplo, la democracia directa, representativa, deliberativa,
social, progresista, delegatoria, distributiva, etcétera.).
Entonces podemos observar que la democracia es un género político y que las diversas en que
puede ser considerada son parte de su evolución con base en el contexto histórico, económico,
político y social. Para el objeto del presente artículo se analizará la democracia representativa
o también denominada como indirecta, que nace de la delegación que le hace el soberano.
DELEGACIÓN SOBERANA
La democracia representativa es el sistema que la mayoría de los sistemas actuales ha adoptado.
Esta versión de la democracia tiene como principio justificativo, “el igual derecho para
todos al autodesarrollo sólo puede alcanzarse en una sociedad participativa” 21 .
De esta forma, la democracia indirecta es identificada con una particular atención al contenido
de las decisiones colectivas, “per le peuple, mediante el pueblo, o mejor aún, a través de los
ciudadanos en el proceso de las decisiones colectivas” 22 .
18 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, Ed. FCE, México, 1998, pp.21-24.
19 Bovero, Michelangelo, Los adjetivos de la democracia, Ed. IFE, México, 2000, p.16.
20 Dahl, Robert, A., La poliarquía, Ed. REI, México, 1993, pp.14-15.
21 Cienfuegos Salgado, David, Justicia y Democracia, Ed. El Colegio de Guerrero, México, 2008, p.187. Ojesto Martínez Porcayo,
José Fernando, “Poder, derecho y jueces: la jurisdicción como participación política”, op. cit., pp.466-467.
22 Bovero, Michelangelo, op.cit., pp.22 y 23.
199 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
Una democracia es representativa (o sustancial), cuando los ciudadanos eligen a sus representantes
por medio de elecciones reales 23 . Estos representantes serán delegados de la voluntad
ciudadana, por lo mismo tendrán el deber de cumplir sus compromisos y ofertas de campaña 24 .
Sobre la democracia sustancial, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) Constancio Carrasco considera que esta delegación se relaciona con “la
representatividad de los gobernados; esto es, la existencia de actores sociales que se erigen
como instrumentos políticos al asumir la función pública” 25 . En esta definición, se delega el
poder a otros para representarlos y, a través de ellos, se realicen las exigencias de una comunidad
26 .
La democracia indirecta se sustrae de todo poder decisional, tanto público como privado, ofrece
la disponibilidad no sólo de los derechos políticos y del método democrático en la formación
de las decisiones, sino del entero conjunto de los derechos fundamentales y de los otros principios
constitucionales, como la división de poderes, la independencia de la jurisdicción –tanto
ordinaria como constitucional- y las varias figuras de incompatibilidad dirigidas a impedir excesos
de poder y conflictos de intereses 27 .
La manera en como las personas alcanzan la representación es por medio de las elecciones
para obtener el voto de sus pares. Por lo que a continuación, analizaré este tema.
ELECCIONES
La institución fundamental, común a todos los regímenes democráticos contemporáneos, es
la elección de los representantes por medio de sufragio universal 28 .
Guillermo Canabelas define al término “Elección” como: “escogimiento, selección, preferencia,
liberación, libertad para actuar. I Nombramiento por votación, o por designación de quien tiene
tal autoridad, para cubrir un cargo o desempeñar un empleo. II. En Derecho Político, ejercicio
del derecho del sufragio” 29 . Entonces, las elecciones son el medio material que permite a los
ciudadanos seleccionar entre las diversas ideas políticas.
23 Böckenforde, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el estado de derecho y la democracia, Ed. Trotta, Madrid, 2000, pp.145-150.
24 Rosenthal, Alan, Republic on trial: The case for representative democracy, CQ Press, USA, 2003, p.1.
25 Carrasco Daza, Constancio, “Más allá de la confrontación de ideas en los debates políticos” en Lex: Difusión y Análisis,
Tercera época, Año XI, No.146, México, 2007, p.31.
26 Sobre los actuales problemas de la representatividad democrática, se puede consultar a Roberto Gargarella, Crisis de la
representación política, Ed. Fontamara, México, 2002, pp.95-97.
27 Ídem, p.82. Vid, De Cabo, Carlos, Contra el consenso, Ed. UNAM; México, 1997, pp.127-172.
28 Bovero, Michelangelo, op. cit., p.17.
29 Canabellas, Guillermo, op. cit., p.158.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
200

Carlos Manuel Rosales
Por medio de las elecciones, se consolida la autonomía del sistema político y, al mismo tiempo,
se ejercitan los derechos políticos. Por lo que se puede apreciar, las elecciones deben ser
un procedimiento jurídicamente regulado.
Dieter Nohlen estima que las elecciones “se comprenden como un acto de formación de la
voluntad política, más no como una forma de copiar o medir las opiniones dominantes en la
población. Por lo que las elecciones, son en sí mismas un acto de participación política, de la
mayor o menor posibilidad de expresar la voluntad política por parte del elector” 30 . Pero sobre
todo, las elecciones deben ser auténticas, es decir que, “sus resultados sean reflejo de la
voluntad de los ciudadanos” 31 .
Las elecciones son el método insustituible a través del cual, la diversidad política puede competir
y convivir de manera institucional, pacífica y ordenada 32 . Igualmente, se les considera un
mecanismo, para designar a ciertas personas con el objeto de que estas desempeñen ciertas
tareas 33 . “Las elecciones tienen el propósito de escoger buenas políticas o a políticos con
buenas políticas”. 34 Ahora se considerará los revestimientos que deben tener las elecciones
para que sean reales.
Una premisa fundamental del sistema democrático es que las elecciones no pueden ser libres
si quienes gobiernan, pueden manejarlas para afianzarse en el Poder; porque las elecciones libres
tienen como finalidad esencial, la legitimación y la limitación del Poder.
Las elecciones se califican como libres cuando son “verdaderas, auténticas, el voto es del
ciudadano –el que vota, escoge-; hay diversidad de opciones diferenciadas en candidatos, programas
y partidos; elecciones transparentes, observadas y vigiladas (salvo el voto personal y
secreto), correctas, sin tetras ni mañas, ni presiones, competidas y confiables, sin ausencia,
abstención, ni ausentismo grave” 35 .
En general, las elecciones libres son el mecanismo para que el electorado demuestre no sólo
sus preferencias entre los partidos y sus políticas, sino también su compromiso con el proceso
democrático.
30 Nohlen, Dieter, Sistemas electorales en su contexto, Ed. UNAM, México, 2008, pp.138-139.
31 Castillo González, Leonel, op. cit., p.108.
32 Woldenberg, José, “La próxima reforma electoral”, en Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ugarte, Pedro, Constitución,
democracia y elecciones, op.cit., p.81.
33 Fernández Santillán, José Florencio, op. cit., p.10.
34 Gómez Palacio, Ignacio, op. cit., p.17.
35 González Durán, Carlos, “Justicia electoral y resolución de conflictos” Revista Jurídica Jalisciense, Año 8. No.1, México,
1998, p.215
201 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
Estos procedimientos ofrecen la oportunidad de expresar inconformidades y protestas, sin
poner en peligro las estructuras institucionales 36 . Igualmente se debe dar al ciudadano, garantías
de transparencia y limpieza de las elecciones, para que las decisiones que resulten del
procedimiento sean respetadas y, como resultado, el sistema político sea legitimado 37 . Así,
los procesos electorales son el mecanismo principal para fundar y legitimar el origen y el ejercicio
de la autoridad política 38 .
Mackenzie considera necesarias cuatro condiciones para que haya elecciones libres, y con esto
contar con una virtualidad auténticamente legitimadora:
1) Un Poder Judicial independiente que interprete la ley electoral y resuelva las controversias
suscitadas en ese ámbito; 2) Una administración sana, competente e imparcial, que
lleve a cabo las elecciones; 3) Un sistema maduro de partidos políticos, lo suficientemente
organizados para presentar a los electores un programa político, una tradición y una
candidatura propios como una alternativa de opción y 4) La amplia aceptación por parte
de la comunidad política de ciertas reglas de juego que limitan la lucha por el poder” 39 .
Las elecciones deben ser imparciales y objetivas. La financiación de las elecciones debe garantizar
la igualdad de recursos materiales en la competencia electoral 40 (gastos máximos con
base en topes de las contribuciones privadas, equidad en los tiempos disponibles en los medios
electrónicos de comunicación, prohibición de prácticas desleales de autoridades, partidos
políticos y candidatos, entre otras) 41 .
Asimismo, las elecciones deben realizarse en los tiempos establecidos y permitir a los actores
políticos obtener las preferencias de los electores en igualdad de recursos materiales (financiamiento,
no permitir la intervención del gobierno, regular tiempos de campaña, vigilar la
propaganda oficial y contratada, etcétera.).
Los comicios deben realizarse periódicamente, pues adquieren un carácter democrático mediante
su repetición habitual, misma que debe realizarse en los plazos que señala la norma legal 42 .
36 Fix-Fierro, Héctor, op. cit., p.25.
37 Ídem.
38 Ídem, p.IX.
39 Mackenzie, W.J.M., Elecciones libres, op.cit. pp.16 y ss.
40 Rosas Leal, Víctor Manuel, “Democracia interna de los partidos políticos” en Democracia interna y fiscalización de los partidos
políticos, Ed. TEPJF, México, 2002, p.185.
41 Carpizo, Jorge, op. cit., p.102.
42 Fernández Santillán, José Florencio, op. cit., p.14.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
202

Carlos Manuel Rosales
Lo que se desea obtener con este procedimiento, es que las elecciones sean auténticas; lo que
quiere decir, que sus resultados sean el reflejo fiel de la voluntad de los ciudadanos 43 . Por lo
que se puede afirmar, que las elecciones son la verdadera llave del cambio político, en un país
con un sistema democrático confiable.
La continuidad del juego democrático requiere que el rival derrotado en la lid electoral
mantenga sus derechos y, con ellos, la posibilidad de que en un momento posterior, su
postura llegue a obtener los votos de la mayoría. El principio democrático de la alternancia
de los partidos políticos en el poder se fundamenta, precisamente. En el hecho
de que un procedimiento electoral no garantiza que el vencedor tenga la verdad o que
se encarne la opción correcta 44 .
Al contarse con un sufragio efectivo y elecciones reales, se contará con autoridades legítimas 45 .
La democracia es el sistema político que se ha instalado y consolidado en la mayoría de los
países occidentales. Pero no basta con establecer mecanismos de participación para acceder
al poder de manera pacífica, también es necesario que haya una competencia pluralista, transparente
y competitiva.
Entonces tenemos por un lado, el factor material de la competencia electoral que será realizada
por ciudadanos que participan ejerciendo su derecho de sufragio.
Por otro lado, tenemos los factores cualitativos de cómo será llevada la elección (ya sea por
ciudadanos independientes o agrupados y organizados en partidos políticos), con el objetivo
de presentar sus ofertas en el mercado político, bajo las condiciones y garantías establecidas
previamente. De esta manera, se construyen los elementos para la participación política de la
sociedad civil 46 . Por lo que se hace necesaria y fundamental, la participación tanto de los actores
políticos como de los ciudadanos en los procesos democráticos.
Sin embargo, no es suficiente la participación de la población, sino que también se debe establecer
un conjunto de normas, para que las elecciones sean justas. En el que cada uno dentro
de su espacio de actuación se sujete a las reglas del juego 47 .
43 Castillo González, Leonel, op. cit., p.102. Vid, Canto Presuel, Jesús, Diccionario Electoral, Ed, TEQROO, México, 2008, p.36.
44 Serrano Gómez, Enrique, op. cit., p.46.
45 Shapiro, Ian, op. cit., p.76.
46 El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución, realizados por las autoridades electorales,
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los
poderes legislativo y ejecutivo. Covarrubias Dueñas, José de Jesús, “Justicia Electoral”, Revista Jurídica Jalisciense, Año 8,
Número 1, México, 1998, p.48.
47 Linz, Juan José, Problems of democratic: Transitions and Consolidation, Ed. The Johns Hopkins University Press, USA, 1996,
pp.45-49.
203 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
La democracia representativa se materializa cuando los ciudadanos eligen a sus representantes
por medio de elecciones reales. Esta autoridad representativa tendrá el deber de cumplir
sus compromisos de campaña y deberá materializar la voluntad de su electorado 48 .
El mecanismo para que la democracia representativa se organice, es (principalmente) por medio
de partidos políticos. Pues como lo señala Giovanni Sartori, los partidos políticos no son
facciones, lo que significa que los partidos políticos son un instrumento para lograr beneficios
colectivos, para lograr un fin que no es meramente el beneficio privado; asimismo, los partidos
son medios de expresión, porque tienen funciones representativas, expresan una idea política
y canalizan la voluntad del pueblo 49 .
Los partidos políticos después de su nacimiento en el siglo XIX se convirtieron en el instrumento
para poder acceder pacíficamente al poder. Sin embargo, al mismo tiempo se expandía su
influencia, tamaño y necesidades, para dejar de ser partidos de cuadros y, pasar a convertirse
en partidos de masas. Por lo que necesitaron de recursos cada vez mayores para dar a conocer
sus ofertas políticas a la ciudadanía. De esta manera, los partidos comenzaron a financiar
sus gastos por medio de cuotas entre sus afiliados y donaciones de simpatizantes 50 .
De esta manera, la financiación de los actores políticos se justifica por la necesidad de que
tanto partidos como candidatos, puedan contar con los medios necesarios para poder competir
en temporadas electorales (periódicas), y poder obtener o retener representación en
los poderes políticos (especialmente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) y, que en épocas de
inactividad electoral, los partidos puedan mantener su estructura y su organización 51 . Pero
veamos de manera más profunda este tema.
TIPOS DE FINANCIAMIENTO
Todo sistema de financiación política debe escoger entre tres escenarios: financiación pública,
financiación privada o un sistema mixto, resultado de la combinación de las primeras dos
opciones 52 .
Alan Ware cataloga en siete las fuentes de financiamiento, para las actividades de los partidos
políticos: “1) contribuciones individuales; 2) patrocinios; 3) grupos de interés que financian
mediante grupos laborales, grupos estudiantiles, conglomerados empresariales; 4) contribuciones
de fuentes extranjeras; 5) exacciones de los salarios de funcionarios públicos; 6)
48 Rosenthal, Alan, Republic on trial: The case for representative democracy, CQ Press, USA, 2003, p.1.
49 Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Ed. Alianza, España, 2000, pp.51-57.
50 Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ugarte, Pedro, Constitución, democracia y elecciones, Ed. UNAM, México, 2007, p.96.
51 Koole, Ruud y Nassmacher, Kart-Heinz, op.cit., Pp. 208 y Marín, Félix, “España”, en Dinero y contienda político-electoral,
op. cit., p.281.
52 Zovatto, Daniel, “América Latina”, op. cit., p.51.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
204

Carlos Manuel Rosales
recursos de capital o de inversión de los partidos; y 7) suscripciones de membresía y además,
en muchos países, existe financiamiento estatal para los partidos políticos” 53 . Por lo importancia
del tema, analizaré brevemente los principales mecanismos de financiamiento político,
comenzando con el financiamiento público.
Una razón importante para el establecimiento del financiamiento público, ha sido la convicción
de que los partidos políticos juegan un papel trascendental en los sistemas democráticos
representativos, por lo que el Estado debe asegurar que ellos dispongan del apoyo y los recursos
necesarios para su funcionamiento ordinario o electoral, y para su institucionalización y
fortalecimiento democrático 54 .
Los motivos que sustentan el financiamiento público a los partidos son los siguientes: transparentar
el origen de los recursos; garantizar la independencia de los partidos; contar con
condiciones adecuadas de equidad en la competencia; y, evitar la tentación de acudir a fuentes
ilegítimas de financiamiento 55 .
Las ventajas de establecer un sistema de financiamiento público:
1) lograr y mantener que los partidos estén protegidos de las presiones corporativas o
ilegales que podrían proceder de su independencia financiera con centros o grupos de
poder económico, social o institucional; 2) garantiza el principio de equidad en las condiciones
de la competencia política; y 3) logra que las operaciones financieras de los
partidos, sus ingresos y egresos, corran por vías transparentes y conocidas 56 .
Por lo que el establecimiento de financiamiento público tiene como meta intentar que haya
una competencia electoral más equitativa, conocer el origen de los recursos obtenidos por los
dirigentes y concursantes a los cargos públicos. Y subsecuentemente, disminuir las posibilidades
de que haya futuros casos de corrupción entre la clase política y los grupos que aportaron
recursos a sus campañas electorales 57 .
El financiamiento público se integra de los recursos provenientes del presupuesto del Estado.
Estas prerrogativas pueden ser en dinero o en especie, como el pago del importe postal, el
préstamo de bienes muebles, exenciones fiscales, etc.
53 Jain, Randhir, “Asia”, op.cit., p.100.
54 En América Latina, la doctrina mayoritaria se inclina a favor de la tesis que califica a los partidos políticos como asociaciones
privadas, pero que cumplen funciones públicas o de interés general, debiendo por tanto, ser sujetos pasivos de financiación
pública.
55 Woldenberg, José, “Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los recursos, nuevos retos de la autoridad electoral”,
en Democracia interna y Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, op. cit., p.20.
56 Idem, pp.20-21.
57 Zovatto, Daniel, “America Latina”, op. cit., pp.50 y 51.
205 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
Por otro lado, el otro principal mecanismo para que los partidos políticos puedan obtener
mayores recursos es por la vía del financiamiento privado. Esta clase de financiamiento es el
recurso legítimo proveniente de los particulares, que tiene la capacidad de promover los puentes
de contacto entre la sociedad y los partidos políticos. Por lo mismo, se entiende que incita
a una mayor identidad de los partidos a la voluntad de sus afiliados o simpatizantes, porque
estos contribuyentes pueden retirarles no sólo su preferencia política, sino sus aportaciones
en cualquier instante 58 .
El financiamiento privado se enfoca en la cuestión de quién y cuánto puede contribuir legalmente
a los partidos o candidatos. Existen tres instrumentos para obtener contribuciones
voluntarias de los particulares: las cuotas de sus afiliados, las donaciones y, en algunos casos,
los créditos de entidades financieras 59 .
Para muchos partidos, las contribuciones individuales de simpatizantes acaudalados y de las
corporaciones han sido una fuente tradicional de su financiamiento. Las contribuciones en
especie, como servicios voluntarios, préstamo de autos, bienes inmuebles en comodato, formación
de vallas, etc. debe ser mencionado en los informes contables, aunque su valor no
puede calcularse de manera adecuada 60 .
El término general “contribución” se le otorga a los diferentes tipos de donaciones. Una donación
puede ser una contribución de un individuo que apoya a determinado partido o candidato.
Un segundo tipo de donación que puede ser mucho más cuantiosa, es la aportación hecha
por una corporación, un grupo de interés o un donante institucional, que desea “comprar” la
posibilidad de acceder a los políticos o de influir sobre una política específica. Además, existe
un tercer tipo de donación, la “voluntaria”, ésta puede ser dada a cambio de favores políticos,
como un cargo, un contrato o una licencia pública 61 .
De forma más específica, el financiamiento privado lo podemos clasificar en cinco modalidades:
“a) membresías de los afiliados; b) donaciones individuales; c) donaciones de grupos de
interés o instituciones económicas (empresas, corporaciones, asociaciones, sindicatos, unión
de comerciantes); d) créditos; y e) actividades del partido que generan algún tipo de utilidad” 62 .
Pero, no solamente los mecanismos de financiamiento público y privado son los más importantes.
También, los ciudadanos que tengan adhesión o simpatía por un candidato podrían
aportar o donar libremente en una campaña política. Por lo que no se contaría con un siste-
58 Woldenberg, José, “Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los recursos, nuevos retos de la autoridad electoral”,
en Democracia interna y Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, op. cit., p.24.
59 Idem, p.25.
60 Idem, p.214.
61 Idem, p.215.
62 Zovatto, Daniel, op. cit., p.66.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
206

Carlos Manuel Rosales
ma eficaz para vigilar este mecanismo de aportación a los recursos fiscalizados y controlados
por los partidos políticos o las autoridades. Esto la doctrina norteamericana, lo ha denominado
soft money (dinero blando) 63 .
Estos “gastos independientes” se hacen en forma paralela a las finanzas de los partidos, y se
pueden realizar por ciudadano(s) o grupo(s) a favor o en contra de algún candidato 64 . Estos
gastos forman un ingreso, en un sentido no registrable para los partidos políticos; sin embargo,
en los hechos son un patrocinio que reciben y que no está sujeto a registro o control alguno 65 .
Este gasto independiente es una erogación en mensajes o recursos, dirigidos a lograr la elección
o la derrota de un candidato claramente identificado; además de ser un gasto realizado
sin la anuencia y sin consulta de algún candidato, sus representantes o su comité encargado
de la elección. Por otro lado, existe la publicidad temática, que se refiere a los gastos que
realizan los ciudadanos o una corporación con el objetivo de difundir su postura en un asunto
específico, sin hablar claramente a favor o en contra de un candidato, una propuesta legal
o una decisión judicial 66 .
Veamos en particular el caso de los legisladores que postulan a la reelección; ellos buscan o les
ofrecen fondos para patrocinar su campaña electoral; por supuesto, ningún apoyo es gratuito.
Este financiamiento se realiza por medio de agentes y delegados especiales de los poderes
fácticos, llamados cabilderos (lobbyists).
LOBBY
Las industrias del lobby (cabildo) existen donde hay gobiernos democráticos que están abiertos
a escuchar consultar externas 67 . Los cabilderos trabajan como nexo entre la clase política
y la empresarial 68 .
Los lobbystas (cabilderos) forman parte de los debates políticos, pero esto no significa que
todas las actuaciones de los cabilderos sean por lo general acertadas, de hecho, ellos a menudo
tienen poco control del proceso político, y muchas de sus acciones son reactivas más que
proactivas, forzados por las acciones de otros factores (políticos y legales) 69 .
63 Woldenberg, José, “Vida interna de los partidos políticos y fiscalización de los recursos, nuevos retos de la autoridad electoral”,
op. cit., p.28.
64 Vid, Rosales, Carlos Manuel, “¿Qué es el dinero blando?”, Revista Quid Iuris, Ed. Tribunal Electoral de Chihuahua, Número
10, México, 2009.
65 Woldenberg, José, op. cit., pp.28 y 29.
66 Alexander, Herbert, “EEUU”, op. cit, p.342.
67 Zetter, Lionel, op.cit., p.25.
68 Goldstein, Kenneth M., op.cit., p.7.
69 Baumgartner, Frank, Lobbying and policy changes, Ed. University of Chicago press, 2009, p.110.
207 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
En el sentido más amplio, el cabildeo de política pública implica el intento de afectar leyes,
regulaciones, decisiones de tribunal, y otros tipos de decisiones públicas con repercusión
política 70 .
¿Quién gana con el Lobby? ¿Intereses adinerados, corporaciones, y aportadores de campaña
que usan la buena voluntad y el acceso a la clase política que sus recursos pueden ganar para
ellos, para conseguir lo que ellos quieren? ¿Determinan la parcialidad o la ideología, el resultado
de la mayoría de las discusiones de política, fluyendo inexorablemente los resultados de
una elección? ¿Afectan los mismos factores publicaciones relevantes, así como aquellos hablados
dentro de comunidades especializadas de la clase política? ¿Cómo tiene éxito la retórica
en el cambio de la información? ¿Cómo los intereses organizados y la clase política trabajan
juntos y cómo a menudo entran en conflicto? 71 Estudiar el cabildeo, es estudiar los esfuerzos
para cambiar las políticas públicas existentes 72 .
Hay dos metas que deben obtenerse por medio del lobby. Lo primero, es persuadir a las personas
que se está en lo correcto. Lo segundo, es persuadir al gobierno que actué como se
desea 73 .
La formación de publicaciones es también un camino eficaz para influir en los cálculos de los
legisladores sobre las consecuencias electorales de sus acciones. Además, ganando la batalla
para definir sobre un voto, se puede influir en decisiones legislativas formando las opiniones
de los legisladores. En general, los cabilderos auxilian para que un grupo decida, qué grupo de
interés querría adaptar su mensaje del modo más atractivo y eficaz 74 .
El cabildeo eficaz es dependiente de la construcción de relaciones mutuas de confianza y de
intercambio de beneficios durante cierto tiempo 75 .
¿Por qué atrae la legislatura la atención de los cabilderos? Primero, porque los legisladores y
sus ayudantes son más accesibles que los funcionarios de las otras ramas de gobierno. Ellos
deben obtener el dinero para financiar sus campañas electorales. Los legisladores con regularidad
actúan recíprocamente de manera informal con los cabilderos en eventos, restaurantes y
encuentros organizados para recaudar fondos. Ellos dan un toque para las donaciones, y esto
genera familiaridad. Asimismo, la legislatura proporciona con regularidad foros, en el que los
cabilderos proporcionan sus decisiones pendientes y propuestas 76 .
70 Idem, p.57.
71 Idem, p.1.
72 Baumgartner, Frank, op. cit., p.19.
73 Kober-Smith, Mark, Lobbying, Ed. Cavendish, Great Britain, 2000, p.31.
74 Goldstein, Kenneth M., op. cit., pp.39-40.
75 Richardson, Jeremy, op. cit., p.75.
76 Nownes, Anthony, Total lobbying, Ed. Cambridge, USA, 2006, p.87.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
208

Carlos Manuel Rosales
El problema surge cuando las predisposiciones iniciales de un legislador están en conflicto con
sus patrocinadores (el representante está delegado por la confianza entregado por el soberano).
Pero estar en conflicto, no es bastante para influir en el comportamiento de un legislador.
La reclamación del distrito electoral influirá en sus asuntos, por lo que los legisladores tratan
de estimar las preferencias políticas de su distrito.
Los legisladores para ser convencidos de que una acción particular podría causar futuros problemas
electorales, tienen que estar convencidos no sólo sobre el nivel general de la opinión
pública en su distrito, sino también que los resultados de una publicación particular, cómo
podrían destacarse en una campaña electoral y en última instancia ser traducido en votos 77 .
Los cabilderos localizan personalmente a los legisladores y/o sus ayudantes. Los encuentran
en muchos sitios diferentes, incluyendo sus oficinas, edificios de gobierno, y lugares informales
como bares, eventos y restaurantes. Estas reuniones personales dan a los cabilderos la posibilidad
para presentar información relevante, dialogar sus propuestas o convencer o influir en
la conducta del representante popular 78 .
Cuando los cabilderos encuentran a legisladores o con sus ayudantes legislativos, a menudo
acentúan como una propuesta afectará a los principios u objetivos del legislador. En algunos
casos, los cabilderos trabajan con los legisladores para formular estrategias y tácticas
diseñadas para asegurar que una propuesta tenga éxito. Además, en algunas ocasiones, los
legisladores introducen comunicaciones escritas elaboradas por los cabilderos o piden a los
cabilderos ayudarles a revisarlas durante el proceso. Los legisladores y sus ayudantes a menudo
apelan por la ayuda de los cabilderos, porque muchos son expertos en su campo de
especialización.
Los lobbystas presionan a la legislatura para hacer favores y/o proporcionar regalos a los legisladores,
como el pago de los alimentos, flores, cuidado de niños, paseos de trabajo, entradas
a eventos atléticos, y paseos en aviones corporativos.
La relación entre el dinero y los resultados políticos es lejos de ser simple; en gran parte porque
las grandes cantidades de dinero entran y se aprovechan de un lado, los otros a menudo
se movilizan. Existen diversos estudios que han luchado para documentar el impacto de las
contribuciones de campaña sobre las decisiones políticas, pero con resultados incoherentes.
Las donaciones de los comités de acción políticos (PAC´S) a veces parecen influir sobre los legisladores
e igualmente, no parecen haber tenido ningún efecto 79 .
77 Goldstein, Kenneth M., op.cit., pp.37-38.
78 Nownes, Anthony, op. cit., p.17.
79 Baumgartner, Frank, op. cit., p.193.
209 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
Los cabilderos y los intereses organizados pueden dar dinero a los responsables de formular
la política de un partido de muchas maneras. El dinero ayuda a un cabildero a construir una
relación con un responsable de elaborar la política de un partido político, y puede ayudar a un
cabildero a conseguir tener un pie en la puerta 80 .
Los grupos de interés a menudo enfocan recursos monetarios a las organizaciones de propugnación
en los siguientes apartados: personal de cabildeo, reservas financieras, y contribuciones
de campaña 81 .
La manera principal en que los intereses privados se organizan durante las campañas electorales,
es haciendo contribuciones monetarias a los candidatos. En muchos lugares, se prohíbe
que los intereses organizados aporten dinero directamente a los candidatos. En cambio,
ellos pueden formar organizaciones especiales afiliadas, llamadas comités de acción política
(PAC´s) 82 .
Los intereses organizados contratan en el cabildeo electoral, haciendo contribuciones monetarias
a los partidos políticos. Aunque sea complicado, los intereses organizados pueden
apoyar a los partidos políticos. Los poderes fácticos permiten que los intereses organizados
(otra vez, generalmente por sus PAC´s) contribuyan dinero a las organizaciones del partido,
para que pueden usarlo para las actividades de los candidatos 83 .
Por otro lado, tenemos que también el lobbying se realiza con los representantes del Poder
Judicial.
El trabajo principal de la rama judicial es resolver discusiones civiles y criminales. Sin embargo,
como agencias burocráticas, su trabajo interno no es tan público. En los sistemas democráticos,
los tribunales tienen el poder de interpretar leyes y sus regulaciones, pero raras veces las
leyes cubren cada eventualidad que puede ocurrir en la práctica. Así, a menudo los tribunales
clarifican el contenido de las leyes, para decir lo que “realmente significa” 84 .
También se debe considerar que los intereses organizados presionan a los tribunales, bajo la
fórmula amicus curiae (“amigo del tribunal”). A menudo, los tribunales deciden sobre asuntos
muy importantes (p.ej., el aborto, la acción afirmativa, derechos civiles, inmigración), y en
algunos casos, los intereses particulares “informan al Tribunal sus puntos de vista sobre las
posibles implicaciones de su decisión e impulsan la adopción de una resolución que les favorez-
80 Nownes, Anthony, op. cit., p.83.
81 Baumgartner, Frank, op. cit., p.193.
82 Idem, p.23.
83 Idem, p.24.
84 Idem, p.40.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
210

Carlos Manuel Rosales
ca en el litigio” 85 . Un informe de amicus es esencialmente una nota que presenta las opiniones
de un interés organizado sobre un caso al tribunal que decide el mismo.
En general, se ha visto como agentes externos al sistema democrático, pueden relacionarse
con los poderes públicos. El problema acaece cuando los cabilderos logran convencer a los representantes
o funcionarios públicos, para que ambos obtengan beneficios, recompensas o
ganancias, olvidándose del bien común, generando corrupción.
CORRUPCIÓN
¿Por qué se genera la corrupción? Notar la novedad del concepto moderno de corrupción política
y las condiciones previas básicas de su existencia hace una petición de principio de por
qué la corrupción es un término que vino para representar la idea de la subversión del interés
público por intereses privados 86 .
El término “corrupción” viene de la palabra latina corruptio que significa “moral decay, wicked
behaviour, putridity or rottenness” (decadencia moral, comportamiento malvado, putrefacción
o podredumbre). El concepto puede aplicarse a lo físico, como en “la destrucción o
pudrición de algo, especialmente por desintegración o por descomposición acompañado por
la insalubridad y la repugnancia; putrefacción”, o un significado moral como en “deterioro o
decadencia moral… (la) perversión o destrucción de la integridad en el cumplimiento de los
deberes públicos por cohecho o clientelismo…” 87 .
La corrupción es la conducta de los oficiales públicos que se desvía de las normas aceptadas
para fines personales o privados 88 . Asimismo, puede ser entendida como la ausencia de una
institucionalización política eficaz. Los funcionarios públicos carecen de autonomía y coherencia,
y subordinan sus papeles institucionales a demandas exógenas 89 . Alternativamente, se
puede observar como corrupta una conducta que daña el interés público 90 .
La mayor parte de definiciones de corrupción descansan sobre la separación entre el estado
o sus agentes y el resto de sociedad. Como funcionarios asalariados públicos, políticos, esperan
a burócratas y jueces para dibujar una distinción aguda entre sus intereses personales y
los recursos públicos que ellos administran 91 .
85 Idem, p.21.
86 Martin, Randy, Corporate corruption, Ed. Duke University press, USA, 2003, p.83.
87 EGAP, La corrupción y los Derechos Humanos, Ed. ITESM, México, 2009, p.19.
88 Huntington, Samuel P., “Modernization and corruption”, en Heidenheimer, Arnold, Political corruption, Ed. Transaction publishers,
USA, 2007, p.253.
89 Rose-Ackerman, Susan, “When is corruption harmful?” en Heidenheimer, Arnold, Political corruption, op. cit., p.353.
90 Haller, Dieter, Corruption, Ed. Pluto press, London, 2005, p.4.
91 Idem, p.5.
211 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
La corrupción es una especie de comportamiento que se desvía de la norma que debe prevalecer
en un contexto dado, como el político. Esto comportamiento es anormal y está asociado
por una motivación particular, el beneficio privado por el costo público 92 .
La corrupción política incluye a los que hacen, ejecutan y aplican las leyes, porque actúan como
operadores de las reglas o de los estándares mediante los cuales funciona una organización
política. Estos funcionarios buscan fondos o sobornos para su beneficio político o personal y
otorgan favores a sus seguidores en perjuicio de los beneficios públicos 93 .
Podemos reconocer la corrupción política donde haya:
1. Un oficial público.
2. Violación de la confianza colocada en él por el público.
3. El daño al interés público.
4. Saber que la conducta que realiza en la oficina para un beneficio personal y privado, que
es contrario a las normas.
5. Beneficiar a un tercero por proporcionando acceso a un bien o atención, que de otra manera
no obtendría 94 .
Casi todas las definiciones de corrupción política acentúan la subversión del público
bien por el interés privado. Entre las definiciones más famosas de corrupción es el ofrecido
por Joseph Nye: “comportamiento que se desvía de los impuestos formales de un
papel público debido a la consideración privada (personal, familia, pandilla) beneficios
pecuniarios o estatales; o viola reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia
privada”. Asimismo Carl Friedrich argumenta que la corrupción es una especie de comportamiento
que se desvía de la norma, que debe prevalecer en un contexto dado, como
el político. Es el comportamiento anormal asociado con una motivación particular, a saber
él un beneficio privado por un costo público” 95 .
La pregunta obvia es: ¿compran las contribuciones políticas la influencia y dañan el proceso
democrático? Muchos miembros del Congreso han tomado seriamente esta posible amenaza
a la democracia, para abogar por directrices más estrictas sobre las contribuciones políticas 96 .
92 Heidenheimer, Arnold, op. cit., p.15.
93 EGAP, op.cit., p.20.
94 Heidenheimer, Arnold, op.cit., p.42.
95 Martin, Randy, op. cit., p.78.
96 Idem, p.14.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
212

Carlos Manuel Rosales
La corrupción es el mayor factor negativo en cualquier país, en términos de crecimiento económico,
legitimidad del gobierno y de la seguridad humana 97 . Para finalizar este apartado, deseo
indicar al paciente lector, la inclusión de un apartado adicional con un proyecto de Ley para
ejercer y regular las funciones de cabildeo.
CONCLUSIONES
• La democracia sigue siendo la mejor forma de acceder al poder de manera pacífica. Sin
embargo, el costo de la misma resulta en ocasiones cuantificable en metálico; sin importar
el origen o los compromisos por obtenerlo por parte de los actores políticos, lo
que ha repercutido en la legitimidad de los mismos.
• El financiamiento de la política está condicionado a ciertas causas o realización de
compromisos, que se adquieren en las campañas electorales. Si pensamos que ese financiamiento
tiene aparejado ciertos deberes, dónde queda realmente la voluntad del
elector, cuál es el costo de los votos o descubrir si la democracia está a la venta.
• Actualmente, tenemos esquemas privados, públicos o mixtos para que la clase política
obtenga fondos para su promoción electoral. El punto es pensar qué sistema sería el mejor:
uno financiado por parte de empresas privadas y ciudadanos independientes, uno en
el que el Estado aporte los recursos económicos o tal vez una fórmula mixta, en el que
entes privados y el Estado puedan contribuir con los actores políticos. Bueno, todo dependerá
de la historia de cada sistema electoral, para averiguar qué es lo más conveniente.
• Hoy en día, la relación actual entre elecciones y financiamiento de campañas políticas ha
generado una mayor dependencia de los actores políticos para obtener en cada elección
mayores recursos para la competencia electoral 98 . Lo que ha provocado que los partidos
políticos deban conseguir recursos superiores a los establecidos, trayendo efectos
sobre la calidad de la elección y la legitimidad de las autoridades 99 .
Por lo mismo, para evitar problemas en la emisión del voto y en la calidad de las elecciones, se
han establecido un conjunto de disposiciones legales que tienen como misión limitar y fiscalizar
el monto de recursos de los competidores electorales; así como transparentar el origen
97 Por corrupción en el ámbito de la financiación política, se entiende el mal uso y abuso de poder, de origen público o privado,
para fines partidistas o personales a través la violación de normas de derecho. En otras palabras, la entrega de dinero o
bienes, así como la prestación de servicios que se realizan de forma encubierta e ilícita, a favor de un partido o candidato
por una o más personas –natural, jurídica, nacional, extranjera o también autoridad o funcionario público- con el fin de
obtener un beneficio posterior.
98 Rose-Ackerman, Susan, Corruption and government causes, Ed.Cambridge, USA, 1999.
99 Cfr, Chomsky, Noam, Perspectivas sobre el poder, Ed. El Roure Ciencia, Barcelona, 2001.
213 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
de éstos, para poder asegurar y proteger la voluntad de los electores y al mismo tiempo, se
fortalezca el sistema democrático 100 .
• El objeto principal de las normas de control y vigilancia financiera en materia política es
que se conozca la fuente de esos bienes y en caso de violación a estas normas, aplicar
las sanciones correspondientes. El efecto secundario de estas normas fiscalizadoras es
evitar competencias injustas, la compra de la voluntad del ciudadano, la manipulación
de los medios de comunicación, etc. lo que se busca es que no sea el dinero el factor
que domine la contienda electoral, de lo contrario, se generarían prácticas contrarias a
los principios democráticos.
• La relación entre dinero y política ha creado ciertos intereses que rebasan la importancia
de elegir libremente a nuestros representantes. Por lo que se hace indispensable, contar
con una legislación que transparente, controle, vigile y sancione de manera eficaz y
oportuna los recursos obtenidos por los dirigentes políticos y al mismo tiempo, se cuente
con autoridades con un origen lo más prístino posible.
Es evidente, que las campañas electorales cada vez son más costosas y pone a los partidos
políticos frente al problema de recaudar cantidades cada vez más grandes de recursos financieros,
instalándose la posibilidad al financiamiento ilegal, al predominio cada vez mayor de
fuertes grupos económicos, al tráfico de influencias y al flagelo del crimen organizado.
Es necesario tener controladas todas las aportaciones de todos los grupos sociales a los cuadros
políticos. Esto es una tarea fundamental de los sistemas electorales actuales. Pues sólo
si, se cuenta con un sistema de financiamiento electoral bien fiscalizado, se estará en posibilidades
de contar con un sistema democrático fortalecido 101 .
Por lo que se vuelve importantísimo detectar y regular la propensión entre el dinero y los
agentes políticos. Pues estos factores se buscan mutuamente para aumentar sus respectivos
espacios de influencia. Este binomio suele terminar en el encuentro de prácticas irregulares y
abre la posibilidad a un proceso de toma de decisiones, caracterizadas por un dominio sin límite
del dinero sobre las organizaciones políticas 102 .
• La principal consideración al desarrollar reglas para el financiamiento de campañas, es
localizar las raíces que pudieran producir significativas amenazas de corrupción. Desafor-
100 Los efectos nocivos que pueden existir en una elección, en la que el dinero sea un factor determinante de una contienda
política son: clientelismo, corrupción, prebendas, recompensas económicas, etc. Asimismo, uno de los objetivos de estas
normas fiscalizadoras, es evitar que factores externos intervengan en las elecciones.
101 Woldenberg, José, op. cit., p.17.
102 Idem, p.15.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
214

Carlos Manuel Rosales
tunadamente y de manera constante, el financiamiento condicionado o de origen opaco
de las campañas electorales es una de las principales causas de corrupción política 103 .
Esto ha generado un amplio debate sobre los principales sistemas para proteger de cualquier
posible contaminación al voto y en forma general a las elecciones, en especial, los relativos a
los instrumentos de que se dispone para hacer valer eficazmente y oportunamente, las regulaciones
sobre el control y fiscalización de los recursos financieros 104 .
• El cabildeo es un fenómeno complejo y heterogéneo. El cabildeo requiere la comprensión
del comportamiento que varía de una plétora de cabilderos individuales; el funcionamiento
en los niveles diferentes de gobierno, por diferentes organizaciones, sobre una
variedad aparentemente infinita de informaciones; la utilización de una serie amplia de
técnicas; para alcanzar varios niveles de éxito 105 .
El cabildeo es una parte sana y necesaria de una sociedad abierta democrática. Entre más
abierto sea el proceso decisorio político, habrá más papel para el cabildeo y cabilderos 106 .
• La posición ventajosa de cabilderos y la probabilidad de influir en el proceso no debe ser
pensada como la probabilidad de una comunicación que influye en un legislador solo para
tomar una acción particular. En cambio, se debe ver como la probabilidad de tener mayor
comunicación que pueda ser decisiva en la formación del resultado final legislativo.
Dependiendo la etapa del proceso legislativo, ciertos legisladores son más importantes
y estos serán apuntalados por los grupos de interés 107 .
• El cabildeo es un elemento democrático que permite a ciertos grupos organizados tener
contacto con las autoridades para exponerles y explicarles su postura en un tema en
particular. Sin embargo, la amenaza o la tentación acaece cuando estos temas contienen
un elemento económico o una futura recompensa, que intenta influir en la conducta del
servidor público, para que ambas partes salgan con beneficios a costa del bien común.
• La corrupción no sólo está atada a estrategias individuales y oportunidades, sino también
por la aplicación de un sistema de valores y de normas legales persuasivas. El
discurso anticorrupción debe girar alrededor de una moralidad. Combatir la corrupción,
debe ser visto como un esfuerzo del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para
cambiar las instituciones; contar con nuevas leyes (eficaces), castigar a funcionarios
deshonestos y apreciar la conciencia de ciudadanos 108 .
103 Zovatto, Daniel, “América Latina”, op.cit, p.38.
104 Carrillo, Manuel, Lujambio, Alonso, Navarro Carlos y Zovatto, Daniel, en Dinero y contienda político-electoral op. cit., p.11.
105 Nownes, Anthony, op. cit., pp.2-3.
106 Cassidy, Bryan, European Lobbying Guide, Ed. Thorogood, London, 1999, p.8.
107 Goldstein, Kenneth M., op. cit., p.47.
108 Haller, Dieter, op. cit., p.111.
215 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La regulación del cabildeo en México
• Los pilares de la integridad pública que sirven para disminuir la corrupción son: reformas
administrativas; agencias “perro guardián” (agencias de Anticorrupción; mediador;
contralor general); los parlamentos; conciencia/participación pública; la judicatura; los
medios de comunicación; y el sector privado 109 .
• La relación entre cabilderos y representantes del Estado supone colaboración, en el
que se observe por el bien general. Pero la realidad, es que no estamos gobernados por
ángeles y que la mayoría de los cabilderos representan intereses económicos organizados,
por lo que se debe contar con mecanismos legales para que ni los lobbystas y los
servidores públicos polucionen el sistema democrático, y en su caso, la corrupción sea
castigada ejemplarmente 110 .
• Si no se cuenta con una regulación para esta relación entre cabilderos y representantes
populares y agentes del gobierno, se podría confundir a quien representan; si a sus electores
o a una(s) empresa(s) determinada(s). Pero veamos más allá, ¿qué pasará en el
caso de la integración de una comisión investigadora; en la investigación de un delito o
al momento de juzgar un acto ilegal? si ese representante popular o funcionario público
tiene una estrecha relación con esa industria o empresa, ¿sería independiente e imparcial
su decisión? No lo creo, por lo mismo se invita a debatir y legislar en esta materia.
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109 Matei, Ani, The corruption an economic and social analysis, Ed. Editura Economica, Bucarest, 2009, p.220.
110 Kayser, Robert, op. cit., p.3.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
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JUSTICIA Y SUFRAGIO
218

E ENSAYOS
EL REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO:
ENTRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LAS
PARADOJAS INTERPRETATIVAS
The register of the Labour Party: between political
representation and interpretative paradoxes
Javier Santiago Castillo 1
Recepción: 14 abril de 2016.
Aprobación para publicación: 16 de mayo de 2016.
Pp. 219-228.
Resumen:
El Partido del Trabajo no logró el 3% de la votación válida emitida correspondiente a la
elección federal ordinaria de 2015, por lo que incurrió en la causal de pérdida de registro.
Inconforme con ello, apeló a la máxima instancia jurisdiccional Electoral, que emitió
diversas resoluciones y, en lo sustancial, determinó que debían sumarse los votos que
en su caso obtuviera en la elección extraordinaria del distrito 01 de Aguascalientes, y
que tal decisión no tendría efectos sobre la distribución de diputados de representación
proporcional. Este artículo reflexiona sobre lo acontecido y sus efectos sobre el sistema
mexicano de representación política.
Palabras clave:
Pérdida de registro, partidos políticos nacionales, interpretación, votación válida emitida,
representación proporcional.
Abstract:
The Labor Party did not achieve the 3% of the emitted valid votes corresponding to the
ordinary federal election of 2015 his resister the consequence was the loss of his register.
The Party disagreed with the resolution and appealed to the maximum Electoral Jurisdictional
instance. The Court determined they should add the party votes they from the extraordinary
election of District 01 in Aguascalientes, and that such a decision would not
have any effect on the deputies allocation by proportional representation. This article
reflects about the events and effects on the Mexican system of political representation.
1 Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es consejero electoral
en el Instituto Nacional Electoral. Correo electrónico: Javier.santiago@ine.mx
219
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas interpretativas
Keywords:
Loss record, national political parties, interpretation, issued valid vote, proportional
representation.
SUMARIO: I. Genealogía de la pérdida de registro del Partido del Trabajo. II. Interpretaciones
controversiales. III. El concepto de votación válida emitida. IV. La representación
política. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.
GENEALOGÍA DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
El artículo 41, base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) dispone que “[…] El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres
por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado
el registro.”
El dispositivo constitucional resulta de la mayor importancia, pues guarda relación coherente
con el diverso primer párrafo del mismo artículo, en el que se establece a los partidos como
entidades de interés público, cuyas normas y requisitos para su registro legal se remiten a la
ley de la materia2. Ambos preceptos constitucionales constituyen la base del sistema mexicano
de partidos políticos, ya que enuncian los mecanismos de ingreso y permanencia en un
sistema de partidos abierto, con barreras de acceso relativamente menores.
En este marco normativo, la elección federal de 2015 arrojó como resultado que dos asociaciones
políticas no alcanzaron la votación mínima constitucional y legalmente exigida para la
conservación de su registro legal. Se trató del Partido Humanista y del Partido del Trabajo (PT).
El primero de ellos obtuvo 846,885 votos, equivalentes a 2.25 por ciento de la votación válida
emitida. A su vez, el Partido del Trabajo logró el sufragio de 1,134,101 ciudadanos, por lo
que su porcentaje respecto de la votación válida emitida ascendió a tan sólo 2.99%. En ambos
casos, la consecuencia legal es la pérdida del registro.
En tales circunstancias, el 3 de septiembre de 2015, la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE
aprobó la resolución INE/JGE110/2015, con la cual emitió el dictamen de pérdida de registro
a que se refiere el artículo 48, fracción I, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Cabe referir que desde la promulgación del Código Electoral de 1990, que
creó el Instituto Federal Electoral, la Junta General había emitido las declaratorias correspondientes
a la pérdida de registro de un elevado número de partidos políticos, cuando un partido
no obtuviera la votación suficiente para conservar su registro.
2 La Ley General de Partidos Políticos establece, en su Título Segundo, todo un capítulo a la constitución y registro de los partidos
políticos. Si bien el procedimiento y requisitos no son sencillos, tampoco resultan irracionales. De ahí que resulte válido
conceptualizar el sistema de partidos como relativamente abierto.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
220

Javier Santiago Castillo
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, estimó inadecuado
el procedimiento y dictó sentencia revocando la resolución de la Junta General Ejecutiva3.
Así, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral consideró que, a diferencia de lo actuado
a lo largo de casi tres décadas, la facultad de la JGE se restringe a formular un dictamen
cuya aprobación final corresponde al Consejo General.
El análisis estrictamente literal del inciso i), párrafo 1, del artículo 48 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (LGIPE) permite asumir que el criterio del Tribunal
resulta del todo certero. En efecto, el dispositivo, atinente a las atribuciones de la Junta General,
reza: “Presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida
de registro del partido político que se encuentre en (los supuestos señalados en) la Ley General
de Partidos Políticos, a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en que concluya el
proceso electoral”. Si se observa, la añeja atribución de declarar la pérdida de registro mutó a la
presentación de un proyecto de dictamen. De manera que la facultad declaratoria corresponde
al Consejo General, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso m) de la LGIPE4.
Por tanto, fue menester reponer el procedimiento, para que la Junta General Ejecutiva constriñera
su actuar conforme al criterio contenido en la resolución del Tribunal. En tal circunstancia,
el 6 de noviembre de 2015, el Consejo General del INE aprobó la resolución de la JGE, mediante
el acuerdo identificado con la clave alfanumérica INE/CG936/2015, en el cual declaró
la pérdida del registro del Partido del Trabajo por no obtener el 3% de la votación válida emitida.
Inconforme con dicha resolución, el Partido del Trabajo interpuso recurso de apelación,
resuelto por la Sala Superior del TEPJF el 2 de diciembre de 2015, con la sentencia SUP-
RAP-756/2015.
INTERPRETACIONES CONTROVERSIALES
En lo sustancial, la resolución jurisdiccional razona que la definición de la votación válida emitida
que se contiene en los artículos 94, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos, y 24, apartado 3, de la LEGIPE se aparta de lo preceptuado por el artículo 41, Base I,
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el primero de los dispositivos, el cálculo considera exclusivamente los resultados que arroja
el proceso electoral ordinario. Por su parte, sostiene el Tribunal, “…para efectos de determinar
3 Se trata de la resolución recaída a los expedientes SUP-RAP-654/2015, SUP-RAP-646/2015, SUP-RAP-680/2015,
SUP-RAP-704/2015, SUP-RAP-711/2015, SUP-JRC-703/2015, SUP-JDC-1715/2015, SUP-JDC-1716/2015, SUP-
JDC-1717/2015, SUP-JDC-1770/2015, SUP-JDC-1827/2015, SUP-JDC-1828/2015, SUP-JDC-1829/2015 y SUP-
JDC-1830/2015 acumulados.
4 Es común, en materia electoral, aludir a que una sola reforma legislativa hace inaplicables tomos enteros de jurisprudencia.
Es el caso, pues una modificación aparentemente irrelevante, de mera forma, transformó el régimen de atribuciones internas
del INE en este punto.
221 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas interpretativas
el 3% necesario para conservar el registro, se establece de forma genérica que es la votación
válida emitida en la elección de que se trate, lo cual comprende tanto la recibida en la elección
ordinaria como extraordinaria, sin incluir la restricción introducida indebidamente en la
legislación secundaria, por lo que los artículos en comento resultan contrarios a dicho precepto
constitucional”5.
Adicionalmente, consideró que “la limitación de la legislación secundaria restringe indebidamente
los derechos humanos en materia político-electoral establecidos en el artículo 35,
fracciones I, II y III, de la Constitución, así como el papel conferido constitucionalmente a los
partidos políticos de acuerdo al numeral 41, párrafos primero y segundo de la Base I de la Carta
Magna, lo cual implica una regresión en la protección de los derechos humanos en comento,
que se contrapone con lo establecido en artículo 1º, párrafos segundo y tercero Constitucional”.
La consecuencia es que la máxima instancia jurisdiccional electoral resolvió la inaplicación
al caso concreto de las disposiciones legales arriba indicadas.
La resolución, sin embargo, admite algunas reflexiones. Refiere dos temas estrechamente vinculados,
el concepto de votación válida emitida y el principio pro persona, que en la especie se
concreta en el derecho de asociación de los militantes del partido.
EL CONCEPTO DE VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA
El artículo 41 constitucional efectivamente dispone la conservación del registro conforme a
la votación válida emitida, sin distinguir en ese concepto entre proceso electoral ordinario y
elecciones extraordinarias. De manera que no correspondería al operador jurídico introducir
las distinciones que no fueron establecidas por el constituyente permanente. Sin embargo,
es de tener presente que la técnica constitucional, en materia legislativa, recomienda la fijación
de dispositivos genéricos, de elevado nivel de abstracción, dejando a la ley de la materia
el despliegue conceptual más concreto, ya que el texto constitucional no es ni con mucho un
catálogo de conceptos, un diccionario.
De esta manera, el concepto de votación válida emitida no constituye un precepto de nivel,
constitucional que deba ser definido en la ley fundamental. Es, con toda evidencia y bajo cualquier
interpretación sistemática, un concepto operativo que forma parte del campo atinente
a la legislación secundaria, ya que su único propósito consiste en distribuir curules o escaños
y determinar los actores políticos con derecho para ello, según se aprecia de su ubicación en
el artículo 15 de la LEGIPE, que a su vez forma parte del capítulo significativamente intitulado
“de la representación proporcional para la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores
y las fórmulas de asignación”.
5 SUP-RAP-756/2015, p. 10
JUSTICIA Y SUFRAGIO
222

Javier Santiago Castillo
De modo que no es dable suponer que el texto constitucional esté referido a cualquier procedimiento
de emisión del voto escenificado en un plazo determinado. Esto es así, porque me
parece que las normas jurídicas aluden a situaciones ordinarias, no así a las extraordinarias que
se rigen por disposiciones específicas en el marco de procedimientos que, si bien pueden ser
similares y sucesivos en el tiempo, también deben ser acordes a su naturaleza.
Al efecto, es de tomar en cuenta que la Carta Magna hace referencia a los comicios extraordinarios,
el artículo 41 constitucional dispone que “en caso de nulidad de la elección, se
convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.
A su vez, la fracción VI establece un principio esencial, al disponer que:
Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos
que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99
de esta Constitución6.
De manera que puede válidamente postularse que la Ley Fundamental sí distingue entre comicios
ordinarios y extraordinarios. Uno y otro se despliegan conforme a etapas previstas en
la ley de la materia, mismas que son definitivas. La consecuencia lógica es que los procesos
electorales ordinarios se encuentran expresamente regulados por la Carta Magna, en tanto
que los extraordinarios lo están de manera implícita, conforme al principio de regulación de
lo ordinario, no de situaciones que no lo son. Asimismo, se desarrollan de acuerdo con etapas
claramente establecidas, cada una de las cuales es definitiva.
Por lo tanto, en una interpretación sistemática de la base I, párrafo cuarto del artículo 41 de
la Constitución conduce a que la votación mínima necesaria para la conservación del registro
de los partidos políticos sea la que corresponde con los procesos electorales ordinarios, sin incluir
en dicho cálculo situaciones probables pero de realización incierta, como son los comicios
extraordinarios que pudieren sobrevenir por la aplicación del sistema de nulidades.
En un plano estrictamente práctico, el criterio de sumar los resultados de elecciones ordinarias
y extraordinarias conduciría, por una parte, a la imposibilidad de declarar la pérdida del registro
partidario en todo un ciclo electoral completo, pues la posibilidad de que, por causas ajenas al
sistema de nulidades, se generen vacantes en el Legislativo. Esta hipótesis se encuentra prevista
en los artículos 63 y 77, fracción IV de la Constitución. De ser el caso, un partido que no
logró el 3% de la votación válida emitida en el proceso ordinario, podría demandar la suma de
6 Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
223 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas interpretativas
los votos obtenidos en cualquier elección extraordinaria, con independencia de si es convocada
inmediatamente después y como resultado de la ordinaria, o responde a otras causas y se
convoca en otro tiempo.
Un dato adicional es que el texto constitucional fija el 1° de septiembre del año que corresponda7,
como fecha para la instalación del Congreso de la Unión. Si se observan las etapas del
proceso electoral y se adminiculan con las etapas que debe contener un proceso extraordinario,
aún con ajustes en su duración, se descubrirá la práctica imposibilidad de celebrar comicios extraordinarios
derivados del sistema de nulidades, con anterioridad a la instalación del Legislativo.
Por ello, el concepto de votación válida emitida, contenido en el artículo 15 de la LGIPE, no
alude en modo alguno a la suma de comicios extraordinarios. El texto legal establece con precisión
que se entenderá por votación válida emitida: “la que resulte de deducir de la suma de
todos los votos depositados en las urnas los votos nulos y los correspondientes a los candidatos
no registrados” 8 .
Es así que, conforme al marco constitucional y legal vigente y con base en el principio de definitividad,
la votación válida emitida fue computada para surtir sus efectos en la distribución
de diputaciones de representación proporcional y en la integración de la Cámara de Diputados.
El proceso electoral ordinario concluyó con la resolución recaída al último medio impugnativo
interpuesto y la elección correspondiente fue declarada válida y legítima. Así que no se aprecia
sustento lógico y normativo para adicionar a ese cómputo el que corresponde a una elección
extraordinaria, por más que derive de la nulidad decretada para un distrito y se oriente a
completar el cuerpo legislativo 9 . De otro modo, la eventualidad de nuevas elecciones extraordinarias
haría imposible la declaración de pérdida y la cancelación de un registro partidario
durante todo un ciclo electoral y, en este caso, legislativo.
Por lo que toca a la interpretación ad homine. La resolución jurisdiccional que permitió al Partido
del Trabajo la conservación de su registro, admite algunas reflexiones. Es indudable lo
dispuesto por el artículo 1° Constitucional. En efecto, toda norma jurídica debe ser interpretada
“favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, conforme a
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo,
conviene tener presente que el principio pro persona cumple funciones estrictamente interpretativas;
no suple a la ley ni le imprime propósitos distintos a los dispuestos por el legislador.
7 Artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8 Artículo 15, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
9 En un muy inteligente alegato, que forma parte de un litigio más que de una reflexión doctrinal, Luis Farías Mackey afirma
“…que el proceso electoral quede firme y definitivo no implica que la elección también lo haga”. Luis Farías Mackey (2016).
Nadie muere hasta que muere: Caso PT, PT, 12 editorial, México, pp. 159-160.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
224

Javier Santiago Castillo
Si, como se argumentó líneas arriba, la Constitución sí distingue entre comicios ordinarios y
extraordinarios, es algo más que discutible la inaplicación de los artículos correlativos de la
LGIPE decretada por la autoridad jurisdiccional. Si, como hemos razonado, el texto constitucional
establece la definitividad de las etapas de los procesos electorales y el despliegue de una
elección extraordinaria excedería el plazo fijado para la instalación del Congreso. Es de concluir
que ninguna de estas normas ofrece oscuridad, dificultades de entendimiento, que hagan necesaria
su interpretación en favor del gobernado. De modo que la interpretación pro-persona
no es invocar al caso en análisis.
Por otra parte, es relevante la consideración respecto del derecho de asociación política de
los ciudadanos que se encuentran afiliados al Partido del Trabajo. ¿Es demostrable que las
disposiciones de la ley secundaria “restringen indebidamente los derechos humanos en materia
político-electoral establecidos en los artículos 35, fracciones I, II y III, de la Constitución,
así como el papel conferido constitucionalmente a los partidos políticos”? Cabría considerar,
en primer término, que los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales
no son en modo alguno absolutos, su ejercicio debe atender a las disposiciones de la
Ley. Así, el derecho al voto activo en las elecciones populares a que se refiere la fracción I se
encuentra garantizado; los ciudadanos tienen entera libertad para sufragar por el candidato
de su preferencia, pero el voto contará únicamente en favor de los candidatos legalmente registrados;
de ahí que no sea exigible la inaplicación de las disposiciones relativas al registro de
candidatos o la cancelación de resoluciones que hayan causado estado en los casos en los que
se retira la calidad de candidato de algún ciudadano como resultado del régimen sancionatorio.
Respecto del voto pasivo, establecido en la fracción II, el texto constitucional lo condiciona elocuentemente
a poseer “las calidades que establezca la ley”. Finalmente en lo que concierne al
derecho de asociación, éste resulta irrestricto, pero en materia electoral la propia Constitución
y la Ley General de Partidos Políticos fijan requisitos, procedimientos y plazos para la creación
de las asociaciones políticas, sean éstas partidos o agrupaciones políticas nacionales o locales.
Es así que al constreñir al proceso electoral ordinario la obtención del porcentaje de votación
necesaria para la conservación del registro, no se aprecia contradicción alguna con el cúmulo
de derechos de los ciudadanos integrados al Partido del Trabajo. La garantía constitucional
les permite votar, así sea por candidatos que no son presentados por el Partido del Trabajo;
ser votados, si los postula otro partido, son registrados como candidatos independientes e incluso
recibir votos como candidatos no registrados, por más que no sean válidos; y también
les permiten constituirse como organización política, pese a que no forme parte del ámbito
electoral. Es difícil distinguir en todo esto contradicción u obscuridad entre normas que haga
necesario optar por aquella que mejor garantice derechos.
Suponiendo sin conceder que las normas atinentes al registro de candidatos o de asociaciones
representaran una posible vulneración a los derechos humanos de participación política
225 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas interpretativas
de una o muchas personas, sería menester su ponderación respecto del derecho de la comunidad
política a que tales preceptos se refieren e integran. Así, la decisión del electorado fue la
de no otorgar el respaldo suficiente al Partido del Trabajo para la conservación de su registro.
El voto ciudadano, en la sistemática constitucional y a la luz de la doctrina de derechos humanos,
posee mayor entidad, por sobre el derecho de asociación de un número de personas.
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Un efecto significativo de la sentencia identificada como SUP-RAP-756/2015 es el trastocamiento
de la representación política. Al sumar los 14,046 votos obtenidos en la elección
extraordinaria del distrito 01 de Aguascalientes al 1,124,818 logrados en el proceso ordinario,
la votación total en favor del Partido del Trabajo ascendió a 1,138,864, lo que representa
3.02%. Con ello, superó el umbral establecido en la Constitución y la LGIPE. En tal circunstancia,
resulta obvia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 54, fracciones II y III, que rezan:
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación
válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá
derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente
a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le
serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación
nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda
en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las listas correspondientes 10 .
Tales dispositivos materializan el principio de representación política que, cabe recordar, es
piedra angular del sistema político democrático, pues de ese modo los votos se traducen en
cargos de elección popular, tanto en el poder legislativo, como en el ejecutivo y, de modo
indirecto, en el poder judicial y en la mayoría de los órganos autónomos. Es por ello que la
efectividad del sufragio está ligada a la legitimidad de la representación política e impregna
todo el sistema democrático.
Sin embargo, en el apartado relativo a efectos de su resolución, la Sala Superior estableció que
“Lo determinado en la presente ejecutoria no tendrá efecto alguno respecto del ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EFECTÚA EL
CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRIN-
10 Artículo 54, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
JUSTICIA Y SUFRAGIO
226

Javier Santiago Castillo
CIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLU-
CIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA
ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, LOS DIPUTADOS QUE LES CORRESPONDEN
PARA EL PERIODO 2015-2018, identificado con la clave INE/CG804/2015, de veintitrés de
agosto de dos mil quince.”
Es así que, a un partido que conserva su registro legal le fue negado su derecho a contar con
el número de diputados que, mediante su voto, le fue otorgado por la ciudadanía. Inconforme
con la resolución del INE, el Partido del Trabajo recurrió de nueva cuenta a la instancia
jurisdiccional. El 12 de enero de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), por unanimidad de los cuatro magistrados presentes, rechazó la pretensión del Partido
del Trabajo de obtener legisladores de representación proporcional. Consideró el Tribunal
que el tema constituye “cosa juzgada”, ya que había resuelto tres medios impugnativos referidos
a la distribución de diputados de representación proporcional.
Es verdad que, para ese momento, la Cámara de Diputados se encontraba totalmente integrada;
su reconfiguración era fáctica y legalmente imposible. Empero, no se puede soslayar que
las resoluciones del Tribunal, que primero ampliaron los derechos del PT y luego los restringieron,
han llevado al ámbito electoral a un escenario inédito, muy probablemente en el mundo:
un partido que obtiene los votos necesarios para tener representación política carece de ella.
Lo delicado es que los ciudadanos que sufragaron por el PT, se quedaron sin representación.
CONCLUSIÓN
Los dispositivos legales no siempre son elocuentes; son perfectibles y sin duda siempre debatibles.
La enseñanza que queda de este episodio es que cualquier determinación en materia
político-electoral, si bien debe enfocarse al caso concreto, no debe soslayar sus posibles efectos
sobre el sistema en su conjunto. La interpretación tendente a tutelar derechos particulares
suele ser positiva, pero de aplicarse de modo defectuoso puede generar conflictos con el interés
general.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. INE/CG936/2015. RE-
SOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELA-
TIVO AL REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIO-
NAL, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA H. SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS RECUR-
SOS DE APELACIÓN, JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y JUICIOS
227 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
El registro del partido del trabajo: entre la representación política y las paradojas interpretativas
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADA-
NO IDENTIFICADOS CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-654/2015 Y ACU-
MULADOS, documento aprobado en sesión extraordinaria el seis de noviembre de
dos mil quince.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Diario Oficial de la
Federación, México, Distrito Federal, 7 de julio de 2014.
FARÍAS MACKEY, LUIS (2016). Nadie muere hasta que muere. Caso PT, 12 editorial,
México.
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. INE/JGE110/
2015 “RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIO-
NAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGIS-
TRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL
TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINA-
RIA PARA DIPUTADOS, CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE”, documento
aprobado en sesión extraordinaria, el tres de septiembre de dos mil quince.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Diario Oficial de
la Federación, México, Distrito Federal, 23 de mayo de 2014.
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. Diario Oficial de la Federación, México, Distrito
Federal, 23 de mayo de 2014.
SUP-RAP-654/2015, SUP-RAP-646/2015, SUP-RAP-680/2015, SUP-RAP-704/2015,
SUP-RAP-711/2015, SUP-JRC-703/2015, SUP-JDC-1715/2015, SUP-JDC-1716/
2015, SUP-JDC-1717/2015, SUP-JDC-1770/2015, SUP-JDC-1827/2015, SUP-
JDC-1828/2015, SUP-JDC-1829/2015 y SUP-JDC-1830/2015 y acumulados.
Recurrente: Partido del Trabajo y otros. Autoridad responsable: Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral y otro. Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0654-2015.
pdf [Consultado el 30 de marzo de 2016]
SUP-RAP-756/2015. Recurrente: Partido del Trabajo. Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0756-2015.
pdf [Consultada el 30 de marzo de 2016]
JUSTICIA Y SUFRAGIO
228

E ENSAYOS
LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL DE
2014 Y SU IMPLEMENTACIÓN
The Mexican Political Reform of 2014 and its
implementation
María Guadalupe Silva Rojas 1
Recepción: 16 de marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 12 de mayo de 2016.
Pp. 229-243.
Resumen:
El propósito de este trabajo, es analizar el impacto real que tuvo la reforma constitucional
en materia político-electoral de 2014 en virtud de la cual se modificaron las normas
reglamentarias de la materia relacionadas con los procesos electorales, a la luz de lo que
sucedió en el proceso electoral federal 2014-2015 (PEF) y algunos de los procesos electorales
locales celebrados en el mismo periodo.
Palabras clave:
Reforma constitucional 2014, normas reglamentarias, proceso electoral federal,
materia electoral.
Abstract:
In this essay, I analyze the impact of the Constitutional Reform in political electoral matters
approved in 2014, as well as the reform of the applicable law in the same subject,
had in real terms in our electoral system, taking in consideration what happened during
the federal and local election processes of 2014-2015.
Keywords:
Constitucional reform, regulation rules, federal electoral process, electoral matter.
SUMARIO: I. Introducción. II. Análisis de la Implementación de la Reforma. III. Conclusiones.
IV. Bibliografía.
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara; Maestrante en Derecho Electoral del Instituto
de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente es magistrada de la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
229
JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
INTRODUCCIÓN
Como ha sucedido en diversas ocasiones (1990, 1994, 1996, 2007), con posterioridad a
un proceso electoral controvertido, como el realizado en 2012, nuestras normas electorales
fueron reformadas tomando como punto de partida lo sucedido en los comicios previos, a fin
de fortalecer nuestro sistema democrático.
Por ello, en 2014 se realizó una gran reforma político-electoral en nuestro país, que involucró
tanto a nuestra Constitución 2 como diversas leyes de la materia 3 , en virtud de la cual, entre
otras cuestiones se modificó la regulación existente-relacionada con los procesos electorales-,
en los siguientes rubros:
1. Elección e integración de los órganos de gobierno.
2. Campañas Electorales.
3. Comunicación política.
4. Participación ciudadana.
5. Autoridades administrativas electorales.
6. Regulación de partidos.
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
En cuanto a la elección e integración de los órganos de gobierno, los principales cambios que
se introdujeron en nuestro sistema fueron:
I
La posibilidad de la reelección legislativa y de munícipes, aunque esa aún no ha sido puesta
en práctica, por lo que no es materia de estudio.
2 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
3 El 14 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular y el 23 de mayo de
2014 se publicaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos -que
sustituyeron al ahora abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-, así como la Ley General en
Materia de Delitos Electorales y se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
230

María Guadalupe Silva Rojas
II La obligación a cargo de los partidos de cumplir con criterios de paridad de género en la
postulación de legisladores.
III La modificación de los límites de sobre y sub representación, a fin de dejarlos en ocho
puntos porcentuales respecto del porcentaje de votación recibida.
IV La regulación de las candidaturas independientes.
i. Paridad. Esta reforma sin lugar a dudas tuvo un impacto real en la participación de las mujeres
en la vida política de nuestro país ya que como resultado de la postulación obligatoria
de mujeres en el 50% de las candidaturas para las Cámaras de Diputados, a nivel federal, las
mujeres que integraban dicho órgano legislativo, de ser el 37% (185 diputadas) en 20124,
pasaron a ser el 42.4% (212 diputadas) en 20155, mientras que a nivel estatal, de ser un
promedio de 25.76% en 2014, pasaron a tener una representatividad de 42.95% en 20156.
ii. Por otro lado, derivado de esta reforma, tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales,
emitieron diversos acuerdos y sentencias que establecieron en nuestro sistema,
de manera adicional a la obligación antes mencionada, la paridad horizontal en los ayuntamientos,
la cual consiste en que, a nivel estatal, la mitad de las candidaturas a presidencias
municipales deben ser ocupadas por un género y la mitad por el otro.
Estos acuerdos -de manera indirecta- y sentencias, dieron por resultado la emisión de la Jurisprudencia
7/2015 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) de rubro: “Paridad de Género. Dimensiones de su contenido en el orden
municipal” 7 .
Como resultado de lo anterior, de tener una presencia del 7.4% en presidencias municipales
en 2014, las mujeres pasaron a tener el 13.47% en 2015 8 .
4 http://genero.ife.org.mx/legislativo_dip.html#diputadosLXII-2012 consultado el 11 de abril de 2016.
5 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf consultado el 10 de abril de 2016.
6 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/
docs/adrianafavela3dic.pdf consultado el 04 de marzo de 2016.
7 PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL. - (…) los partidos y las autoridades
electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión.
Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento
para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque
horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman
parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad
de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. [Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 26 y 27.]
8 Id.
231 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
iii. Sobre y sub representación. En este tema no hay mucho que se pueda analizar en cuanto a
la implementación de los límites señalados pues a pesar de que hubo algunos casos en que fueron
controvertidos en tribunales9, las reglas son claras y tienen como propósito evitar que un
partido político tenga, en las legislaturas estatales, una representación porcentual en los órganos
legislativos, que sea exageradamente mayor o menor al porcentaje de votos que obtenga
en las urnas, fomentando así la integración de cuerpos legislativos plurales y evitando una integración
de los órganos legislativos, que no sea representativa de la voluntad ciudadana.
iv. Candidaturas Independientes. Esta figura fue incluida a nivel constitucional desde 2012 al
señalarse de manera expresa en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, como un derecho de
los ciudadanos, el ser votado y solicitar el registro de manera independiente a los partidos políticos,
reformándose en 2013 el artículo 116 a fin de incluir dichas candidaturas, a nivel estatal.
No obstante lo anterior, la regulación de las candidaturas independientes en las leyes secundarias,
sucedió hasta 2014, tanto a nivel federal -con la emisión de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales-, como en la mayoría de los Estados -cuando modificaron
su normativa para adecuar la legislación local a las reformas en estudio-.
En virtud de la inclusión de estas candidaturas en nuestro sistema, en el PEF pasado se postularon
22 candidatos independientes para ser diputados, resultando electo solamente uno.
En los procesos estatales, hubo tres candidatos independientes a gobernador, 29 a diputados
locales y 79 candidatos a presidentes municipales o jefes delegacionales. De ellos, fueron elegidos
un Gobernador (Nuevo León), un diputado local (Jalisco) y tres presidentes municipales
(Comonfort, Gto.; García, N.L.; y Morelia, Mich.) 10 .
Cabe destacar que de las impugnaciones que hubo en relación con las candidaturas independientes,
surgieron diversos criterios generales como:
• La determinación de que el 3% de los listados correspondientes a la elección de que se
trate es un porcentaje de apoyo ciudadano razonable 11 .
9 Ver las sentencias del recurso de revisión identificado como SUP-REC-544/2015 y acumulado, así como la del juicio de
revisión constitucional electoral de clave SX-JRC-292/2015 y acumulados.
10 http://cidac.org/candidaturas-independientes-rumbo-al-2018/ consultado el 04 de marzo de 2016.
11 Ver sentencias de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las
claves SUP-JDC-1004/2015 y SDF-JDC-39/2016.
Cabe mencionar que el criterio que ha sostenido el TEPJF en este sentido, es opuesto al sostenido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad que se le plantean en ese sentido, pues a juicio de dicho
Tribunal, en virtud de la libertad configurativa de los Estados, éstos pueden establecer los porcentajes que consideren convenientes
para acreditar que quienes aspiren a ser candidatos independientes tienen representatividad entre la ciudadanía.
(Ver resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014).
JUSTICIA Y SUFRAGIO
232

María Guadalupe Silva Rojas
• El requisito de solicitar que se acredite con certificaciones notariales, el apoyo ciudadano
para ser registrado como candidato independiente, es desproporcionado 12 .
• El requisito de solicitar la inclusión del domicilio de quienes apoyen una candidatura independiente
en los formatos respectivos es desproporcionado 13 .
• Las autoridades administrativas deben dar a los ciudadanos que busquen ser aspirantes
a candidato independiente, un plazo para subsanar las irregularidades que se detecten
al revisar el cumplimiento de los requisitos 14 .
• La limitante establecida para los candidatos postulados por partidos políticos, respecto
a la prevalencia del financiamiento público que reciban sobre el privado, no es aplicable
a los candidatos independientes 15 .
CAMPAÑAS ELECTORALES
A propósito de la regulación de las campañas, se hicieron dos cambios relacionados con las
irregularidades cometidas durante las mismas.
i. Fiscalización. El primero de ellos, derivado de diversos casos ventilados ante el TEPJF llevó a
los legisladores a incluir en nuestra Constitución, como causales de nulidad de una elección:(1)
el rebase del tope de gastos de campaña -en más de 5%- 16 y (2) la utilización en dichas campañas,
de recursos públicos o de procedencia ilícita 17 .
12 Ver Tesis VII/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA NORMA QUE EXIGE
ACREDITAR EL RESPALDO CIUDADANO A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS NOTARIALES, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLA-
CIÓN DE ZACATECAS). [Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 44 y 45].
13 Ver Tesis LXVII/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL REQUISITO DE INCLUIR
EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS EN EL FORMATO DE APOYO CIUDADANO, FALTA A LA REGULARIDAD CONSTITUCIO-
NAL. [Pendiente de publicación]
14 Ver Jurisprudencia 2/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL PLAZO PARA SUB-
SANAR IRREGULARIDADES EN LA MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DEBE OTORGARSE EN TODOS LOS CASOS. [Consultable
en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año
8, Número 16, 2015, páginas 15 y 16].
15 Ver Tesis XXI/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPON-
DE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. [Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 45, 46 y 47].
16 Esta causal de nulidad tiene sus antecedentes en los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves
SUP-JRC-402/2013, SDF-JRC-65/2009, SDF-JRC-69/2009 y SM-JRC-177/2009.
17 Los antecedentes de esta causal son el juicio de revisión constitucional electoral identificado como SUP-JRC-244/2010 y
el juicio de inconformidad de clave SUP-JIN-359/2012.
233 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
Como consecuencia de ello, se modificó el sistema de fiscalización para que se desarrollara
de manera simultánea con las campañas electorales y pudiera ser concluido antes de la calificación
de las elecciones correspondientes, pues de otra manera, no sería posible darle dicho
efecto (la anulación de una elección) a la contravención a dichas normas prohibitivas. Hay
que recordar que en virtud del diseño que existía hasta antes de la reforma, la revisión de los
informes de campaña concluía mucho tiempo después de que los candidatos electos habían
tomado posesión 18 .
En la práctica, en los procesos electorales que se llevaron a cabo en 2014-2015, no se anuló
ninguna elección por las causales incluidas en virtud de la reforma, aunque sí fueron invocadas
en diversas ocasiones; algunos ejemplos de estos casos, son: la demanda presentada
ante el Tribunal Electoral del Estado de México, que dio origen al juicio de inconformidad
JI/110/2015 en que se invocó como causal de nulidad en la elección de Presidente Municipal
de Xonacatlán, el rebase en el tope de gastos de campaña; así como la demanda que originó
el juicio SX-JIN-31/2015 resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en que se invocó la
misma causal respecto de la elección de diputado federal del Distrito 01 de Campeche.
En el primer caso, se resolvió que el actor no acreditó el supuesto rebase en el tope de gastos,
mientras que en el segundo, al haber una diferencia mayor al 5% entre el primer y el segundo
lugar (11.12%) no se satisfacía el requisito de la determinancia.
Así pues, aunque esta reforma se realizó con la finalidad de inhibir a los candidatos y partidos
políticos, de rebasar los topes de gastos de campaña autorizados, se ve que en caso de haber
existido los rebases aducidos, la manera en que está diseñado el sistema de nulidades, no implicó
la anulación de las mismas.
ii. Procedimiento Especial Sancionador. En cuanto a la segunda de las reformas aludidas, se
modificó el procedimiento especial sancionador (PES), creado en 2006 para resolver las
denuncias presentadas -en el curso de los procesos electorales- en contra de actos supuestamente
violatorios de lo dispuesto en la Base III del artículo 41 constitucional o del párrafo
octavo del artículo 134, disposiciones que regulan, respectivamente, el uso de los medios de
comunicación social por parte de los partidos políticos y candidatos la primera y la propaganda
gubernamental la segunda 19 .
18 En el proceso electoral de 2012, los partidos entregaron sus informes al otrora Instituto Federal Electoral en octubre de
2012 (60 días después de la jornada electoral) y los dictámenes respectivos fueron aprobados por el Consejo General
hasta julio de 2013.
19 Cabe mencionar que en virtud de la reforma constitucional en estudio, se añadió la fracción IX al artículo 99 que señala
expresamente como competencia del TEPJF, la resolución de las denuncias por violaciones a las normas sobre propaganda
política y electoral, realización de actos anticipados de precampaña o campaña.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
234

María Guadalupe Silva Rojas
A raíz de la reforma, los PES son sustanciados por el Instituto Nacional Electoral pero ya no es
dicho órgano quien los resuelve, como sucedía antes de la reforma, sino que ahora son resueltos
por la Sala Regional Especializada del TEPJF, creada para ese efecto.
Este nuevo proceso para la resolución de los PES tiene diversas ventajas, una de ellas radica
en el hecho de que antes era el Consejo General del INE quien resolvía estos procedimientos,
y aunque sin voto, los partidos políticos participan activamente en las discusiones de dicho
órgano, cuestión que no sucede ahora al discutirse la resolución de los PES pues en las sesiones
públicas de la Sala Regional Especializada del TEPJF solamente intervienen los Magistrados
que la integran.
Otra ventaja, consiste en que al ser el TEPJF quien resuelve los PES, se evitan situaciones como
las que sucedían en años anteriores cuando el tribunal revocaba las resoluciones emitidas por
el INE para efectos de que éste emitiera una nueva resolución, lo cual podía suceder varias
ocasiones en un mismo asunto, generando procesos largos en los que se tardaba en dar definitividad
a los asuntos.
No obstante ello, derivado de la experiencia de la implementación de este nuevo modelo durante
el PEF pasado, surgen algunas inquietudes como la conveniencia de que la revisión de
las medidas cautelares que imponga el INE durante la sustanciación de los PES sea realizada
por la propia Sala Regional Especializada y no por la Sala Superior, evitando el riesgo de posibles
contradicciones de criterios.
COMUNICACIÓN POLÍTICA
i. Tiempos en Radio y Televisión. El primero de los cambios realizados en esta materia, es la
inclusión de una nueva causal de nulidad de elección, establecida a nivel constitucional, consistente
en la contratación o adquisición de tiempos de radio o televisión, la cual deriva de
casos resueltos por el TEPJF en procesos electorales anteriores, como el recurso de apelación
SUP-RAP-234/2009.
En ese caso se determinó que la simple adquisición de cobertura en medios de comunicación
social no infringía la norma que prohibía la “contratación”. En virtud de la reforma que se
analiza, se incluyó de manera expresa a los partidos políticos y candidatos, la prohibición de
“contratar o adquirir, por sí o por terceras personas” evitando así la obtención de beneficios, por
parte de alguno de los candidatos, que puedan vulnerar la equidad en la contienda electoral.
Al igual que como sucedió con la causal de rebase de tope de gastos de campaña antes analizada,
aunque hubo demandas en que se adujo esta causal (adquisición de tiempos en radio
y televisión), solicitando la anulación de una elección, como las que originaron los juicios de
235 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
inconformidad identificados como SM-JIN-58/2015 y acumulados y el SM-JIN-69/2015 en
que la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que la cobertura noticiosa aducida, era
actividad periodística de los comunicadores involucrados y no una adquisición de tiempos en
radio y televisión y que los datos del monitoreo de la cobertura noticiosa permiten concluir
que existieron condiciones de equidad por parte de los programas noticiosos.
ii. Expresiones Prohibidas. Adicionalmente, se modificó el modelo de comunicación política eliminando
la restricción que prohibía el uso de expresiones que denigraran a las instituciones y
a los partidos, dejando solamente la relativa a la calumnia personal.
Esta reforma abona sin duda a la garantía de la libertad de expresión en nuestro país y, de ser
bien aprovechada por los candidatos, puede fomentar un debate rico y sustancial entre los
contendientes en una elección, al evitar el riesgo de que sus expresiones sean denunciadas
por sus contrincantes, so pretexto de ser denigratorias.
iii. Propaganda Gubernamental. En este rubro, se reiteró la obligación que tiene el Congreso
de la Unión, desde 2007, de emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134
constitucional referente a la propaganda gubernamental y los informes de labores de los servidores
públicos.
Esta obligación data de la reforma constitucional que modificó el modelo de comunicación política,
mediante la regulación del uso de los medios de comunicación en esta materia, a fin de
proteger la equidad en la contienda electoral y la imparcialidad en su desarrollo.
I. En este sentido, a pesar de no ser una reforma reciente, al subsistir la omisión legislativa,
cabe mencionar que durante el pasado PEF, el TEPJF emitió una serie de lineamientos
a los que se deben apegar los informes de labores de los servidores públicos, a fin de no
ser considerados propaganda gubernamental, los cuales son 20 :
II. Verdadero Informe: Debe ser realmente un informe de labores, es decir, debe hacer referencia
a las acciones y actividades concretas realizadas por el servidor público de que
se trate 21 durante el ejercicio de su cargo y respecto del periodo del que rinde cuentas.
III. Anual: Debe rendirse una sola vez en el año calendario, después de concluido el periodo
respecto del cual se informará a la sociedad y en el entendido de que cuando se trate
20 Estos lineamientos los emitió al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado como
SUP-REP-3/2015.
21 Este criterio fue ratificado en la Tesis LXXVI/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro INFORMES DE GESTIÓN LEGIS-
LATIVA. SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTUAR PÚBLICO. [Pendiente de
publicación].
JUSTICIA Y SUFRAGIO
236

María Guadalupe Silva Rojas
de servidores públicos que integran un órgano colegiado, tendrán que rendir su informe
dentro de un mismo periodo de tiempo o designar a quien lo haga en nombre del órgano
o grupo 22 .
IV. Inmediatez: Debe realizarse dentro de un plazo que guarde una inmediatez razonable
con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa.
V. Ámbito Regional: Debe tener una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de
responsabilidad de la o el servidor público de que se trate.
VI. Difusión en Medios: La difusión del informe en medios de comunicación debe sujetarse
a la temporalidad y contenido previstos en la ley, por lo que la imagen de la o el funcionario
o emblemas y logos del partido a que pertenece, deben ser secundarios, pues el
contenido debe ser fundamentalmente el informe de las actividades realizadas en su labor
durante el periodo respecto del que se esté rindiendo.
VII: Restricciones de Contenido: No pueden tener fines electorales, ni pueden ser empleados
para destacar la persona del servidor o servidora pública ni para eludir la
prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
VIII. Restricciones de Temporalidad: No pueden realizarse durante el periodo de precampañas,
campañas electorales, veda electoral, o durante la jornada electoral.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONSULTAS POPULARES
En este rubro, se incluyeron en la Constitución dos nuevas formas de participación ciudadana
en la vida política de nuestro país, una de las cuales, la consulta popular, guarda relación con
los procesos electorales federales pues deben realizarse simultáneamente con éstos por lo
que solamente pueden llevarse a cabo cada tres años.
Las consultas populares pueden ser convocadas por el Presidente, el 33% de los Senadores o
Diputados -con aprobación de ambas cámaras-, o el 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista
Nominal de Electores, y sus resultados serán vinculatorios solamente cuando la participación
ciudadana sea mayor al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Es importante señalar que la misma Constitución establece temas que no pueden ser objeto
de consulta: los derechos humanos; los principios democráticos; la materia electoral; los
22 Este criterio fue ratificado en la Tesis LVIII/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro INFORMES DE GESTIÓN LEGISLA-
TIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y CON UNA INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLU-
SIÓN DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE COMUNICA. [Pendiente de Publicación].
237 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina
de la fuerza armada.
Como parte del proceso de la consulta popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) deberá resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propuesta
planteada en la Consulta de mérito.
En cuanto a esta figura, hubo diversos actores políticos que intentaron implementarla para su
realización en el pasado PEF, como la consulta planteada por el Partido de la Revolución Democrática
cuya pregunta “¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos
25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”, buscaba revertir la llamada “Reforma
Energética”, y la formulada por el Partido Acción Nacional que pretendía elevar el Salario
Mínimo; en ambos casos, la SCJN determinó que dichas consultas afectaban las finanzas del
Estado, por lo que eran improcedentes.
Otro ejemplo es la pregunta formulada por MORENA: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen
contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del
petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”, la cual, a juicio de la
SCJN no podía recibir una respuesta en sentido afirmativo o negativo -requisito establecido
en la ley de la materia-, por lo cual tampoco procedió dicha consulta.
Estas son solamente algunas de las consultas planteadas en 2014, sin embargo, ninguna prosperó,
por lo que será necesario esperar al siguiente proceso electoral federal y analizar, con
base en los resultados tanto de los casos presentados durante 2014, así como los que se presenten
en un futuro, si la reglamentación actual es viable o si para su implementación efectiva
es preciso reformar las normas que actualmente la rigen.
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES
En este rubro, la reforma modificó sustancialmente la estructura y distribución de competencias
de las autoridades administrativas electorales, desapareciendo, en primer término, al
Instituto Federal Electoral (IFE) para crear en su lugar al Instituto Nacional Electoral (INE) que
conservó las facultades que tenía el primero en materia de la organización de los comicios
federales y fiscalización de las campañas, pero a quien de manera adicional, se le atribuyeron
facultades para designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales
(OPLES) que sustituyeron a los institutos electorales de las entidades federativas y de la Ciudad
de México, así como para intervenir en la organización de los procesos electorales locales
e inclusive, en los procesos de elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos
así lo soliciten y se le asignaron, además, facultades relativas a las consultas populares e
iniciativas ciudadanas.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
238

María Guadalupe Silva Rojas
Adicionalmente, se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional, que será regulado por el INE
y al que pertenecerán no solo sus funcionarios, sino los de los OPLES.
En relación con estos organismos, sin duda, ésta fue una de las cuestiones más discutidas de la
reforma, afirmando sus detractores que era una medida contraria al federalismo; por su parte,
quienes pugnaron por su realización, señalaban como uno de los puntos débiles en el mecanismo
anterior para la integración de los institutos electorales locales, que al ser designados los
consejeros por los congresos estatales, se podía poner en riesgo su independencia, e incluso
se alegaba que los Gobernadores de algunos Estados podían intervenir en dichas designaciones,
comprometiendo la independencia de los consejeros electorales.
Derivado de lo acaecido en los procesos electorales locales 2014-2015, se vio que uno de los
temas que urge revisar y solucionar es el relacionado con el financiamiento de los OPLES pues
si bien es cierto, la designación y remoción de sus integrantes, no depende ya de ninguna autoridad
estatal, la aprobación del presupuesto con que dichos institutos operan sí depende de
éstas, por lo que la independencia u operatividad de tales organismos puede verse comprometida
con el esquema actual.
REGULACIÓN DE PARTIDOS
La regulación de los partidos políticos cambió también de manera importante con la reforma.
i. Porcentaje de Votación para Registro. En primer término, a nivel constitucional, se elevó el
porcentaje de la votación válida emitida requerida para que los partidos mantengan su registro,
al 3% (antes era el 2%) y se estableció que todo partido que alcanzara al menos dicho
porcentaje, tiene derecho a que le sean asignados diputados según el principio de representación
proporcional.
Este aumento, tuvo como consecuencia que el Partido Humanista perdiera su registro en el
pasado PEF pues obtuvo solamente el 2.25% de la votación válida, cuestión que no hubiera
sucedido con la regulación anterior.
En este sentido, si bien es cierto, el aumento del umbral mínimo requerido propicia la pérdida
de registro de los llamados “partidos pequeños”, tiene la ventaja de que los partidos que
obtienen el porcentaje necesario y conservan su registro se mantienen como una opción con
representatividad en la ciudadanía, lo cual fortalece a la democracia al permitir la existencia
de un gobierno plural pero no tan fraccionado como para hacer imposible la toma de acuerdos.
239 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
CONCLUSIONES
De la comparación hecha entre las disposiciones modificadas en virtud de la reforma político-electoral
de 2014 y los efectos que ésta tuvo en el desarrollo de los procesos electorales
celebrados en 2014-2015, tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas, se
desprenden las siguientes conclusiones:
1. Reformas con resultados positivos. Algunas de las modificaciones, sin duda lograron el
objetivo deseado; éstas son:
a) Paridad. La obligación constitucional de cumplir con criterios de paridad de género
en la postulación de legisladores, tuvo como efecto directo e inmediato el aumento
en el porcentaje de mujeres que accedieron a dichos cargos, y de manera indirecta,
la creación del criterio de paridad horizontal que impulsa la participación de las mujeres
en la vida política de nuestro país.
b) Candidaturas Independientes. Las candidaturas independientes comenzaron a consolidarse
como una opción real y efectiva de los ciudadanos que quieren acceder a
cargos de elección popular, sin ser postulados por un partido político.
Al evidenciarse que es posible ganar una elección por esta vía, en los comicios estatales que
se desarrollan actualmente (2015-2016), hay nueve candidatos independientes a gobernador
registrados 23 y en la elección del Constituyente de la Ciudad de México se presentaron 75
solicitudes de aspirante a candidato independiente 24 .
2. Reformas que pueden fortalecerse. Otras de las reformas, sin embargo, no fueron tan
efectivas en la práctica, como son:
a) Causales de Nulidad. A pesar de haberse incluido como nuevas causales constitucionales
para anular las elecciones, en ningún caso se actualizaron los requisitos
señalados al efecto, por lo que el endurecimiento de las sanciones respecto de las
ciertas irregularidades (rebase de tope de gastos de campaña y adquisición de tiempos
en radio y televisión) quedó sin efecto.
b) Procedimiento Especial Sancionador. Es conveniente que se analice con cuidado la
implementación de estos procedimientos y se realicen algunas adecuaciones en la
normativa aplicable para hacer más efectivo el PES.
23 http://www.elfinanciero.com.mx/pages/central-politica-barreras-no-frenan-candidaturas-independientes.html consultado
el 15 de abril de 2016.
24 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/CDMX/ consultado el 14 de abril de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
240

María Guadalupe Silva Rojas
c) Modelo de Comunicación Política. Si bien es cierto que al eliminarse la prohibición de
denigrar a las instituciones y partidos se fortaleció la libertad de expresión, considero
importante señalar que debido a la manera en que la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece la distribución del tiempo en radio y televisión,
durante las campañas electorales, el cual debe darse, según lo disponen los artículos
165 y 166 de dicha ley, en segmentos de dos y tres minutos, fomenta el fenómeno
conocido como la “spotización” consistente en la difusión de mensajes que, debido
a la brevedad de su duración, no pueden contener información sustancial o explicar
las propuestas o plataformas electorales de los candidatos.
d) Propaganda Gubernamental. Sigue haciendo falta que el Congreso de la Unión, emita
la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional referente a
la propaganda gubernamental y los informes de labores de los servidores públicos.
e) Consultas Populares. Considerando que las consultas presentadas en el pasado PEF
no procedieron, estimo que es conveniente esperar al siguiente proceso electoral
federal y analizar, si se presenta alguna nueva consulta, qué sucede con ella, pues
es probable que los resultados obtenidos en el pasado PEF se debieron a que era la
primera ocasión en que se ejercía este derecho y apenas se están delineando los parámetros
para su correcta ejecución.
f) Autoridades Administrativas Electorales. Sin duda el principal tema con los OPLES es
la urgente necesidad de garantizar su autonomía presupuestal, a fin de fortalecer su
independencia.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA
LEYES
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 26
de febrero de 2013.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 10
de febrero de 2014.
Ley Federal de Consulta Popular. Diario Oficial de la Federación.14 de marzo de 2014.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Diario Oficial de la Federación.
23 de mayo de 2014.
Ley General de Partidos Políticos. Diario Oficial de la Federación. 23 de mayo de 2014.
Ley General en Materia de Delitos Electorales. Diario Oficial de la Federación. 23 de mayo
de 2014.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Diario Oficial de la Federación. 23 de
mayo de 2014.
241 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
La Reforma Político-Electoral de 2014 y su implementación
Bibliografía
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y Tesis. Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015. México: Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, impr. de 2015. p.154
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Compilación 1997-2012. Jurisprudencia
y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1. México: Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, impr. de 2012. p.685.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gaceta Jurisprudencia y Tesis en
Materia Electoral. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impr.
de 2015. p.473.
UGALDE RAMÍREZ, Luis Carlos (comp.). Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral
Mexicano. Perspectiva Estatal e Internacional. México: Tribunal Electoral del Poder
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Páginas Web
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CENTRO de Investigación para el Desarrollo. Candidaturas Independientes rumbo al
2018. [en línea]. Actualizada: 29 de septiembre de 2015. [Fecha de Consulta: 4
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INSTITUTO Nacional Electoral. Género, Igualdad y Democracia. [en línea]. Actualizada:
23 de agosto de 2013. [Fecha de Consulta: 11 de abrilde 2016]. Disponible en:
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INSTITUTO Nacional Electoral. Impacto de la Aplicación de la Paridad de Género en el Registro
de Candidaturas en la Conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
[en línea]. Actualizada: 03 de diciembre de 2015. [Fecha de Consulta: 04 de marzo
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JUSTICIA Y SUFRAGIO
242

María Guadalupe Silva Rojas
TRIBUNAL Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia y Tesis. [en línea]
Actualizada: 15 de abril de 2016. [Fecha de Consulta: 15 de abril de 2016]. Disponible
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TRIBUNAL Electoral del Poder Judicial de la Federación. Turnos y Sentencias. [en línea].
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UGALDE Ramírez, Luis Carlos. Barreras no Frenan Candidaturas Independientes. [en línea].
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www.elfinanciero.com.mx/pages/central-politica-barreras-no-frenan-candidaturasindependientes.html
243 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS E
ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. CASO JALISCO,
PROCESO ELECTORAL 2014- 2015
Parliamentary seats allocation by proportional
representation principle. Case: Jalisco, electoral
process of 2014-2015
Christian Analí Temores Orozco 1
Recepción: 16 de marzo de 2016.
Aprobación para publicación: 13 de mayo de 2016.
Pp. 244-260.
Resumen:
El pluralismo político en México, es el resultado de diversas reformas constitucionales
y legales en materia electoral, motivadas en la necesidad de atemperar los efectos del
sistema de mayoría y el reconocimiento de la participación de los grupos minoritarios
en la toma de decisiones públicas; de ahí que, el desarrollo de las fórmulas de asignación
por el principio de representación proporcional en las entidades federativas, deba satisfacer
tales fines, dentro de un marco constitucional en el que convergen tanto el respeto
irrestricto a bases generales derivadas de la interpretación de la propia Norma Rectora,
como la libertad de configuración legislativa estatal. En el presente ensayo, se abordan
las conclusiones a las que arribaron las diferentes instancias jurisdiccionales en la materia,
respecto a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional
para integrar la LXI Legislatura Jalisciense.
Palabras clave:
Representación proporcional, sistemas electorales, fórmulas de asignación, pluralismo
político, interpretación y aplicación de normas
1 Maestrante en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco. Actualmente es secretaria relatora del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Correo electrónico: anya_ledua@
hotmail.com
JUSTICIA Y SUFRAGIO 244

Christian Analí Temores Orozco
Abstract:
Political pluralism in México, is the result of several constitutional and legal reforms in
electoral matters, motivated by the necessity to reduce the effects of majority system
and the recognition of the minorities groups participation in public decision-making;
hence, the development of proportional representation formulas to integrate the local
legislatures, must seek such purposes, within a constitutional order between observance
of general legal bases from the interpretation of the Constitution and the freedom of the
States to legislate in their territories. This article presents the different determinations of
judicial authorities about the parliamentary seats allocation by proportional representation
for integrate the LXI Legislature to the State of Jalisco.
Key words:
Proportional representation, electoral systems, allocation formulas, political pluralism,
interpretation and application of legal norms
SUMARIO: I. El pluralismo político como regla imperante en el sistema electoral actual
en nuestro país. II. Planteamiento del caso. III. Emisión del acuerdo IEPC-ACG-299/2015
e impugnaciones primigenias. IV. Estudio realizado por el Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco JIN-078/2015 y acumulados. V. Estudio realizado por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio ciudadano
SG-JDC-11422/2015 y acumulados. VI. Estudio realizado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio de revisión Constitucional
SUP-REC-841/2015 y acumulados. VII. Conclusiones. VIII. Fuentes de Consulta.
EL PLURALISMO POLÍTICO COMO REGLA IMPERANTE EN EL SISTEMA ELECTORAL ACTUAL EN
NUESTRO PAÍS
Durante el último año del mandato de Adolfo López Mateos, ante un escenario en que las fuerzas
políticas minoritarias resultaban imperceptibles para la representación, se reformaron los
artículos 54 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un intento
por aventajar el tránsito democrático del país.
Con tal reforma de 1963, se creó la figura de Diputados de Partido y se fijaron las reglas de representación
proporcional para la asignación de los mismos, conforme a las cuales, todo partido
político nacional que hubiese obtenido el dos y medio por ciento de la votación total en el país
en la elección respectiva, tendría derecho a acreditar de entre sus candidatos, a cinco diputados
-que contarían con idénticas obligaciones y derechos que los de mayoría-, más uno más por cada
medio por ciento más de votación obtenida en su favor, hasta un máximo de veinte legisladores.
Ello, siempre y cuando dicho partido no hubiese logrado la mayoría en veinte o más distritos electorales,
pues en tal caso, no tendría derecho a que le fueran reconocidos diputados de partidos.
245 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
Para 1972 con Luis Echeverría al frente del país, la permanencia de los partidos de oposición
peligraba notoriamente, por lo que una nueva reforma no se hizo esperar, trayendo consigo el
5 de febrero de 1973, la promulgación de una nueva Ley Federal Electoral que estableció un
sistema mixto predominantemente mayoritario, con la inclusión de diputados electos por el
sistema de representación proporcional.
En las elecciones presidenciales de 1976, la boleta contemplaba tan solo a José López Portillo,
posicionándolo sin adversario alguno en la contienda, de manera que el 1 de diciembre de
ese año, asumió la presidencia del país, consciente de la crisis de representatividad que habían
evidenciado las pasadas elecciones, por lo que se propuso renovar la arena política mexicana,
mediante la apertura de la competencia electoral y el pluralismo político.
Con el apoyo de su Secretario de Gobernación -Jesús Reyes Heroles-, se preparó una nueva
reforma que propiciara los ajustes necesarios al sistema electoral entonces vigente, en cuya
exposición de motivos se señaló en esencia lo siguiente:
Avanzamos en un proceso de transformación convencidos de que la democracia es cauce
para la participación en el análisis de las cuestiones que a todos interesan, y vía para
examinar, conciliar o resolver pacíficamente nuestras contradicciones e impulsar institucionalmente
los cambios sociales. (…)
Mediante la Reforma Política que ahora nos anima debemos buscar una mejor integración
del sistema de libertades y del sistema democrático que nos rigen, respetando el
derecho de las minorías a preservar su identidad y a manifestarse sin cortapisas. (…)
Hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben gobernar; pero debe evitarse
el abuso de éstas, que surge cuando se impide para todo la participación política
de las minorías (…)”2.
Así, el pluralismo político se vislumbraba necesario, de modo que mediante decreto de 15 de
diciembre de 1986, se reformaron distintos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, bajo una exposición de motivos que en lo que interesa señaló:
Ni la impotencia de la minoría ni la parálisis de la mayoría, responde a una auténtica
democracia, (…) De ahí la necesidad de establecer un mecanismo ágil, flexible y eficaz,
que elimine los riesgos tanto de sobrerrepresentación de las mayorías, como de pulve-
2 Exposición de motivos que fundamentan las Reformas y adiciones a los Artículos 6°, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70,
73, 74, 76, 93, 97 y 115 Constitucionales, propuestas por el Lic. José López Portillo. En: http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1977JLP-ExpMotRefConst.html
JUSTICIA Y SUFRAGIO
246

Christian Analí Temores Orozco
rización de la voluntad popular; riesgos que resultan de los aspectos negativos sea de
la representación mayoritaria, sea de la representación proporcional pura 3 .
La citada reforma no solo produjo el incremento del número de diputados electos por el principio
de representación proporcional de 100 a 200, sino que además, incluyó la adopción de la
llamada cláusula de gobernabilidad, cuyo fin era el de asegurar al partido mayoritario la toma de
decisiones, mediante la asignación adicional de un número suficiente de diputados que le garantizara
la mayoría absoluta en el cuerpo legislativo, lo que volvía estéril las alianzas de las minorías.
Fue hasta 1993, que se eliminó la cláusula de gobernabilidad mediante reforma al artículo
54 constitucional, lo que significó un momento clave para la apertura del sistema y el avance
sustancial hacia el pluralismo político, según el cual, se debe privilegiar en todo momento,
el consenso entre las diversas fuerzas políticas, de modo que tanto los grupos mayoritarios
como los minoritarios, integren los órganos de representación y de toma de decisiones públicas.
PLANTEAMIENTO DEL CASO
A partir de su primera instalación el 16 de junio de 1823 como Diputación Provincial de Guadalajara,
y al cabo de ochenta y cinco integraciones del Congreso del Estado de Jalisco4, la LXI
Legislatura Jalisciense comprende conforme al artículo 16 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, veinte diputaciones por el principio de mayoría relativa
(MR) y diecinueve más por el principio de representación proporcional (RP).
Tal composición consta hoy en día, de seis bancadas que representan para el Partido Acción
Nacional (PAN) cinco curules, trece para el Revolucionario Institucional (PRI), dos para el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), tres más para el Verde Ecologista de México (PVEM),
catorce para Movimiento Ciudadano (MC) y uno más para el Partido Nueva Alianza (NA), a
las que se suma un diputado independiente (CI).
Arribar a dicha integración no resultó tarea sencilla, ya que en tal órgano, convergen el principio
de mayoría relativa y el de representación proporcional, en donde respecto a éste último,
si bien el Código Electoral del Estado establece normas concretas para la asignación de curules,
lo cierto es que su aplicación en el pasado proceso electoral presentó distintos retos tanto
para la autoridad administrativa electoral en la Entidad, como para las jurisdiccionales en la
materia, pues conforme al nuevo modelo de pluralismo político vigente tanto en nuestro país
como en esta Entidad, resultaba indispensable una interpretación tendente a lograr el consenso
entre las distintas fuerzas políticas.
3 Woldenberg, J. (2013). Blog de la Revista Nexos. Recuperado el 7 de octubre de 2014, de 20 años sin (la absurda) cláusula
de gobernabilidad: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2512.
4 Cronología de las Legislaturas. http://www.congresojal.gob.mx/?q=nuestro/historia
247 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
En ese sentido, el presente ensayo analiza el desarrollo de la asignación de diputados de representación
proporcional en Jalisco durante el proceso 2014-2015, desde la emisión del
acuerdo identificado como IEPC-ACG-299/2015 5 el catorce de junio de dos mil quince, por
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Entidad, hasta la
resolución del Recurso de Reconsideración SUP-REC-841/2015 y acumulados, dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó su última
modificación.
EMISIÓN DEL ACUERDO IEPC-ACG-299/2015 E IMPUGNACIONES PRIMIGENIAS
Como se adelantó, el domingo siguiente al día de la jornada electoral, el Consejo General del
Instituto Electoral Jalisciense, emitió el acuerdo por el que se tuvo por efectuado el cómputo
estatal de la elección local de diputados por el principio de representación proporcional del estado,
declaró la legalidad y validez de dicha elección, así como que los candidatos asignados
por el citado principio, cumplían con los requisitos de elegibilidad exigidos por los artículos 21
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 8 del Código Electoral de referencia, ordenando
además, expedir las constancias de asignación correspondientes y aprobar la lista de
suplentes anexa a dicho proveído. Conforme a ello, la integración del órgano legislativo resultaba
la siguiente:
PARTIDO MR RP
PAN 0 5
PRI 10 4
PRD 0 2
VERDE 0 1
MC 9 6
NA 0 1
CI 1 0
El diecisiete de junio posterior, se emitió una fe de erratas respecto al acuerdo IEPC-
ACG-299/2015, por haberse establecido de manera equívoca el orden de los nombres
correspondientes a lista de suplentes de los diputados electos, misma que fue publicada en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el veinte de junio siguiente.
Inconformes con la asignación planteada por el Instituto Electoral Local, se interpusieron ante
el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, cinco juicios de inconformidad, cuatro juicios para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, es-
5 El referido acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, de dieciocho de junio de dos mil quince, Tomo
CCCLXXXII, 32, Sección XXVI, página 114 y sucesivas, visible en el sitio de internet: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/
sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-18-15-xxvi.pdf.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
248

Christian Analí Temores Orozco
tos últimos que una vez reencauzados, dieron lugar a once juicios de inconformidad que se
acumularon para su resolución al identificado como JIN-078/2015 del índice del órgano jurisdiccional
especializado en Jalisco.
ESTUDIO REALIZADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO JIN-
078/2015 Y ACUMULADOS
El primer tema a dilucidar en la resolución de la controversia planteada, fue el relativo a la
aplicación de dos distintos preceptos jurídicos, que a decir de los accionantes resultaban contrarios
a la Constitución federal.
Para ello, en la sentencia se resaltó en primer orden, la facultad de dicha autoridad resolutora
para analizar las normas jurídicas estatales y contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, de acuerdo a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y a la luz de los parámetros del control de constitucionalidad y de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos, conforme a los cuales cualquier órgano jurisdiccional
del país puede, inaplicar leyes al caso concreto por estimarlas contrarias a la Constitución,
aun cuando carezcan de facultad para en su caso declararlas inconstitucionales y expulsarlas
del ordenamiento en el que se encuentren previstas6.
Razonado lo anterior, se abordó el estudio de la fracción III, del párrafo 1, del artículo 19 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que a la letra refiere:
III. Al partido político que tenga el porcentaje más alto de la votación efectiva, se le
asignarán diputados por el principio de representación proporcional hasta alcanzar el
número total de diputados que resulte equivalente al porcentaje de su votación obtenida,
adicionándole cinco puntos porcentuales 7 .
Si bien los promoventes referían que se trataba de una cláusula de gobernabilidad, el Tribunal
Electoral de la Entidad, argumentó que contrario a la finalidad que persigue una norma de tal
naturaleza, la disposición controvertida no generaba por sí misma la mayoría absoluta al interior
del Congreso Jalisciense para instituto alguno, ni se traducía en la asignación directa de
curules plurinominales para el partido mayoritario.
6 Lo anterior, se sostiene en la tesis IV/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cuyo rubro es: ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS
ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTER-
NACIONALES; visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54.
7 Lo escrito en cursivas es una forma de resaltar de quien suscribe.
249 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
Sin embargo, la aplicación de dicha porción normativa sí generaba –a juicio del órgano
colegiado-, tanto una mayoría artificial, un tratamiento privilegiado y una garantía de no subrepresentación
para el partido político con el porcentaje más alto de votación efectiva, lo que
de suyo justificaba efectivamente su inaplicación al caso concreto, al ser contraria al principio
de equidad en la contienda y alejarse del objetivo imperante en todo el sistema, es decir,
la gobernabilidad multilateral y el pluralismo político.
Lo anterior, toda vez que mientras el artículo 116, fracción II, tercer párrafo de la norma
rectora, concede válidamente a las legislaturas estatales la configuración concreta para la
adopción del sistema electoral mixto en su interior, no debía soslayarse que el pleno cumplimiento
de tal disposición constitucional, implica a su vez ajustarse real y efectivamente
a los objetivos que persigue la adopción de un sistema mixto, como lo son: la participación
de todos los partidos políticos en igualdad de condiciones; evitar un alto grado de sobre-representación
de los partidos mayoritarios; contrarrestar los efectos extremos del sistema
de mayoría simple; garantizar la participación de las minorías; y fomentar el consenso entre
las diversas fuerzas políticas.
En esa tesitura, la aplicación de la fracción III, del párrafo 1, del artículo 19 del Código Electoral
de esta Entidad, al adicionarle cinco puntos porcentuales para la asignación de legisladores
al partido político con el porcentaje más alto de votación efectiva a su favor, representaba un
premio a la fuerza dominante, a la que apartaba del resto de los contendientes, para someterla
no a la fórmula electoral compuesta de cociente natural y resto mayor prevista en el artículo
21 del Código en la materia, sino a un proceso distinto de asignación de diputados plurinominales
al que los demás institutos no podían acogerse, de ahí que se declararan sustancialmente
fundados los agravios hechos valer por los enjuiciables al respecto.
Hasta aquí, al proceder la inaplicación de la citada porción normativa, se tornaba ya inválida la
subsistencia en sus términos del acuerdo impugnado IEPC-ACG-299/2015, pues al prescindirse
de la adición de cinco puntos porcentuales para la asignación de escaños al partido con
el porcentaje más alto de votación efectiva, las ulteriores determinaciones adoptadas en el
proveído controvertido resultaban matemáticamente inexactas.
En continuidad con el estudio realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, se resolvió
la válida aplicación de la fracción IV, del párrafo 1, del artículo 19 del ordenamiento legal
ya citado, misma que prevé que tratándose de candidatos postulados por una coalición y que
hayan obtenido el triunfo en distritos uninominales, con independencia de lo establecido en
el convenio y el origen partidario de los mismos, la curul se contabilizaría, para efectos de la
asignación total de diputados por ambos principios, al instituto político que más votos haya
aportado para la elección de dicho diputado.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
250

Christian Analí Temores Orozco
De acuerdo a lo razonado por el Tribunal local, a partir de las bases y principios establecidos en
los artículos 116 y 122 de la norma rectora, así como de las interpretaciones de los mismos
realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultaba factible sostener que en el
ejercicio de la libertad legislativa que goza cada entidad federativa, éstas pueden determinar
los criterios particulares para la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional que consideren adecuadas a su realidad política y jurídica, en el entendido que
habrán de ajustarse en todo momento, a las bases constitucionales fijadas al respecto.
De ahí que, el Tribunal local arribara a la conclusión que los estados pueden legislar sobre aspectos
electorales que se relacionen con el tema de coaliciones, siempre que dicha relación
sea indirecta, lo que a juicio de dicha autoridad, se trataba de la operatividad del principio de
representación proporcional respecto a los órganos legislativos locales, y que en el caso concreto,
no reñía con lo que el Alto Tribunal enfatizara en relación a la exclusividad del tema de
coaliciones para el legislador federal.
Ahora bien, en cuanto al método utilizado para realizar la asignación de diputaciones por el
principio en comento, los incoantes se dolían, por un lado, de que al adicionar los votos del
candidato independiente para el cálculo del 3% de asignación, se producía una distorsión en
los porcentajes de votación, ya que si dicho candidato no participaba en la asignación de diputados
plurinominales, su votación debía restarse.
Sin embargo, en la determinación del Tribunal Jalisciense, se sostuvo que conforme al artículo
15, párrafo 1, fracción II del Código Electoral de esta Entidad, si el legislador previó la inclusión
en esta etapa de la votación de los candidatos independientes resultaba válido que al partido
político que obtuviera en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida, se
le asignará una curul por el principio de representación proporcional8, siendo dicha votación
la resultante de deducir, tan solo los votos nulos y los de candidatos no registrados a la votación
total emitida.
A efecto de realizar lo anterior y en plenitud de jurisdicción desarrollar una nueva asignación
de curules por el principio de representación proporcional, en la sentencia del órgano colegiado
especializado de esta Entidad, se concluyó que dado que en diversos juicios de inconformidad
se había anulado la votación recibida en distintas casillas, tales efectos debían trascender
para tal asignación sobre el cómputo estatal realizado por la autoridad administrativa electoral,
toda vez que en dicha asignación participan no solo los candidatos de las listas de los
partidos políticos por este principio, sino también quienes habiendo participado en la elección
por la vía uninominal no fueron electos.
8 Independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.
251 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
Así pues, luego de razonar la indivisibilidad del voto, en una primera ronda, se asignó una
diputación a los partidos Revolucionario Institucional; Acción Nacional; de la Revolución Democrática;
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, por haber
obtenido el tres por ciento de la votación válida, con independencia de sus triunfos en distritos
uninominales.
Posteriormente, y con trece escaños por asignar, se continuó con la distribucion de curules, en
atención al procedimiento previsto en el artículo 19, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral
y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, considerando solo a los institutos Revolucionario
Institucional; Acción Nacional; de la Revolución Democrática; Verde Ecologista de México
y Movimiento Ciudadano, al ser aquellos que alcanzaron por lo menos el tres punto cinco por
ciento de la votación total emitida para esa elección; registraron fórmulas de candidatos a diputados
por el principio de mayoría en al menos catorce distritos electorales uninominales;
conservaron al día de la elección, el registro de al menos el mismo número de fórmulas antes
señaladas; registraron una lista de diecinueve candidatos a diputados de representación proporcional;
y conservaron al día de la elección, el registro de por lo menos, dos terceras partes
de dicha lista.
Lo anterior, con las excepciones previstas por el referido numeral tratándose de partidos coaligados
y en el entendido que al participar en dicha asignación una Coalición –PRI-PVEM-, los
votos obtenidos por ésta se distribuirían igualitariamente entre los partidos que la integraron,
siendo al partido político que más votos aportó, al que se le asignaría aquellos votos, en caso
de existir fracción.
En este punto, y considerando la inaplicación de la fracción III, del párrafo 1 del artículo 19 del
Código Comicial, se prosiguió a efecto de obtener el cociente natural, al dividir la votación para
asignación de representación proporcional de la circunscripción plurinominal entre las trece
diputaciones aun no repartidas, lo que arrojó como resultado cuatro curules más para los partidos
Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, respetivamente, además de tres
legisladores para Acción Nacional.
En una cuarta etapa, y al quedar por asignar tres escaños, se aplicó el resto mayor que prevé
la fórmula de asignación, basada en distribuir las curules pendientes a los partidos con el remanente
más alto de votos en orden decreciente, lo que produjo una asignación de una curul
más para cada uno de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, dando como resultado la asignación siguiente:
JUSTICIA Y SUFRAGIO
252

Christian Analí Temores Orozco
PARTIDO MR ASIGNACIÓN 3% CN RM
PAN 0 1 2 1 4
PRI 10 1 4 0 15
PRD 0 1 0 1 2
VERDE 0 1 0 0 1
MC 9 1 4 1 15
NA 0 1 0 0 1
CI 1 0 0 0 1
TOTAL 39
Finalmente, el Tribunal Electoral Jalisciense, se abocó al análisis de la sub y sobre representación
de los partidos políticos, dilucidando en primer orden, que conforme al artículo 19, párrafo
3, del Código en la materia, la votación a considerar a efecto de determinar tales límites de
representación, habría de ser la suma de los votos de todas las fuerzas que integraran el Congreso,
ello sin importar la naturaleza de tales fuerzas.
Lo anterior, tal y como señala el numeral de referencia al establecer “del total de la legislatura”,
y con independencia de que se tratara de candidatos independientes o partidos políticos con
menos del 3% de la votación válida, pues, a juicio del Tribunal local, aunque estos no participan
en la asignación por fórmula electoral de diputaciones por el principio de representación
proporcional, sí contaban con representación en el Órgano Legislativo, y de no considerarlos,
se producía una afectación a la verdadera representatividad de los institutos políticos en el
Congreso Local.
Hecho lo anterior, se advirtió que el Partido Acción Nacional con cuatro escaños, contaba con
un porcentaje de representación del total de la legislatura menor en un 1.65% a su porcentaje
de votación recibida menos ocho puntos, por lo que resultaba necesario para solventar tal
sub representación, adicionarle un escaño más, con el que se situara dentro de los límites de
sub y sobre representación previstos conforme a su votación.
Para realizar dicha compensación constitucional, el Tribunal Electoral privilegió el mayor grado
de proporcionalidad entre los votos obtenidos por cada partido político y su representación
en la legislatura estatal, ello luego de una interpretación sistemática y funcional de los artículos
19, párrafos 4 y 5 del Código Comicial; 20, fracción IV de la Constitución de la Entidad, de
modo que determinó que la curul por asignar al Partido Acción Nacional, habría de deducirse
al instituto que se acercara más a su índice de sobre representación, en el caso, al Partido Revolucionario
Institucional.
En ese estado de cosas, la distribución de escaños del Congreso Jalisciense, resultó en esta
instancia, la siguiente:
253 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
PARTIDO MR RP TOTAL
PAN 0 4+1 5
PRI 10 5-1 14
PRD 0 2 2
VERDE 0 1 1
MC 9 6 15
NA 0 1 1
CI 1 0 1
TOTAL 39
Finalmente, entre los temas abordados en el juicio de inconformidad JIN-078/2015 y sus acumulados,
se realizó el estudio del agravio relativo a que la autoridad administrativa electoral
local, fue omisa en estudiar los requisitos de elegibilidad para dos de los candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional, pues según los incoantes, los ciudadanos
cuestionados se reincorporaron a sus funciones como Presidentes Municipales previo a la conclusión
del proceso electoral.
Respecto a tal motivo de disenso, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sostuvo que de
una interpretación extensiva y armónica del párrafo 2, del artículo 8 del Código Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en relación con los diversos artículos 633 del
Código en cita y 21, 26 y 63 de la Constitución de la entidad, el momento para que quienes
solicitaron licencia a su encargo pudieran válidamente volver a las funciones de éste, una vez
asignados como diputados de representación proporcional, era justamente un día después de
la entrega de las constancias de asignación respectivas, pues de los citados dispositivos, dicho
Tribunal no advirtió un trato diferenciado por parte del constituyente y del legislador jalisciense,
respecto de las dos vías para ocupar una curul como legislador.
Asimismo, la referida autoridad razonó que en el ejercicio de su libertad configurativa, el legislador
de la Entidad previó una fecha concreta para que un servidor público en licencia regresara
a su encargo y pudiera ser considerado elegible como diputado, por lo que no era dable sujetar
a quienes se encontraran en tal hipótesis, a un plazo dependiente de los medios de impugnación
interpuestos y las fechas de resolución de las diversas instancias jurisdiccionales en la
materia, máxime si como sustenta la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de clave 14/2009, el fin perseguido respecto a la separación de un encargo
público para contender por distinto cargo de elección popular, consistente en garantizar la
equidad en la contienda y evitar el uso ilícito de recursos público, no se advertía vulnerado ni
se tenía acreditada su afectación en el caso.
De ahí que, respecto a la jurisprudencia 14/2009, de rubro: SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXI-
GIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL Legislación de Morelos y
JUSTICIA Y SUFRAGIO
254

Christian Analí Temores Orozco
similares, el órgano jurisdiccional local concluyera, que no resultaba aplicable al caso concreto,
pues contrario a las legislaciones que fueron estudiadas en los precedentes que dieron origen
a tal criterio, el Código Comicial Jalisciense, señalaba de manera expresa una fecha cierta para
que los servidores públicos en licencia, que hayan contendido en un proceso electoral y resultaran
asignados como diputados por el principio de representación proporcional, volvieran a
sus encargos, sin afectar su elegibilidad.
Así, en un segundo momento y luego de analizar el periodo de separación de sus respectivos
encargos, el Tribunal Electoral de Jalisco, tuvo por elegibles a los ciudadanos controvertidos,
no sin antes considerar que si bien la ampliación de licencia de uno de los candidatos, fue aprobada
por el Cabildo respectivo en fecha posterior a la solicitud de la misma, ello no afectaba el
momento en que ésta surtía efectos, pues la solicitud de una licencia laboral, se argumentó,
como el ejercicio de un derecho de carácter unilateral y volitivo, que no puede condicionarse
a la celebración de un acto posterior, como lo es la sesión de un órgano colegiado como resulta
ser un Cabildo.
En ese orden de ideas, aun pese a la revocación del acuerdo IEPC-ACG-299/2015, dictado
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
conforme a lo sostenido por el Tribunal Electoral de esta Entidad, al no variar el resultado
final en la asignación propuesta por dicha autoridad administrativa, se resolvió confirmar las
constancias de asignación emitidas y ajustar la lista de Diputados Suplentes respectiva, sobre
la base de la modificación al cómputo de la elección de diputados por el principio de representación
proporcional, realizada por tal Órgano Jurisdiccional.
ESTUDIO REALIZADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JUICIO CIUDADANO
SG-JDC-11422/2015 Y ACUMULADOS
El catorce de octubre de dos mil quince, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad de votos, el Juicio Ciudadano identificado
con la clave SG-JDC-11422/2015, al que se acumularon cinco juicios ciudadanos más
y tres juicios de revisión constitucional, instaurados en contra de la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente JIN-078/2015 y sus acumulados.
Entre las determinaciones a las que arribó la Sala Regional de la primera circunscripción del
país, se reconoció la facultad del Tribunal Electoral Jalisciense, para realizar un nuevo desarrollo
de la fórmula de asignación, así como una vez evaluada la recomposición realizada por
dicho Tribunal Estatal, en donde se reafirmó la validez del traslado de la votación anulada para
la asignación de curules por el principio de representación proporcional, en virtud a que ello –a
juicio de dicho Órgano Colegiado- lograba generar congruencia y funcionalidad entre los prin-
255 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
cipios de mayoría relativa y representación proporcional, en un sistema mixto en el que para
la asignación por éste segundo principio, se consideran los candidatos de mayoría relativa que
no obtuvieron el triunfo en el distrito uninominal por el que contendieron.
Validado lo anterior, el órgano jurisdiccional regional determinó –contrario a lo sostenido por
el Tribunal local- la inaplicación de la fracción IV del párrafo 1 del artículo 19 del Código Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pues la regulación contemplada en
el mismo, constituía a su juicio, una invasión a la esfera federal, acorde a lo dispuesto en la
fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal, en relación con el diverso artículo
segundo transitorio del propio decreto publicado en el Diario Oficial el diez de febrero de dos
mil catorce, que establecen la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para legislar la participación
de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, mediante la adopción
de un sistema uniforme tanto para los procesos electorales federales como para los locales,
desarrollado en una ley general.
En esa tesitura, en la sentencia en estudio, se razonó que la porción normativa controvertida,
regulaba en forma directa cuestiones vinculadas con la figura electoral de las coaliciones,
dejando incluso, sin efecto la voluntad de los partidos coaligados al suscribir el convenio de
coalición respectivo, lo que se traducía por un lado, en el desconocimiento del principio de
auto determinación de los partidos políticos, así como generaba distorsión entre las diputaciones
que corresponden a cada instituto político coaligado y el número de votos con que se
obtuvieron esas curules.
De ahí que, la Sala Regional considerara que el Congreso del Estado de Jalisco, invadió la esfera
legislativa federal al regular un tema constitucionalmente reservado a ésta, y por ende,
determinó que para la asignación de escaños por el principio de representación proporcional
en Jalisco, el Partido Revolucionario Institucional contaba con ocho curules, mientras que el
Partido Verde Ecologista de México, sumaba para sí dos diputaciones.
En ese estado de cosas, al determinarse la inaplicación de dicho precepto legal, resultaba
necesario un nuevo desarrollo de la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales,
aun cuando la autoridad jurisdiccional federal coincidió con el órgano local respecto a que la
votación que debía servir de base para establecer un umbral mínimo para la asignación de diputaciones
por el principio de representación proporcional, era la votación válida emitida y
que la votación para calcular los índices de sub y sobre representación de los partidos políticos
debía comprender los votos de todas las fuerzas con representación en el Congreso; del
mismo modo que confirmó por un lado, la inconstitucionalidad de la fracción III, del párrafo
1, del artículo 19 del Código Comicial por establecer una garantía de no sub representación
para el instituto político que logró el porcentaje de votación efectiva más alto, al adicionarle
de forma automática una sobre representación de cinco puntos porcentuales; y por otro, el
JUSTICIA Y SUFRAGIO
256

Christian Analí Temores Orozco
razonamiento respecto a qué instituto se debía descontar curules a efecto de realizar el procedimiento
de compensación constitucional.
Tal nueva asignación, coincidió en la realizada por el Tribunal Electoral Local, con la salvedad
de que el número de diputaciones de mayoría relativa considerado en lo individual para los
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, fue de ocho y dos respectivamente,
por lo que al momento de calcular los límites de sub y sobre representación de los
partidos políticos y advertir la sub representación del Partido blanquiazul, la Sala Regional –
adoptando el mismo criterio que el Tribunal Jalisciense-, concluyó deducir la diputación que
habría de entregarse a Acción Nacional, al instituto con el porcentaje más cercano a su límite
de sobre representación, en este caso, al partido Movimiento Ciudadano, lo que produjo la
asignación siguiente:
PARTIDO MR RP TOTAL
PAN 0 4+1 5
PRI 8 5 13
PRD 0 2 2
VERDE 2 1 3
MC 9 6-1 14
NA 0 1 1
CI 1 0 1
TOTAL 39
Por último, la Sala Regional arribó a la conclusión que si bien resultaba acertado el razonamiento
realizado por el órgano local al establecer que era equiparable la entrega de la constancia
de mayoría a la de asignación, no lo era la determinación de que todos los servidores públicos
en licencia, podían volver a sus encargos una vez les fuera entregada la constancia de asignación,
pues en cada caso debía valorarse las funciones que desempeñaban los ciudadanos
candidatos, a fin de determinar si en razón de éstas, se tornaba necesario su separación del
cargo hasta la conclusión del proceso electoral, para no vulnerar la equidad en la contienda.
En esa tesitura, al tratarse de presidentes municipales, como máxima autoridad administrativa
de un Municipio, la Sala Regional consideró aplicable la jurisprudencia 14/2009 desestimada
por el tribunal local, y determinó que los ciudadanos controvertidos se tornaron inelegibles al
volver a sus encargos luego de la entrega de sus constancias de asignación pero antes de que
los medios de impugnación instaurados contra la elección de diputados por el principio de representación
proporcional, adquirieran definitividad y firmeza y con ello, se diera por concluido
el proceso electoral Jalisciense.
257 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
ESTUDIO REALIZADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL SUP-
REC-841/2015 Y ACUMULADOS
El veintitrés de octubre de dos mil quince, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral
del país, resolvió el expediente del Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP-
REC-841/2015, al que se acumularon otras nueve distintas reconsideraciones, en el sentido
de revocar la diversa resolución dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en los Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales
del Ciudadano y de Revisión Constitucional identificados con la clave SG-JDC-11422/2015
y sus acumulados, con base en las consideraciones siguientes:
En la sentencia en estudio, la Sala Superior sostuvo que al declararse la inelegibilidad de dos
ciudadanos por haber regresado a ejercer sus funciones como Presidentes Municipales, luego
de la entrega de sus constancias de asignación más no hasta concluirse el proceso electoral
Jalisciense, la Sala Regional inaplicó implícita e indebidamente el párrafo 2, del artículo 8, del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Lo anterior, pues la Sala Regional responsable, concluyó que debía prevalecer la jurisprudencia
14/2009, sobre lo dispuesto por el legislador jalisciense, quien consideró suficiente que
el funcionario público se separara durante noventa días de anticipación y hasta la entrega de
las constancias respectivas, para garantizar el respeto del principio de equidad en la contienda
electoral, ello sin considerar el tiempo en que se interponen, sustancian y resuelven los medios
de impugnación que en su caso se interpongan contra la elección de diputados por el principio
de representación proporcional.
En esa tesitura, la Sala Superior determinó que la norma inaplicada por el órgano regional, no
generaba una vulneración por sí misma al principio de equidad en la contienda, ni mucho menos
una afectación a derechos político-electorales, de manera que la opción de reincorporación
planteada por el legislador local, tampoco resultaba contraria a la norma rectora, y por ende,
resultaba inexacta su inaplicación.
Máxime si se consideraba que la jurisprudencia aplicada al caso concreto por la Sala Regional,
tuvo origen en distintos precedentes disimiles al caso Jalisco, pues en aquellos, no se contemplaba
disposición legal alguna que permitiera a los servidores públicos en licencia, regresar a
su encargo en fecha cierta y ser considerados elegibles, como sí acontecía en la legislación
del Estado de Jalisco.
De ahí que, al advertirse que los candidatos cuya inelegibilidad se decretó, observaron lo dispuesto
en el párrafo 2, del artículo 8, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del
JUSTICIA Y SUFRAGIO
258

Christian Analí Temores Orozco
Estado de Jalisco, pues se separaron de su cargo noventa días antes del día de la elección, y no
regresaron a ejercer el mismo, sino con posterioridad a la entrega de constancias de asignación
atinentes, la Sala Superior procedió a revocar a ese respecto la sentencia controvertida, así
como revocar la constancia de asignación expedida a favor de quien señalara en su momento
la Sala Regional, por depender directamente de la elegibilidad estudiada y ordenó realizar las
modificaciones pertinentes a la lista de suplentes correspondiente.
Lo anterior, no sin antes confirmar la inaplicación realizada por la Sala Regional Guadalajara,
respecto de la fracción IV del párrafo 1, del artículo 19, del Código Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, en relación a la figura de las coaliciones, pues a juicio de la Sala Superior,
resultaba inadmisible que el legislador jalisciense invadiera la esfera legislativa del Congreso de
la Unión, pues el Poder Revisor de la Constitución determinó como exclusivo del orden federal,
la regulación de todo lo relativo a las coaliciones, así como ello implicaba una intromisión
en el derecho de auto organización de los partidos políticos.
CONCLUSIONES
La voluntad del constituyente federal ha otorgado a las estados federados, libertad de configuración
legislativa respecto a las reglas que habrán de regir el sistema electoral mixto que
adopten en su interior, misma que no puede entenderse absoluta, sino sujeta a la observancia
de bases generales que deben ser consideradas tanto en individual como en su conjunto,
es decir, atendiendo a todas y cada una de éstas, y sin dejar de aplicar alguna, al momento de
determinar el proceso de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional
en los Estados.
En esa tesitura, si bien la aplicación de las normas conlleva por su propia naturaleza, una tarea
implícita de interpretación a la luz de la Constitución Federal como de los tratados o
instrumentos internacionales, sea ésta bajo criterios gramaticales, de sistematicidad o funcionalidad,
lo cierto es que en todo momento y en cada caso, debe atenderse al espíritu que
motivó la norma de que se trate, a la voluntad del legislador y, de manera particular en materia
electoral, a la potenciación de los derechos político-electorales de los ciudadanos y al respeto
de auto determinación de los partidos políticos.
Sobre la base anterior, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales locales,
al momento de realizar o calificar tal asignación, no pueden perder de vista la finalidad perseguida
por el principio de representación proporcional, de manera que habrán de procurar que
la votación recibida por cada fuerza política, se vea debidamente reflejada en el número de
escaños que se les asignen por éste principio, con el fin de que la representación que generen
permita un amplio debate en la toma de las decisiones públicas, así como constituya un contrapeso
frente a la fuerza dominante.
259 JUSTICIA Y SUFRAGIO

ENSAYOS
Asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Caso Jalisco, proceso electoral 2014- 2015
En ese orden de ideas, el caso Jalisco durante el proceso electoral 2014-2015, es un claro
ejemplo de que la tarea de asignación de legisladores por el principio de representación proporcional
en una entidad federativa, no puede entenderse como el acatamiento escrupuloso
de una serie de disposiciones dadas al efecto, sino que evidencia que las autoridades electorales,
dentro de su ámbito competencial, precisan y están obligadas, a realizar interpretaciones
acordes con la Norma Rectora y los instrumentos internacionales.
Del mismo modo, el caso Jalisco deja constancia de cómo la labor jurisdiccional, resulta ser
un instrumento idóneo para, en primer orden, garantizar el respeto irrestricto de los derechos
tanto de los ciudadanos como de los partidos políticos; fijar los criterios interpretativos que
deben imperar respecto a temas concretos; identificar las imprecisiones y lagunas legislativas;
redefinir las bases de nuestro sistema electoral; así como para generar avances significativos
en la procuración del pluralismo político y la gobernabilidad multilateral, a fin de aperturar la
arena política y con ello, fortalecer la vida democrática de nuestro país.
FUENTES DE CONSULTA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Sentencia JIN-078/2015 y sus acumulados.
Sentencia SG-JDC-11422/2015 y acumulados.
Sentencia SUP-REC-841/2015 y acumulados.
Acuerdo IEPC-ACG-299/2015.
Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2009, de
rubro: SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL
PROCESO ELECTORAL (Legislación de Morelos y similares).
Tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación IV/2014, de rubro: ÓR-
GANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS
JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.
Exposición de motivos que fundamentan las Reformas y adiciones a los Artículos 6°,
41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 54, 76, 93, 97 y 115 Constitucionales,
propuestas por el Lic. José López Portillo. En: http://www.memoriapoliticademexico.
org/Textos/6Revolucion/1977JLP-ExpMotRefConst.html
Woldenberg, J. (2013). Blog de la Revista Nexos. Recuperado el 7 de octubre de 2014,
de 20 años sin (la absurda) cláusula de gobernabilidad: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2512.
Cronología de las Legislaturas. http://www.congresojal.gob.mx/?q=nuestro/historia
JUSTICIA Y SUFRAGIO
260

J
JURISPRUDENCIA
COMENTARIO A LA TESIS XXI/2016 DE
RUBRO: CONTROL CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES.
MÉTODO PARA DETERMINAR LA
REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE
INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO
Constitutionald conventional control of electoral norms.
Method to determine the regularity of a legal precept
concerning a human right
Ma. Del Carmen Díaz Cortés 1
Resumen:
En el presente comentario se analiza un criterio jurisprudencial sobre un tema enmarcado
en el debate actual vinculado al control constitucional y convencional de normas, emitido
por la máxima autoridad jurisdiccional electoral en nuestro país, en el cual se acude a los
precedentes en que se sustenta.
Abstract:
In this section is analized, throught the precedents that originated it, a case law determines
by the Federal electoral Court of this country and related to the control of constitutionaly
and conventionality as one of the currently most controversial debate topics.
1 Doctora en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente es
secretaria relatora en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
261
JUSTICIA Y SUFRAGIO

JURISPRUDENCIA
Comentario a la tesis xxi/2016 de rubro: control constitucional y convencional de normas electorales
La tesis 2 que en esta ocasión comentaremos estimados lectores de Justicia y Sufragio deviene
del criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), al resolver el Recurso de Reconsideración con número de expediente SUP-
REC-538/2015 motivado por la impugnación del Partido Encuentro Social en contra de la
sentencia emitida por la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal Electoral con sede en Monterrey Nuevo León.
La controversia planteada en el citado asunto inició, a partir de la elección municipal de Juárez,
Nuevo León y sus resultados, de los que quedó como ganador el Partido Encuentro Social,
lo que motivó la inconformidad 3 del Partido Revolucionario Institucional y otros, como los institutos
políticos integrantes de la coalición “Alianza por tu Seguridad” (Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza, Cruzada Ciudadana y Demócrata) así como el propio Encuentro Social
que también impugnó, en la que se solicitó la nulidad de votación recibida en varias casillas y
la modificación en la asignación de regidurías de representación proporcional.
En la tramitación y sustanciación del asunto y conforme a la Ley Electoral del Estado, se admitieron
los juicios de los impugnantes -que a la postre, fueron acumulados- se requirió a la
Comisión Municipal Electoral de Juárez Nuevo, León, autoridad demandada, por la realización
del trámite y por el informe correspondiente, se corrió traslado a las partes respecto del medio
de impugnado y se señaló fecha y hora para la realización de las audiencias de calificación,
admisión, recepción de pruebas y alegatos respectivos.
Posteriormente, después de celebrada la audiencia de pruebas y alegatos del juicio local, el PRI,
con la finalidad de justificar coacción al electorado en algunas casillas para que votaran por el
Partido Encuentro Social, ofreció como prueba superveniente la documental pública consistente
en un acta notarial circunstanciada, la cual fue desechada por el Presidente del tribunal local,
bajo el argumento de que el artículo 312 4 , párrafo cuarto de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, solo permite el ofrecimientos de ese tipo de pruebas hasta antes de la celebración
de la audiencia de pruebas y alegatos. En contra de esa determinación, el PRI interpuso
recurso de reclamación, en el cual, el Pleno del Tribunal Estatal, confirmó el desechamiento
2 La tesis de mérito, fue aprobada por mayoría de cuatro votos por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de
abril de dos mil dieciséis, está pendiente de publicación y se encuentra disponible en la página oficial del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en internet: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXI/2016, fecha de consulta:
15 de junio de 2016.
3 Los juicios fueron radicados bajo el número de expediente JI-89/2015 y acumulados, del índice del Tribunal Electoral del
Estado de Nuevo León.
4 El citado precepto 312, párrafo IV, de la ley electoral local, dispone: “[…] En las resoluciones o sentencias, en ningún caso se
tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esa regla será la de
las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban
aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la
autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance
superar, siempre y cuando se aporten antes de la celebración de la audiencia.”
JUSTICIA Y SUFRAGIO
262

Ma. Del Carmen Díaz Cortés
referido, que a la postre, también fue impugnado ante la Sala Regional Monterrey 5 del TEPJF
que desechó a su vez la demanda por falta de definitividad.
En continuidad se tiene que el Tribunal Local dictó sentencia en la que confirmó la validez de
la elección municipal, modificó los resultados al declarar la nulidad de la votación recibida en
tres casillas, y ordenó a la Comisión Municipal revisar la asignación de regidurías, ante ello, el
PRI promovió juicio de revisión constitucional electoral en el que, entre otros conceptos, reclamó
como violación procesal el desechamiento de la prueba superveniente ofrecida ante el
tribunal local, al considerar inconstitucional el mencionado artículo 312, párrafo cuarto, de la
ley electoral local, porque a su parecer limita la posibilidad de allegar las pruebas supervenientes
hasta antes de la celebración la audiencia de pruebas y alegatos.
La Sala Regional Monterrey del TEPJF en la sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional
Electoral SM-JRC-164/2015 y sus acumulados 6 , revocó la sentencia del tribunal local, al
considerar indebido el desechamiento de la prueba superveniente ofrecida por el actor, bajo
la consideración de que el precepto citado en el párrafo que antecede sí resultaba inconstitucional
en la porción normativa citada, que limita la admisión de las pruebas supervenientes
hasta antes de la celebración de la audiencia y, por tanto, consideró que dicho precepto debía
inaplicarse al caso concreto, por lo que consideró que el Tribunal Local debía admitirla y emitir
una nueva resolución en la que valorara la probanza.
La anterior postura, fue recurrida por el Partido Encuentro Social a través del Recurso de Reconsideración
número de expediente SUP-REC-538/2015 7 , ante la Sala Superior del TEPJF, al
considerar ese instituto político, que la resolución de la Sala Regional Monterrey era contraria
a Derecho ante la inexistencia de base jurídica para considerar que el precepto implicado, en lo
que fue materia de controversia, es inconstitucional y por tanto, inaplicarlo; a juicio del citado
partido político, al tratarse de una norma de carácter procesal no debía sujetarse al principio
pro persona, pues dicho principio únicamente es aplicable para las disposiciones de naturaleza
sustantiva y no a las procesales.
Precisamente en ese estado de las cosas, y bajo ese escenario, fue que la Sala Superior del
TEPJF, enderezó su análisis para dilucidar si la Sala Regional Monterrey debió considerar inconstitucional
e inaplicar el artículo 312, párrafo cuarto, de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, que establece que en el juicio de inconformidad de la mencionada entidad, las
pruebas supervenientes sólo resultan admisibles hasta antes de la celebración de la audiencia
5 Véase la resolución del expediente SM-JRC-159/2015, disponible en línea en el sitio: http://www.te.gob.mx/salasreg/
ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JRC-0159-2015.pdf, fecha de consulta: 15 de junio de 2016.
6 La sentencia en cita está disponible en el sitio: http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-
JRC-0164-2015.pdf fecha de consulta: 15 de junio de 2016.
7 Véase la resolución del expediente SUP-REC-538/2015, disponible en línea en el sitio: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00538-2015.htm,
fecha de consulta: 15 de junio de 2016.
263 JUSTICIA Y SUFRAGIO

JURISPRUDENCIA
Comentario a la tesis xxi/2016 de rubro: control constitucional y convencional de normas electorales
de pruebas y alegatos, y si admite una interpretación bajo el principio pro persona y a la vez
es válido llegar a la determinación de que resulta inconstitucional.
Al efecto, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país, arribó a la determinación
de que la porción normativa cuestionada y materia del disenso –párrafo IV del
multicitado artículo 312– resulta inconstitucional, por lo que avaló la inaplicación de la misma
al caso concreto.
La decisión adoptada, la motivó y fundamentó la Sala Superior bajo el argumento toral de que
el sistema jurídico constitucional mexicano impone que, ante la petición de análisis de constitucionalidad
o convencionalidad de cualquier norma jurídica sustantiva o que instrumenta el
ejercicio de un derecho fundamental, los órganos autorizados para llevar a cabo ese control o
revisión, sin distinción de su naturaleza sustantivo o instrumental, realicen un ejercicio de interpretación
conforme de la norma cuestionada, sucesivamente, en sentido amplio y estricto,
para elegir, entre las jurídicamente válidas admisibles, aquella que no sean contraria al bloque
constitucional de derechos humanos, luego de lo cual, en caso de transgredirlo deberán ser
consideradas inaplicadas al caso concreto y en caso de que no estar en oposición mantener
su validez para el asunto, desde luego, en este último supuesto, con la precisión de que las
normas que instrumentan, regulan o limitan el ejercicio este tipo de derechos, adicionalmente,
deben ser objeto de un test de proporcionalidad, para verificar si el enunciado normativo
en cuestión y su configuración son necesarias, idóneas y estrictamente proporcionales para
alcanzar algún fin legítimamente perseguido, que justifique la delimitación del ejercicio de algún
derecho humano.
Lo anterior en el caso analizado, implica que si bien el legislador de Nuevo León tiene la autorización
jurídica para regular el derecho de defensa en los juicios de informidad locales, a
través del establecimiento de reglas para el ejercicio del derecho de ofrecer pruebas, incluidas
las de naturaleza superveniente, las mismas deben observar el principio de proporcionalidad,
y en el caso se advierte que efectivamente la norma impugnada incumple el subprincipio de
necesidad (sin omitir señalar que la admisibilidad de la prueba debe entenderse jurídicamente
aceptable hasta antes de la emisión de la sentencia).
La Sala Superior, en la sentencia recaída al SUP-REC-538/2016 precedente de la tesis en comento,
enfatizó que:
“[…] la instrumentación del derecho de prueba, desde una perspectiva constitucional,
sólo admite una regulación que supere el test de proporcionalidad, es decir, que resulte
legítima, idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, para ser válida, porque
el diseño del sistema jurídico constitucional mexicano impone que, ante la petición de
análisis de constitucionalidad o convencionalidad de cualquier norma jurídica sustantiva
JUSTICIA Y SUFRAGIO
264

Ma. Del Carmen Díaz Cortés
o que instrumenta el ejercicio de un derecho fundamental, los órganos autorizados para
llevar a cabo ese control o revisión, sin distinción de su naturaleza sustantivo o instrumental,
en primer lugar, deben llevar a cabo una interpretación conforme de la norma
cuestionada en sentido amplio y estricto, para elegir, entre las jurídicamente válidas
posibles, aquella que no sea contraria al bloque constitucional de derechos humanos”.
Luego, a partir de lo expuesto: a) cuando sean conformes con el bloque constitucional
deberán ser consideradas válidas, b) cuando no existe posibilidad de que las alternativas
sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la inaplicación, y c) cuando
su instrumentación delimite en alguna medida su ejercicio, pero no sean abiertamente
contrarias a la Constitución, deben ser sujetas a un test de ponderación.” 8
De lo anterior, nos parece importante señalar que el método de control de constitucional
y convencional para determinar la irregularidad de una norma que instrumenta un derecho
humano que se aborda por la Sala Superior del TEPJF, va de la mano con el principio de proporcionalidad,
que para Robert Alexy en sentido estricto “se refiere a la optimización relativa
a las posibilidades jurídicas” 9 , y con el ejercicio aplicativo de la proporcionalidad, en el cual, el
control que ejercen jueces y tribunales, debe respetarse un determinado procedimiento para
arribar a la determinación más razonable.
De ahí, la aprobación de la Tesis XXI/2016, de rubro: “CONTROL CONSTITUCIONAL Y CON-
VENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD
DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO” aprobada por la Sala Superior
del Tribunal Electoral, comentada en el presente espacio.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA
Carbonell, Miguel, (2008), “El juicio de ponderación constitucional”, en El principio de
proporcionalidad y la interpretación constitucional, Miguel Carbonell, Ed., Serie Justicia
y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Quito, Ecuador.
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, disponible en línea en el sitio: www.ceenl-org.mx/legislacion/documentos/leyes/LEY%20ELECTORALAL%20NUEVO%20
LEON%20CEE%20EDICION%20FINAL.pdf, fecha de consulta 15 de junio de 2016.
8 Ídem.
9 Véase “La fórmula del peso”, de Robert Alexy, con la traducción al castellano de Carlos Bernal Pulido, profesor de derecho
constitucional y filosofía del derecho de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá) del texto alemán original publicado
en: “Die Gewichtsformel”, en Joachim Jickeli et al. eds., Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, De Gruyter, Berlín, 2003,
p. 771 – 792, retomada por Miguel Carbonell, Editor, en El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional,
Serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y sociedad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito,
Ecuador, 2008, p. 15.
265 JUSTICIA Y SUFRAGIO

JURISPRUDENCIA
Comentario a la tesis xxi/2016 de rubro: control constitucional y convencional de normas electorales
JURISPRUDENCIA
TEPJF, Tesis XXI/2016, de rubro: “CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE
NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA
QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO”, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), disponible en línea en el sitio: http://www.
te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXI/2016, (pendiente de publicación), fecha de consulta:
15 de junio de 2016.
Sentencia del TEENL
TEENL, Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Juicio de Inconformidad, de fecha 9 de
julio de 2015, número de expediente JI-89/2015 y acumulados, http://www.tee-nl.org.mx/
expedientes.php?frAno=2015&frBuscar=89&frTipo=inconformidad&frBoton=Buscar, fecha
de consulta: 15 de junio de 2016.
Sentencias del TEPJF
TEPJF, Sala Regional Monterrey, Juicio de Revisión Constitucional Electoral, número de expediente
SM-JRC-159/2015, de fecha 23 de octubre de 2015, disponible en línea en
el sitio: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-
REC-00538-2015.htm, fecha de consulta: 15 de junio de 2016.
TEPJF, Sala Regional Monterrey, Juicio de Revisión Constitucional Electoral, número de expediente
SM-JRC-164/2015 y sus acumulados, de fecha 13 de agosto de 2015, disponible
en línea en el sitio: http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-
JRC-0164-2015.pdf, fecha de consulta: 15 de junio de 2016.
TEPJF, Sala Superior, Recurso de Reconsideración, número de expediente SUP-REC-538/2015,
de fecha 23 de octubre de 2015, disponible en línea en el sitio: http://portal.te.gob.mx/
colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00538-2015.htm, fecha de consulta:
15 de junio de 2016.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
266

L
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN
DE TRABAJOS EN LA REVISTA
JUSTICIA Y SUFRAGIO
EJE DEL CONOCIMIENTO
El contenido de la revista Justicia y Sufragio, versa exclusivamente en el área del derecho
electoral, desde una perspectiva teórica y práctica. La principal encomienda de la revista es la
difusión y divulgación del conocimiento a través de artículos, ensayos, recensiones bibliográficas,
notas y criterios jurisprudenciales relevantes, todos estos trabajos deben ser inéditos,
originales y que reflejen investigación de calidad.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Los trabajos que se pretendan publicar en Justicia y Sufragio deben estrictamente ajustarse
a los lineamientos y requisitos formales correspondientes.
El procedimiento de selección de trabajos comprende dos fases:
La primera atiende a la cuestión formal, es decir, la Dirección de la revista verifica el cumplimiento
de cada uno de los requisitos y lineamientos establecidos. En el caso de que haga falta
uno de ellos, será devuelto a su autor para que cumpla y pueda estar en condiciones de agotar
la segunda etapa.
En la segunda etapa se dictamina sobre la originalidad, la relevancia y la calidad de la investigación.
El dictamen es anónimo y se realiza por los árbitros que integran el Comité de Arbitraje,
además, la información de los autores y árbitros es reservada.
Los dictaminadores (árbitros) remiten los resultados a la Dirección de la revista y al Consejo
Editorial, quien les informará a los autores si el documento es aceptado o rechazado para publicación,
o si se acepta con la condición de realizar los cambios respectivos.
Consejo Editorial tienen la decisión final acerca de la publicación o no publicación del documento.
267 JUSTICIA Y SUFRAGIO

LINEAMIENTOS
L
EXTENSIÓN Y FORMATO DE LOS TEXTOS
Artículos: Tendrán una extensión de 5 a 10 cuartillas incluyendo (cuadros, notas y bibliografía).
El artículo puede ser de investigación o de reflexión. Las ideas, opiniones, la información
e investigación que se expresen, serán a partir de una perspectiva analítica y crítica sobre un
tema en específico. 1 La estructura del artículo debe contener: Introducción, desarrollo, conclusión
y bibliografía.
• El artículo debe escribirse en procesador de textos a espacio y medio (inclusive las referencias),
en letra Arial de 12 puntos.
• El título debe reflejar el contenido del texto y su traducción al inglés.
• Debe contener el resumen del contenido, en español y en inglés, no mayor a 10 renglones
cada uno.
• Se incluirá un listado de palabras entre 5 y 10 palabras clave, en español y en inglés.
Además de lo anterior debe anexarse en documento separado:
• Nombre del autor o autores.
• Grado Académico y datos profesionales de contacto (afiliación institucional o laboral,
teléfono y dirección electrónica).
• El autor deberá adjuntar una carta de interés en publicar el texto en Justicia y Sufragio,
en donde manifestará también, que el artículo es original e inédito, así como hará
constar que no ha sido previamente publicado ni enviado a ninguna otra editorial para
su publicación en revista o plataforma electrónica.
Ensayos: Tendrán una extensión de 15 a 30 cuartillas incluyendo (cuadros, notas y bibliografía).
El ensayo puede ser de tipo descriptivo, argumentativo e interpretativo. La estructura del
ensayo debe plantearse en este sentido: sumario, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.
El ensayo parte del planteamiento del problema, continua con el análisis y la exposición
de argumentos que soportan las ideas del autor. Debe contener lógica interna y la composición
original del autor 2 .
• El ensayo debe escribirse en procesador de textos a espacio y medio (inclusive las referencias),
en letra Arial de 12 puntos.
• El título debe reflejar el contenido del texto y su traducción al inglés.
• Debe contener el resumen del contenido en español y en inglés, no mayor a 10 renglones
cada uno.
• Se incluirá un listado de palabras entre 5 y 10 palabras clave, en español y en inglés.
1 División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lineamientos.
Para entrega de trabajos académicos. México: UNAM. Pág. 8
2 Ibídem, 7.
JUSTICIA Y SUFRAGIO
268

L
LINEAMIENTOS
Además de lo anterior debe anexarse en documento separado:
• Nombre del autor o autores.
• Grado Académico y datos profesionales de contacto (afiliación institucional o laboral,
teléfono y dirección electrónica).
• El autor deberá adjuntar una carta de interés en publicar el texto en Justicia y Sufragio,
en donde manifestará también que el ensayo es original e inédito, y hará constar que no
ha sido previamente publicado ni enviado a ninguna otra editorial para su publicación en
revista o plataforma electrónica.
Recensión: La extensión será de 3 cuartillas. La recensión o reseña consiste en una opinión
crítica o interpretación personal sobre una obra determinada. Debe contener un análisis minucioso
para estar en posibilidades de emitir una opinión de calidad. Una recensión describe el
tema y señala las ideas esenciales del autor, incluye la fuente al final del texto y establece los
datos bibliográficos del autor 3 . Los requisitos formales mencionados con antelación son aplicables
en lo correspondiente a este tipo de documentos.
Notas relevantes: La extensión será de 2 cuartillas. La nota contiene una explicación, comentarios
acerca de un hecho, criterio o decisión que tenga relevancia en el ámbito electoral. Los
requisitos formales mencionados con antelación son aplicables en lo correspondiente a este
tipo de documentos. Los requisitos formales mencionados con antelación son aplicables en lo
correspondiente a este tipo de documentos.
ASPECTOS GENERALES DE ESCRITURA Y CITADO
Citado:
El estilo de citas y/o referencias aprobado para la revista será el utilizado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que se intitula:
Lineamientos y criterios del proceso editorial en el que se utilizan las notas a pie de página,
escritas a 1.5 de interlínea, en letra arial de doce puntos, y se pueden usar locuciones latinas.
3 Ibídem, 8.
269 JUSTICIA Y SUFRAGIO

LINEAMIENTOS
L
Las citas se efectúan en este sentido:
• Las citas largas que consten de 40 o más palabras, llevarán sangría de cinco espacios
en el margen superior izquierdo4.
• No incluir comillas al inicio ni al final.
• Anotar la nota correspondiente.
• Las citas cortas constan de menos de 40 palabras y deben5:
• Estar integradas en la oración.
• Incluir comillas si la cita es textual.
• Anotar la nota correspondiente.
Bibliografía:
La bibliografía se incorpora al final del texto, conforme a lo señalado por los Lineamientos y
criterios del proceso editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas6.
Además, de deben ordenarse alfabéticamente por autor.
En caso de que existan varias fichas de obras de un mismo autor, a partir de la segunda deberán
sustituirse los apellidos y el nombre por seis guiones cortos (equivalentes a tres rayas)7.
Reglas generales:
Cuando por primera vez aparezca una sigla o acrónimo debe escribirse su significado extenso,
con la sigla o acrónimo entre paréntesis.
Los gráficos que aparezcan en el documento deberán ser enumerados e intitulados, estableciendo
en la parte final del grafico la información correspondiente al autor.
No utilizar mayúsculas para destacar o enfatizar alguna palabra; para ese fin, se utilizan las
itálicas o cursivas. También las palabras que se refieran a otro idioma deberán usarse la misma
tipología.
Las itálicas se aplican a los párrafos o palabras que pretenda enfatizar el autor.
4 Macmillan, Kathleen y Weyers Jonathan. Citar, referenciar y evitar el plagio en la educación. México: Trillas, 2015. Pág. 78.
5 Ídem.
6 Márquez Romero, Raúl y Hernández Montes de Oca, Ricardo. Lineamientos y criterios del proceso editorial. México: Universidad
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013. Pags. 14-15.
7 Ídem.
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BIBLIOGRAFÍA
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Lineamientos. Para entrega de trabajos académicos. México: UNAM. Pág. 8
Macmillan, Kathleen y Weyers Jonathan. Citar, referenciar y evitar el plagio en la educación.
México: Trillas, 2015. Pág. 78.
Márquez Romero, Raúl y Hernández Montes de Oca, Ricardo. Lineamientos y criterios del
proceso editorial. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones
Jurídicas UNAM, 2013. Pags. 14-15.
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