CONSPIRACIÓN DESDE MÉXICO

uzos — 19 de septiembre de 2016
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OPINIÓN
Perfil
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Abel Pérez Zamorano es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of
Economics y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIóN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y TENENCIA
DE LA TIERRA.
{
Abel
Pérez pérez abel
}
zAmorAno zamorano Estructura agraria
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx
y desarrollo económico
La estructura de la tenencia de la tierra es
factor clave del desarrollo económico; determina
las relaciones de producción, la organización
del proceso productivo y la apropiación
de la riqueza en el sector agrícola. En la infancia
de la Humanidad difícilmente podía concebirse la
propiedad en su acepción moderna; existía, sí, el
uso comunitario de tierras y bosques, basado en
un vínculo natural entre tierra y hombre. Pero la
marcha de la economía, movida por sus propias
leyes, no se detiene; y conforme la sociedad progresó,
aquellas formas naturales de relación hombre-tierra,
decayeron, por no responder ya a las
exigencias de sociedades cada vez más complejas.
El mundo entraría así a la propiedad privada en su
primera forma, la esclavista, donde la tierra y los
trabajadores esclavos eran, por igual, propiedad
de los terratenientes; florecerían en estas nuevas
circunstancias civilizaciones como Egipto, Grecia
y Roma. Y, precisamente, a la caída de esta
última, vendría el régimen agrario feudal, donde
el gran terrateniente (hacendado en nuestro caso),
subdividía parte de su heredad para permitir a los
campesinos trabajar en ella a cambio del pago de
una renta en especie, trabajo o, finalmente, dinero.
Esta forma de propiedad y su correspondiente
régimen de relaciones de producción prevaleció
hasta la instauración del capitalismo, que dio fin
a la relación de servidumbre y a la adscripción del
hombre a la tierra.
En México, antes de que esto ocurriera, habría
de transcurrir un tortuoso, y a veces violento, proceso
de desarrollo de las relaciones capitalistas
en el campo, inacabado todavía en muchos aspectos.
Con la conquista llegaría el orden feudal,
que maduró desde repartos, mercedes reales y
encomiendas, hasta la gran hacienda, eje económico
del sistema, en su versión tanto laica como
eclesiástica. Ciertamente, desde mediados del siglo
XIX se registraron denodados esfuerzos por
terminar con aquel ineficiente sistema, por abrir
paso a la propiedad propiamente capitalista y, con
ella, a la economía de mercado. Uno de los hitos
en este proceso fue La Ley de desamortización de
las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones
civiles y religiosas de México, del 25 de junio de
1856, conocida como Ley Lerdo (redactada por
don Miguel Lerdo de Tejada), expedida durante el
gobierno de Ignacio Comonfort y fruto del proceso
iniciado por la Revolución de Ayutla de 1854.
Dicho corpus jurídico establecía que: “Todas las
fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran
como propietarios las corporaciones civiles
o eclesiásticas de la República se adjudicarán
en propiedad a los que las tienen arrendadas, por
el valor correspondiente a la renta que en la actualidad
pagan, calculada como rédito al seis por
ciento anual… Tanto las urbanas como las rústicas
que no estén arrendadas a la fecha de la publicación
de esta ley se adjudicarán al mejor postor, en
almoneda…”. Ésta y otras legislaciones agrarias,
como la Ley Juárez y, en general, las Leyes de
Reforma, respondían a los intereses de la burguesía
ascendente; pretendían crear un mercado de
tierras y consolidar una clase burguesa eficiente
y productiva en el sector agrícola, superior al sistema
ineficiente de la gran hacienda, de agricultura
extensiva. Fueron intentos por abrir paso al
desarrollo capitalista, para cuya implantación y
consolidación definitiva, sin embargo, no estaban
aún dadas en ese tiempo todas las condiciones necesarias.
Y la gran hacienda siguió prevaleciendo