TASTET MAIG JUNY 2017

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editorial
El «derecho a crecer»
163 in-fan-cia
Admitimos que la infancia es una construcción
social que evoluciona con el tiempo y que condiciona
las actuaciones que los adultos tenemos
para con ella. ¿O quizás sea más correcto hablar
de infancias, atendiendo a la diversidad social y
geopolítica donde crecen los niños y niñas? En
la mayoría de las sociedades la representación de
la infancia ha ido progresando de una imagen
pasiva a comprender a los niños y niñas como
seres humanos capaces de intervenir en su vida,
en sus juegos y en sus aprendizajes. Sea como
fuere, en la actualidad está vivo el debate sobre
la invención de la infancia moderna, entre cuyos
logros se encuentra la escolarización pública, que
hoy es cuestionada desde diferentes ámbitos.
Las nuevas formas de experiencia social, en
un contexto de redefinición de las políticas
públicas, de las lógicas familiares y de los sistemas
educativos, están modificando las condiciones
sobre las cuales transcurre la vida de
nuestros niños y niñas. Pensar la infancia permitió
considerar a niños y niñas sujetos sociales,
con futuro, con historia, con presente, con
derechos. Pero el «derecho a crecer», en una
sociedad compleja como la contemporánea,
compite hoy con las políticas neoliberales y la
incidencia del mercado en la educación.
A pesar del reconocimiento de derechos, las
políticas de ajuste y el abandono de competencias
del Estado en su rol público están permitiendo
prácticas precarias de atención a la
infancia, donde el objetivo principal es la
reducción del gasto (como se ha visto en la
transferencia de crédito de la partida presupuestaria
de las escuelas infantiles a la partida
de la escuela concertada en alguna comunidad
autónoma), aún en detrimento de la calidad, e
incluso de la propia escolarización.
Ejemplo de ello es la normativa que regula
el ciclo 0-3, que se está revisando ahora en las
diferentes comunidades autónomas. En ella
encontramos la incoherencia de reconocer en
su preámbulo la centralidad y necesidad de esta
etapa, mientras que el articulado de la normativa
concreta los recortes y la limitación de
acceso a un gran sector de familias de clase trabajadora,
aumentando la desprotección.
La comunidad científica, las familias y los
equipos de escuela, la sociedad civil, tenemos
argumentos para denunciar esta incoherencia y
reclamar las condiciones que hagan posible este
«derecho a crecer» en nuestras sociedades diversas.
Y para recordar a las formaciones políticas
que representan a la ciudadanía, y a los gobiernos,
que tienen el deber subsidiario de regular
políticas coherentes y justas para cualquier tramo
educativo y sector social, incluido el 0-3.
mayo junio 2017
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