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interior de la provincia subsiste porque existe la cooperativa,
por eso, es fundamental comprender el cooperativismo.
De allí que la inclusión del cooperativismo
escolar es importante. En Santa Fe, Córdoba y hasta en
Buenos Aires, funciona el sistema de cooperación escolar
pero es voluntario y no forma parte de la currícula. A
partir de allí fomentar también, la fiscalización. Porque
es bueno que existan controles que sirvan como ayuda y
de promoción. Esto para colocar en una posición igualitaria
a una cooperativa con una empresa multinacional.
Pero ese control debe ser concreto porque si no se termina
desvirtuando el movimiento de ayuda mutua”.
Para comprender los aportes que se pueden realizar,
Serafino ejemplifica con “el plano agrario, donde es público
y notorio cómo se van despoblando muchas zonas
rurales. Sin embargo, hay tierras que son del fisco, del
Estado, que se encuentran abandonadas... y hasta por
allí se observan maniobras de algún particular que intenta
apropiarse de ellas de un modo non sancto.... pero
en una provincia tan vasta como la nuestra ¿por qué no
fomentar el apego al lugar con aquella gente que quiere
trabajar la tierra y no lo puede hacer? Así, en el norte de
la provincia hay gente que trabaja en este sentido -en
la zona de islas, por ejemplo- con denuedo; está el caso
del Instituto de Cultura Popular (Incupo) de la Iglesia,
hasta asociaciones no gubernamentales. Por eso es muy
bueno promover el cooperativismo para poder sacar a
esa gente que está casi en la nada y promoverla”.
Agrega que “desde ese punto de vista hemos presentado
un trabajo que lo vamos a poner a consideración del
Consejo de Asociativismo y lo vamos a llevar al Segundo
Congreso de Cooperativas y de Economía Social que se
hace en Rosario en los primeros días de julio como una
propuesta ante una eventual reforma de la Constitución
de la provincia de Santa Fe. Ese texto debiera promover
a los actores de la economía social como las cooperativas
y las mutuales como una política oficial de la provincia
de Santa Fe y a través de la educación cooperativa”.
El referente del cooperativismo santafesino señaló que
“es cierto que en la provincia, en los últimos años, desde
el Ministerio de la Producción se ha apoyado al movimiento
cooperativo, pero no está en la Constitución de
Santa Fe”.
Las propuestas del sector
En el borrador que será presentado en el mes de julio en
Rosario, se propone que la Constitución de la provincia
reconozca “la función social de la cooperación y de la
mutualidad en el campo económico, en sus diferentes
modalidades. La ley promueve y favorece el cooperativismo
y el mutualismo con los medios más idóneos y
asegura, con oportuna fiscalización, su carácter y finalidades”
y que “incorporará en la currícula de sus planes
de estudios en los diversos niveles educativos, los
valores y principios del cooperativismo y del mutualismo,
promoviendo sus prácticas con la constitución de
cooperativas y mutuales escolares. La ley determinará
los alcances y facultades económicas de éstas, como asimismo
la existencia y el incentivo de los padrinazgos
escolares cooperativos y mutuales”.
En otro de los puntos del borrador se propone que “las
entidades cooperativas y mutuales de primer y segundo
grado están habilitadas para realizar todas las actividades
económicas productivas y comerciales, y de prestar
todos los diferentes servicios que requiere la actividad
económica, con eficiencia social y económica” y también
que “la provincia promoverá la intercooperación y la integración
entre las entidades cooperativas y mutuales de
igual o distinto grado, como medio de ampliar el entramado
socioeconómico de la economía social, valorando
la eficiencia social y económica del proceso integrador”.
En otro de sus artículos sostiene que la provincia de
Santa Fe “promueve la racional explotación de la tierra
por la colonización de las de su propiedad y de los predios
no explotados o cuya explotación no se realice conforme
a la función social de la propiedad y adquiera por
compra o expropiación. Propende a la formación, desarrollo
y estabilidad de la población rural por el estímulo
y protección del trabajo del campo y de sus productos
y el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores”
y que “facilita la formulación y ejecución de planes de
transformación agraria para convertir a arrendatarios
y aparceros en propietarios y radicar a los productores
que carezcan de la posibilidad de lograr por sí mismos
el acceso a la propiedad de la tierra”.
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