Edición 16 de agosto de 2018

Diario Co Latino
Opinión Jueves 16 de agosto de 2018 15
La lucha sigue por la gestión
de aguas en El Salvador
Andrés McKinley
La profunda crisis de los recursos hídricos en
El Salvador, en términos de calidad, cantidad
y acceso, es ampliamente reconocida y
científicamente documentada por expertos y expertas,
tanto nacionales como internacionales. Las causas
principales de la actual crisis son la mala gestión del
agua (contaminación y sobre-explotación) por la falta
de políticas (Ley General de Aguas), prácticas y programas
que aseguran la buena gobernanza en el sector.
Este problema nos afecta a todos y a todas en nuestras
vidas cotidianas, pero son los pobres, las mujeres y los
niños quienes más lo sufren.
Desechos tóxicos y metales pesados de la industria,
químicos venenosos de la escorrentía agrícola y aguas
negras sin tratamiento contaminan más del 90% de
nuestras aguas superficiales. A la vez, la sobrexplotación
de mantos acuíferos genera escasez de agua para
los ecosistemas y las comunidades en todo el territorio
nacional.
Esta situación tan alarmante ha llevado a organismos
internacionales, como CEPAL, la Asociación
Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés) y el
Tribunal Latinoamericano de Agua, a plantear que el
país está al borde de una situación de estrés hídrico en
que no habrá suficiente agua para responder a la demanda
humana. En esta misma línea, un estudio de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH) de El Salvador concluyó, en 2016, que
El Salvador tiene una esperanza de vida como país viable
de unos 80 años si no cambiamos nuestra relación
con el agua.
La evidencia científica está sustentada por la experiencia
vivencial de miles de habitantes de barrios marginales
en las ciudades y pueblos que pasan meses sin
acceso al agua, de comunidades pobres en el sector rural
que dependen de fuentes naturales de agua cada día
más escasas, de los pequeños productores que pierden
sus cosechas por las sequías cada vez más prolongadas
y de las mujeres, niñas y niños que pasan gran parte de
su día en búsqueda de este vital líquido.
A pesar de todo lo anterior, altos representantes
de la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), en una audiencia reciente con la Comisión
de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea
Legislativa (y en debates públicos con este autor),
insistieron en que la crisis hídrica en El Salvador es
un mito promovido por el partido del Gobierno y sus
simpatizantes para promover la urgente aprobación de
una Ley General de Aguas.
Desde un enfoque empresarial, la posición de
ANEP tiene lógica. La gran empresa de El Salvador
no ha sufrido por la escasez de agua. No ha vivido
esta pesadilla. Más bien ha sido y sigue siendo un factor
causal importante de la actual crisis hídrica a través
de un modelo de desarrollo y urbanización basa-
do en la destrucción del medioambiente, la
exclusión social y la acumulación de riqueza
para pequeños grupos élites al
costo de los recursos naturales, especialmente
al agua. Algunos ejemplos:
• En el histórico caso de la finca
El Espino, cientos de manzanas
de bosque y cafetales que servían de
“pulmón” para el gran San Salvador,
ayudando a mantener el equilibrio climático
de la capital y filtrando millones de metros cúbicos
de agua por año para recargar los mantos freáticos
de la zona, fueron convertidos, por el Grupo Roble,
en enormes centros comerciales;
• La fábrica de Baterías Record en el cantón Sitio
del Niño empleaba materias primas altamente tóxicas,
contaminantes del medioambiente (especialmente del
agua), y nocivas para la salud humana. Antes de ser cerrada
el 24 de septiembre de 2007 por órdenes del Ministerio
de Salud, sus dueños fueron acusados de contaminar
a 369 trabajadores de la fábrica y aproximadamente
7 mil 250 personas habitando en seis comunidades
aledañas, con niveles de plomo arriba de los índices
internacionales aceptables. Un estudio realizado
por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) estimó
el costo del daño ambiental ocurrido en el cantón Sitio
del Niño en 4 mil millones de dólares;
• Los proyectos de vivienda lujosa con sus piscinas
y campos de golf en zonas con escasez hídrica, como
el Encanto Residencial Country Club de Zaragoza, han
dejado a miles de habitantes de comunidades cercanas
sin agua para sus necesidades más básicas;
• Los grandes productores de azúcar de caña siguen
sobrexplotando fuentes subterráneas de agua, aun en
años de sequía severa, generando niveles récord de exportación
de este producto mientras que las comunidades
rurales sufren de escasez;
• El acuífero de Nejapa, de los más estratégicos del
país, provee agua potable a la mitad de la población
del gran San Salvador. No obstante, la transnacional,
Constancia/SabMiller, está vaciando el acuífero para la
producción de cerveza y más de 100,000 cajas de coca
cola cada día. Expertos proyectan que, al ritmo actual
de extracción, este acuífero estará agotado en unos 30
años. Mientras tanto, los 30,000 habitantes de la municipalidad
de Nejapa reciben agua solo 2-3 días a la semana.
La insistencia de ANEP de controlar la institucionalidad
del agua en El Salvador ha sido el obstáculo
principal en los esfuerzos de fortalecer la buena gobernanza
del sector hídrico durante los últimos 12 años.
Como alternativa, movimientos ambientalistas, juntas
de agua la Iglesia Católica, la UCA, las Iglesias históricas,
la Iglesia Elim, FUNDE, ANDA, la PDDH, la
Universidad Nacional y otros actores, basándose en la
Constitución de la República y en las tendencias a nivel
mundial, argumentan que sería ilógico poner el agua en
manos de quienes han contribuido tanto a la actual
crisis e insisten que es obligación del Estado
regular el recurso hídrico en el país.
En medio de este gran debate, cada día
más conflictivo, se plantean cuatro principios
fundamentales que deben guiar cualquier
esfuerzo de legislación de agua para
asegurar una gestión equitativa, eficiente y
sostenible para todos y todas:
• Enfoque de derecho:
El agua es fuente de vida. Es un bien común, un
bien público y un derecho humano fundamental, reconocido
como tal en el año 2010 por las Naciones Unidas.
Pertenece a todos y a todas.
• Ente rector Estatal (gubernamental):
Si reconocemos al agua como bien público y como
derecho humano, es obvio que el Estado (gobierno
central) tiene la obligación de manejarlo y garantizar
el acceso a este bien de manera equitativa, eficiente y
sostenible a toda la población. Un estudio presentado
recientemente por la UCA sobre la Institucionalidad
del Agua en América Latina muestra que ningún país
en nuestro continente tiene un ente rector dominado
por el sector privado para el manejo del agua. De hecho,
ningún país del mundo tiene la rectoría del agua
en manos de privados.
• Participación ciudadana:
La problemática del agua en El Salvador es compleja
y urge de soluciones efectivas e integrales. Esto requiere
de la participación activa de la ciudadanía. A la
par de un ente rector estatal para la gestión del agua, es
importante garantizar un espacio amplio, permanente
y dinámico para la participación real de la ciudadanía
como interesados/as (“stakeholders”) con poder
de influencia en la toma de decisiones del ente rector.
• Enfoque de Cuenca:
La resolución de la dramática crisis hídrica enfrentando
a El Salvador depende de lo que pasa a nivel local
-a nivel de la cuenca. Podemos tener la mejor política
nacional de aguas en el mundo y fracasar en nuestros
esfuerzos de buena gobernanza si no hay cambios
en la manera en que gestionamos al agua a nivel
de la cuenca.
El debate sobre el agua en El Salvador está en un
momento definitivo, influido por una complejidad de
intereses económicos, sociales, políticos, ambientales,
partidarios y electorales. Es tiempo de reconocer
que este tema, para El Salvador, es tema de país, no
de grupos élites, de partidos políticos o de ideologías.
Es tiempo de buscar un diálogo más honesto, basado
en hechos y realidades, y de lograr consensos enfocados
en el bien común para nuestra nación. Andrés Mc-
Kinley es especialista en agua y minería de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Tiene
una maestría en Administración de Salud y lleva 50
años trabajando en temas de desarrollo sostenible en
EE.UU., Centro América, Sur América y África.