Edición 20 de Agosto de 2018

14 Lunes 20 de agosto de 2018
Opinión
Diario Co Latino
Es sospechoso que los grupos que integran los
“Aliados por la Democracia”, incluido Roberto
Rubio, hayan desaparecido de la agenda mediática,
hoy que están saliendo a relucir confesiones
inobjetables de corrupción.
Nadie duda que los Aliados tenían una agenda a favor
de las resoluciones de la ex Sala de lo Constitucional
que afectara el espectro político partidario, principalmente
contra el FMLN y sus gobiernos. Pero guardaban
silencio cuando se trataba de casos de corrupción
que vincularan a personeros de ARENA o exareneros, o
a dicho partido de derecha.
Hoy queda claro que los que eran parte de esa agrupación
no eran más que intelectuales de la sociedad civil
a favor de ARENA, de la derecha económica, es decir,
del bloque hegemónico que aún domina los destinos
de El Salvador, y por eso, en estos momentos que
ese partido es afectado por una tempestad política, por
las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca y
los testigos en el caso conocido como “Destape a la corrupción”
que se ventila en un juzgado de Sentencia,
han preferido guardar silencio.
Estos seudodefensores de la transparencia y anticorrupción
seguramente estarán presionando que aceleren
el caso del expresidente Mauricio Funes, para lanzar la
campaña en contra de la izquierda, y principalmente en
contra del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), con tal de sacar de la agenda mediática
al partido ARENA.
Si los aliados y Roberto Rubio, este último ha salido
untado de la corrupción del gobierno de Saca, fueran
coherentes con su discurso a favor de la transparencia
y la anticorrupción, ya hubieran lanzado una campaña
para que la Fiscalía General de la República investigara
al partido ARENA por haber sido beneficiado de los
fondos públicos que Saca desviaba de la partida secreta.
Es más, mantendría una campaña para exigir que el
Estado no solo recupere entre 25 y 30 millones de dólares,
como ha anunciado el fiscal general Douglas Meléndez,
al justificar el trato hecho con el expresidente Saca.
Claro, los Aliados seguirán agazapados, esperando
que ARENA pase la tormenta, para salir a la palestra
pública con su discurso a favor de la transparencia y la
anticorrupción, con la intención de confundir a la opinión
ciudadana.
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127 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
Elección de magistrados: deuda
que la Asamblea debe saldar
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Ha transcurrido más de un
mes desde que los exmagistrados
electos en 2009
finalizaron su mandato y la Asamblea
Legislativa aún no logra acuerdo para
elegir a los cinco magistrados propietarios y
a los cinco suplentes correspondientes a este
período.
El marco constitucional está muy bien delimitado
para realizar esa elección; la Asamblea
recibe un listado de 30 candidatos y candidatas,
debe verificar su competencia para el cargo y
elegir de entre ellos. ¿Por qué entonces la complicación
para elegir?
Lo que tiene la apariencia de simple no siempre
lo es. El informe de la subcomisión que
tuvo a su cargo el proceso de examinar a las y
los candidatos concluyó que todos cumplen los
requisitos constitucionales; y si todos cumplen
pero solo una tercera parte puede ser seleccionada,
solo se necesita ponerse de acuerdo.
Ocurre que el Órgano Judicial es la instancia
en la cual particulares pueden defender sus
intereses, pero son pocos los que regularmente
hacen uso de él. Los bufetes que representan
a empresas nacionales y transnacionales tienen
mucho interés en que la conformación de
la Sala de lo Constitucional les favorezca cuando
acuden con demandas de amparo o de inconstitucionalidades.
De allí que las presiones a los diputados de
derecha estén dirigidas a asegurar sus intereses.
Cuando los particulares acuden a la Sala de lo
Constitucional con recursos de amparo, los demandados
son la Asamblea, las alcaldías o cualquier
entidad estatal que ejerce autoridad según
ley.
Demandas contra tributos cobrados por alcaldías,
inconstitucionalidades sobre alguna ley
emitida por la Asamblea, o por alguna disposición
emitida por alguna instancia del Órgano
Ejecutivo; este ángulo de la complicación tiende
a ser opacado, siendo, en mi opinión, lo que
mueve a los diputados que tienen deuda con
esas empresas o personas, usuarias frecuentes
de la CSJ.
Son contadas con los dedos de la mano aquellas
demandas que reciben las instancias supremas
del Órgano Judicial, de ciudadanos “de a
pie” como se acostumbra decir de la mayoría
de nosotros, de la ciudadanía; los grupos de interés,
los bufetes apoderados de empresas, están
detrás de ese bloqueo que por hoy nos tiene
con una Corte Suprema de Justicia incompleta.
Las y los candidatos a magistrados
propietarios y suplentes son profesionales
que sin duda tienen además de
sus capacidades su récord profesional
abundantemente indagado por las fracciones
políticas que integran la Asamblea;
cada una le ha de evaluar de manera diferenciada
y allí radica la dificultad de un acuerdo que
satisfaga a todos o a la cantidad suficiente para
elegir, como manda el artículo 131 de la Constitución.
Nunca fue fácil elegir. La primera vez, después
de la reforma constitucional, la CSJ estuvo más
de dos meses sin sus titulares; y la mayoría de diputados
eran de derecha, el FMLN a penas tenía
14 escaños; en otras ocasiones se eligió anticipadamente
para evitar que el FMLN que tendría
capacidad de incidir por el número de diputados
ganados; se evitó y se eligió sin sus votos en 2006.
La Sala de lo Constitucional saliente declaró
inconstitucional esa elección.
Hoy parece que a Arena, que es el único partido
que por sí mismo tiene capacidad de retardar
la elección, está dispuesto a evitar que haya elección,
a no ser que el resto haga lo que ellos quieren;
vale decir, que aseguren a los influyentes despachos
del gran capital, la corte que ellos desean.
Los criterios de la Constitución establecen que
debe ser integrado cada tercio de la CSJ, con profesionales
que representen las distintas corrientes
del pensamiento jurídico y si esto se comprende
se debe hacer el esfuerzo de evitar una Sala de
lo Constitucional integrada con personas de corrientes
idénticas.
El país necesita que sus instituciones estén debidamente
integradas, que funcionen cumpliendo
sus atribuciones y por eso es correcto demandarle
a la Asamblea hacer los máximos esfuerzos
por saldar esta deuda con la sociedad.
A la vez, es correcto demandar a quienes tienen
la mayoría de diputados, respetar la pluralidad
y las opiniones de las diferentes fracciones.
Está fresco el hecho de haber electo una directiva
de la Asamblea irrespetando la diversidad y
la proporcionalidad; ahora tienen la oportunidad
de demostrar que pueden corregir esa conducta
y además contribuir a la integración de una Sala
en la cual profesionales de diferente criterio discutan
con argumentos las demandas que reciban,
en vez de actuar como un grupo de clones.
Una Sala que sepa valorar el interés público,
los derechos humanos, sociales, culturales, ambientales
y económicos, sin inclinarse a grupos
de poder fáctico. Eso exigimos.