Edición 15 de noviembre de 2018

12 Jueves 15 de noviembre de 2018 Diario Co Latino
Profesionales por la Transformación de El Salvador,
ante el uso de la violencia desproporcionada del
Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla
contra personas dedicadas al comercio informal
1. Condenamos el uso excesivo de la fuerza (incluida la fuerza letal) contra
vendedores y vendedoras informales ejercida por agentes del Cuerpo de
Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) el 8 de noviembre de 2018, en
los alrededores del Mercado Municipal de Santa Tecla, provocando la muerte
de una persona y que otras 60 resultaran lesionadas. El ordenamiento jurídico
del país prohíbe el uso de la violencia de los cuerpos policiales en contra de
la ciudadanía desarmada que ejerce su derecho constitucional a la protesta
pública.
2. La Constitución de la República establece en su Art. 159, inciso tercero,
que: “La Policía Nacional Civil (PNC) tendrá a su cargo las funciones de policía
urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad
pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del
delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos”.
Esta tarea no le corresponde a los cuerpos policiales de las alcaldías (Cuerpos
de Agentes Municipales conocidos como CAM), pues en ninguna normativa
vigente se les faculta a intervenir para imponer el orden público, y mucho
menos agredir a manifestantes como sucedió en Santa Tecla.
3. El Art. 4, numeral 21, del Código Municipal, establece como una de
las competencias de las municipalidades la prestación del servicio de policía
municipal, y en su Art. 48, numeral 8, confiere a la figura del alcalde municipal
la organización y dirección de dicha policía. Cuando el actual alcalde de Santa
Tecla, señor Roberto d’Aubuisson, inició su primer mandato en mayo de 2015,
sustituyó el anterior Cuerpo de Agentes Municipales Comunitarios (CAMCO)
por el actual CAMST. Sin embargo, el Código Municipal establece que su
función es proteger el patrimonio municipal, no enfrentar las manifestaciones
ciudadanas. De manera que la actuación represiva del CAMST constituye una
violación a los derechos de las personas que fueron reprimidas y que se dedican
a trabajar honradamente, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades.
4. Lo acontecido en Santa Tecla es una trágica remembranza de la forma
abusiva e impune en que actuaban en el pasado diferentes estructuras militares
y paramilitares responsables de las más brutales represiones que vivió nuestro
país, y que provocaron el conflicto armado que logramos superar con los
Acuerdos de Paz de enero de 1992. Estas acciones también nos hacen recordar
que el alcalde de Santa Tecla ha dado muestras de arbitrariedad y desprecio
por la ley, cuando despidió a más de 150 empleadas y empleados municipales
dedicados a la recolección de residuos sólidos y los mandó a reprimir. El señor
d’Aubuisson incluso se niega a obedecer las resoluciones judiciales que ordenan
el reinstalo de dichos trabajadores municipales, lo que podría constituir delito
de desobediencia, según el artículo 322 del Código Penal.
5. El uso de la fuerza policial contra la ciudadanía desarmada ejerciendo el
derecho constitucional a la protesta pone de manifiesto que a algunas fuerzas
políticas no les preocupa violar el marco legal y los Acuerdos de Paz, uno de
cuyos principales logros fue la creación de la PNC separada de la Fuerza Armada
y con la función de garantizar el orden público. El partido ARENA, al cual
pertenece el alcalde Roberto d’Aubuisson, no condenó la represión ejercida
por los agentes del CAMST con el visto bueno del alcalde, sino que salió de
inmediato a defenderlos. Tampoco lo hicieron los diputados y diputadas del
PCN y el PDC, que junto a ARENA negaron sus votos para que se iniciara una
investigación sobre el accionar del alcalde de Santa Tecla, que es la autoridad
máxima del CAMST, según los Arts. 1 y 7 de su Ordenanza Reguladora.
6. Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y
presentar cargos formales contra el alcalde de Santa Tecla y contra el director
del CAMST por la muerte del señor Iván Sandoval y las lesiones a más de 60
personas, incluidas tres periodistas que cubrían la manifestación de vendedores y
vendedoras; además exigimos investigación por parte de la FGR para determinar
si los agentes del CAMST tienen en su poder y utilizan armas de fuego de uso
privativo de la Fuerza Armada.
7. Hacemos un llamado a la PNC para que retome la función de orden público
que ha sido usurpada por el CAMST, a fin de evitar futuras arbitrariedades de
parte de ese cuerpo municipal y del alcalde Roberto d’Aubuisson. Igualmente
pedimos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
desempeñar un rol activo en este conflicto, pues su función es defender a la
población de los abusos que sobre ella ejerza cualquier institución del Estado, en
este caso la alcaldía de Santa Tecla.
8. Exigimos al alcalde de Santa Tecla cumplir las leyes y resolver en forma
pacífica, sobre la base de un diálogo franco y concertador, sus diferencias con las
personas que se dedican a la venta informal en la calles de dicho municipio, para
la colocación de los puestos de temporada navideña; no es mediante la violencia
contra la población que se solucionarán las diferencias en temas sensibles como
este. Además de ello es necesario que cumplan con las resoluciones judiciales que
ordenaron el reinstalo de decenas de trabajadores despedidos ilegalmente.
9. Como profesionales nos preocupa que esta sea la forma de resolver
diferencias de un eventual gobierno de ARENA, pues ese partido incluso ya había
desalojado de forma violenta, cuando gobernaba la alcaldía de San Salvador, a
vendedores y vendedoras de un sector de la Calle Arce del centro histórico, en un
operativo que también fue dirigido por el coronel Gilbert Cáceres, quien fungía
como director del CAM en San Salvador y es el actual director del CAMST.
San Salvador, 12 de noviembre de 2018.