Edición 18 de diciembre de 2018

8 Martes 18 de diciembre de 2018
Nacionales
Diario Co Latino
“Los empresarios
a pesar que
saben que
es inviable la
explotación
minera, insisten
en abrirla y saben
que difícilmente
podrán extraer el
oro”.
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El proyecto minero
“Cerro Blanco”,
en el municipio de
Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala,
a 91 kilómetros de El Salvador,
alertó a las organizaciones
ambientalistas, Iglesia Católica
y las procuradurías de Derechos
Humanos de Guatemala
y El Salvador, por las aguas
transfronterizas que inician en
la cuenca alta del río Ostúa, que
caen en el lago de Güija, que tributa
al río Lempa, columna vertebral
del consumo humano y
agrícola salvadoreño.
Luego de la firma de un convenio
de cooperación entre las
procuradurías para la Defensa
de Derechos Humanos de Guatemala
y El Salvador, el pasado
mes de noviembre, que incluyó
la participación de las organizaciones
ambientalistas centroamericanas
aglutinadas en ACA-
FREMIN, se realizó la segunda
reunión con delegados de ambas
naciones, para conformar
una “Hoja de Ruta”, para cerrar
el proyecto minero “Cerro
Blanco”.
Julio González del colectivo
ecologista Madre Selva de Gua-
Movimiento social rechaza
proyecto minero “Cerro Blanco”
Entrada a la
mina “Cerro
Blanco”, en
el municipio
de Asunción
Mita, Jutiapa,
Guatemala.
Foto Diario Co
Latino/arChivo.
Miembros de diversas organizaciones sociales, ambientalistas y de la Iglesia Católica
se reunieron con funcionarios de la PDDH de El Salvador y Guatemala para abordar
la problemática de la mina “Cerro Blanco”, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa,
Guatemala, que afectará aguas transfronterizos con metales pesados como el arsénico.
Foto Diario Co Latino/CriPDES.
temala consideró importante
trabajar de manera conjunta
y rápida, ya que desde julio
de 2007 presentó su oposición
a este proyecto minero que no
reúne científicamente los impactos
ambientales que generaría
en la cadena de la cuenca que
es la frontera lacustre entre ambas
naciones.
“El problema no es si echar
a andar el proyecto minero
que tendría un costo millonario,
sino más bien, el traspaso
de permisos mineros a empresas
que no tienen la capacidad,
pero lo que pretenden es hacer
una especulación de capital.
Comprando a precios bajos las
acciones de Cerro Blanco e iniciar
procesos para intentar nuevamente
echar a andar la mina”,
explicó González.
El colectivo Madre Selva ha
documentado sobradamente las
características del proyecto “Cerro
Blanco”, que califican “la
mina que nació muerta”, dado
el bajo nivel de estudios técnicos
sobre la zona geotermal y
la hidrografía del área, y de las
cuales tienen conocimiento las
autoridades de los ministerios
de Medio Ambiente y Energías
y Minas guatemaltecos.
La lucha social contra la minería
metálica en El Salvador
culminó con una Ley de Prohibición
de la Minería Metálica,
que se considera inédita, por ser
la primera alrededor del mundo.
Vidalina Morales de ADES
“Santa Marta” expresó su incertidumbre
que un mega proyecto
como “Cerro Blanco” pueda
traer consecuencias no solo a
ambas naciones, sino los impactos
irreversibles y permanentes.
“Esta es una iniciativa de
las organizaciones sociales y la
Iglesia Católica, que lleva varios
años de lucha, y les ha costado
mucho, según lo que he escuchado.
Y puedo decir que la
presencia de ambas procuradurías
de Derechos Humanos (El
Salvador/Guatemala) vendrá a
impulsar con mayor fuerza la
iniciativa que como comunidades
tenemos ante este proyecto
minero. Porque los empresarios
a pesar que saben que es inviable
la explotación minera, insisten
en abrirla y saben que difícilmente
podrán extraer el oro”,
mencionó.
Madre Selva ha comprobado
en sus investigaciones que la
mina Cerro Blanco solo ha extraído
aguas termales, y que por
esta razón tuvieron que solicitar
un “cierre temporal” en el
año 2012, alegando fallas técnicas
que consistían en inundaciones
de aguas a altas temperaturas
en los túneles de la mina
subterránea.
Las procuradoras adjuntas
de Medio Ambiente de las
PDDH, Ana Milagro Guevara
(El Salvador) y Miriam Roquel
Chávez (Guatemala), tuvieron
la oportunidad de escuchar y
trabajar para definir una “Hoja
de Ruta” que integrara acciones
públicas, talleres, denuncias internacionales
y cumplimiento
de los marcos jurídicos de protección
de los pobladores y su
medioambiente.
Ana Milagro Guevara consideró
que este caso es importante
para la PDDH, por el principio
de cumplimiento de las
leyes que rigen a cada uno de
los Estados centroamericanos
y ponderar la permanencia en
el respeto de los derechos de la
población a un entorno sano,
así como a los ecosistemas.
“Este es un punto de partida
entre organizaciones sociales
y la Iglesia, por esta problemática
que está latente para ambos
pueblos y, sobre todo, en la
zona transfronteriza en su vida
y el agua de consumo. Nosotros
contamos con una ley que prohíbe
la minería y para nosotros
es importante hacer prevalecer
este marco jurídico. Ahora con
el Cerro Blanco vamos a hacer
todos los esfuerzos junto al gobierno
de la República de Guatemala
y El Salvador, que son
importantes para que tomen
las decisiones más acertadas en
este caso”, indicó.
Mientras, la procuradora adjunta
Miriam Catarina Roquel
Chávez reflexionó que era positivo
que los pueblos y gobiernos
construyan un esfuerzo combinado,
a fin de defender los territorios
y los derechos humanos
en la región centroamericana,
y validar las demandas de
los pobladores en su rechazo a
ciertos megaproyectos extractivos,
como la minería metálica.
“Hemos podido observar
que tanto El Salvador como
Guatemala están unificando esfuerzos
y las procuradurías no
podíamos quedar aislados a estos
acontecimientos y derivado
de esto, la firma de la carta
de entendimiento entre ambas
instituciones, que nos llevará
a cumplir nuestros mandatos
dando el acompañamiento a la
sociedad civil, en la garantía de
sus derechos universales e irrenunciables.
Es difícil para nosotros
estar frente al Estado por
todo el poder que tiene, pero
es importante sentar precedente
en el reclamo de los derechos
humanos, que trasciendan
al plano internacional”, valoró.