Edicion 14 de marzo de 2019

Diario Co Latino Nacionales
Jueves 14 de marzo de 2019 7
Propuesta de Ley de Reconciliación
lesiona derecho a justicia
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“La propuesta de ley de reconciliación
presentada
por el diputado Parker
(PDC), nos parece lesiva al derecho
a la verdad”, consideró Loyda
Robles (FESPAD), en reacción
al llamado de atención de Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH)
para Centroamérica, en referencia
a la proposición de la derecha legislativa.
“Desde las organizaciones de
sociedad civil, hemos venido pronunciándonos
sobre esa propuesta
de ley que nos parece lesiva para el
derecho a la verdad, y hemos hecho
un llamado para que no se siga
en este proceso. Porque el país ha
avanzado al declarar inconstitucional
la Ley de Amnistía, que estaba
vigente; esperamos entonces que
no sigan con esa iniciativa”, expresó
Robles.
“Si esta ley (reconciliación nacional)
se aprueba, se amnistiaría a
responsables de crímenes de guerra
y delitos de lesa humanidad, se vulneraría
el derecho de las víctimas a
la justicia y reparación, y eso sería
un grave revés para El Salvador”,
dijo Bachelet, desde el OACNU-
DH.
“Retomamos las palabras de la
Comisionada (Michel Bachelet),
porque están en sintonía con nuestros
planteamientos y exigimos
desde este momento a la Asamblea
Legislativa por el derecho a las víctimas”,
manifestó.
La reacción de rechazo de las
organizaciones de derechos humanos,
se alzó desde el pasado 19 de
febrero de 2019, cuando el diputado
Rodolfo Parker, quien integra la
comisión adhoc de la Asamblea Legislativa
que trabaja en una ley de
reconciliación ordenada por la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, no cumple con
los requisitos éticos, señaló Eduardo
García, coordinador de Pro
Búsqueda, al considerar que toma
elementos de la derogada Ley de
Amnistía de 1993.
“El hecho que la Asamblea Legislativa
mantenga una comisión
Integrantes de FES-
PAD, reaccionaron al
llamado de atención
de Michelle Bachelet,
Alta Comisionada de
las Naciones Unidas
para los Derechos
Humano (OACNU-
DH) en cuanto a la
propuesta de ley
de reconciliación
presentada por el
diputado de PDC,
Rodolfo Parker.
FOTO DIARIO CO LATINO/
CORTESÍA.
ad-hoc, con personas en evidente
conflicto de interés por su anterior
participación en el conflicto armado,
solo evidencia una táctica dilatoria
para cumplir con la sentencia
de la Sala de lo Constitucional, emitida
ya casi tres años atrás”, manifestó.
El artículo 1, de la propuesta
borrador y que ahora se considera
“insumo”, menciona directamente
la concesión de una amnistía: “amplia,
absoluta e incondicional”, a favor
las personas involucradas en el
conflicto armado. Y si participaron
o cometieron delitos políticos, comunes
y conexos a estos, antes de
enero de 1992.
“El volver a expresar la propuesta
hecha por el diputado Parker,
en términos como la amnistía
absoluta e incondicional, solo demuestra
la intención de desacatar la
sentencia de la Sala de lo Constitucional,
y por tanto es evidente que
la falta de idoneidad de las personas
que integran esta comisión adhoc
designada por su presidente
Norman Quijano, solo genera revictimización”,
sostuvo.
García consideró que postergar
el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Constitucional, no solo
lástima nuevamente a las víctimas,
sino que raya en la falta de humanidad
del primer órgano del Esta-
Existe retroceso en materia de derechos humanos, afirma Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar abogado y politólogo. FOTO DIARIO CO LATINO/RICARDO CHICAS SEGURA.
Yaneth Estrada
@caricheop
El exdirector del IDHU-
CA, abogado y politólogo
Benjamín Cuéllar
consideró que existe un retroceso,
en materia de Derechos Humanos,
en el país y más si se toma en cuenta
la propuesta de Ley para Reconciliación
de Víctimas del Pasado
Conflicto Armado, que actualmente
se estudia en la Asamblea Legislativa.
Dicha propuesta de Ley también
recibió una advertencia, de
parte de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, ya que podría
conducir a una “amnistía absoluta
e incondicional”, de violaciones cometidas
durante la pasada guerra civil
(1980-1992).
Ante esto, el experto señaló que
esta propuesta del diputado del
PDC Rodolfo Parker (implicado
según el informe de la Comisión de
la Verdad de favorecer a militares),
contiene elementos muy preocupantes
y delicados, como el citado
en el segundo apartado que asegura
que acá “todos estamos reconciliados”;
desde que el FMLN entregó
las armas y se hizo partido político,
lo mismo con la Fuerza Armada
y los Gobiernos de ARENA
que aprobaron reformas y crearon
las instituciones para garantizar el
respeto a los derechos humanos.
“Esto quiere decir que la Firma
de los Acuerdos de Paz, en 1992 es
la mejor garantía de reconciliación,
porque no se han repetido los hechos,
pero en realidad siguen habiendo
desaparecidos, masacres
atroces y desplazamientos forzados,
eso quiere decir que algo en el
país no funciona”, recalcó Cuéllar.
Amnistía para valientes
Además, explicó que primero
se debe parar de hablar de justicia
transicional, porque nadie entiende
de eso y lo que es más fácil de entender
es que la amnistía, es una figura
reconocida por el derecho internacional
y admitida para hechos
ocurridos dentro de una guerra, en
combate y lo hace respetando las
leyes de la guerra; por eso se dice
que “la amnistía es para los valientes
y no para los cobardes, porque
los valientes respetan las leyes de la
guerra”.
“Entonces al no respetar la ley
de la guerra y matar a niños, jóvenes,
mujeres, ancianos y sacerdotes,
como el Padre Rutilio Grande
quien cumplió 42 años de su martirio,
eso sí merece castigo y no amnistía,
porque es algo completamente
diferente, porque son crímenes
de guerra, atroces que deben
ser juzgados y deben tener penas
ejemplares. Y dirán para qué
penas ejemplares, para que no se
repitan, porque de lo contrario se
manda un mal mensaje sobre la
justicia del país y de cómo no se
aplica a todos por igual“, destacó.
También recordó que en el país
se dio la primera amnistía en 1932,
luego de la masacre bajo el mandato
de Maximiliano Hernández
Martínez, otra se aprobó después
de la guerra civil en 1993, declarada
inconstitucional en 2016 por la
Sala de lo Constitucional, y ahora
se busca una tercera. “Con esto se
mandó el mensaje que los perpetuadores
de la justicia pueden estar
tranquilos, porque los crímenes
de lesa humanidad o las graves
violaciones a los derechos humanos
no se juzgan, las victimas no
tienen justicia del Estado y lo peor
es que lo pueden seguir haciendo”.