En Obra 177 - Abril 2019

REVISTA OFICIAL DE APPCU / ABRIL 2019
Editorial
LA TECNOLOGÍA Y LA OBRA...
POR ANÍBAL DURÁN
AÑO 24
177
LAVADO DE ACTIVOS
Las obligaciones del sector
inmobiliairo por Dr. Juan Diana,
Dra. Paula Garat y Florecia Capelli
PPP EN
URUGUAY
El atractivo de
la contratación
por Dra. Flavia
Mazzuco
OIT
Ocupaciones
y negociación
colectiva por
Dr. Larrañaga Zeni
LABORAL
Relaciones laborales
y economía por
Matías Pérez del
Castillo
COMPETITIVIDAD
Tabla de
posiciones a nivel
mundial, por Mag.
Micaela Camacho
DERECHO
Arbitraje Comercial
Internacional
por Dra. Romina
Maderni
FONDO
Nueva ley de fondos
de garantías de
créditos laborales
por Dra. Cecilia de
Marco y Dra. María
Fernández Fasciolo
SEGURIDAD
Servicio de Prevención
y salud en el trabajo
por Téc. Prev.
Angel Dobrich
Trazabilidad en
los elementos de
protección, colectivo y
personal por
Téc. Prev. Julio
Camarano

ACERO URUGUAYO
PARA LA CONSTRUCCION
Gerdau busca permanentemente satisfacer las necesidades de sus
clientes, desarrollando productos de altísima calidad, comprometiéndose
con las personas y con el desarrollo sostenible de la sociedad
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EDITORIAL
La tecnología y la obra...
Las startups que están de rigurosa moda son empresas que tienen fuerte relación con la tecnología,
apuntan a ideas nuevas donde existe una organización humana con gran capacidad de
cambio, desarrollando productos o servicios de gran innovación, siendo empresas de capitalriesgo.
En las obras de construcción y sustancialmente hablo de vivienda, la tecnología viene imperando
y se intenta comenzar a instalar en su máxima expresión, buscando acortar los procesos de
producción y mejorando la manida productividad.
La capacidad de cambiar y mejorar está latente, lo veo en los promotores que no se quedan de
brazos cruzados esperando que pase el tranvía…Están con una actitud proactiva y en la búsqueda
permanente del aggiornamiento.
Y cuando nos referimos a capital-riesgo, allí no hay parangón. Ya lo hemos expresado n veces.
El promotor invierte su dinero (él o el grupo que pudo haber armado en derredor) en un proceso
que lleva muchos años, casi un lustro, cuando hablamos sobre propiedad horizontal.
Y dados los costos de construcción, la inversión es millonaria y la incertidumbre es cuantiosa.
¿Quién puede garantizar el éxito del negocio a priori? ¿Quién puede garantizar en tanto tiempo
que transcurrirá, que no sucederán avatares que cambien la ecuación inicial? ¿Quién puede
asegurar el precio del errático y volátil dólar, unas veces a favor del promotor, otras tantas, en
contra? ¿Quién puede asegurar cómo se comportará el mercado, pese a que existan tendencias
en la materia y pese a que se hayan realizado encuestas previas?
Todo es una apuesta al futuro y es una actitud de coraje y emprendedurismo, digno del mayor
destaque.
Y además hablamos de vivienda, no nos referimos a confeccionar una camisa (con todo el respeto
por los que se dedican a dicho rubro). Que sin perjuicio del tiempo que transcurre, ya dicho,
desde que se piensa el negocio hasta que culmina la obra, nos estamos refiriendo sustancialmente
a un bien esencial como la vivienda, bien primario de defensa contra los rigores climáticos;
un bien de intercambio social; de inversión durable y transable; un bien cuya construcción
dinamiza la economía y abate el desempleo; un bien que transforma a su dueño o usuario en
sujeto protagonista de dicha economía que lo rige y que por sobre todas las cosas lo ratifica o
transforma en un ser con sentido de dignidad..
La promoción privada, sépase, paga una carga tributaria importante al Banco de Previsión
Social, además en la promoción tradicional se paga el IVA a la primera venta además del Impuesto
a las Transmisiones Patrimoniales también en primera venta (se nos ha dicho que nos lo
excluían en varios idiomas y seguimos esperando),existe una suerte de duplicación tributaria,
también se aporta por fuera del aporte unificado un gravamen inexplicable y arbitrario a la Caja
de Profesionales Universitarios que no resiste el menor análisis y que las autoridades impuestas
de la situación, no toman partido y varios bemoles más que omito para no cansar.
Moraleja: la industria de la construcción privada en vivienda, no será una startup pero es
trascendente: es un partido excitante para jugarlo, con mucho intríngulis en su desarrollo, con
buenas expectativas muchas veces, con incertidumbres otras tantas (la seguridad en la obra, por
ejemplo), que más de una vez estaría necesitando un “masaje al alma” del gobierno que obre
como estímulo, donde también y como el campo, es castigada por los rigores del clima.
Aníbal Durán

OBLIGACIONES
El pasado 26 de marzo se realizó en la sede de APPCU una conferencia sobre las obligaciones de los desarrolladores
inmobiliarios frente a la ley de Lavado de Activos.
En la foto los Dres. Juan Diana y Leonardo Costa del Estudio Brum & Costa Abogados, acompañados por el Presidente
y el Gerente Ejecutivo de APPCU Dr. Daniel Zulamian y Aníbal Durán.
La incidencia del delito fiscal
como precedente del lavado en la debida
diligencia del sector inmobiliario
por Dr. Juan Diana / Dra. Paula Garat / Florencia Capelli de Brum & Costa Abogados
10
I.- Introducción
El 10 de enero de 2018 entró en vigencia
la nueva Ley No. 19.574, denominada
“Ley Integral contra el Lavado de Activos”
(en adelante la “Ley”). Fue la norma
que unificó la legislación habida hasta el
momento sobre el tema y que, además,
perfeccionó ciertos aspectos del sistema
preventivo. La regulación se basa en las
recomendaciones que el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) efectuó
a Uruguay, a los efectos de fortalecer su
sistema de prevención del lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo
(en adelante “LA/FT”).
Parte de la regulación trata acerca de
los delitos precedentes al LA, dentro de
los cuales se destaca la inclusión del llamado
“delito fiscal”, cuya incidencia en la
debida diligencia de los sujetos obligados
del sector inmobiliario analizaremos a
continuación.
II.- La defraudación tributaria como
delito precedente
El artículo 34 de la Ley enumera cuáles
son los delitos precedentes al delito de
lavado de activos. Dentro de la nómina
fue incluido el delito de defraudación
tributaria (art. 110 del Código Tributario),
cuando el monto de los tributos defraudados
en cualquier ejercicio fiscal sea
superior a:
A) 2.500.000 UI (dos millones quinientos
mil unidades indexadas) para
los ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2018.
B) 1.000.000 UI (un millón de unidades
indexadas) para los ejercicios iniciados
a partir del 1° de enero de 2019.
No obstante lo anterior, dichos montos
mínimos no serán exigibles en los casos
de utilización total o parcial de facturas
o cualquier otro documento, ideológica o
materialmente falsos, con la finalidad de
disminuir el monto imponible u obtener
devoluciones indebidas de impuestos.
En efecto, y salvo que se configure la
hipótesis que se viene de mencionar (falsificación
documental), la defraudación
tributaria solo será considerada delito
precedente cuando se superen los montos
establecidos por la norma para cada ejercicio
fiscal. Por el contrario, tratándose
de cifras menores, si bien se podría haber
configurado el delito de defraudación
tributaria, la conversión o transferencia
de las sumas defraudadas no generarán
luego la comisión del delito de LA.
III.- Incidencia en la DDC aplicada
por los sujetos obligados del sector
inmobiliario
Como se verá, la incorporación de
la defraudación tributaria como delito

OBLIGACIONES
precedente produjo un leve incremento en los controles que
deben aplicar los sujetos obligados del sector inmobiliario,
a la hora de realizar la debida diligencia de clientes (en adelante
“DDC”) y, principalmente, en aquellas operaciones que
impliquen traspaso de fondos respecto de los aportantes de
los mismos.
En este sentido el Capítulo IV del Decreto Nro. 379/018 (reglamentario
de la Ley) dispone, en primer término, la obligación
de calificar al cliente u operación según el riesgo de LA/
FT, de acuerdo a los factores cliente, geográfico y operacional.
En función de ello, el sujeto obligado deberá aplicar una DDC
simplificada, normal o intensificada.
Para los supuestos en que corresponda una DDC intensificada,
entre otros controles, el Decreto exige la obtención de
declaración de regularidad fiscal.
Lo anterior surge del artículo 34 del que dispone:
“B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar para
determinar el origen de los fondos, el sujeto obligado deberá
obtener además una declaración jurada del cliente o su representante,
manifestando que está en cumplimiento con sus
obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la presentación
de copias de las declaraciones juradas presentadas
ante la administración tributaria correspondiente, o con una
constancia emitida por esta que establezca que el cliente se
encuentra al día con sus obligaciones tributarias, en caso de
que esto último no sea posible, se admitirá una carta emitida
por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación”.
Esto último implica una flexibilización considerable del
requisito, puesto que no necesariamente el sujeto obligado
deberá acreditar la regularidad fiscal del cliente con una copia
de la declaración jurada ante la administración tributaria
correspondiente, sino que podrá utilizar los mecanismos
alternativos (más simples) previstos en el Decreto.
Finalmente, cabe destacar que no se previeron requisitos
de índole fiscal en la DDC simplificada ni en la normal, aunque
en esta última (y siempre que sea posible) es recomendable
incluir igualmente la antedicha declaración, dada la
importancia que revisten estos temas en la actualidad y asimismo
por temas de riesgo reputacional del sujeto obligado.
IV.- Conclusión
12
Tomando en consideración la inclusión del delito fiscal
como antecedente del LA de la Ley N°19.574, así como la reglamentación
del sector inmobiliario del Decreto N°379/018,
los sujetos obligados pertenecientes a dicho sector (entre
otros, los promotores asociados a la APPCU), deberán incluir
como requerimiento una declaración de regularidad fiscal
de sus clientes, en todos aquellos casos en que de acuerdo al
nivel de riesgo identificado del cliente u operación, corresponda
la aplicación de una DDC intensificada (esto
es, riesgo alto).
De esta manera, el sujeto obligado deberá tener
en cuenta asimismo dicha información fiscal para
evaluar la licitud de los fondos involucrados en la
operación o, en su caso (y de corresponder), para
realizar el reporte de operación sospechosa (ROS).
Las imágenes
corresponden
a parte de la
concurrencia de
la conferencia
brindada por el
Estudio Brum &
Costa Abogados.

Agradecimiento: a mi mentor durante estos siete años el Cr. Alfredo Kaplan, que me enseñó
que todo es causalidad y no casualidad, y que para ser grande de mente hay que ser grande de
corazón… siempre gracias.
Público PPP Privado
El atractivo de la
contratación de “PPP”
en Uruguay
NUESTRO PAÍS DISPONE DE UNA AMPLIA
GAMA DE INCENTIVOS QUE SE ADAPTAN
A DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES
COMERCIALES, INDUSTRIALES O
DE SERVICIOS, ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRAN LA LEY DE INVERSIONES,
LOS INCENTIVOS SECTORIALES, LAS
ZONAS FRANCAS, EL RÉGIMEN DE PUERTO
Por Dra.
Y AEROPUERTO LIBRE, LOS CONTRATOS
Flavia Mazzucco
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA,
LOS PARQUES INDUSTRIALES Y LA ADMISIÓN TEMPORARIA.
En esta oportunidad abordaré las características principales del
régimen de participación público privada en adelante “PPP” regulado
por la Ley N° 18.786 de 19/07/2011 y sus decretos reglamentarios Decretos
17/12 y 280/12, y los beneficios fiscales introducidos por el Dto
N° 45/013 del 6 de febrero de 2013 para dicho tipo de contratación.
El gobierno uruguayo estableció como prioridad la inversión en
infraestructura, principalmente en energía, vialidad e infraestructu-
ra social y vivienda, para asegurar la sostenibilidad del crecimiento y
los niveles de productividad de la economía, y para llevarlo a cabo es
necesario el financiamiento público y también privado.
En las últimas décadas las PPP (Public-Private Partnership) -término
acuñado en el Reino Unido- han ido adquiriendo gran relevancia
en el mundo desarrollado, debido a la creciente necesidad que
muchas administraciones públicas tienen de incorporar los recursos
y la experiencia del sector privado para mejorar la provisión de bienes
y servicios públicos .
Al igual que pasa con otros términos de moda, es común escuchar
hablar de “PPP” de modo ligero, sin que en realidad se conozca en
detalle de qué se está hablando.
¿Qué es la
Participación Público Privada (“PPP”)?
La “PPP” es un régimen de contratación entre el sector público y
privado diseñado específicamente para la implementación y desarrollo
de proyectos de infraestructura pública.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 2 de la Ley precitada, son
contratos de Participación Público Privada “aquellos en que una
Administración Pública encarga a una persona de derecho privado,
por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación
de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la
financiación.”
En forma seguida y no menos importante se dispone a texto expreso
que “Sólo podrán celebrarse contratos de Participación Pública
Privada cuando previamente se resuelva, en la forma prevista en la
presente ley, que otras modalidades alternativas de contratación no
permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas.”
La ley se inspira en los modelos europeos de asociación, funda-
13

DINERO
14
mentalmente en la Ley de PPP española Nº
30 del 2007, si bien las PPP comenzaron en
el Reino Unido por 1992 y luego el modelo se
reprodujo en países como España, Bélgica,
Portugal, Alemania, Italia, Finlandia, Suecia,
Holanda, Irlanda, Canadá, Japón, Hong
Kong e India, entre otros; siendo los pioneros
en América Latina: Chile y México.
El régimen de PPP es excepcional y se
utiliza cuando es más eficiente que otras
modalidades de contratación para la finalidad
pública perseguida, sin embargo con
el Dec.45/013 se ha dotado de un atractivo
particular a esta modalidad de contratación
con el Estado por los beneficios fiscales que
reporta.
¿En qué sectores se aplican las PPP?
La ley en su artículo 3º establece los
sectores de actividad en los cuales se pueden
celebrar contratos PPP siendo: a) Obras viales,
ferroviarias, portuarias y aeroportuarias,
incluidas las obras viales de caminería rural.
b) Obras de infraestructura energética, sin
perjuicio del Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de
setiembre de 1977, (Ley Nacional de Electricidad)
y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre
de 1931, (Creación de ANCAP). c)Obras de
disposición y tratamiento de residuos. d)
Obras de Infraestructura social, incluyendo
cárceles, centros de salud, centros de educación,
viviendas de interés social, complejos
deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento
y desarrollo urbano.
“También podrá celebrarse este tipo de
contratos para la colonización de tierras, que
por su ubicación, superficie y características
agrológicas resulten económicamente
apropiadas para la formación de colonias,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº
11.029, de 12 de enero de 1948 (creación del
Instituto Nacional de Colonización)…”.
¿Cómo es
el procedimiento de contratación?
Un proyecto de PPP puede tener dos tipos
de iniciativa: 1) puede corresponder de oficio
mediante una iniciativa pública, o 2) por
intermedio de una iniciativa privada presentada
por el proponente.
Existe una particularidad en dicho
procedimiento que se denomina “dialogo
competitivo” que consiste en una etapa de
debate o negociación de todos los aspectos
del contrato PPP entre la Administracion
y el o los postulantes que se hayan presentado
al llamado público y cumplan con los
requisitos de solvencia técnica y económica
establecidos en el mismo para definir el
pliego de las condiciones particulares.
En el caso de grandes inversiones, puede
resultar un mecanismo muy eficiente ya que,
manteniendo los principios de transparencia
e igualdad entre todos los oferentes, se desarrolla
un diálogo entre la Administración
y los oferentes que permite definir aspectos
técnicos, legales o financieros del contrato
que no pueden ser definidos por la Administración
en forma unilateral.
El receptor de la iniciativa privada es la
Corporación Nacional para el Desarrollo
(CND), y dicho tipo de iniciativa genera
beneficios para su proponente el cual podrá
obtener (a) el reembolso de los costos “aceptados”
del estudio de factibilidad, en caso de
que no resultare adjudicatario del proyecto,
los cuales serán de cargo del adjudicatario,
(b) ventaja del 10% en la valoración que se
realice de su oferta respecto de la mejor oferta,
y (c) no pago de los pliegos o documentos
descriptivos correspondientes.
¿Qué garantías deben constituirse?
En definitiva las garantías que el contratista
deberá afectar al cumplimiento de sus
obligaciones bajo un contrato PPP consisten
en una garantía de mantenimiento de oferta
y una garantía de cumplimiento de dicho
contrato.
Registro
Existe un Registro de Proyectos de
Participación Público-Privada cuya organización
se comete al Ministerio de Economía
y Finanzas y donde se incluyen los contratos
suscritos para el desarrollo de proyectos
de PPP y sus modificaciones, así como los
llamados a interesados para la adjudicación
de proyectos de PPP, las iniciativas privadas
presentadas para el desarrollo de los mismos,
respetando los derechos de confidencialidad
que correspondan al titular de la
misma, y los informes de auditoría de dichos
proyectos.
¿Cuáles son los beneficios fiscales por
la contratación bajo el régimen de PPP?
El decreto N° 45/013 del MEF dice que los
beneficios fiscales serán aquellos comprendidos
en lo dispuesto por los artículos 11º
y siguientes de la Ley Nº 16.906, de 7 de
enero de 1998, en el marco de Concesiones
de Obra Pública y Contratos de Participación
Público-Privada, y podrán ser otorgados por
el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de
la Comisión de Aplicación (COMAP), siempre
que los mismos se hayan previsto en el
pliego de condiciones de la licitación correspondiente,
con anterioridad a la presentación
de las ofertas.
Por lo que los contratos de PPP en el
marco de la ley 18.786 acceden a los beneficios
fiscales que establece la ley 16.906 de
inversiones, cuando el Poder Ejecutivo por
resolución declare promovido el proyecto de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de
la misma.
Los beneficios fiscales de la ley se
traducen en exoneraciones respecto de
los impuestos principales (IRAE, IVA a la
importación, y devolución del IVA en las
adquisiciones en plaza, el cual es reintegrado
mediante certificados de crédito, así como
del Impuesto al Patrimonio).
Lo que es necesario para mayor celeridad
y efectividad es conocer el procedimiento
establecido en la ley y sus decretos reglamentarios.
¿Cómo se dirimen
las controversias en este ámbito?
En caso de existir controversia, el Art.
54 de la ley nominado como “Solución de
controversias” dice: “Para la solución de
los conflictos que surjan con motivo de
la aplicación, interpretación, ejecución,
cumplimiento y extinción de los contratos
celebrados en el marco de la presente ley,
las partes deberán recurrir al arbitraje. Los
árbitros serán designados de común acuerdo
por las partes o, en su defecto, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 480 del Código
General del Proceso y deberán fallar de
acuerdo a derecho. El laudo del Tribunal
Arbitral será inapelable.”
Reflexión final:
Es cada vez más notoria en Uruguay la
demanda de infraestructura (carreteras,
puentes, puertos, etc.) y desde el punto de
vista social (hospitales, escuelas, cárceles,
etc.) lo cual seguirá aumentando en los
próximos años, por lo que una de las formas
para solucionar este problema es aplicar la
ley que permitirá que entidades privadas
celebren un acuerdo con el Estado para
satisfacer la necesidad pública, donde en los
mismos se distribuyen los riesgos, recursos
y beneficios.
El sistema denominado Participación
Público Privada procura dotar al Estado de
un mecanismo eficiente de contratación a
través del cual el sector privado aplique sus
recursos en el país, financiando obras de
infraestructura y servicios conexos.
Es menester para ello informarse y asesorarse
sobre el procedimiento establecido en
la ley y subsiguientes decretos reglamentarios
donde se ha buscado mayor celeridad,
y efectividad en la concreción de dichos
contratos, y entender los beneficios fiscales
que dicha inversión puede reportarle.
“Sólo cabe progresar cuando se piensa en
grande, sólo es posible avanzar cuando se
mira lejos.” (José Ortega y Gasset)

LABORAL
16
OCUPACIONES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
OIT pide reformas
laborales al gobierno
II. Ocupaciones de empresas LA OIT A TRAVÉS DE UN INFORME DE SU COMISIÓN DE
EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES, PIDE NUEVAMENTE
AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL
DICTAMEN DEL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE MARZO DE 2010 2 . ESTE DICTAMEN
SE PRODUJO A RAÍZ DE UNA QUEJA DE LOS EMPLEADORES NACIONALES, APOYADA
POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES (OIE).
La Comisión de Expertos está integrada
por veinte personas de gran prestigio y un
vasto currículum, y tiene por cometido
controlar que un país miembro de la OIT,
cumpla en forma plena los Convenios
Internacionales del Trabajo que ratificó.
El caso Uruguay (Nº 2699) trata sobre su
no cumplimiento de los Convenios números
87 (Libertad sindical) y 98 (negociación
colectiva) durante nueve años consecutivos,
que para la OIT son fundamentales,
en tanto reconocen y garantizan derechos
esenciales de los empleadores y trabajadores
3 .
En materia de ocupaciones de empresas,
la Comisión pide al gobierno que presente
un proyecto de ley que las regule, teniendo
en cuenta los lineamientos de la justicia
nacional y lo dispuesto en el Convenio Nº
87.
En lo relativo a la negociación colectiva,
la Comisión constata que el gobierno no ha
cumplido integralmente con las recomendaciones
de modificar algunos artículos de
la ley 18.566 que no están de conformidad
con el Convenio Nº 98. En este sentido, le
pide que envíe un proyecto de ley.
A través de este informe, la Comisión
transmite al gobierno un mensaje en el
sentido de que luego de nueve años de
Por Dr. Nelson Larrañaga Zeni 1
espera, es hora de resolver estos dos temas,
mediante el envío de proyectos de ley al
Parlamento, previa consulta a los interlocutores
sociales.
El equipo de gobierno laboral debería
poner el foco exclusivo en este asunto y enviar
los dos proyectos antes de la próxima
Conferencia de la OIT de junio de 2019.
Si no hay un movimiento rápido en este
sentido, es altamente probable que lamentablemente
el caso Uruguay sea seleccionado
para examinar por la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia.
Todos los países tratan por todos los
medios evitar estar en esta lista, que no le
hace bien a su prestigio porque a quien sea
seleccionado, se lo presenta y expone como
un no cumplidor de Convenios ante esta
asamblea tripartita -Conferencia generaldonde
están presente los representantes de
los actores sociales y los gobiernos de todo
el mundo laboral 4 .

SEGUIMOS AVANZANDO
CON NUEVOS CLIENTES Y PROYECTOS
BONAIRE
Rambla y Calle 17, Punta del Este
Valor del contrato: USD 650.000
AIR TOWER
26 de Marzo y Marco Bruto
Valor del contrato: USD 280.000
WEST PARK
Avenida Italia y Cooper
Valor del contrato: USD 150.000

LABORAL
18
II. Ocupaciones de empresas y piquetes
1. Antecedentes
En marzo de 2010, el Comité de Libertad
Sindical estimó que el ejercicio del derecho
de huelga y la ocupación del lugar del
trabajo deben respetar la libertad de trabajo
de los no huelguistas, así como el derecho
de la dirección de la empresa de penetrar
en las instalaciones de la misma. En estas
condiciones, pidió al gobierno de Uruguay
que vele por el respeto de estos principios
en las normas que se dicten y en la práctica.
Se entendió que estas recomendaciones
también refieren a los piquetes, que en la
práctica tienen el mismo efecto que las
ocupaciones, en el sentido de que impiden
la libre entrada al local de la empresa.
Transcurrió el tiempo, hubo tres acuerdos
tripartitos -2011, 2015 y 2016- para
buscar consensos en este tema, vino una
misión de contactos directos de la OIT en
agosto de 2011, y se envió un proyecto de
ley en marzo de 2013 que no tuvo tratamiento
en la Comisión del Parlamento.
Hubo dos propuestas del gobierno a los
actores sociales, una en setiembre de 2016 y
la otra en marzo de 2017. En esta última, se
establecía que si se adoptan piquetes y ocupaciones,
sin agotar previamente las etapas
de prevención y solución del conflicto, el
gobierno se reserva la facultad de intimar
el cese de la medida con plazo de 24 horas,
con posible uso de la fuerza pública.
También se proponía que en el caso de
los piquetes, éstos se debían efectuar pacíficamente,
sin perturbar el orden público,
permitiéndose la libre circulación de personas
y el ingreso a la empresa, pudiendo
intervenir la Policía en caso de incumplimiento
5 . En esta regla propuesta se deja de
lado a las ocupaciones de empresas, ya que
el gobierno entiende que están reguladas en
el Decreto 165/2006.
Estas propuestas no se materializaron
en un proyecto de ley,
tal como se lo había
pedido la OIT en anteriores
informes de la
Comisión.
Finalmente, en
mayo de 2018 el
gobierno propuso a
los actores sociales
que si alguna de las
partes lleva a cabo
un lockout patronal,
piquetes o medidas
de igual naturaleza,
éstas deberán efectuarse
pacíficamente,
sin perturbar el orden
público y permitiendo
la libre circulación de personas y bienes.
Téngase en cuenta que no se menciona a
las ocupaciones de empresas como hubiera
correspondido. Esta medida tiene el mismo
efecto de no permitir la entrada al local de
la empresa, como ocurre en el caso de los
piquetes.
2. Informe de la Comisión
Ante este panorama, en el reciente informe
de la Comisión de Expertos se detallan
las diferentes visiones que tienen los actores
sociales sobre el tema de ocupaciones
de empresas.
La Central sindical PIT-CNT no apoya
la propuesta del gobierno de modificar las
reglas aprobadas (Decreto 165/2006). Las
organizaciones de empleadores afirmaron
que las ocupaciones de empresas no son
pacíficas, no constituyen una manifestación
del derecho de huelga, y que la justicia
civil las rechaza y hace lugar a las acciones
de amparo de derechos. Por tanto, se
debería derogar el Decreto 165/2006 que las
permite.
Ante este conflicto y falta de acuerdo, la
novedad del informe de la Comisión es que
le da especial relevancia a los lineamientos
de la jurisprudencia nacional en materia
de ocupaciones de empresas. Pide que el
gobierno las tenga especialmente en cuenta
a la hora de redactar el proyecto de ley.
Por mi parte destaco que la justicia civil
desde el año 2006 en adelante, tiene dicho
en forma unánime que tanto la ocupación
del lugar de trabajo como los piquetes laborales,
impiden el libre ejercicio del derecho
a la libertad de trabajo de los no huelguistas
y el derecho de la dirección de la empresa a
ingresar en las instalaciones de la misma.
En este sentido, la justicia no comparte
lo normado por el Decreto 165/006, y por
ello, en todos los casos ordenó la inmediata
desocupación del local ocupado por los
trabajadores o la disolución del piquete, de
manera de permitir el libre acceso al local
de trabajo.
En el informe de la Comisión también se
expresa que la propuesta gubernamental de
marzo de 2017 no parece contemplar modificaciones
respecto de las ocupaciones de
empresas, las que tendrían lugar luego de
agotar el proceso de prevención y solución
del conflicto.
Además, la Comisión afirma que dicha
propuesta no prevé explícitamente la
sumisión de ocupaciones de empresas a la
obligación de respetar la libertad de trabajo
de los no huelguistas, aspecto que siempre
resalta la Comisión de que debe garantizarse,
así como el derecho de la dirección a
entrar en el local ocupado.
En el Informe, la Comisión expresa:
“La Comisión constata, sin embargo
que los esfuerzos no han permitido lograr
un consenso tripartito sobre la cuestión
específica de la ocupación de las empresas
y, que hasta la fecha, no se ha presentado
un proyecto de ley que atienda todas las
solicitudes de la Comisión”.
Y a continuación afirma:
“Subrayando nuevamente la relevancia
de los lineamientos establecidos por la
jurisprudencia nacional a este respecto, la
Comisión pide al Gobierno que, después de
haber sometido el texto a la consulta de los
interlocutores sociales, someta al Parlamento
un proyecto que regule las ocupaciones
de empresas de una manera plenamente
conforme con el Convenio”.
Por tanto, la Comisión concluye que el
gobierno, previa consulta con los interlocutores
sociales, debe someter al Parlamento
un proyecto que regule las ocupaciones,
teniendo en cuenta los lineamientos de la
jurisprudencia uruguaya y lo normado en
el Convenio Nº 87 sobre libertad sindical.
Por mi parte, presenté un proyecto
de ley el 28 de marzo de 2017 a través de
dos diputados nacionales, que regula las
ocupaciones de empresas, y no ha tenido
significativo movimiento, más que la comparecencia
del autor a la Comisión de Legislación
del Trabajo en setiembre de 2017 a
explicar su contenido 6 .
En una reciente ponencia que presenté
en el Congreso nacional de Derecho del
Trabajo de diciembre de 2018, expresé lo
siguiente:
“(…) La Constitución reconoce el derecho
de huelga. Pero debido a una creencia no
jurídica de que este derecho lo puede todo y
está por encima de los demás derechos, por

LABORAL
20
la vía de los hechos se desarrollan prácticas
de ocupación de lugares de trabajo
y de piquetes al ingreso al mismo. Ambas
medidas tienen el mismo efecto: no permiten
que nadie trabaje, a pesar de que en
forma legítima y auténtica, varias personas
quieran hacerlo.
Y es allí donde se genera un conflicto
entre una vía de hecho que no es derecho
y es ajena a la huelga–caso de la ocupación
o de un piquete- y el ejercicio pleno de
derechos reconocidos (libertad de trabajo y
de empresa, entre otros).
La frustración de quienes no pueden ejercer
sus derechos ante la ocurrencia de estas
medidas de hecho, solo se mitiga con una
acción de amparo ante la justicia civil, que
si bien es un proceso urgente, tarda muchos
días hábiles en resolver la protección de los
derechos desconocidos. La protección de
un derecho reconocido vulnerado debe ser
inmediata y no tardía.
Esta tesis jurídica de que el ejercicio de
la libertad sindical tiene como límite el
permitir la actuación de los derechos de los
demás, está establecida en el CIT 87.
El art. 8º establece:
“Al ejercer los derechos que se le reconocen
en el presente Convenio, los trabajadores,
los empleadores y sus organizaciones
respectivas están obligados, lo mismo que
las demás personas o las colectividades
organizadas, a respetar la legalidad” (Destacado
nuestro).
Y esta limitación de que al ejercer los
derechos se debe respetar el orden jurídico
general, se repite en los Convenios y Declaraciones
Internacionales que reconocen
derechos fundamentales.
Las autoridades públicas tienen la obligación
de garantizar el orden público y el
ejercicio pleno de los derechos, y por ende,
deben utilizar los mecanismos legales para
que las medidas de ocupación y piquete no
prosperen. El Estado en su conjunto es el
garante de la vigencia plena de la democracia
y el Estado de Derecho.
Esta obligación no se ha cumplido porque
se sigue la idea jurídicamente incorrecta de
que los derechos sindicales de los trabajadores
son absolutos, y los derechos fundamentales
de los demás son muy relativos y deben
quedar relegados en su ejercicio efectivo. Se
da la paradoja de que las medidas de hecho
no jurídicas -ocupaciones y piquetes- valen
más que los derechos fundamentales de
rango constitucional.
En la práctica, y desde hace casi quince
años, se ha seguido el camino de naturalizar
las ocupaciones (y los piquetes) formando
parte de nuestra geografía laboral. Todo
esto se inició en el año 2005 con la derogación
del Decreto que permitía la desocupación
de los lugares de trabajo por la Policía.
Y luego siguió con el dictado del inconstitucional
Decreto 165/2006, que legitimó la
medida de ocupación.
He aquí entonces la gran deuda laboral
con la Constitución, la Ley y el CIT 87,
respecto de las personas que quieren ejercer
su derecho a trabajar, y por medidas de
hecho –ocupaciones y piquetes laborales- no
pueden hacerlo” 7 .
Ante la reiteración de la Comisión de Expertos
de que no estamos cumpliendo con
el Convenio Nº 87 y el dictamen del Comité
de Libertad Sindical del 2010, se espera una
pronta reacción del gobierno en el sentido
de elaborar un proyecto de ley garantista
del ejercicio efectivo de los derechos conculcados
con las ocupaciones y piquetes.
Nada ha cambiado en la realidad ya que
estas medidas siguen aplicándose, y no hay
intervención del gobierno para garantizar la
libertad de trabajo y de empresa, entre otros
derechos vulnerados.
III. Negociación colectiva
1. Antecedentes y visión crítica de la posición
del gobierno
En marzo de 2010, el Comité de Libertad
Sindical pidió al gobierno que, en consulta
con las organizaciones de trabajadores y
empleadores más representativas, tome
medidas para modificar la Ley 18.566, con
el fin de dar cumplimiento a ocho recomendaciones
del Comité. Éste constató que
varios artículos de esta norma, no cumplían
con el Convenio Nº 98 sobre negociación
colectiva.
De las ocho recomendaciones, solo se
dio cumplimiento en forma parcial a una
de ellas, quedando sin atender las siete
restantes 8 . En su informe, la Comisión toma
nota que el gobierno realizó esfuerzos en
este sentido, y presentó varias propuestas a
los actores sociales.
Se destacan los dos últimos documentos
presentados en setiembre de 2016 y marzo
de 2017. En ellos, el gobierno está dispuesto
a aceptar cinco recomendaciones del Comité
de Libertad Sindical que refieren a:
(i) establecer la exigencia de personería
jurídica a los sindicatos, cuando se les
comparte información para la negociación
por parte de los empleadores.
(ii) eliminar la competencia del Consejo Superior
Tripartito relativa a definir el nivel
de la negociación colectiva en el cual los
actores sociales van a negociar.
(iii) suprimir la norma que atribuye la
legitimación para negociar al sindicato
de la rama, cuando en la empresa no hay
sindicato.
(iv) modificar la ley en el sentido de que la
ultractividad del convenio colectivo sea
materia de la negociación colectiva.
(v) aclarar que el registro y publicación
de los convenios colectivos es un mero
trámite administrativo, sin juzgamiento
sobre la legalidad de los mismos.
La sexta observación del Comité de
Libertad Sindical en
la práctica se viene
cumpliendo en el
sentido de que el
gobierno consulte a
los actores sociales,
en caso que proponga
una modificación
normativa. Igual
es recomendable
que esta obligación
de consulta previa
se establezca en
forma expresa en
el proyecto de ley a
enviarse.
El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social reunido con los
integrantes de los Consejos Superiores
de Negociación Colectiva, observación refiere
La séptima
Público y Privado, en la Sala de
a la competencia del
Actos Enrique Erro del MTSS.
Consejo de Salarios
relativa a la fijación
de aumentos de salarios por encima de los
mínimos. Según la Ley 18.566 estos aumentos
deben negociarse en forma tripartita
en cada Consejo, y en caso de no existir
acuerdo entre los actores sociales, el gobierno
formula una propuesta que se somete a
votación.
Si se logra la mayoría simple, el aumento
propuesto se aplica a todos los empleadores
y trabajadores comprendidos en el ámbito
de aplicación del respectivo Consejo. Si no

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LABORAL
22
se logra esta mayoría o alguno de los actores
sociales no se presenta al momento de
la votación, el gobierno aprueba un Decreto
fijando el ajuste de salarios 9 .
El Comité de Libertad Sindical afirmó
que de conformidad con las normas de la
OIT, la fijación de los salarios mínimos
puede ser objeto de decisiones de instancias
tripartitas. El resto de las condiciones de
trabajo debería ser fruto del acuerdo entre
las partes 10 .
El gobierno en su propuesta del 16 de
marzo de 2017 no está dispuesto a cumplir
esta recomendación de la OIT en el sentido
que entiende que los aumentos de salarios
por encima de los mínimos deben seguir
siendo competencia del respectivo Consejo
de Salarios 11 .
No comparto esta posición del gobierno
en tanto el aumento de salarios por encima
de los mínimos es una típica condición de
trabajo que debe ser materia de negociación
colectiva bipartita, de conformidad con el
art. 4º del Convenio Nº 98 y el art. 2º del
Convenio Nº 154, ambos ratificados por
Uruguay. Es contrario a estos Convenios
que se siga manteniendo esta competencia
del Consejo de Salarios tripartito para fijar
aumentos de salarios por encima de los
mínimos 12 .
2. Informe de la Comisión
La Comisión de Expertos, si bien destaca
las propuestas del gobierno que detallamos,
expresa: “(…) lamenta observar, sin
embargo, que las propuestas normativas del
Gobierno siguen sin plantear modificaciones
y esclarecimientos acerca de la competencia
de los Consejos de Salarios, órganos
de composición tripartita, en materia de
ajustes a las remuneraciones que estén por
encima de los mínimos por categoría y de
condiciones de trabajo”13.
Este es un mensaje claro de la Comisión
al gobierno en el sentido de que no comparte
su posición de que los aumentos de
salarios por encima de los mínimos sigan
siendo competencia de los Consejos de Salarios.
Este es un tema que debe negociarse
en forma bipartita y no tripartita.
A este respecto, más adelante en el Informe
se expresa:
“La Comisión recuerda nuevamente a
este respecto que si bien la fijación de los
salarios mínimos puede ser objeto de decisiones
de instancias tripartitas, el artículo
4 del Convenio persigue la promoción de
la negociación bipartita para la fijación de
las condiciones de trabajo, por lo cual todo
convenio colectivo sobre fijación de condiciones
de empleo debería ser el fruto de un
acuerdo entre los empleadores u organizaciones
de empleadores, por una parte, y
organizaciones de trabajadores, por otra. La
Comisión subraya adicionalmente que se
pueden establecer mecanismos que permitirían
garantizar a la vez el carácter libre y
voluntario de la negociación colectiva con
el eficaz fomento de la misma, asegurando
el mantenimiento del alto grado de cobertura
de los convenios colectivos”.
En síntesis, la Comisión, de conformidad
con los Convenios 98 y 154, afirma que
debe privilegiarse a la negociación colectiva
bipartita de las condiciones de trabajo (incluido
los aumentos de salarios por encima
de los mínimos por categorías).
La negociación tripartita solo debe quedar
reservada para la fijación de los salarios
mínimos y sus ajustes periódicos, solo para
el caso que no exista acuerdo sobre este
punto en el marco de la negociación colectiva
bipartita.
Finalmente, “(…) la Comisión pide al
Gobierno que, después de haber sometido el
texto a la consulta de los interlocutores sociales,
remita al Parlamento un proyecto de
ley que garantice la plena compatibilidad
de la legislación y práctica nacionales con
el Convenio. Recordando que puede seguir
contando con la asistencia técnica de la Oficina,
la Comisión espera firmemente que el
Gobierno podrá informar a la brevedad de
los avances concretos a este respecto”.
IV. Conclusión
Por todo lo anterior, la Comisión de Expertos
insta al gobierno de Uruguay a que
trabaje en forma rápida en la elaboración de
los proyectos de ley respectivos que regulen
las ocupaciones de empresas y piquetes,
y se modifique la Ley de negociación
colectiva. El siguiente paso es enviarles los
proyectos a los actores sociales para recibir
sus comentarios.
Y luego de agotada esta etapa de consultas,
que debe ser rápida, el gobierno tiene la
responsabilidad de elaborar los proyectos
de ley definitivos y enviarlos al Parlamento
a más tardar en mayo de 2019, es decir, antes
de que comience la Conferencia General
anual de la OIT en junio de este año.
Será entonces el Parlamento el que
dirimirá las diferencias entre los actores
sociales y el gobierno sobre estos temas.
Este Poder del Estado debería aprobar los
respectivos proyectos de ley en el correr
del año 2019 con las modificaciones que se
estimen pertinentes, pero siempre teniendo
presente que sus contenidos deben cumplir
en su totalidad con las recomendaciones
del Comité de Libertad Sindical y la Comisión
de Expertos.
El trabajo, la producción y la inversión
reclaman una solución definitiva a estos
temas, de forma de presentar al Uruguay
como un país estricto cumplidor de las
reglas laborales internacionales. Esto nos
dará buena nota para atraer proyectos de
inversión significativos que aumenten el
alicaído empleo. Los empleadores y los
inversores piden garantías de estabilidad
en las reglas laborales y el desarrollo de
relaciones laborales armónicas y pacíficas,
donde existan mecanismos eficaces de
prevención y solución de conflictos.
NOTAS
1. Abogado, Profesor de Derecho del Trabajo, experto en relaciones
laborales. Autor de los libros Relaciones laborales y justicia
(En proceso de edición, Edit. La Ley) y Las relaciones laborales
colectivas uruguayas (Edit. Amalio M. Fernández, Montevideo,
2014), entre otros.
2. Este informe es de diciembre de 2018, y fue publicado en febrero
de 2019 (Ver el informe en: www.ilo.org). Con anterioridad, esta
Comisión examinó el caso Uruguay en sus informes de diciembre
de 2010, 2011 y 2015. En los informes de los dos años siguientes
(2016 y 2017) no se lo analizó dado que los empleadores acordaron
seguir negociando con los sindicatos y el gobierno hasta 2017
inclusive. Como no hubo concreciones en estos dos años, en el
año 2018 los empleadores informaron a la Comisión del estado de
situación, y de ahí que ésta trata nuevamente el caso Uruguay.
3. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (Junio de 1998), numeral 2.
4. A este respecto puede consultarse una nota de opinión publicada
el 23 de febrero de 2017 en el diario El Observador, Montevideo,
titulada: Libertad laboral. En ella damos cuenta del proceso
interno de la OIT respecto de la selección de casos a examinar en
cada Conferencia General, por parte de la Comisión de Aplicación
de Normas.
5. Esta propuesta que realizó el gobierno, luego en la práctica no la
cumplió, ya que sucedieron ocupaciones y piquetes, y la autoridad
pública no intervino para efectivizar la desocupación del local o la
disolución del piquete.
6. https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/
comisiones/82/comision-actuacion?RA _ FechaDeReunion%5Bmi
n%5D%5Bdate%5D=15-02-2015&RA _ FechaDeReunion%5B
max%5D%5Bdate%5D=07-03-2019&page=5
7. El título de mi ponencia es: Deuda laboral con el Convenio 87 y
cómo saldarla. Está incluida en el Libro de ponencias del Congreso,
publicado por la editorial Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, diciembre de 2018. También fue publicada por la
Revista En Obra de la Asociación de Promotores Privados de la
Construcción en su último número de diciembre de 2018.
8. Solo se modificó la norma que establecía una integración desigual
del Consejo Superior Tripartito. El Comité señaló que las tres
partes (gobierno, empleadores y trabajadores) debían tener un
número igual de miembros. Por vía de la Ley 19.027, de 18 de
diciembre de 2012, se estableció que cada parte tendrá seis
miembros. La norma no atendió la observación de nombrar un
presidente independiente, para el caso de empate en la votación
en el Consejo Superior Tripartito. En sustitución de esto, el Consejo
aprobó un reglamento de funcionamiento, que está disponible
en la web: www.mtss.gub.uy, botón Consejo Superior Tripartito.
9. En la ronda 2018 de los Consejos de Salarios, el Poder Ejecutivo
aprobó tres Decretos de aumentos de salarios (Sector rural, tv
para abonados del interior y distribuidores de productos lácteos).
10. Caso Uruguay, número 2699, párrafo 1389 del Informe del
Comité de Libertad Sindical, disponible en www.ilo.org.
11. La propuesta del gobierno expresa: “2. Competencia de los
Consejos de Salarios. El MTSS propone mantener el texto del art.
12 de la Ley 18.566 y por tanto no suprimir la competencia para
realizar ajustes a las remuneraciones que estén por encima de los
mínimos por categorías”.
12. En mi opinión, hay otra competencia de los Consejos de Salarios
que debería suprimirse y es la relativa a la fijación de la licencia
sindical. De acuerdo al Convenio Nº 154, art. 2º, la licencia
sindical debe ser acordada en forma bipartita y no a través de una
decisión del órgano tripartito Consejo de Salarios.
13. Destacado está en el texto del Informe.

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LABORAL
24
Relaciones laborales y
desarrollo económico
Por Dr. Matías Pérez del Castillo
Sócio de Pérez del Castillo & Asociados
EL ESTUDIO PÉREZ DEL CASTILLO & ASOCIADOS CONVOCÓ AL ESC. ANÍBAL DURÁN,
GERENTE EJECUTIVO DE LA APPCU, JUNTO A UN SELECTO GRUPO DE FORMADORES
DE OPINIÓN Y ESPECIALISTAS EN RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA, AL CENTRO
DE ESTUDIOS DEL IEEM, QUIEN AUSPICIÓ EL EVENTO, A EFECTOS DE PRESENTAR
LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO
ECONÓMICO, REALIZADO POR LOS DRES. MATÍAS PÉREZ DEL CASTILLO, GERARDO
CEDROLA Y SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.

Recientemente el estudio Pérez del Castillo realizó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo una presentación sobre el tema
que trata este artículo. Se convocó a 25 formadores de opinión, economistas y expertos en relaciones laborales y la conferencia fue realizada
por los Dres. Santiago Pérez del Castillo, Matías Pérez del Castillo y Gerardo Cedrola.
Objeto y objetivo del informe.
El socio de la Firma, Dr. Matías Pérez
del Castillo, explicó el porqué del estudio:
“Desde el Estudio hace tiempo estamos preocupados
por las relaciones laborales colectivas
en Uruguay. En los últimos años nos
propusimos estudiar un aspecto del sistema
por año, para aportar de cara a revisar el
sistema. Años anteriores nos centramos en
reformas laborales. En el 2016, en mecanismos
de prevención y composición de conflictos.
Este año nos propusimos identificar
qué cosas caracterizan a los sistemas de
relaciones laborales de los países prósperos.
Para ello, analizamos el régimen jurídico y
la eficacia regulatoria de doce países, de la
mano de ciertos indicadores económicos.”
El Dr. Gerardo Cedrola agregó que “apuntamos
a elevar la vara. Dejar de discutir
sobre temas puntuales como si ocupar es o
no huelga, sino mirar hacia soluciones más
macro a partir del reconocimiento de que
las relaciones laborales colectivas configuran
un elemento muy importante del funcionamiento
social de un país, asumiendo
que las relaciones laborales se encuentran
inescindiblemente asociadas a su desarrollo
económico, teniendo la capacidad de favorecerlo
o bloquearlo”.
M. Pérez del Castillo acotó: “A partir de
esa concepción, desarrollamos un estudio
jurídico comparativo sobre un conjunto de
sistemas de relaciones laborales colectivas
de determinados países, y procuramos
reflexionar en torno a cómo posibilitar
que el funcionamiento de las relaciones
entre empresas y sindicatos de un país,
sea congruente y funcional a su desarrollo
económico.”
Para posibilitar un marco de análisis, el
documento distingue países cuyos modelos
de relaciones laborales colectivas son confrontativos,
de los que se rigen por modelos
que calificamos como cooperativos.
Modalidad de
relaciones laborales confrontativa.
La modalidad confrontativa ha configurado
la visión tradicional de concepción de
las relaciones laborales por parte de algunas
organizaciones sindicales y ciertas organizaciones
patronales. Bajo esta concepción,
los actores poseen intereses antagónicos y
divergentes que solamente pueden expresarse
a través de interacciones potencialmente
conflictivas. Tal divergencia de intereses
resulta ser estructural. Por ello, la confrontación
es inevitable, viéndose según la mirada
ideológica, en algunos casos como consecuencia
de una situación social de injusticia
y en otros, como una consecuencia de una
situación de jerarquías y poderes de dirección.
Por consecuencia, la empresa deviene
un campo de batalla donde se terminan de
confrontar estos intereses divergentes y en
el cual el único objetivo es hacer retroceder
a la otra parte.
Las relaciones laborales que se generan
bajo esta modalidad funcionan sustentadas
en el tríptico reivindicación-negociaciónconflicto
y bajo una lógica por la cual,
lo que una parte gana necesariamente lo
pierde la otra. Caracteriza a esta visión, que
la búsqueda de comunión de intereses no
es prioritaria y solamente se le otorga un rol
secundario subordinado a la confrontación.
Por tal razón se sobredimensiona el rol del
conflicto social y en especial el rol del conflicto
colectivo en el ámbito laboral, como
forma de posibilitar una dinámica de lucha
permanente que permita una acumulación
de fuerzas capaz de doblegar el poder y los
intereses del adversario.
Pueden considerarse como sistemas de
relaciones laborales confrontativos, entre
otros, todos aquellos en los que no exista un
mecanismos de prevención y composición
de conflictos eficaces, órganos con competencia
específica para dirimir conflictos
colectivos o sancionar a los actores sociales
que ejercen derechos colectivos de forma
irregular, que no obligan identificar a las
organizaciones profesionales y sus representantes.
Porque sin esos instrumentos, suelen
valer más los criterios de fuerza que los de
justicia.
La modalidad cooperativa.
Este tipo ha sido menos tradicional en la
dinámica concreta del funcionamiento de
los diversos sistemas de relaciones laborales.
Sin embargo, ha sido desde hace tiempo,
la característica fundamental del éxito de
algunos sistemas de relaciones laborales
nord-europeos, y en los últimos años se ha
abierto camino en varios países especialmente
desarrollados.
La modalidad no reniega de los aspectos
conflictivos de la relación trabajadorempleador
pero busca armonizarlos,
reconociendo los intereses divergentes y
antagónicos que pueden tener los actores de
las relaciones laborales, pero priorizando la
búsqueda de aspectos en común, a partir de
dos supuestos fundamentales. El primero,
aceptar la posibilidad de que el empresario
introduzca cambios destinados a mejorar
la producción y los beneficios, mediante
reorganizaciones del trabajo, reducción
de los costos de explotación, introducción
de nuevos métodos de gestión y de nuevas
tecnologías. El segundo supuesto radica
en que la implicación del trabajador con
su empresa resulta fundamental, posibilitándose
entonces formas de integración y
comunicación con la empresa, que permitan
a los trabajadores volcar sus experiencias,
sus conocimientos y sus opiniones. Por ello
se busca actuar bajo una lógica en donde no
necesariamente lo que una parte gana, lo
pierde la otra.
25

LABORAL
26
Esta modalidad, funciona sobre la tríada reivindicación-negociación–entendimiento,
valorizándose especialmente el último de esos
aspectos. Así pues, el conflicto es instrumental al entendimiento y
funciona solamente como consecuencia de una excepcionalidad y
no como la característica central del relacionamiento laboral. Pueden
considerarse como sistemas de relaciones laborales cooperativos
aquellos que prevén los aspectos que suelen faltar en los sistemas
confrontativos, y que priorizan instancias de cooperación y negociación
entre trabajadores y empleadores. Tales regímenes se centran en
la responsabilidad de los actores sociales.
Metodología.
A partir del previo desarrollo conceptual e ingresando en el plano
práctico, se estudiaron experiencias internacionales, con el objetivo
de determinar qué características presentan las relaciones laborales
de aquellos países que verifican mejores indicadores respecto de su
desarrollo económico.
En concreto se analizaron doce países: Argentina, Chile, Perú,
España, Italia, Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica,
Alemania y Suecia. Los primeros seis pueden considerarse como
confrontativos y los últimos seis como colaborativos. Dicha clasificación
procura facilitar el análisis propuesto, y resulta de considerar el
régimen jurídico y su eficacia regulatoria
Así pues, G. Cedrola explica que “a los países que no cuentan
con mecanismos de prevención y solución de conflictos reales o
eficientes, que tienen una regulación de la negociación colectiva que
otorga poca certidumbre jurídica, que no regulan de forma completa
los derechos colectivos, y que tienen más conflictividad, fueron calificados
como confrontativos. En frente, a los países con mecanismos
de prevención y solución de conflictos y eventualmente con competencia
para dirimirlos, con promoción de la negociación colectiva, y
mayor regulación colectiva que otorga más certezas jurídicas, y con
menor conflictividad, los calificamos como cooperativos.”
M. Pérez del Castillo agrega que “La clasificación se basa, pues,
en presumir que la conducta de los actores sociales, -de la mano de
un sistema normativo que encuadra el ejercicio de los derechos colectivos
y prevé mecanismos de prevención y solución de conflictos
y eventualmente órganos que los resuelven conforme a criterios de
justicia y no de fuerza- limitan la conflictividad y promueven la
cooperación entre empresas y sindicatos.”
Para apreciar qué características presentan las relaciones laborales
de los países más prósperos, valoramos su eficiencia regulatoria a
la luz de lo que muestran ciertos indicadores económicos y sociales:
a) PIB per cápita (USD) 2017. b) Ranking de competitividad 2018 del
Foro Económico Mundial. c) Ranking de innovación 2018 (Global
Innovation Index). d) Índice de facilidad para hacer negocios 2018.
e) Desempleo total 2018 (% de la población activa total, estimación
OIT).
Luego, clasificamos cada indicador como A, B o C, y finalmente,
promediamos cada conjunto de indicadores por país, también con
notas A, B o C, y con variables de + o -.
Resultados: indicadores económicos.
Las experiencias internacionales relevadas muestran en líneas
generales, que los países calificados como confrontativos, en los que
existe mayor conflictividad, presentan peores indicadores económicos.
Mientras que en los países que muestran menor conflictividad y
que se rigen por modelos cooperativos, los indicadores son mejores.
El documento propone la siguiente síntesis:
Confrontativos
Colaborativos
PIB per cápita
(USD) 2017
Ranking de
competitividad
2018
Ranking de
innovación
2018
Índice de
facilidad
para hacer
negocios
2018
Desempleo
total 2018
ARGENTINA 14.398 C 81º C 80º C 119 C 8% B C+
CHILE 15.346 C 33º C 47º C 56 C 7% B C+
PERU 6.571 C 72º C 64º C 68 C 4% A C+
ESPAÑA 28.157 C 53º C 62º C 30 C 15% C C
ITALIA 31.952 B 31º C 31º C 51 C 11% C C+
FRANCIA 38.476 C 17º B 16º B 32 C 9% B B-
Promedio 22.483 C 48º C 50º C 59 C 9% B C-
NUEVA
ZELANDA
42.940 A 18º B 22º B 1 A 5% A A-
DINAMARCA 56.307 A 10º A 8º A 3 A 5% A A
HOLANDA 48.223 A 6º A 2º A 36 C 4% A A-
BELGICA 43.323 A 21º B 25º B 45 C 6% B B-
ALEMANIA 44.469 A 3º A 9º A 24 B 4% A A-
SUECIA 53.442 A 9º A 3º A 12 A 6% B A-
Promedio 48.117 A 9º A 11,5 A 20 B 5% A A-
Resultados: relevancia del Derecho en la prevención y dilucidación
de conflictos.
El documento da cuenta de que la eficiencia regulatoria de un
país pareciera que está vinculada con la promoción de sistemas basados
en criterios de justicia para dirimir conflictos, y no de fuerza,
lo que se materializa en el respeto de mecanismos de prevención y
solución de conflictos eficaces. Incide también el carácter pragmático
y responsable de las organizaciones sindicales participando en
instancias de concertación social, porque los países cooperativos
estudiados se destacan por una amplia negociación colectiva y una
promoción de aquellas instancias, especialmente a nivel macro (nacional
e interprofesional) con tendencias recientes hacia la descentralización
a nivel de empresa.
CONFRONTATIVOS
COOPERATIVOS
El siguiente cuadro lo ilustra:
Características
normativas
Régimen jurídico
Fuerza o Derecho
Eficacia
regulatoria
Nota
Nota IE
ARGENTINA
Baja C+
CHILE Media C+
PERU
NC predominantemente Fuerza.
de rama (salvo Chile), con El incumplimiento Media-baja C+
ESPAÑA medios facultativos de de normas suele ser
prevención de conflictos. indiferente.
Media-baja C
ITALIA Media C+
FRANCIA Baja B-
N. ZELANDA
Alta A-
DINAMARCA Amplio reconocimiento Derecho.
Alta A
HOLANDA
de la NC, instancias de La resolución de
concertación social (salvo conflictos suele Alta A-
BELGICA NZ) y diversos medios de encauzarse conforme
prev. y composición de a criterios de Derecho,
Alta B-
ALEMANIA conflictos efectivos. incluso obligatorios. Alta A-
SUECIA Alta A-
¿Qué caracteriza el sistema de
relaciones laborales de los países prósperos?
Dice el informe que “Las experiencias internacionales relevadas
parecen confirmar que las regulaciones más amplias y eficientes,
que promueven el cumplimiento de normas y el acuerdo entre actores
sociales, fomentando la cooperación antes que la confrontación,
tienen mejores indicadores económicos. Lo cual empuja a considerar
la conveniencia de regular un sistema de relaciones laborales colectivo
que enmarque el ejercicio de derechos colectivos, estableciendo
efectivos mecanismos de prevención de conflictos, creando órganos
con competencia para dirimirlos, promoviendo seguridad jurídica

LABORAL
28
y la responsabilidad de los actores sociales, como base para
instaurar formas de cooperación entre ellos.”
El sistema uruguayo y su eficacia regulatoria.
En nuestro país el sistema de relaciones laborales ha sido
tradicionalmente caracterizado como un sistema de confrontación,
de fuerte e histórica base autonómica y de negociación
colectiva centralizada en la rama de actividad.
Por esta lógica, cada uno de los actores sociales mira con
desconfianza al otro. No en pocos casos, para el actor sindical,
los empresarios son adversarios de clase a los que hay que derrotar
a efectos de posibilitar finalmente una redención de la
condición económica, humana y social de los trabajadores, en
un mundo sin explotados ni explotadores. En similar sentido,
en ocasiones, para el actor empresarial, los sindicatos son un
obstáculo a su libertad de iniciativa empresarial, poder de
dirección, derecho de propiedad, y en definitiva, al correcto
funcionamiento de la economía. Por su parte, el Estado, quien
debería simplemente ordenar sus acciones en torno de la
preservación del orden público y del bien común, en algunos
casos suele tomar partido inclinándose por un actor u otro.
En nuestro país existe una alta tasa de conflictividad y el
sistema es ineficiente. Puede explicarse por varios factores. En
primer lugar, por reposar hace muchos años en la autonomía
y voluntad de los actores sociales y por el rol que el Gobierno
juega en las relaciones colectivas, inclinándose por favorecer
a uno u otro actor, muchas veces según motivos ideológicos.
En segundo lugar, porque las regulaciones que reconocen
derechos expresos, en la medida que no regulan de forma
completa su ejercicio y límites, no suelen ser eficaces para
garantizar otros derechos de semejante jerarquía. En tercer
término, por no integrar adecuadamente mecanismos que
otorguen certidumbre jurídica a la prevención y resolución de
conflictos colectivos, lo que genera que se termine privilegiando
en la solución de los mismos el uso de la fuerza por encima
del Derecho.
Los indicadores económicos seleccionados muestran que
Uruguay tiene una nota promedial de C +.
Bases mínimas para un escenario de cooperación.
¿Cuáles deberían ser las bases mínimas que permitan que
un sistema de relaciones laborales como el de nuestro país,
pueda construir un escenario de cooperación capaz de posibilitar
un cambio en nuestras relaciones laborales?
El documento da cuenta que deberían ser dos, unas vinculadas
a la regulación, y otras a la conducta de los actores
sociales.
Las condiciones de regulación: a) Libertades civiles y
políticas b) Certidumbre jurídica Libertades civiles y políticas.
c) Regulación laboral que asegure los derechos de los actores
sociales.
Las vinculadas a la conducta de los actores implican: a) Reconocimiento
mutuo. b) Involucramiento a través de consulta,
información y negociación. c) Reconocimiento del rol de la
empresa como ámbito de participación. d) Formas gestión de
los recursos humanos.
Conclusiones.
El documento cierra anotando que “las relaciones laborales
colectivas constituyen un ámbito de reflexión fundamental
en cualquier proceso de discusión sobre el funcionamiento
y desarrollo económico de un país. Debiendo considerarse
el tipo de modelo y la perspectiva ideológica que nutre las
acciones de los actores, apreciándose si contribuyen o no a su
mejor funcionamiento.
Bajo los supuestos considerados, de qué países pueden
calificar como confrontativos y cuáles cooperativos, de sus
regulaciones e indicadores económicos, puede concluirse que
cuanto mayor es la cooperación entre los actores sociales y
mayor la seguridad jurídica, mejores resultados económicos
se advierten.
En cambio, a mayor confrontación e inseguridad jurídica,
se advierten peores indicadores económicos. La confrontación
por sí misma, no parecería generar condiciones de empleo,
incentivar la inversión, producir cambios de fondo en el sistema
laboral ni asegurar condiciones de desarrollo económico.
Priorizar el conflicto como instancia esencial antes que la
negociación y el entendimiento, limitaría las condiciones
necesarias para el correcto funcionamiento de las empresas y
ello, en definitiva atentaría contra la producción y la capacidad
de generación de nuevas empresas. Y obviamente, sin
empresa, no se generan puestos de trabajo que permitan hacer
crecer los niveles de empleo.”
La modalidad cooperativa, de la mano de órganos con
competencia para dirimir conflictos y en definitiva imponer
criterios de justicia antes que de fuerza en las relaciones
laborales, es resultado no solamente de un tipo de normativa
laboral sino que requiere de una combinación de aspectos
regulatorios y conductas propias de los actores sociales.”
Cedrola explica que “La experiencia internacional enseña
que existen diversos mecanismos capaces de posibilitar una
modalidad cooperativa de las relaciones laborales. De los casos
apreciados, puede concluirse que parecen estar en su base:
presencia importante de organizaciones sindicales a nivel nacional;
diversos niveles de negociación colectiva; importantes
y eficientes mecanismos de prevención y solución de conflictos;
e institucionalización de canales de información, consulta
y negociación colectiva en diversos niveles. No obstante ello,
la intensidad, alcance y contenido de tales mecanismos, no es
uniforme sino que varía según cada caso estudiado. De igual
forma, el carácter pragmático y responsable de los actores
sociales, pareciera también ser un elemento esencial que
contribuye a crear condiciones de cooperación. Por último y
en particular, el encuadre de la dilucidación de contiendas en
mecanismos basados en criterios de justicia y no de fuerza,
promueven la seguridad jurídica y facilitan el entendimiento
entre los actores sociales.”
Aterrizando el estudio a la realidad uruguaya, M. Pérez
del Castillo entiende que “es hora de que los actores sociales
comiencen a reflexionar en un tiempo nuevo que les permita
priorizar la cooperación más que el conflicto. Ello no significa
en modo alguno, erradicar el conflicto, el cual aparecerá cada
vez que existan causas que lo tornen razonable. Significa asumir
como un valor fundamental para cada uno de los actores,
el priorizar instancias enfocadas en mejorar las condiciones
de competitividad de las empresas y en definitiva, las condiciones
de empleo y de vida de los trabajadores. La experiencia
internacional nos enseña que tal situación es posible y que solamente
se necesita la voluntad política de los actores sociales
para comenzar a transitar por este camino.”

COMPETITIVIDAD
MEXICO 64.6
THE GLOBAL COMPETITIVENESS
(INDEX 4.0) 2018
COLOMBIA 61.6
ECUADOR 55.8
PERU 61.3
BOLIVIA 51.4
PANAMA 61.0
VENEZUELA 43.2
BRASIL 59.5
PARAGUAY 53.4
URUGUAY 62.7
RANKING ECONÓMICO SCORE 0-100
1 ESTADOS UNIDOS 85.6
2 SINGAPURE 83.5
3 ALEMANIA 82.8
4 SUIZA 82.6
5 JAPON 82.5
6 HOLANDA 82.4
7 HONG KONG 82.3
8 REINO UNIDO 82.0
9 SUECIA 81.7
10 DINAMARCA 80.6
53 URUGUAY 62.7
CHILE 70.3
ARGENTINA 57.5
Tabla de posiciones en las
“ligas de competitividad mundial”
30
Por Mag. Micaela Camacho, Directora del Instituto de Competitividad, UCU
¿POR QUÉ ALGUNOS PAÍSES CRECEN Y SE DESARROLLAN MIENTRAS QUE OTROS SE QUEDAN
ATRÁS? ESTA ES UNA DE LAS PREGUNTAS QUE MÁS MUEVEN EL INTERÉS TANTO DE ACADÉMICOS
COMO DE POLÍTICOS Y TÉCNICOS A LA HORA DE DEFINIR UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS QUE
PUEDAN IMPLEMENTARSE PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS ECONOMÍAS.
En la nota pasada, mencionábamos que
“Competitividad” es el “proceso de generar
bienestar sostenible”. La creación de bienestar
es (o debería ser), el objetivo último de
los “hacedores de política”. En este sentido,
lograr entender por qué algunos países o
regiones prosperan mientras que otros se
quedan en la “carrera”, comprender cuáles
elementos están presentes en los casos de
éxito, tanto exógenos como endógenos, es
un elemento clave del proceso de construcción
de competitividad. La comparación se
vuelve entonces, eje del análisis.
Este es uno de los principales motivos
por el que surgen diversos índices globales
(de competitividad, de calidad de vida, de
“mejor lugar para hacer negocios”, de “mejor
lugar para vivir”, etc.), que buscan comparar
las distintas economías, en distintos
aspectos clave para el desarrollo. Uno de
los índices más reconocidos al respecto es
el del World Economic Forum (WEF), que
presenta todos los años un “ranking” de los
países en términos de su competitividad. Si
bien los resultados para 2018 están disponibles
desde octubre de ese año (un análisis
sobre el informe puede encontrarse en la
página del Instituto de Competitividad), se
realizó el pasado 18 de marzo la presentación
oficial del resultado de Uruguay en
este ranking. La presentación contó con una
interesante participación de público, donde
tanto políticos como académicos y empresarios,
se reunieron para interiorizarse,
nuevamente, con los resultados del informe.
No caben dudas, el tema convoca.
El interés por la comparación es un
elemento intrínseco al ser humano. Estos
índices, estos rankings, son un buen punto
de partida para establecer las comparaciones.
Sin embargo, deben ser tomados
con cautela. Es importante conocer qué se
mide, cómo se mide, y con qué objetivo,
antes de apresurarse a sacar conclusiones.
La riqueza que brindan los datos, y las
distintas comparaciones que éstos permiten,
posibilitan aprendizajes. Pero la solidez
de esos aprendizajes dependerá de la forma
en la que sea interpretada la información, y
para qué. No olvidemos que índices como
los del WEF comparan economías muy
disímiles, en distintos estados de desarrollo
y las posiciona en una misma tabla. ¿Es
esta la mejor comparación? ¿O debemos
establecer comparaciones entre unidades
similares? Posiblemente las respuestas
dependan de qué es lo que se está buscando
con la medición. Identificar casos de éxito
para luego analizar qué herramientas de
política pueden ser replicadas, con la debida
adecuación y contextualización, a países en
desarrollo, es un buen objetivo de medición
y comparación, por ejemplo. Pero limitarnos
a concluir que estamos “mejor” o “peor”
porque subimos x ó y posiciones en algunos
indicadores, posiblemente sea un camino
errado. Conociendo que la comparación es
a nivel general entre todas las economías,
debemos evitar caer en conclusiones rápidas
y apresuradas que pueden surgir de una
lectura sin cautela, porque podremos caer
en el riesgo de tomar decisiones equivocadas.
Las mediciones son extremadamente
útiles e importantes, pero más aún es el
previo establecimiento de cuáles son los
objetivos que se quieren ayudar a cumplir
con las mediciones. Esto es lo único que
permitirá extraer, luego, conclusiones útiles
y acertadas.

OBLIGACIONES
LEY 19.690
Creación del
Fondo de Garantía
de Créditos Laborales
Por Dra. Mariana Fernández Fasciolo y Dra. Cecilia de Marco
Posadas, Posadas & Vecino
32
CON FECHA 24 DE OCTUBRE EL PODER LEGISLATIVO SANCIONÓ LA LEY 19.690 QUE CREA
EL FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES (EN ADELANTE EL “FONDO”), FONDO
QUE CUBRE LA CONTINGENCIA DE LA INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR; SIENDO DICHA
NORMA REGLAMENTADA EL PASADO MES DE MARZO MEDIANTE EL DECRETO 77/019.

que media entre la finalización de
la prestación del trabajo y su pago
efectivo ese riesgo se traslada al
trabajador, PERMANECIENDO
ALLÍ EN CASO DE INSOLVENCIA
PATRONAL. Es, en estos casos,
cuando todos los mecanismos
legales y judiciales son insuficientes
y es el trabajador quien asume
las consecuencias del fracaso de
la gestión de la empresa, de la cual
no tuvo participación, ni ganancia,
porque como ya sabemos se trabaja
por cuenta ajena”. Con la implementación
del Fondo se procura
extender la protección con que hoy
cuenta el salario y el trabajador ante
determinadas situaciones ajenas a
su voluntad e injerencia, como es el
caso de la insolvencia patronal.
En esta oportunidad nos proponemos
desarrollar los principales
aspectos de dicha normativa a los
efectos de comprender el alcance de
la misma, y reseñar los aspectos más
notorios de la nueva norma.
to y comunicaciones) del Decreto No.
326/008 de 7 de julio de 2008;
c) a partir del 1º de diciembre de
2019, los empleadores comprendidos en
los grupos 1 (Procesamiento y conservación
de alimentos, bebidas y tabaco),
8 (Industria de productos metálicos
maquinarias y equipo), 9 (Industria de
la construcción y actividades complementarias),
10 (Comercio en general), 11
(Comercio minorista de la alimentación)
y 13 (Transporte y almacenamiento)
del Decreto No. 326/008 de 7 de julio de
2008;
d) a partir del 1º de marzo de 2020,
los empleadores comprendidos en los
restantes grupos.
Por tanto, conforme al cronograma
establecido en el decreto, los trabajadores
podrán, en hipótesis de insolvencia,
acceder al Fondo en las condiciones establecidas
en la Ley, y el Fondo comenzará
a garantizar los créditos laborales que
se devenguen a partir del 1° de junio de
2019.
Surge de la exposición de motivos
que acompañó al proyecto de ley que se
ha tomado en consideración la solución
que en otros países se ha dado a la
insolvencia patronal, así como también
otros proyectos que años atrás se han
presentado con el mismo objetivo, la
necesidad de implementar soluciones a
los trabajadores en hipótesis de insolvencia
patronal.
En la referida exposición de motivos
se sostiene “que en el plano económico,
es el empleador quien asume totalmente
los riesgos de la explotación económica,
pero como el empleador se apropia
primero de los frutos del trabajo del
trabajador y recién después cumple con
su obligación de abonar la remuneración
(si bien el riesgo de la explotación
corresponde al empleador), en el periodo
Ámbito de aplicación de la Ley.
En virtud de lo establecido en
la Ley y su decreto reglamentario,
son asegurados los trabajadores
dependientes de la actividad privada
que presten servicios remunerados
amparados por el Banco de Previsión
Social, la Caja de Jubilaciones
y Pensiones Bancarias y la Caja
Notarial de Seguridad Social, de
acuerdo al siguiente cronograma de
inclusión:
a) a partir del 1º de junio de 2019,
los empleadores comprendidos en los
grupos 4 (Industria Textil), 6 (Industria
de la madera, celulosa y papel), 7
(Industria química, del medicamento,
farmacéutica, de combustibles y anexos),
14 (Intermediación financiera seguros y
pensiones), 15 (Servicios de salud y anexos),
17 (Industria gráfica), de acuerdo a
la clasificación de actividad prevista en
el Decreto No. 326/008 de 7 de julio de
2008;
b) a partir del 1º de setiembre de
2019, los empleadores comprendidos
en los grupos 2 (Industria frigorífica), 3
(Pesca), 5 (Industria del cuero, vestimenta
y calzado), 12 (Hoteles, restaurantes
y bares), 16 (Servicios de enseñanza), 18
(Servicios culturales de esparcimien-
Cabe mencionar que, a nuestro modo
de ver, lo referido anteriormente no
implica que los empleadores de dichas
ramas de actividad no se vean obligados
a la fecha a realizar la contribución al
Fondo conforme indica la Ley; y de tal
forma lo ha entendido el BPS que ha
dispuesto que desde 01/01/2019 corresponde
aplicar sobre las remuneraciones
de los trabajadores dependientes de
la actividad privada, cualquiera sea el
ámbito de afiliación del empleador, la
Contribución Especial de Seguridad Social
con una tasa de 0,025 % de carácter
patronal.(1)
¿Qué contingencia cubre el Fondo?
El Fondo creado cubre la contingencia
de insolvencia del empleador,
entendiendo que se configura la misma
cuando, de conformidad con la ley
18.387 (ley de Proceso Concursal), en los
procedimientos previstos por la referida
norma se haya aceptado o rechazado el
convenio concursal, o se haya decretado
judicialmente la apertura de la liquidación
y el trabajador no hubiere visto
satisfecha su crédito laboral.
¿Como se financia el Fondo?
La Ley crea una contribución especial
33

OBLIGACIONES
36
de seguridad social, que es la que financiará el Fondo. La
referida contribución equivale al 0,025% de las partidas
que constituyen materia gravada, esto es, en términos
generales, todo ingreso que en forma regular y permanente,
sea en dinero o en especie y susceptible de apreciación
pecuniaria, perciba el trabajador, en concepto de retribución
y con motivo de su actividad personal.
Cabe mencionar que, sin perjuicio de no ser indicado
expresamente en la Ley, surge de los antecedentes y es
confirmado en el decreto reglamentario que el aporte del
0,025 % referido es un aporte patronal, es decir, a cargo del
empleador; encontrándose exentos aquellos empleadores
que cuenten con exoneración de aportes patronales.
Los aportes serán recaudados por el Banco de Previsión
Social, quien tiene a su cargo administrar el Fondo
y abonar a los trabajadores, en virtud del mecanismo que
regule el Poder Ejecutivo, los créditos garantizados cuando
así corresponda.
Se prevé que el Poder Ejecutivo pueda, reducir la tasa de
aportación o suspender temporalmente la percepción de la
misma, cuando el Fondo cuente con los recursos suficientes.
Asimismo, se dispone que el Estado pueda financiar
el Fondo aportando las sumas que fueren necesarias para
mantener la cobertura del riesgo de insolvencia patronal,
hasta tanto lo recaudado por la contribución especial
prevista en la Ley, pueda reestablecer la financiación del
mismo.
¿Qué créditos laborales son garantizados por el Fondo?
El Fondo garantizará el cobro de los siguientes créditos:
a
b
c
d
Sueldos o jornales generados durante los seis meses inmediatos
anteriores a la fecha de cese de pago o último salario abonado
Licencias, salario vacacional, aguinaldos generados en los últimos
dos años previos a la fecha de cese de pago o último salario
abonado
Indemnización por despido legal
Multa preceptiva del 10% previsto en el artículo 29 de la ley
18.572, respecto de los créditos garantizados por el Fondo
Es importante tener en cuenta que el decreto reglamentario
vino a aclarar que se entiende por sueldos o jornales,
a los efectos de la Ley 19.690, la remuneración básica que
percibía el trabajador; y para el caso de los trabajadores con
remuneración a destajo o comisiones, el salario básico deberá
determinarse por el promedio de lo percibido en cada
jornada en los últimos seis meses. Expresamente el decreto
excluye rubros como horas extras, descansos intermedios
trabajados, primas (antigüedad, asiduidad, nocturnidad,
productividad, etc); por lo que estos créditos de naturaleza
salarial no se encuentran garantizados por el Fondo y por
tanto el trabajador deberá continuar con su acción en el
marco del concurso para procurar el cobro de los mismos
en caso de que se le adeuden.
Los créditos laborales se considerarán verificados, y
por ende garantizables, cuando sean reconocidos dentro
del procedimiento concursal de conformidad con la ley
de Proceso Concursal o la existencia de sentencia firme
dictada por la justicia laboral.
¿Los créditos garantizados
tiene algún limite en su monto?
Los créditos laborales garantizados lo serán hasta por
un monto máximo equivalente a 105.000 unidades indexadas.
Asimismo, se establece que en el caso de trabajadores
que hayan cobrado créditos mediante el mecanismo de
pronto pago previsto en la ley de Proceso Concursal, se
deberá descontar lo cobrado del monto garantizado establecido.
Asimismo, en relación al pago de los referidos créditos,
el decreto reglamentario dispone que se realizará mediante
un único pago al contado, debiendo imputarse la paga a
los créditos más antiguos y si son de una misma fecha, a
prorrata.
El Banco de Previsión Social abonará al trabajador
siempre y cuando acredite en forma la insolvencia del
empleador y la verificación de su crédito; una vez realizado
el pago el Banco de Previsión Social se subrogará en
los derechos y acciones de los trabajadores que se hayan
amparado en las disposiciones de la Ley, por las cantidades
nominales abonadas, más actualización monetaria, interés
legal y multa.
¿La norma
prevé algún tipo de exclusión?
No quedan comprendidos en el
ámbito de aplicación de la Ley, y por
ende sus créditos laborales no serán
cubiertos por el Fondo, aquellos
trabajadores que:
a. tengan con el empleador o
con los miembros de los órganos de
dirección de la empresa un vínculo
de parentesco por afinidad o
consanguinidad hasta tercer grado
inclusive (esto es padres, hijos, nietos/bisnietos,
tíos, esposos, suegros,
cuñados),
b. sean gerentes generales, directores
y todos aquellos que tengan
facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la
actividad del empleador, y
c. constituyan una cooperativa de trabajo con el propósito
de continuar con el emprendimiento donde prestaban
servicios, siempre que el Juez en el marco del concurso
los haya designado como depositarios de los bienes de la
empresa,
Finalmente, es de destacar que la recaudación de la
contribución especial de seguridad social prevista en la
Ley se debió comenzar a efectuar a partir del mes de cargo
enero 2019, y el Fondo comenzará a asegurar los créditos
laborales que se devenguen a partir del 1° de junio de 2019.
(1) https://www.bps.gub.uy/15668/fondo-de-garantia-de-creditos-laborales.html

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DERECHO
38
Ley 19.636
Impulso al Arbitraje
Comercial internacional
Por Dra. Romina Maderni Pittaluga, Depto. Legal de KPMG
RECIENTEMENTE SE APROBÓ EN URUGUAY LA LEY N° 19.636 SOBRE ARBITRAJE
INTERNACIONAL COMERCIAL SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY MODELO
UNCITRAL DE NACIONES UNIDAS PARA EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL.
¿Qué es la Ley Modelo UNCITRAL y
por qué la ley uruguaya de Arbitraje se basa en la misma?
La Ley Modelo UNCITRAL es una ley elaborada por la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante CNUDMI o UNCITRAL, por
sus siglas en inglés) que estipula lineamientos internacionales a los efectos de ayudar a los
Estados a “reformar y modernizar sus leyes sobre procedimiento arbitral”.
A nivel internacional el arbitraje ha ido ganando terreno en lo que refiere a la resolución
de controversias por la gran variedad de beneficios que le aporta a las partes contrastando
con lo estructurado y lento de la justicia ordinaria. Entre ellos la posibilidad de establecer
ley, idioma y sede del proceso arbitral, fijándose también los plazos procesales.
La Ley Modelo UNCITRAL para el Arbitraje
Internacional, establece determinados
lineamientos a los efectos de conjugar los
distintos ordenamientos jurídicos de los
Estados parte de las Naciones Unidas, como
lo son el Common Law y el Civil Law. Esto
le brinda a los Estados que la recojan una
visión y un posicionamiento internacional
en materia de arbitraje que otorga seguridad
y certeza jurídica a las partes a la hora de
llevar un conflicto a sede arbitral, al abarcar
todas las etapas desde el acuerdo arbitral
hasta la ejecución del laudo.
Por medio de la aprobación de la Ley
19.636, Uruguay pasa a tener la posibilidad
de ser sede de arbitrajes internacionales, lo
que redunda en beneficios, tanto para los
litigantes como para el país.
Ámbito de aplicación
La Ley 19.636, siguiendo el modelo de la
Ley UNCITRAL, comienza determinando
el ámbito de aplicación al establecer que la
Ley “aplicará al arbitraje comercial interna-

cional, en defecto de tratados multilaterales
o bilaterales vigentes en la República”,
encontrándose ello en consonancia con el
artículo 27 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, ratificado por
Uruguay.
Siguiendo esta línea la norma define
cuándo se está ante un arbitraje comercial
y qué determina la internacionalidad del
arbitraje.
El arbitraje será internacional cuando a)
Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen,
al momento de celebración del acuerdo, sus
establecimientos en Estados diferentes o
b) El lugar del cumplimiento de una parte
sustancial de las obligaciones de la relación
comercial o el lugar con el cual el objeto del
litigio tenga una relación más estrecha, esté
situado fuera del Estado en el que las partes
tienen su establecimiento.
Por su parte y respecto de la comercialidad
del arbitraje la norma establece que se
debe interpretar la expresión “comercial” del
numeral 7) del artículo 1 de forma amplia,
incluyéndose “todas las relaciones de índole
comercial contractuales o no.
Una vez que se verifica la internacionalidad
del arbitraje entonces se procede con las
actuaciones arbitrales.
Proceso Arbitral
La decisión de llevar las controversias a
un arbitraje puede ser tomada tanto previo
al surgimiento del conflicto, estipulando en
el contrato un acuerdo arbitral o incluso estableciendo
un acuerdo por separado donde
se establezca que todo conflicto será llevado
a arbitraje, especificando sede, idioma, si va
a ser por medio de un centro, qué ley será
aplicable, entre otros o bien puede estipularse
una vez surgida la controversia, siempre y
cuando exista una cláusula arbitral.
Existen dos posibilidades al momento de
llevar a cabo el proceso arbitral. El mismo
puede ser institucional, esto quiere decir
que es un centro el que regula las formalidades
del arbitraje, o puede ser un arbitraje
ad-hoc, lo que significa que se constituye un
tribunal para la ocasión.
La particularidad de uno u otro tipo de
arbitraje es la institucionalidad que rodea
al arbitraje del centro versus la libertad de
decisión de las partes del arbitraje ad hoc.
Cuando se pacta en un compromiso arbitral
llevar el arbitraje a un centro, las normas de
forma que rigen a este arbitraje son las del
centro elegido. Ello simplifica ampliamente
para las partes la elección del tribunal, los
honorarios, los costos, establece normas
más claras en cuanto a forma y contenido
del proceso arbitral, mientras que en un
arbitraje ad hoc son las partes las que definen
todas las circunstancias que rodean al
arbitraje.
Respecto de este último punto, y en lo
que interesa a este artículo, conforme lo
establece la norma en los arbitrajes institucionales
se aplica el reglamento del centro
y todo lo que éste no estipule será regulado
por la norma procesal del arbitraje. En
Uruguay, con la sanción de la Ley 19.636
ésta pasa a ser la ley procesal aplicable,
quedando el CGP reservado para el arbitraje
doméstico y para aquellas situaciones no
previstas por la ley.
En el caso uruguayo el Centro de
Arbitraje existente a la fecha es el Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de
Comercio de Uruguay de la Cámara de Comercio
Uruguaya. El centro tiene su propio
reglamento el cual se aplica conjuntamente
con la Ley 19.636, regulando el proceso
arbitral internacional.
En los casos que el arbitraje no es institucional
sino que se rige por las normas
internas de un Estado, de todas formas, y
como nuestra ley de arbitraje sigue a la Ley
Modelo UNCITRAL se determina un centro
de arbitraje para que lleve a cabo determinadas
funciones como lo es la recepción y
envío de la solicitud de arbitraje, la selección
del tribunal, entre otros, dejando a la
voluntad de las partes y a la resolución del
tribunal gran parte de las decisiones.
Etapas del arbitraje
El proceso arbitral comienza con la solicitud
de arbitraje por parte del demandante
al centro.
El centro acepta la solicitud enviándola
al demandado y es con la recepción de la
solicitud del arbitraje por parte del centro
que se da comienzo al proceso, conforme
lo establece el reglamento de la CCU. En el
caso de un arbitraje ad hoc la Ley 19.636
establece que el proceso arbitral comienza
con la recepción de la solicitud de arbitraje
por parte del demandado.
En un arbitraje institucional bajo el
reglamento de la CCU (Cámara de Comercio
del Uruguay), las partes son citadas a una
audiencia de pacto o acuerdo arbitral. En
esta instancia se establecen formalidades
del arbitraje como lo será la designación de
los árbitros, que suelen ser tres, la cantidad
de rondas memoriales, las instancias de
prueba, si habrá o no audiencias, etc, tanto
si existe acuerdo arbitral previo como si no
existiera.
En caso de que una de las partes no
acuda a la audiencia, el demandante puede
solicitar a la justicia ordinaria la ejecución
forzada del acuerdo arbitral.
Una vez finalizada la audiencia del
acuerdo arbitral comienza la designación de
los árbitros del proceso.
El tribunal arbitral debe estar compuesto
por un número impar de árbitros, estos
pueden ser uno, tres o cinco. Comúnmente
se suelen designar tres árbitros, uno por la
parte demandada, otro por la parte demandante
y el tercero es elegido por los árbitros
anteriormente designados. En los arbitrajes
institucionales los centros suelen tener una
lista de árbitros de la cual las partes eligen
con un orden de prelación y preferencia
a quienes desearían como árbitros de la
controversia. En caso de que no puedan ser
designados de esta forma el centro será el
encargado de su designación.
Un punto a destacar de la elección de los
árbitros es que éstos son elegidos de acuerdo
a la materia sobre la que versare el asunto
sometido al arbitraje. Los árbitros pueden
ser personas calificadas en la materia y que
conocen la práctica de la controversia a
dirimirse, no necesariamente deben ser abogados;
sin embargo ello le otorga una mayor
seguridad a las partes del entendimiento en
la materia que no siempre tiene la justicia
estatal.
Luego de elegido el tribunal, y conforme
fuere establecido por las partes, comienza
la ronda de memoriales. Las memorias son
los escritos de demanda y contestación de
demanda que deben contener un relato de
la controversia, la prueba ofrecida por las
partes y el reclamo.
A diferencia de la justicia ordinaria en
la cual los plazos procesales no pueden ser
modificados por la voluntad de las partes
por ser de orden público, el arbitraje le da
más libertad a los sujetos pudiendo establecer
los plazos de presentación de las memorias,
si habrá más de una ronda escrita, cuál
es el plazo para contestar las excepciones,
si habrán audiencias o todo será por escrito,
entre otras decisiones.
Junto con la contestación de la demanda
se presentan las excepciones, tanto de
competencia como toda otra excepción que
pueda ser planteada, si es que no fueron presentadas
al momento de recibir la solicitud
del arbitraje.
El tribunal arbitral tiene la potestad de
decidir sobre su propia competencia por medio
del principio “kompetenz-kompetenz”.
Esto quiere decir que el tribunal puede
analizar si es competente para resolver en
el asunto sin intervención de un tribunal
estatal, decidiendo si han de continuar las
39

DERECHO
actuaciones o las mismas deben cesar y pasar a sede judicial.
El tribunal tiene tres opciones al momento de recibir una excepción
puede: 1) “bifurcar” el proceso y resolver sobre la excepción,
2) Rechazar la excepción y seguir con las actuaciones o 3) decidir
pronunciarse sobre la excepción junto con su resolución sobre la
sustancia del asunto al final del proceso.
Al caso en que el tribunal se expide sobre la excepción previo a
entrar sobre el fondo del asunto se le llama “bifurcar” el proceso. Esto
implica que se separan las cuestiones procesales o de forma de aquellas
sustanciales resolviendo sobre la competencia previo al inicio de
las actuaciones.
Luego de las rondas de memoriales y de acuerdo a lo establecido
en el calendario, se pasará a la etapa de prueba y audiencias, quedando
las mismas supeditadas al acuerdo inicial de las partes.
Existe la posibilidad de transacción que puede darse en cualquier
momento a los largo del arbitraje. Las partes pueden decidir dar fin
al proceso llegando a un acuerdo y en ese caso el acuerdo se presenta
ante el tribunal arbitral que emitirá una orden homologando el acuerdo
con forma de laudo.
En caso de no concluirse el proceso de forma extraordinaria una
vez terminadas las actuaciones procesales el tribunal emite un laudo
basado en toda la información que ha recabado durante el proceso.
Uno de los cuestionamientos del arbitraje es la única instancia. El
laudo arbitral no puede ser llevado a una segunda instancia ante los
tribunales estatales ni está estipulado que tenga una revisión posterior.
Sí existen mecanismos de ampliación y aclaración de los laudos,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha del laudo, si las partes no
pactan otra cosa.
No obstante no existir la posibilidad de tener una segunda
instancia que revise el laudo emitido sí es viable impugnar el laudo
solicitando su nulidad, lo que según la reciente ley podrá hacerse en
los casos específicamente previstos y dentro de los tres meses desde
la fecha de la última notificación del laudo.
Conforme lo establece la ya citada ley, en la conjunción de sus artículos
6 y 39.2, el laudo solamente podrá ser anulado por el Tribunal
de Apelaciones en lo Civil de la República en los casos en que la parte
que interpone la nulidad pruebe que:
1) alguna de las partes del acuerdo arbitral se encontraba afectada
por una nulidad conforme a la ley que les sea aplicable, que el acuerdo
no es válido conforme a la ley a que las partes lo hayan sometido o
en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado el laudo o,
2) que no ha sido debidamente notificada de alguna actuación
arbitral o no ha podido hacer valer sus derechos o,
3) que el tribunal ha fallado extra petita respecto de lo establecido
en el acuerdo arbitral o,
4) que la composición del tribunal o el procedimiento arbitral no
se ha ajustado al acuerdo entre las partes.
Por otro lado el tribunal puede también anular el laudo si comprueba
que según las leyes de la República, la materia objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario
al orden público internacional de la República.
40

Dra. María L. Saldún de Rodríguez 2383
Teléfono:2601 4155 - www.mc3.com.uy

SEGURIDAD
42
DECRETO 127/014
Servicios de Prevención
y Salud en el Trabajo
por Téc. Prevencionista Ángel Dobrich
EL 13 DE MAYO COMIENZA A REGIR
LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR
CON UN SERVICIO DE SEGURIDAD Y
SALUD; INTEGRADO AL MENOS POR UN
MÉDICO OCUPACIONAL Y UN TÉCNICO
PREVENCIONISTA O TECNÓLOGO.
Para ello es fundamental reglamentar el servicio, que se sepa con
claridad qué es lo que hay que hacer para cumplir y saber de antemano
el costo que tendrá. Obviamente, como es costumbre, se redactó
de forma general y con muchos problemas para nuestra Industria.
Esta indefinición conlleva a que exista la posibilidad de que cuando
se efectúe un control del mismo, se haga de acuerdo al criterio de
quien controla.
Hablar de costos nunca es aceptado, pero para la industria de la
construcción y especialmente para las empresas de nuestra asociación,
este factor podría definir la realización de un trabajo o viabilidad
de funcionamiento por indirectos afectados al talento humano.
El Art. 5 categoriza los servicios acorde a la cantidad de personal
de la empresa que se detalla a continuación:
1. Los servicios de prevención y salud en el trabajo deberán ser
multidisciplinarios, pero solo en las empresas que tengan más de
300 operarios se podrán complementar con psicólogo y personal
de enfermería. El médico debe aparentemente estar contratado o
empleado constantemente, así podría entenderlo la IGTSS e intimarlo.
No se establece una carga horaria, pero es algo obvio que por el
trabajo a realizar (el cual no está claramente definido), debería estar
la totalidad de la jornada. Esto no significa que deba necesariamente
ser personal incluido en la planilla de trabajo.
2. Las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores tendrán un
servicio que intervendrá en forma trimestral como mínimo. No existe
establecida una carga horaria, ésta como en todas las categorías, se
deberá ajustar al tiempo que le lleve el trabajo en base al tipo de industria.
En nuestro caso, a los riesgos a que esté expuesto el personal,
a la cantidad, a las ubicaciones de los diferentes lugares de trabajo,
pero... ¿cómo podemos preverlo de antemano si lo va a decidir un
servicio profesional contratado? ... ¿y a partir de cuándo? ya que se
contrata personal en forma gradual. En consecuencia, la actuación
prevista en esta y en la categoría siguiente es imposible de cumplir,
por lo tanto deberíamos contratarlo permanentemente.
3. Las empresas que tengan entre 5 y 50 trabajadores, el servicio
actuará en forma semestral, esta categoría presenta los mismos problemas
que la anterior.
4. Las empresas que tengan menos de 5 operarios no tienen por
ahora que hacer nada, pueden trabajar en cualquier situación de
riesgo y no deben contratar en forma obligatoria ningún servicio de
salud.
Si consideramos el punto 2 como ejemplo, si una empresa contrata
200 personas, debe someterlas a la vigilancia sanitaria y realizar
algún tipo de exámenes, teniendo en cuenta la actuación del médico

cada tres meses. El artículo 8 determina que todo lo que respecta a la vigilancia
de la salud no puede significar ninguna pérdida de ingresos y en la medida de lo
posible realizarse durante las horas de trabajo. Es decir que todos los exámenes
que el médico solicite deberán ser a costo de la empresa, al igual que el tiempo que
insuma y si no es posible hacerlo dentro del horario de trabajo se deberá pagar horas
extra. El Médico de acuerdo al artículo 7 deberá gozar de plena independencia
profesional y técnica por lo tanto él y solo él determinará el o los tipos de exámenes
a realizar, la frecuencia de estos controles médicos y a quienes, siempre sujeto a
su criterio. El M.S.P. mediante la Ordenanza 145/2009 marca una guía básica para
la vigilancia sanitaria de exposiciones biológicas, químicas y físicas, marcando
exámenes preventivos para cada riesgo laboral, fijando sus respectivos límites y
la periodicidad mínima más adecuada. El costo no tendría que tener importancia
para prevenir accidentes pero en la industria de la construcción debemos preverlo
para cotizar una obra y poder trabajar. Dependiendo del profesional, de la tarea y
de la exposición a diferentes riesgos, se podrá aumentar los controles médicos y las
frecuencias de esos controles. No saberlo de antemano impide cotizarlo. También
de acuerdo a la condición física del trabajador, estado de salud, el médico puede sugerir
reasignarlo a otro puesto de trabajo, además de ser algo muy difícil de lograr,
supone diferentes costos laborales quizás no previstos.
Existe un comunicado del PIT CNT en el que les preocupa que se esté viendo
la prevención como un costo y estamos totalmente de acuerdo en la preocupación,
tanto el BSE como el MSP tienen gastos económicos muy altos por las consecuencias
de los accidentes y enfermedades derivadas del trabajo. Por lo tanto es
de importancia mayúscula la intervención de estos organismos en la prevención,
haciendo por ejemplo, que los exámenes necesarios se realicen sin costo para el
personal y en consecuencia para la empresa. De esa forma la sociedad defendería
la integridad de los trabajadores, evitando pensiones y atención médica, de otra
forma esta responsabilidad de defender la salud colectiva terminaría recayendo en
el empleador.
Es fundamental realizar una reglamentación adecuada para poder llevar a la
práctica este Decreto, de lo contrario seguiremos sin hacer seguridad real para los
trabajadores y solo será letra muerta que se aplicará para determinar la falta en el
momento de un accidente.
La Inspección General del Trabajo será la encargada de supervisar y controlar
el funcionamiento de los Servicios de Salud (Artículo 14), pero al no existir una
reglamentación es muy difícil poder hacerlo sin lesionar la independencia del
técnico prevista en el artículo 7 y lo dispuesto por el MSP, teniendo en cuenta que
el Servicio debe cumplirse bajo el criterio del Medico Ocupacional y la Dirección
Nacional de Salud. La Ordenanza del MSP prevé sanciones al incumplimiento de
lo establecido por dicha dirección, Decreto 137/006, entonces ¿Qué sería lo que la
IGTSS controla y basado en qué?
Este decreto prevé la sanción por parte de la IGTSS ante el incumplimiento del
mismo, entonces cabe realizar otro cuestionamiento ¿Cuál sería el límite entre
ellos? El Decreto 186/004 que reglamenta al artículo 289 de la Ley 15903 dice en
su Artículo 1 “Son infracciones laborales las acciones u omisiones contrarias a
las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos, cuya vigilancia
corresponde a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social”. Ante la
falta de una reglamentación ¿Quién sanciona las infracciones?
Teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo puede determinar en forma progresiva
de acuerdo a la disponibilidad, oportunidad y conveniencia la aplicación a diferentes
ramas de actividad, la IGTSS considera que no han madurado las condiciones
que hagan propicia la implementación de este decreto y realiza una propuesta
a la CONASSAT que trataremos cuando salga la publicación de la modificación del
decreto.
Actualmente APPCU está contactando diferentes profesionales afines para
lograr establecer un acuerdo que permita desarrollar un servicio integrado que
cumpla con las necesidades que promueve la norma, y al mismo tiempo intentar si
es posible bajar los costos del mismo.
Sin lugar a dudas, esto es un engranaje más que deberá integrarse a la gestión de
la empresa y al menos, en un principio, deberá captar nuestra atención y disponibilidad.
Trazabilidad
en los Elementos
de Protección.
Colectivo y Personal
por Arq. Julio César Camarano Foti
YA ES SABIDO QUE
EL PROPÓSITO
DE LAS ÚLTIMAS
INTERVENCIONES
ESCRITAS EN LA
PUBLICACIÓN HAN
SIDO REFERIDAS A
LA GESTIÓN DE LOS
DISTINTOS COMPONENTES A LOS QUE
HACE HINCAPIÉ EL DECRETO ACTUAL DE
SEGURIDAD EN EL SECTOR (125/2014).
Distintas consultas que nos han llegado
al grupo de trabajo, así como situaciones
puntuales en obra, obligan a trazar una
línea para marcar dónde estamos parados y
dónde podemos avanzar con pasos seguros.
Siempre en estos casos la realidad de la empresa
cuenta, pero las exigencias a las que se
afecta el sector son las mismas sin importar
el porte de la empresa o de la obra. Por esto
la cintura o flexibilidad no es un factor a
ponderar en esta ecuación.
El termino trazabilidad se puede referir
al histórico de los procesos aplicados al
producto, la distribución y la localización
del mismo después de la entrega. Pero en
el caso que nos implica a nosotros además
tiene una pequeña intervención en el “durante”.
La trazabilidad referenciada a los elementos
de protección parte desde el proceso
de selección para la adquisición de éstos.
Saber si lo que compramos está normativamente
avalado y si cumple es básico, de lo
contrario cualquier trabajo posterior es en
vano. También aquí es cuando la retroalimentación
de un sistema de trazabilidad de
los EPP (Elementos de Protección Personal)
y EPC (Elementos de Protección Colectiva)
vuelve a hacernos elegir qué comprar, si
mantener o si cambiar y en ese caso con la
experiencia en qué invertir para mejorar la
productividad de la inversión.
El llevar un sistema de trazabilidad a la
43

SEGURIDAD
44
práctica en nuestras obras debería comenzar en grandes rasgos, en
saber qué se compró, dónde y con qué características.
Para esto es vital la información que nos brinda el fabricante y los
criterios que adoptó en el proceso de certificación para sus productos.
Y con esa información se plantea muchas veces una postura a adoptar.
Por ejemplo: nos enfrentamos en la actualidad a distintos arneses
de seguridad que actualmente están cambiando la premisa histórica
de que los mismos no tenían aparente vencimiento mientras no se
deterioraran y que había que verificar simplemente sus elementos
constituyentes básicos y cuidar su mantenimiento para el uso de los
mismos en las distintas obras.
En la actualidad en sus documentos u hojas informativas se
agrega la fecha de fabricación, cuadros para realizar el mantenimiento
y fecha recomendada para su descarte en algunos casos. Aquí es
donde debemos integrar cierta información; por ejemplo, tenemos
arnés con fecha de fabricación pero independientemente de ella, se
aclara que el elemento no podrá ser usado por más de cinco años y
es recomendable realizar las anotaciones en el libro o bitácora de la
ficha que viene con el arnés que certifica cual personal de la empresa
realizó un chequeo del mismo y de sus componentes constituyentes.
Con los datos conocidos de que muchos elementos de protección
tienen fecha de fabricado entre el 2013 y 2016, conocer las fechas de
máximo tiempo de uso es importante, siendo que en algunos casos
la selección de la compra de estos elementos es decisiva con esta
información.
Situaciones similares se dan en obra con la procedencia, antigüedad
y resistencia de las cuerdas de vida. Solucionable con realizar
una identificación de colores y mantener en obra copia de factura con
fotografía del rollo matriz de procedencia del fabricante que indique
resistencia, identificación, composición, etc. Sabido era de comprar
dispositivos traba caídas para cuerdas y cuando el proveedor pregunta
el grosor de cuerdas que hay en la obra, indefectiblemente hay
que llamar a la obra y pedir que se midan las cuerdas. El llamado es
correcto si es de verificación en un sistema actuante de trazabilidad
del EPP.
La virtud de mantener esta información agrupada es que no
pertenece a una obra, sino a la empresa, por lo cual dichos datos se
mueven con los EPP que continúen su uso y se alimentan al pasar el
tiempo.
Un sistema de trazabilidad no es permeable a la continua solicitud
de equipos rotos, o el concepto de repetición de otorgar equipamiento
continuamente sin causas justificadas. Tampoco a la frase “tal
EPP no la usaron porque no sirvió” sin tener ya ningún elemento de
muestra ni tener registro de cual elemento se está hablando.
Otro aspecto de la trazabilidad del EPP se da en el “durante” o sea
con el uso. Son los que pueden denominarse chequeos periódicos.
Lo realiza personal de la empresa que cuanto más cerca esté del
personal que ejecute el proceso de compra mejor será la información
que se obtenga , se puede pedir opinión al Asesor de Seguridad o
al proveedor del producto. Es recomendable que estos chequeos se
registren, deberían seguir parámetros de evaluación básicos y ya
es parte de lo que se manifestaba al principio de la publicación; la
retroalimentación.
Un gran aporte que arroja este control es la durabilidad de ciertos
elementos (y obviamente no estamos hablando de guantes o gafas de
cualquier tipo) sino de equipos de mayor inversión, lo cual tiende a
hacer rentable toda esta gestión por sí sola.
Existen sistemas informáticos que simplifican un poco esta tarea,
ya que en empresas donde se posee el sistema en obra con personal
administrativo, en estos medios se ingresan datos asociando EPP
entregados con el nombre de manera accesible, junto con las reposiciones
y así se podrán conocer consumos estimados en períodos
de tiempo, previendo a largo plazo ciertas reposiciones que hay que
realizar a través de la proyección de estos datos relevados, también
se puede lograr buen control de mantenimiento para ciertos equipos
especiales y poder agregar comentarios para tener en cuenta en
futuras compras.
Así no estaríamos tan lejos de adquirir equipo de protección
adecuado a la constitución física de cada operario asegurando así un
buen resultado ergonómico, en particular buena comodidad y aportando
continuidad al uso, esta última tarea es más dificultosa pero
no imposible y por lo pronto no más costosa.
A modo de resumen; el concepto de trazabilidad de EPP y EPC
refiere a gestionar lo que quiero comprar, con sus especificaciones
y condiciones, cómo lo mantengo, saber si lo que compré funcionó
para que en las próximas compras no cometer los mismos errores,
mejorando la inversión y así aportar a la cadena productiva.
En ningún momento perdamos de vista que estamos hablando
de elementos que protegen la integridad del talento humano de la
empresa, eslabón importante en la industria.

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Hudson Yards,
el nuevo barrio de
Nueva York
A ORILLAS DEL RÍO HUDSON, EN LO QUE FUE UN ÁREA INACCESIBLE
AL PÚBLICO QUE SERVÍA COMO PATIO PARA TRENES, SE INAUGURÓ
RECIENTEMENTE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA PRIVADA MÁS GRANDE
EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS.

El proyecto es una mini ciudad en el oeste de
Manhattan, incluye espacios para el arte, un complejo
de restaurantes, un centro comercial de siete pisos en el
que se pueden encontrar marcas de diseñadores y tiendas
exclusivas. Todo esto entre seis rascacielos con oficinas y
residencias de lujo.
The Vessel
Entre los elementos que más han llamado la atención
del nuevo vecindario, está el Vessel, una instalación de
arte que se asemeja a un panal gigante y a la que algunos
se refieren como “una escalera a ningún lado”.
Esta escultura fabricada en Italia tiene 15 pisos de alto,
154 juegos de escaleras interconectadas y para llegar a
su cima, con el único objetivo de obtener fotos, deberán
subir 2.500 escalones

La primera fase del proyecto urbanístico ya inaugurado se realizó
sobre un predio de 5 has. y una vez terminado incluirá 15 edificios
sobre una extensión de 11 hectáreas.
The Shead
Otro elemento que se distingue dentro del barrio es The Shead,
inaugurado el 5 de abril. Es un centro dedicado a producir y
presentar todo tipo de artes escénicas, visuales, deportes cubiertos,
conciertos musicales y culturales. El edificio The Shead está
diseñado para transformarse físicamente y apoyar las ideas más
ambiciosas de los artistas.
Es una cubierta externa telescópica que puede desplegarse sobre
rieles desde su posición sobre el edificio base y expandirse hasta
la plaza contigua y duplicar el espacio para eventos a gran escala.
La cubierta móvil cubre ocho niveles del edificio que incluyen
dos niveles de espacio de la galería de arte, un teatro, un espacio
de ensayo, un laboratorio creativo y un espacio para eventos con
tragaluz. Para la temporada de apertura de “The Shead”, se prevé
actuaciones de Björk, Ben Whishaw, Renee Fleming, Sia y Arca.

Iniciativa
pública y privada
La inversión total del proyecto se estima en 25
mil millones de dólares, pero Hudson Yards es
mucho más que una colección de torres y espacios
abiertos. Es un modelo para la experiencia urbana
del siglo XXI; una integración sin precedentes
de edificios, calles, parques, servicios públicos,
espacios y transporte público que forman un
vecindario conectado, receptivo, limpio, confiable y
eficiente.
Otro factor fundamental para su realización
fue la inversión de miles de millones por parte
del gobierno para la extensión de la línea siete
del metro y la mejora en la infraestructura de los
parques que le rodean.
De acuerdo con información del departamento
de economía de The New School for Social
Research, la ciudad terminó invirtiendo más
de 5 mil millones de dólares de dinero público,
esto incluye la extensión del metro y renuncia de
impuestos.
Estas inversiones se hicieron bajo la premisa de
que la construcción de Hudson Yards beneficiaría
a los ciudadanos al generar miles de puestos de
trabajos.
El plan de desarrollo urbanístico de Hudson
Yards es un “join venture” entre el Departamento de
Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York
y la Administración Metropolitana de Transporte
para fomentar el desarrollo a lo largo del Río
Hudson en Manhattan.
El Departamento es una agencia gubernamental
responsable del planeamiento físico y socio
económico, de revisar el uso de terrenos y del
medio ambiente, de desarrollar planes y políticas
para proveer información a las juntas comunitarias
y a otros órganos gubernamentales relacionados con
el desarrollo a macro escala de la ciudad. También
es el encargado de crear los mapas de la ciudad,
comprar y vender terrenos propiedad de la ciudad y
de la designación de espacios históricos.

Edificios Hudson Yards
Ciudad de Ingeniería
CONECTADO
LAS COMUNICACIONES ESTÁN RESPALDADAS POR FIBRA ÓPTICA, DISEÑADA
PARA OPTIMIZAR LA VELOCIDAD DE LOS DATOS Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
SATELITAL , COM TAMBIÉN LAS COMUNICACIONES MÓVILES, DE CELULAR Y DE
RADIO DE DOBLE BANDA. ESTO PERMITE EL ACCESO CONTINUO POR CABLEADO O
INALÁMBRICO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO DEL ÁREA.
Servicio de Antena Digital (DAS)
para celulares y radios de dos vías
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BARRIO CONFORTABLE
CON EL RESPALDO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA AVANZADA, LOS SISTEMAS
DE OPERACIONES MONITOREAN Y REACCIONAN A LAS DEMANDAS DE ENERGÍA Y A
LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA PARA MEJORAR EL CONFORT DE LOS EMPLEADOS,
RESIDENTES Y VISITANTES.
Sensores de captura de datosde
los edificios.(Equipos y sistemas)
Sub-metraje
elétrico y térmico
Plataforma
tecnológica de avanzada
RESPONSABLE
ADEMÁS, CADA AÑO SE RECOLECTARÁN CASI 37 MILLONES DE LITROS DE AGUAS
PLUVIALES DE TECHOS Y PLAZAS PÚBLICAS, PARA FILTRAR Y REUTILIZAR CON
SISTEMAS MECÁNICOS Y DE RIEGO PARA CONSERVAR EL AGUA POTABLE Y
REDUCIR EL ESTRÉS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE NUEVA YORK.
Tanque tratamiento
aguas pluviales
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CUALQUIERA SEA LA POSIBLE INTERRUPCIÓN (SUPERTORMENTA, SISMOS, ETC)
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MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS SERVICIOS BÁSICOS, LAS RESIDENCIAS Y
LOS REFRIGERADORES DE RESTAURANTES.
ANTE UNA SITUACIÓN DE INUNDACIÓN ESTA ÁREA ESTÁ MUY POR ENCIMA DEL
NIVEL DEL PATIO DE FERROCARRIL POR LO QUE NO LO AFECTA.
Colector capacidad
14.5 megawatts
4 generadores diesel de
18 megawatts de respaldo
Sistema suministro
a red electrica pública
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SUS DOS PLANTAS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y AGUA CALIENTE
EVITARÁN QUE SE EMITAN ANUALMENTE 24.000 TONELADAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO CO2, EN RELACIÓN A LAS EMISIONES GENERADAS POR FUENTES
CONVENCIONALES. ESTO EQUIVALE A LAS EMISIONES DE APROXIMADAMENTE
2.200 HOGARES ESTADOUNIDENSES O 5.100 AUTOMÓVILES.
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Inmobiliario: Sr. Julio Villamide.
Calidad: Sra. Alcira Castro.
Medianería: Arq. Julio González
Gestoría: Sra. Adriana Bertelli
Seguridad e Higiene: Técnico Prevencionista Angel Dobrich
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IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El objetivo de este servicio es caminar junto al asociado frente a las actuales exigencias del
mercado en cuanto a sistemas de calidad.
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Conformado por un equipo multidisciplinario, dirigido por el Técnico Prevencionista Angel
Dobrich, comprende variadas actividades que conforman un servicio integral.
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- Capacitación en obra, coordinadas con la empresa acorde a las diferentes etapas de la misma
y/o a requerimiento específico. Para facilitar este cometido APPCU cuenta con AULA MOVIL
totalmente equipada a tal fin.
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definido de capacitación anual contemplando todos los aspectos involucrados en la realización
de las tareas del sector.
Dentro de las tareas administrativas del servicio: confección de planes de seguridad e higiene
(sin costo para los asociados), investigaciones de accidentes , informes específicos, etc. Presentación
ante el MTSS del libro de obra a solicitud de la empresa.
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03 Hormigón
3.1 Portland, acero y agregados / 3.2 Accesorios y aditivos / 3.3 Encofrados
3.4 Hormigón pre-mezclado / 3.5 Hormigón pre-moldeado / 3.6 Corte, doblado y armado de barras
3.1 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@hartigas.com.uy
3.1 Cementos del Plata S.A. Cr. Roger Apoj Cno Boiso Lanza y Vigía - 2227.2842/4 clientes@cemplata.com.uy - www.cemplata.com.uy
3.1 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
3.1 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com
3.2 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy
3.4 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@cartigas.com.uy
3.4 Concrexur S.A. Cr. Morgan Martínez Ipar Paso de la Española 5200 - 2222.4939 ventas@concrexur.com.uy - concrexur@concrexur.com
Catálogo de Proveedores
3.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
3.4 Hormigones Uruguay Ignacio Daguerre Br. España 2683 ap 502 - 2708.9102 / 42252020 www.hormigonesuruguay.com
3.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
3.6 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
04 Albañilería
4.1 Canteras de extracción / 4.2 Revoques y morteros / 4.3 Construcción en seco
4.4 Bloques modulados / 4.5 Ladrilleras / 4.6 Restauración y limpieza
4.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.3 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 -2200.0845 jaime@barracaparana.com
4.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.6 Vertical-Ind. Rope Access S.A. Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy
05 Metales
5.1 Aleaciones / 5.2 Hierro fundido / 5.3 Tratamiento de metales
5.4 Metalúrgicas / 5.5 Estructuras metálicas

06
Maderas y plásticos
6.1 Barracas de maderas / 6.2 Tratamnientos para la madera / 6.3 Molduras
6.4 Laminados plásticos / 6.5 Fibra de vidrio / 6.6 Epoxis
6.1 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
6.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.2 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 milesi@enko.com.uy
6.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
6.4 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
07 Barreras
7.1 Impermeabilizantes / 7.2 Sobretechos y tejas / 7.3 Sellado y pegado
7.4 Aislantes térmicos y acústicos / 7.5 Barreras ignífugas
7.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
7.1 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.1 Pranafil S.A. Arq. Gabriel Sztryk Ciudadela 1178 - 2903.0529 hidrotec@adinet.com.uy
7.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.2 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.3 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
7.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.4 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
7.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
08 Cerramientos
8.1 Metálicos, Madera, PVC / 8.2 Cristales y Policarbonatos / 8.3 Herrajes, Cerrajerías
8.4 Muro cortina / 8.5 Automatismos / 8.6 Carpintería de obra
8.1 Alumex Pascual Cetraro Barros Arana 5415 - 2511.5075 alumex@alumex.com.uy - www.alumex.com.uy
8.1 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.1 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
8.1 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeenda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
8.2 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.3 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
Catálogo de Proveedores
8.3 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.4 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.4 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.4 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 24870707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2209.2424 ventas@enko.com.uy
8.6 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
09
Revestimientos y Terminaciones
9.1 Cerámicos, Cementicios / 9.2 Madera, Piedra, Yeso / 9.3 Metálicos
9.4 Plásticos y Epoxis / 9.5 Textiles / 9.6 Revestimientos texturados y pinturas
9.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
9.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
9.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
9.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.3 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy

9.3 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.5 Kalpakian Olga Mathó Av. L. A. de Herrera 1248 T. 3 of. 267 - 2628.0850 omatho@kalpakian.com
9.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.6 Bikova S.A. Juan Carlos Martínez L. A. de Herrera 1248 - 2628.6194 bikova@adinet.com.uy
9.6 Pinturas INCA S.A. Alejandro García de Zuñiga Carlos A. López 7897 - 2320.0891 alejandro.garciadezuniga@akzonobel.com
10 Equipamiento
10.1 Industrial, Comercial / 10.2 Enseñanza, Cines, Teatros / 10.3 Hospitalario, Gastronómico
10.4 Informático / 10.5 Lavaderos / 10.6 Exteriores
Equipamiento para el hogar
11 11.1 Baños y cocinas / 11.2 Amoblamiento / 11.3 Electrodomésticos
11.4 TV Digital / 11.5 Tapicería y cortinados / 11.6 Decoración de interiores
11.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
11.2 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.2 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
11.3 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
11.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
11.6 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
12
Construcciones especiales
12.1 Prefabricados / 12.2 Piscinas y saunas / 12.3 Cámaras Frías
12.4 Estructuras / 12.5 Techos Livianos
12.1 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
12.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
12.5 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
13
Equipamiento mecánico/térmico
13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción
13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores
13.1 Adamoli S.A. Ing. Juan Pablo Rios Daniel Muñoz 2117 - 2408.2655 info@adamoli.com.uy - www.adamoli.com.uy
13.1 Ascensores Otis del Uruguay Felipe Herrera Colonia 1972 - 2400.7144 otis.uruguay@otis.com - www.otis.com
13.1 Ascensores Schindler Ing. Eduardo Sellart Edif. Torre Colonia - Colonia 950 - 2901 5594 schindler.tesor@adinet.com.uy
13.4 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
Catálogo de Proveedores
14
Equipamiento mecánico/térmico
13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción
13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores
14.1 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayr Gral. Urquiza 2575 - 2481 0530 anilco@anilco.com.uy
14.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy
14.4 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.5 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Montevideo Gas Vannesa García 25 de Mayo 702 - 2901.7454 mbusquet@montevideogas.com.uy
14.6 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayer Gral. Urquiza 2575 - 2481.0530 anilco@anilco.com.uy
15
Instalaciones Eléctricas
15.1 Generación alta y baja / 15.2 Materiales / 15.3 Iluminación
15.4 Comunicación y seguridad / 15.5 Instaladores / 15.6 Edificios inteligentes
15.2 Vivion S.A. Ana Barragan Ejido 1690 - 2902.0314 abarragan@vivionelectric.com
Para figurar en el Catálogo de Proveedores de APPCU es necesario llenar el formulario de consentimiento que deberá ser solicitado en
secretaria: appcu@appcu.org. Solicitamos a las empresas socias que son proveedoras de Insumos y servicios, que nos hagan llegar
cómo desean figurar en estas páginas, indicando rubro e items. Le recordamos que figurarán sin costo.

g

INDICE GENERAL / COSTO CONSTRUCCIÓN - GRANDES RUBROS
INDICE GENERAL / COSTO CONSTRUCCIÓN - GRANDES RUBROS
BASE
1999 General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos
BASE
1989 General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos
ABR / 18 625.52 619.79 490.37 826.61 667.83 397.13
MAY / 18 629.48 624.69 500.04 826.84 668.04 397.13
JUN / 18 633.63 629.79 510.17 826.83 668.03 419.20
JUL / 18 634.77 631.23 512.59 826.88 668.03 419.20
AGO / 18 662.67 655.16 514.14 881.45 713.77 419.20
SET / 18 666.21 671.51 659.54 881.46 713.78 428.16
OCT / 18 668.17 661.98 528.55 881.24 713.87 428.16
NOV / 18 668.53 661.52 527.08 881.24 717.65 428.16
DIC / 18 662.41 656.28 525.39 870.29 707.56 428.16
ENE / 19 665.68 660.76 533.12 869.80 705.96 432.61
FEB / 19 672.88 667.13 534.45 883.28 716.80 432.61
MAR / 19
INDICE MEDIO SUBCONTRATOS POR TIPO
BASE DICIEMBRE 1999 = 100 Mayo 89 = 100
Ene 2019 Feb 2019 Ene 2019 Feb 2019
Indice Parcial 660.76 667.13 27521.38 27786.70
Hormigón armado 723.88 731.64 26098.41 26378.18
Albañilería 702.81 711.80 32470.10 32885.44
Carpintería 687.18 700.30 37910.57 28443.45
Herrería 754.82 755.82 32058.94 32101.41
Inst. eléctricas 671.66 671.27 28779.89 28763.18
Inst. sanitarias 664.89 672.11 21626.35 21861.18
Apar. y grifería 519.26 518.64 19463.84 19440.60
Ascensor 432.08 432.27 18844.39 18852.68
Vidrios 704.52 704.52 35274.96 35274.96
Pinturas 835.89 835.90 37401.48 37401.93
ABR / 18 28294.40 25814.94 16794.49 53037.28 49029.27
MAY / 18 28473.52 26019.03 17125.67 53052.04 49044.69
JUN / 18 28661.24 26231.45 17472.61 53038.56 49043.96
JUL / 18 28712.81 26291.42 17555.49 53054.61 49043.96
AGO / 18 29974.82 27288.13 17608.58 56555.95 52402.00
SET / 18 30134.94 27470.57 17919.21 56556.59 52402.73
OCT / 18 30223.60 27572.20 18102.10 56542.47 52409.34
NOV / 18 30239.88 27553.04 18051.75 56542.47 52868.85
DIC / 18 29963.06 27334.78 17993.87 55839.90 51946.08
ENE / 19 30110.97 27521.38 18258.61 55808.46 51828.62
FEB / 19 30436.65 27786.70 18304.16 56673.36 52624.45
MAR / 19
INDICE GENERAL COSTO CONSTRUCCIÓN - CRONOLÓGICO
Base Mayo 1989 = 100 / Base Enero 1976 = 100
2016 2017 2018 2019
Enero 24197.61 25972.11 27941.58 30110.97
Febrero 24547.26 26279.25 28388.48 30436.65
Marzo 24162.33 26326.29 28216.14
Abril 24448.65 26152.59 28294.40
Mayo 24598.83 26383.29 28473.52
Junio 24561.74 26485.97 28661.24
Julio 24544.10 26567.84 28712.89
Agosto 24418.35 26617.14 29974.82
Setiem. 24443.68 26757.37 30134.94
Octubre 24896.01 27961.93 30223.60
Noviembre 26034.99 28169.10 30239.88
Diciembre 25945.43 27953.34 29963.06
MEDIANERÍA - ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS POR LEY 17.555
Noviembre 2018 Diciembre 2018 Enero 2019 Febrero 2019
Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ.
Muro de ladrillo de prensa e=25 cm 7267.26 6888.25 7427.09 7053.33 7384.89 7009.00 7385.44 7003.84
Muro de ladrillo de campo e = 25 cm 4781.16 4437.37 4732.80 4397.21 4819.40 4479.86 4796.45 4451.53
Muro de ladrillo de prensa e=12 cm 3676.30 3481.68 3754.90 3563.10 3734.94 3542.01 3735.68 3539.72
Muro de ladrillo de campo e = 12 cm 2433.25 2256.24 2407.75 2235.04 2452.19 2277.44 2441.18 2263.57
Muro de ladrillo de prensa una cara vista 4319.01 4039.26 4382.97 4108.24 4370.20 4093.51 4380.51 4099.17
Muro de ladrillo de campo una cara vista 3075.96 2813.82 3035.82 2780.18 3087.46 2828.94 3086.02 2823.01
Muros de Ticholo 12x25x25 e=12 cm. 1592.08 1476.40 1575.16 1462.28 1589.41 1475.40 1596.89 1480.82
Muros de ticholo 12x25x25 e=25 cm. 2630.21 2486.04 2613.86 2472.88 2635.61 2493.26 2639.03 2494.37
Elevación mat. de 6 a 15 m. / m3 474.62 410.90 460.86 399.22 467.13 404.77 477.17 413.12
Elevación mat. de 15 a 30 m / m3 759.39 657.43 737.37 638.75 747.41 647.64 763.47 661.00
Andamios de 6 a 30 m de altura /m2 184.69 160.03 180.10 156.13 182.29 158.07 185.41 160.66
Protecciones 6 a 30 m de altura /m2 46.17 40.01 45.02 39.03 45.57 39.52 46.35 40.16
Cim. corrido: H.cicl. 0.40x1 /ml 8093.74 7287.37 7941.94 7158.56 8089.96 7297.27 8136.98 7327.12

INDICE POR TIPO Y COMPONENTE ENERO 2019
INDICE POR TIPO Y COMPONENTE FEBRERO 2019
Valor
Mensual
Acumuladas
2019 Ult. 12
meses
Variación
mensual
Valor
Mensual
Acumuladas
2019 Ult. 12
meses
Variación
mensual
General 665.68 0.49 0.49 7.76
General 672.88 1.08 1.58 7.21
General sin impuestos 670.68 0.46 0.46 7.76
General sin impuestos 678.06 1.10 1.57 7.22
Parcial 660.76 0.68 0.68 7.79
Parcial 667.13 0.96 1.65 7.21
Parcial sin impuestos 666.18 0.68 0.68 7.79
Parcial sin impuestos 672.60 0.96 165 7.21
Materiales 533.12 1.47 1.47 8.81 0.34
Gastos generales 546.28 1.46 1.46 7.21 0.12
Impuestos 637.20 0.68 0.68 7.80 0.10
Leyes sociales 705.96 -0.23 -0.23 7.66 -0.05
Conexiones definitivas 179.32 0.07 0.07 1.41 0.00
Costo de permisos 432.61 1.04 1.04 8.93 0.00
EDIFICIO TIPO 1 - TORRE DE 10 PISOS CON ASCENSOR
General 658.98 0.45 0.45 8.04
Parcial 651.82 0.62 0.62 8.15
Materiales 521.69 1.23 1.23 9.83
M. de obra 871.62 -0.04 -0.04 7.19
EDIFICIO TIPO 2 -PLANTA BAJA Y TRES PISOS SIN ASCENSOR
General 664.49 0.48 0.48 8.44
Parcial 658.65 0.66 0.66 8.65
Materiales 541.00 1.31 1.31 11.02
M. de obra 868.68 -0.06 -0.06 7.24
EDIFICIO TIPO 3 - CONJUNTO DUPLEX EN TIRA
Materiales 676.57 0.55 0.55 7.78
Parcial 674.81 0.77 0.77 7.83
Materiales 546.59 1.85 1.85 9.08
M. de obra 869.92 -0.08 -0.08 7.18
EDIFICIO TIPO 4 - CONJUNTO AISLADAS EN PLANTA BAJA
General 670.09 0.54 0.54 6.38
Parcial 667.81 0.73 0.73 6.02
Materiales 543.58 1.67 1.67 3.87
M. de obra 863.96 -0.08 -0.08 7.23
Materiales 534.45 0.25 1.72 7.80 0.06
Gastos generales 549.90 0.66 2.13 7.25 0.06
Impuestos 643.35 0.97 1.65 7.21 0.14
Leyes sociales 716.80 1.54 1.31 7.22 0.31
Conexiones definitivas 183.89 2.55 2.62 3.14 0.00
Costo de permisos 432.61 0.00 1.04 8.93 0.00
EDIFICIO TIPO 1 - TORRE DE 10 PISOS CON ASCENSOR
General 665.90 1.05 1.51 7.55
Parcial 657.89 0.93 1.56 7.61
Materiales 822.76 0.21 1.44 8.83
M. de obra 885.15 1.55 1.51 6.82
EDIFICIO TIPO 2 -PLANTA BAJA Y TRES PISOS SIN ASCENSOR
General 671.49 1.05 1.53 7.82
Parcial 664.80 0.93 1.60 7.97
Materiales 542.36 0.25 1.56 9.79
M. de obra 881.87 1.52 1.46 6.79
EDIFICIO TIPO 3 - CONJUNTO DUPLEX EN TIRA
Materiales 683.93 1.09 1.65 7.05
Parcial 681.29 0.96 1.74 7.05
Materiales 547.31 0.13 1.99 7.60
M. de obra 883.52 1.56 1.49 6.64
EDIFICIO TIPO 4 - CONJUNTO AISLADAS EN PLANTA BAJA
General 678.08 1.19 1.74 6.02
Parcial 675.18 1.10 1.84 5.70
Materiales 546.87 0.61 2.29 3.69
M. de obra 877.26 1.54 1.46 6.71
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