En Obra 177 - Abril 2019

LABORAL
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y la responsabilidad de los actores sociales, como base para
instaurar formas de cooperación entre ellos.”
El sistema uruguayo y su eficacia regulatoria.
En nuestro país el sistema de relaciones laborales ha sido
tradicionalmente caracterizado como un sistema de confrontación,
de fuerte e histórica base autonómica y de negociación
colectiva centralizada en la rama de actividad.
Por esta lógica, cada uno de los actores sociales mira con
desconfianza al otro. No en pocos casos, para el actor sindical,
los empresarios son adversarios de clase a los que hay que derrotar
a efectos de posibilitar finalmente una redención de la
condición económica, humana y social de los trabajadores, en
un mundo sin explotados ni explotadores. En similar sentido,
en ocasiones, para el actor empresarial, los sindicatos son un
obstáculo a su libertad de iniciativa empresarial, poder de
dirección, derecho de propiedad, y en definitiva, al correcto
funcionamiento de la economía. Por su parte, el Estado, quien
debería simplemente ordenar sus acciones en torno de la
preservación del orden público y del bien común, en algunos
casos suele tomar partido inclinándose por un actor u otro.
En nuestro país existe una alta tasa de conflictividad y el
sistema es ineficiente. Puede explicarse por varios factores. En
primer lugar, por reposar hace muchos años en la autonomía
y voluntad de los actores sociales y por el rol que el Gobierno
juega en las relaciones colectivas, inclinándose por favorecer
a uno u otro actor, muchas veces según motivos ideológicos.
En segundo lugar, porque las regulaciones que reconocen
derechos expresos, en la medida que no regulan de forma
completa su ejercicio y límites, no suelen ser eficaces para
garantizar otros derechos de semejante jerarquía. En tercer
término, por no integrar adecuadamente mecanismos que
otorguen certidumbre jurídica a la prevención y resolución de
conflictos colectivos, lo que genera que se termine privilegiando
en la solución de los mismos el uso de la fuerza por encima
del Derecho.
Los indicadores económicos seleccionados muestran que
Uruguay tiene una nota promedial de C +.
Bases mínimas para un escenario de cooperación.
¿Cuáles deberían ser las bases mínimas que permitan que
un sistema de relaciones laborales como el de nuestro país,
pueda construir un escenario de cooperación capaz de posibilitar
un cambio en nuestras relaciones laborales?
El documento da cuenta que deberían ser dos, unas vinculadas
a la regulación, y otras a la conducta de los actores
sociales.
Las condiciones de regulación: a) Libertades civiles y
políticas b) Certidumbre jurídica Libertades civiles y políticas.
c) Regulación laboral que asegure los derechos de los actores
sociales.
Las vinculadas a la conducta de los actores implican: a) Reconocimiento
mutuo. b) Involucramiento a través de consulta,
información y negociación. c) Reconocimiento del rol de la
empresa como ámbito de participación. d) Formas gestión de
los recursos humanos.
Conclusiones.
El documento cierra anotando que “las relaciones laborales
colectivas constituyen un ámbito de reflexión fundamental
en cualquier proceso de discusión sobre el funcionamiento
y desarrollo económico de un país. Debiendo considerarse
el tipo de modelo y la perspectiva ideológica que nutre las
acciones de los actores, apreciándose si contribuyen o no a su
mejor funcionamiento.
Bajo los supuestos considerados, de qué países pueden
calificar como confrontativos y cuáles cooperativos, de sus
regulaciones e indicadores económicos, puede concluirse que
cuanto mayor es la cooperación entre los actores sociales y
mayor la seguridad jurídica, mejores resultados económicos
se advierten.
En cambio, a mayor confrontación e inseguridad jurídica,
se advierten peores indicadores económicos. La confrontación
por sí misma, no parecería generar condiciones de empleo,
incentivar la inversión, producir cambios de fondo en el sistema
laboral ni asegurar condiciones de desarrollo económico.
Priorizar el conflicto como instancia esencial antes que la
negociación y el entendimiento, limitaría las condiciones
necesarias para el correcto funcionamiento de las empresas y
ello, en definitiva atentaría contra la producción y la capacidad
de generación de nuevas empresas. Y obviamente, sin
empresa, no se generan puestos de trabajo que permitan hacer
crecer los niveles de empleo.”
La modalidad cooperativa, de la mano de órganos con
competencia para dirimir conflictos y en definitiva imponer
criterios de justicia antes que de fuerza en las relaciones
laborales, es resultado no solamente de un tipo de normativa
laboral sino que requiere de una combinación de aspectos
regulatorios y conductas propias de los actores sociales.”
Cedrola explica que “La experiencia internacional enseña
que existen diversos mecanismos capaces de posibilitar una
modalidad cooperativa de las relaciones laborales. De los casos
apreciados, puede concluirse que parecen estar en su base:
presencia importante de organizaciones sindicales a nivel nacional;
diversos niveles de negociación colectiva; importantes
y eficientes mecanismos de prevención y solución de conflictos;
e institucionalización de canales de información, consulta
y negociación colectiva en diversos niveles. No obstante ello,
la intensidad, alcance y contenido de tales mecanismos, no es
uniforme sino que varía según cada caso estudiado. De igual
forma, el carácter pragmático y responsable de los actores
sociales, pareciera también ser un elemento esencial que
contribuye a crear condiciones de cooperación. Por último y
en particular, el encuadre de la dilucidación de contiendas en
mecanismos basados en criterios de justicia y no de fuerza,
promueven la seguridad jurídica y facilitan el entendimiento
entre los actores sociales.”
Aterrizando el estudio a la realidad uruguaya, M. Pérez
del Castillo entiende que “es hora de que los actores sociales
comiencen a reflexionar en un tiempo nuevo que les permita
priorizar la cooperación más que el conflicto. Ello no significa
en modo alguno, erradicar el conflicto, el cual aparecerá cada
vez que existan causas que lo tornen razonable. Significa asumir
como un valor fundamental para cada uno de los actores,
el priorizar instancias enfocadas en mejorar las condiciones
de competitividad de las empresas y en definitiva, las condiciones
de empleo y de vida de los trabajadores. La experiencia
internacional nos enseña que tal situación es posible y que solamente
se necesita la voluntad política de los actores sociales
para comenzar a transitar por este camino.”