En Obra 177 - Abril 2019

OBLIGACIONES
precedente produjo un leve incremento en los controles que
deben aplicar los sujetos obligados del sector inmobiliario,
a la hora de realizar la debida diligencia de clientes (en adelante
“DDC”) y, principalmente, en aquellas operaciones que
impliquen traspaso de fondos respecto de los aportantes de
los mismos.
En este sentido el Capítulo IV del Decreto Nro. 379/018 (reglamentario
de la Ley) dispone, en primer término, la obligación
de calificar al cliente u operación según el riesgo de LA/
FT, de acuerdo a los factores cliente, geográfico y operacional.
En función de ello, el sujeto obligado deberá aplicar una DDC
simplificada, normal o intensificada.
Para los supuestos en que corresponda una DDC intensificada,
entre otros controles, el Decreto exige la obtención de
declaración de regularidad fiscal.
Lo anterior surge del artículo 34 del que dispone:
“B) Obtener una declaración de regularidad fiscal. Sin
perjuicio de la debida diligencia que corresponda aplicar para
determinar el origen de los fondos, el sujeto obligado deberá
obtener además una declaración jurada del cliente o su representante,
manifestando que está en cumplimiento con sus
obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de
tributos, según corresponda.
Asimismo, lo anterior se podrá acreditar mediante la presentación
de copias de las declaraciones juradas presentadas
ante la administración tributaria correspondiente, o con una
constancia emitida por esta que establezca que el cliente se
encuentra al día con sus obligaciones tributarias, en caso de
que esto último no sea posible, se admitirá una carta emitida
por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria,
dejando constancia de tal situación”.
Esto último implica una flexibilización considerable del
requisito, puesto que no necesariamente el sujeto obligado
deberá acreditar la regularidad fiscal del cliente con una copia
de la declaración jurada ante la administración tributaria
correspondiente, sino que podrá utilizar los mecanismos
alternativos (más simples) previstos en el Decreto.
Finalmente, cabe destacar que no se previeron requisitos
de índole fiscal en la DDC simplificada ni en la normal, aunque
en esta última (y siempre que sea posible) es recomendable
incluir igualmente la antedicha declaración, dada la
importancia que revisten estos temas en la actualidad y asimismo
por temas de riesgo reputacional del sujeto obligado.
IV.- Conclusión
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Tomando en consideración la inclusión del delito fiscal
como antecedente del LA de la Ley N°19.574, así como la reglamentación
del sector inmobiliario del Decreto N°379/018,
los sujetos obligados pertenecientes a dicho sector (entre
otros, los promotores asociados a la APPCU), deberán incluir
como requerimiento una declaración de regularidad fiscal
de sus clientes, en todos aquellos casos en que de acuerdo al
nivel de riesgo identificado del cliente u operación, corresponda
la aplicación de una DDC intensificada (esto
es, riesgo alto).
De esta manera, el sujeto obligado deberá tener
en cuenta asimismo dicha información fiscal para
evaluar la licitud de los fondos involucrados en la
operación o, en su caso (y de corresponder), para
realizar el reporte de operación sospechosa (ROS).
Las imágenes
corresponden
a parte de la
concurrencia de
la conferencia
brindada por el
Estudio Brum &
Costa Abogados.