En Obra 177 - Abril 2019

DINERO
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mentalmente en la Ley de PPP española Nº
30 del 2007, si bien las PPP comenzaron en
el Reino Unido por 1992 y luego el modelo se
reprodujo en países como España, Bélgica,
Portugal, Alemania, Italia, Finlandia, Suecia,
Holanda, Irlanda, Canadá, Japón, Hong
Kong e India, entre otros; siendo los pioneros
en América Latina: Chile y México.
El régimen de PPP es excepcional y se
utiliza cuando es más eficiente que otras
modalidades de contratación para la finalidad
pública perseguida, sin embargo con
el Dec.45/013 se ha dotado de un atractivo
particular a esta modalidad de contratación
con el Estado por los beneficios fiscales que
reporta.
¿En qué sectores se aplican las PPP?
La ley en su artículo 3º establece los
sectores de actividad en los cuales se pueden
celebrar contratos PPP siendo: a) Obras viales,
ferroviarias, portuarias y aeroportuarias,
incluidas las obras viales de caminería rural.
b) Obras de infraestructura energética, sin
perjuicio del Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de
setiembre de 1977, (Ley Nacional de Electricidad)
y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre
de 1931, (Creación de ANCAP). c)Obras de
disposición y tratamiento de residuos. d)
Obras de Infraestructura social, incluyendo
cárceles, centros de salud, centros de educación,
viviendas de interés social, complejos
deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento
y desarrollo urbano.
“También podrá celebrarse este tipo de
contratos para la colonización de tierras, que
por su ubicación, superficie y características
agrológicas resulten económicamente
apropiadas para la formación de colonias,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº
11.029, de 12 de enero de 1948 (creación del
Instituto Nacional de Colonización)…”.
¿Cómo es
el procedimiento de contratación?
Un proyecto de PPP puede tener dos tipos
de iniciativa: 1) puede corresponder de oficio
mediante una iniciativa pública, o 2) por
intermedio de una iniciativa privada presentada
por el proponente.
Existe una particularidad en dicho
procedimiento que se denomina “dialogo
competitivo” que consiste en una etapa de
debate o negociación de todos los aspectos
del contrato PPP entre la Administracion
y el o los postulantes que se hayan presentado
al llamado público y cumplan con los
requisitos de solvencia técnica y económica
establecidos en el mismo para definir el
pliego de las condiciones particulares.
En el caso de grandes inversiones, puede
resultar un mecanismo muy eficiente ya que,
manteniendo los principios de transparencia
e igualdad entre todos los oferentes, se desarrolla
un diálogo entre la Administración
y los oferentes que permite definir aspectos
técnicos, legales o financieros del contrato
que no pueden ser definidos por la Administración
en forma unilateral.
El receptor de la iniciativa privada es la
Corporación Nacional para el Desarrollo
(CND), y dicho tipo de iniciativa genera
beneficios para su proponente el cual podrá
obtener (a) el reembolso de los costos “aceptados”
del estudio de factibilidad, en caso de
que no resultare adjudicatario del proyecto,
los cuales serán de cargo del adjudicatario,
(b) ventaja del 10% en la valoración que se
realice de su oferta respecto de la mejor oferta,
y (c) no pago de los pliegos o documentos
descriptivos correspondientes.
¿Qué garantías deben constituirse?
En definitiva las garantías que el contratista
deberá afectar al cumplimiento de sus
obligaciones bajo un contrato PPP consisten
en una garantía de mantenimiento de oferta
y una garantía de cumplimiento de dicho
contrato.
Registro
Existe un Registro de Proyectos de
Participación Público-Privada cuya organización
se comete al Ministerio de Economía
y Finanzas y donde se incluyen los contratos
suscritos para el desarrollo de proyectos
de PPP y sus modificaciones, así como los
llamados a interesados para la adjudicación
de proyectos de PPP, las iniciativas privadas
presentadas para el desarrollo de los mismos,
respetando los derechos de confidencialidad
que correspondan al titular de la
misma, y los informes de auditoría de dichos
proyectos.
¿Cuáles son los beneficios fiscales por
la contratación bajo el régimen de PPP?
El decreto N° 45/013 del MEF dice que los
beneficios fiscales serán aquellos comprendidos
en lo dispuesto por los artículos 11º
y siguientes de la Ley Nº 16.906, de 7 de
enero de 1998, en el marco de Concesiones
de Obra Pública y Contratos de Participación
Público-Privada, y podrán ser otorgados por
el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de
la Comisión de Aplicación (COMAP), siempre
que los mismos se hayan previsto en el
pliego de condiciones de la licitación correspondiente,
con anterioridad a la presentación
de las ofertas.
Por lo que los contratos de PPP en el
marco de la ley 18.786 acceden a los beneficios
fiscales que establece la ley 16.906 de
inversiones, cuando el Poder Ejecutivo por
resolución declare promovido el proyecto de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de
la misma.
Los beneficios fiscales de la ley se
traducen en exoneraciones respecto de
los impuestos principales (IRAE, IVA a la
importación, y devolución del IVA en las
adquisiciones en plaza, el cual es reintegrado
mediante certificados de crédito, así como
del Impuesto al Patrimonio).
Lo que es necesario para mayor celeridad
y efectividad es conocer el procedimiento
establecido en la ley y sus decretos reglamentarios.
¿Cómo se dirimen
las controversias en este ámbito?
En caso de existir controversia, el Art.
54 de la ley nominado como “Solución de
controversias” dice: “Para la solución de
los conflictos que surjan con motivo de
la aplicación, interpretación, ejecución,
cumplimiento y extinción de los contratos
celebrados en el marco de la presente ley,
las partes deberán recurrir al arbitraje. Los
árbitros serán designados de común acuerdo
por las partes o, en su defecto, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 480 del Código
General del Proceso y deberán fallar de
acuerdo a derecho. El laudo del Tribunal
Arbitral será inapelable.”
Reflexión final:
Es cada vez más notoria en Uruguay la
demanda de infraestructura (carreteras,
puentes, puertos, etc.) y desde el punto de
vista social (hospitales, escuelas, cárceles,
etc.) lo cual seguirá aumentando en los
próximos años, por lo que una de las formas
para solucionar este problema es aplicar la
ley que permitirá que entidades privadas
celebren un acuerdo con el Estado para
satisfacer la necesidad pública, donde en los
mismos se distribuyen los riesgos, recursos
y beneficios.
El sistema denominado Participación
Público Privada procura dotar al Estado de
un mecanismo eficiente de contratación a
través del cual el sector privado aplique sus
recursos en el país, financiando obras de
infraestructura y servicios conexos.
Es menester para ello informarse y asesorarse
sobre el procedimiento establecido en
la ley y subsiguientes decretos reglamentarios
donde se ha buscado mayor celeridad,
y efectividad en la concreción de dichos
contratos, y entender los beneficios fiscales
que dicha inversión puede reportarle.
“Sólo cabe progresar cuando se piensa en
grande, sólo es posible avanzar cuando se
mira lejos.” (José Ortega y Gasset)