Edicion 02 de julio de 2019

Diario Co Latino Nacionales
Martes 2 de julio de 2019 7
Movimiento pide
al gobierno difundir
política de vivienda
Organizaciones ambientales y sociales que conforman el Movimiento Tacushcalco, exigen a funcionarios que no quede en la impunidad
la inmobiliaria por la destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco y la contaminación Del Río Ceniza, en Sonsonate. FOTO DIARIO
CO LATINO/ARCHIVO.
Movimiento exige a funcionarios
evitar impunidad de inmobiliaria
por destrucción de Tacushcalco
Oscar López
@OscarCoLatino
Organizaciones que integran
el Movimiento
Tacushcalco, exigen
a autoridades y funcionarios
que no permitan la impunidad en
el caso de la destrucción del sitio
sagrado Tacushcalco y la contaminación
del río Ceniza, ocasionado
y agravado por el proyecto
urbanístico denominado Acropoli-Sonsonate
ejecutado por la inmobiliaria
Fénix S.A de C.V.
Salvador Recinos, representante
de la Mesa por la Sustentabilidad
de los Territorios de Sonsonate,
organización miembro del
Movimiento Tacushcalco, indicó
que desde el 2018 se denunciaron
las anomalías de dicho proyecto
urbanístico, la principal de ellas es
que no contó con estudios de impacto
ambiental ni con permisos
ambientales y culturales.
“Tenemos una situación en la
que la ministra de Cultura, Suecy
Callejas, como el ministro de
Medio Ambiente Fernando López,
tienen la oportunidad en sus
manos de dar un verdadero giro a
la gestión ambiental y cultural en
nuestro país”, dijo Recinos.
El Movimiento sugirió que los
ministerios antes mencionados en
coordinación con la Policía Nacional
Civil (PNC) y la Fiscalía
General de la República (FGR),
tomen el control del proyecto urbanístico
con el objetivo de indagar
sobre los impactos al patrimonio
cultural que su construcción
ocasionó.
De igual forma, recomiendan
al ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN),
que presente una demanda contra
la inmobiliaria al menos por dos
delitos: construcciones no autorizadas
y desobediencia de particulares,
los cuales están tipificados
en el código penal vigente.
“El proyecto Acropolí Sonsonate,
cuenta con tres paros de por
parte del ministerio de Cultura,
una orden de suspensión de obra
por parte del ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
y en esa misma línea, cuenta
con una orden judicial del Tribunal
Ambiental de Santa Ana para
detenerlo”, enfatizó Recinos.
Asimismo, el Movimiento denunció
el actuar “negligente” de
la PNC y de la FGR, debido a que
ambas instituciones pudieron actuar
de oficio ante los “evidentes
delitos cometidos por Fénix y no
lo hicieron”. El Movimiento asegura
que con la construcción del
proyecto urbanístico, se destruyó
una parte de los 2 mil 500 años
de historia del sitio sagrado y también
por se afectó el ecosistema
hídricos del río Ceniza.
“El río Ceniza es uno de los
más importantes del país, forma
parte de la región hidrográfica
Sensunapán-Banderas de acuerdo
al Plan Nacional de Gestión Integrada
del Recurso Hídrico, ha
sido catalogada como zona prioritaria
1 para realizar acciones encaminadas
a la recuperación y conservación
de reservas de agua”,
afirmó Recinos.
Oscar López
@OscarCoLatino
El Movimiento Nacional
en Defensa
de la Tierra, El
Salvador (MOVITIERRA)
pidió al gobierno que dé a
conocer la política relacionada
a vivienda, la cual considera
que debe estar orientada
a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones constitucionales
e internacionales
suscritas por El Salvador relacionadas
al tema.
Dora Guillén, miembro
de MOVITIERRA, pidió al
gobierno que “genere condiciones
para promover la participación
ciudadana, dando
continuidad al Consejo Consultivo
de Vivienda y Hábitat,
el cual se constituyó el 18 de
diciembre del 2017”.
Para MOVITIERRA dicho
Consejo es una instancia
de diálogo entre el gobierno
y la sociedad, por lo que también
plantea la necesidad de
incluir nuevas organizaciones
sociales a dicha instancia.
De igual forma, el MOVI-
TIERRA instó al gobierno a
mantener acercamientos con
las comunidades que se encuentran
articuladas dentro
del Movimiento, las que están
ubicadas en asentamientos
humanos, en inmuebles
propiedad del Estado o de
privados, esto con el objetivo
de solventar su derecho de vivienda
adecuada.
Al respecto, Gloria Guillén,
representante de la Fundación
de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD), dijo
que la falta de seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra
es un problema, que pobladores
de diversas comunidades
han enfrentado desde hace décadas.
“Es un problema que se
viene arrastrando a través del
tiempo, genera desmejoras notorias
en la calidad de vida de
los habitantes de las comunidades
que se encuentran en una
situación de tenencia irregular
de la tierra.
La falta de seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra es
un problema de ayer, un problema
de hoy y si las autoridades
competentes no toman
cartas en el asunto desde el inicio
de su gestión es un problema
que posiblemente se herede
a través del tiempo”, enfatizó
la representante de FES-
PAD.
Datos de la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples
del 2017, indica que casi la mitad
de la población de El Salvador,
no tiene una vivienda, esto
representa un aproximado de
977 mil hogares, el trasladar el
dato a personas, se hace una estimación
de más de 3 millones
250 mil personas que no cuentan
con una vivienda.
Representantes de FESPAD y de MOVITIERRA, solicitan que el nuevo gobierno de
a conocer una política en materia de vivienda para los salvadoreños. FOTO DIARIO CO
LATINO/FERNANDO VELÁSQUEZ.