Edicion 26 de octubre 2019

2 Viernes 25 de octubre de 2019
Nacionales
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Diario
Co Latino
No borrarán la memoria
de las víctimas: Eduardo García
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El segundo plantón
por la Verdad y la
Justicia de las Víctimas
del Conflicto Armado, este
jueves 24 de octubre, engloba
treinta años de demandas permanentes
contra el Estado salvadoreño,
por una Ley de Reparación
Integral para las Víctimas
del Conflicto Armado,
que por ahora se encuentra en
las manos legislativas, que deberán
promulgar un marco jurídico
que de oportunidad de acceso
a la verdad, la justicia y la reparación.
Eduardo García presidente
de Pro-Búsqueda reiteró que
la Ley de Reparación Integral
para las Víctimas del Conflicto
Armado tiene un objetivo, y
es “seguir pidiendo la dignidad
para las víctimas. No estamos
pidiendo venganza, solo queremos
justicia y reparación”, dijo
en exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Por qué este retardo con
la justicia para las víctimas?
Cuando los que tienen que
resolver los conflictos, cuando
los que tienen que hacer que
prospere el país, solos o involucrados
en los conflictos, difícilmente
llegan a acuerdos que
beneficien a los que perjudicaron
o dañaron. Y esa es la realidad
que tenemos en el país.
Mientras en la Asamblea Legislativa
haya dinosaurios, no solo
los que vivieron el período de
la guerra, sino anterior a esto,
son personas que tienen una
conciencia fijada de un Estado
democrático “entre comillas”,
porque vamos de nuevo de retroceso,
otra vez.
Esta gente tiene ideas fijadas
en represión y autoritarismo;
para ellos es natural generar
beneficios para los que estuvieron
de su lado, que son los
veteranos, les es complicado reconocer
el daño que han hecho
a las víctimas.
Miembros de Pro-Búsqueda y víctimas sobrevivientes realizan segundo plantón por la Verdad y la Justicia de las Víctimas del Conflicto
Armado en la Asamblea Legislativa. FOTO DIARIO CO LATINO/RENÉ ESTRADA.
-¿Cómo calificas esta actuación?
Yo no puedo entender que
los mismos que levantaron para
asignar 52 millones de dólares,
para la Ley de Veteranos
de Guerra, sea a disponibilidad
económica del Estado, pero
para las víctimas no hay dinero
(reparación económica). Y no
es que este sea el sentido más
grande. Porque esa es la dignidad
de las víctimas. Porque
aquí, cuando hablamos de justicia,
debemos saber muy bien
que no es perdón y olvido, que
no es desatender a la gente, que
no es generar incertidumbre o
no promover el resarcimiento
a esas vulneraciones que tuvieron.
-¿Qué es justicia para las
víctimas?
La justicia es dar a cada quien
lo que se merece. Al que causó
un daño, una sanción acorde al
daño que causó y la reparación a
la víctima, acorde a la violación
que ha sufrido. Esa es la justicia
sencillamente; pueden haber
mil definiciones, pero el ciudadano
de a pie es justo, oportuno,
y se pide que se hagan los
esfuerzos para reparar ese daño,
no hay otra salida. Entonces no
podré entender jamás que una
persona que haya desaparecido,
una persona que haya destrozado
a machetazos a otra, que
haya ejecutado a niños, violado
a mujeres, que esos delitos sean
sancionados de otra manera. El
caso de El Mozote que esta documentado,
que quieran obviarlo
y olvidarlo porque “ya pasó el
tiempo”, les digo no ha pasado
el tiempo, esas heridas están allí.
-¿Por qué la tardanza de
ese marco normativo?
Se pretende generar una ley
que sancione con cuarenta años
a funcionarios que desaparecen
a personas y con treinta años
a los civiles que desaparecen a
una persona, pero quieren indultar,
perdonar y enaltecer -incluso-
a personas que promovieron
esas desapariciones; entonces
eso no es devolver la
dignidad a las víctimas, máxime
cuando las personas que sufrieron
en el pasado sufren en el
presente.
-¿Por qué el Estado salvadoreño
está volviendo al pasado?
A mí me gustaría tener un
presidente más consultivo, que
fuera el coordinador, responsable,
que llevara la conducción
del país, pero no que ordenara
o mandara, porque solo en los
regímenes dictatoriales se entiende
este manejo, porque en
los regímenes democráticos se
someten a votación; entonces
no me parece apropiado que se
hagan cosas buenas que parecen
malas. Un caso claro, si hay
problemas de salubridad en empresas
me parece correcto aplicar
la jurisprudencia que corresponde
y que inspeccione y sancione.
Pero en el mismo equilibrio
debe ser en todas las empresas
del ramo. Yo no se adónde
hay más insalubridad, si en el
centro de San Salvador, la puerta
del Hospital Rosales o el Mister
Donuts. Y no estoy defendiendo
a esta empresa, porque
tiene capital para mejorar todas
las condiciones que tengan
deficientes, cosa que no tienen
las otras personas sentadas en
la puerta del Hospital Rosales;
porque en el fondo estamos hablando
de la defensa de la salud
del consumidor salvadoreño.
-¿Justicia inequitativa o
ausencia de justicia?
Yo no entiendo por qué se
esta masificando de nuevo el encarcelamiento,
los privados de
libertad tienen derechos y precisamente
en un Estado democrático
se le asignan derechos y
respetan a los privados de libertad.
Así como los que somos
respetuosos de la ley, porque todos
tenemos derechos, no importa
que haya cometido errores
y que por ello reciba su sanción
a todos los niveles; pero
aquí no pasa esto. Hay personas
que pasan seis meses en fase de
investigación, porque la incapacidad
del órgano de justicia le
niega esos derechos. Aquí tenemos
a las víctimas, treinta años
después, sin justicia.
-¿Considera que hay funcionarios
no aptos en materia
de derechos humanos?
La Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos
(PDDH) fue creada para
defender a la población de los
excesos o agravios que cometa
el Estado, y con la elección reciente
del procurador de Derechos
Humanos, acaban de dejar
desprotegida a la sociedad de
los abusos del Estado; fue una
elección pública, pero no transparente.
Y llama la atención que los
grandes problemas como la violencia,
delincuencia, los recursos
naturales, elijan un funcionario
público que impide a las
mujeres decidir sobre su cuerpo,
se declara en contra del matrimonio
igualitario de la población
LGBTI y que atente contra
la memoria histórica. Esto preocupa,
porque son las demandas
de la Asamblea Legislativa
para designar al procurador de
DDHH y al fiscal general de la
República.