En Obra 181 para web

REVISTA OFICIAL DE APPCU / NOVIEMBRE 2019
Editorial
Hacia el desarrollo
POR ANÍBAL DURÁN
AÑO 24
181
DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN AL PROMOTOR
DR. IGNACIO DURÁN
Resoluciones del Poder Judicial en Lavado de Activos
ESC. STEFANIE CASTELLANO
DRA. GIOVANNA LORENZI
El régimen aplicable al corretaje inmobiliario
DRA.VICTORIA NOTARI
DRA.FLORENCIA TARRECH
Ley de Inclusión Financiera y su aplicación
en el sector de la construcción
Economía
DOS MEDIDAS QUE DEBERÍA ASUMIR
EL NUEVO GOBIERNO, ESCRIBEN:
EC. MARIA DOLORES BENAVENTE
EC. JAVIER DE HAEDO

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EDITORIAL
Hacia el desarrollo
Los países bien dirigidos y consecuentemente mejor preparados, afrontan con
otra perspectiva las situaciones adversas que suceden.
Es valor entendido, que la etapa de desarrollo de un país determinado, no equivale
estrictamente a los productos de ese desarrollo (por ejemplo, la tecnología
avanzada), sino a una condición previa: una actitud de seriedad, de responsabilidad,
de conductas probas, socialmente compartida.
Si el mundo industrializado supo diseminar las computadoras, es porque previamente
desarrolló el hábito de archivar minuciosamente sus datos en carpetas, en
bibliotecas.
Los anglosajones priorizaron algo sencillo y banal, como ser puntuales y ordenados.
Sin duda la clave del desarrollo al que tanto aspiramos, no consiste en cambiar
nuestra maquinaria, sino en cambiar nuestra conducta producto de una mente
anquilosada.
Viene a cuento otra distinción. Desarrollo y riqueza.
Un país que crece por el alto precio de sus materias primas (nos pasó) o las bajas
tasas de interés, es desarrollado?
De ninguna manera
Un país es rico, cuando obtiene altos precios por sus bienes. Esto puede depender
de circunstancias coyunturales (por ejemplo, la posesión de petróleo). Kuwait tal
vez sea rico; ¿pero es desarrollado?
Corea del Sur, seguramente sea menos rico que Kuwait, pero es desarrollado,
no porque posea bienes altamente cotizados en el mercado internacional, sino
porque ha puesto en marcha un proceso que le permite explotar al máximo sus
propias posibilidades humanas y naturales. Como los países nórdicos o Nueva
Zelanda .
Obviamente el país que comienza a desarrollarse, a la larga conseguirá la riqueza.
A los países desarrollados los afectan por cierto calamidades naturales, como la
sequía, un terremoto, o calamidades financieras, pero precisamente como son desarrollados,
consiguen minimizar el impacto a través de la organización racional
de su economía y la puesta en marcha de ciertos valores.
Los países no desarrollados, pueden beneficiarse de circunstancias excepcionales
pero justamente por no ser desarrollados, esa buena suerte es solo eso y cuando

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Eduardo Steffen.
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Editorial
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la misma. Fotos propiedad del
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para uso exclusivo en esta
revista en su versión impresa
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los abandona, los vuelve a dejar tan menesterosos como antes.
Para nosotros, subdesarrollados, el desafío es ascender cuanto antes
al nivel que han alcanzado otros países, lejos todavía de la condición
de los dioses, pero ya no sometidas a su cambiante humor.
Lo expresado viene a cuento, por la inercia de nuestro país, en
cuanto a cambios de fondo. El crecimiento será sostenido cuando
ESTRUCTURALMENTE EL PAÍS CAMBIE. Cuando se comience a
hablar todos los días de los temas que nos importan; cuando imperen
POLÍTICAS DE ESTADO en temas medulares, que trasciendan a un
período de gobierno.
Cuando establezcamos CONSENSOS, que es la forma que han adoptado
los países que hoy son desarrollados.
El cambio es cultural e imperioso. El desarrollo es en el fondo, el
diseño y la adopción de una serie de valores que modifican nuestra
conducta. La responsabilidad, la puntualidad, el orden, la buena disposición
a recibir los cambios, están entre ellos. Lo dijo Darwin: “no
es la especie más fuerte ni la más inteligente la que logra sobrevivir,
sino la que logra la mejor y más rápida adaptación al cambio “.
La verdadera riqueza de las naciones está en sus personas, para ello
es necesario crear capacidades humanas, aumentar el espectro de
actividades que las personas pueden desarrollar a lo largo de su vida.
Así las cosas, deben acceder a a los recursos necesarios para tener
una vida decorosa y digna.
Lo observado se da de bruces con la calidad educativa que determina
que estemos en las antípodas de ser un país desarrollado…
En el ínterin, deambulamos con la mediocridad, desde hace muchos
lustros, mezquino destino que no debemos legarle a las generaciones
venideras.
Corresponde abonar el campo de la esperanza y que el nuevo gobierno,
esté a la altura de las circunstancias.
Aníbal Durán

Acto electoral
El pasado 27 de noviembre y de acuerdo a Estatutos de la gremial, se realizó un nuevo comicio electoral,
saludable costumbre que se ejerce en APPCU cada dos años.
Fue ungido Presidente, el Tec. Constructor Ignacio González, director de González Conde Construcciones,
secundándolo en la vicepresidencia, el Ing Alvaro Piñeyrúa, director de Piñeyrúa Construcciones.
Dos hombres jóvenes al frente de APPCU, hombres del metier, transitan sus jornadas por la obra, pero
además empapados de los distintos problemas que aquejan al sector. Es decir, sin duda una elección
acertada de la masa social.
Además estarán muy bien acompañados, tienen allí ustedes la lista de directivos que asumirán funciones
por los próximos dos años.
Compete agradecer al Presidente saliente, Dr Daniel Zulamián, su generosidad, su tiempo, su talento en
pos de APPCU, haciendo honor una vez más a la sucesión de Presidentes que hemos tenido desde la fundación
de la Asociación, comenzando por Ricardo Weiss, Carlitos Feder, Samuel Tieger, Ariel Cagnoli,
Eduardo Steffen y el ya mencionado, Daniel Zulamián.
Nos han honrado con su gestión, cada uno con su impronta, pero con talento, responsabilidad y hombría
de bien, han sido cultores de una tradición virtuosa que no se extinguirá.
SALUD NOVELES DIRECTIVOS
Periodo Diciembre 2019 - Noviembre 2021
Presidente:
Téc. Const. Ignacio González (González Conde Construcciones)
Vicepresidente:
Ing. Alvaro Piñeyrúa (Ing.Piñeyrúa Construcciones)
Secretario General:
Arq. Matías Coll Peri (Campiglia Construcciones)
Prosecretario General:
Arq. Pablo Gejer (Gejer–Jablonka–Bartfeld)
Tesorero:
Arq. Luis Eduardo Casaretto (TDI)
Protesorero:
Arq. Gabriel Mazzucchelli (BM+M Arquitectos)
Vocales:
Arq. Elena Svirsky
Téc. Constr. Estevan Regueira (Construcciones Palma)
Arq. Santiago Cagnoli (Cagnoli Arquitectos)
Arq. Alvaro Piña (Estudio Arquitecto Piña)
Arq. Fernando Rodríguez (Basirey S.A)
Sr. Mario Bellizzi (Hidroservice SRL)
Cr. Javier Lázaro (Altius Group)
Cr. Gaetano Candia
Téc. Constr. Alejandro Boado (AB Construcciones S.A.)
Ing. Alvaro Piñeyrúa y el Téc. Constructor Ignacio González

ECONOMIA
14
María Dolores Benavente y
Javier de Haedo informan sobre
“dos” medidas económicas que debería
asumir el nuevo gobierno

INFORME DE EC. MARÍA DOLORES BENAVENTE:
Libre comercio y presupuesto base cero
1. Promover todas las formas posibles de integración
comercial a través de firma de tratados de libre comercio
con la mayor cantidad de países posible.
Un país de poco más de 3 millones de habitantes sólo puede
tener eficiencia económica si se inserta en el concierto
internacional.
En Uruguay, la relación entre la evolución del Comercio
exterior (Exportaciones más Importaciones) y el PBI es
prácticamente perfecta.
Por eso preocupa que el Coeficiente de apertura (X+M)/PBI
se encuentre en franca caída a partir del año 2008.
En efecto, en dicho año alcanzó el 49% y hoy se encuentra
en 28%, en sintonía con un “barrio” proteccionista como
es el formado por Argentina y Brasil, cuyos coeficientes de
apertura también rondan el 30%.
A un país de las dimensiones de Uruguay le va la vida en
lograr una adecuada inserción internacional.
Así lo ha entendido la Academia Nacional de Economía,
que ha dedicado nada menos que once ciclos lectivos a
este tema y varios premios, entre ellos, los más recientes:
Curbelo y Magnífico 2017 y 2018, así como jóvenes economistas
que ya brillan con luz propia como Hernán Bonilla
y Nicolás Albertoni.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Comercio exterior y PBI
Exportaciones +
importaciones de bienes
PBI
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
60.0 %
50.0 %
40.0 %
30.0 %
20.0 %
10.0 %
0 %
Coeficiente de apertura comercial (X+M) / PBI
1955
1958
1961
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
1955
1958
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1967
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2006
2009
2012
2015
2018
2. Aplicar presupuesto base cero en todas las áreas
del gobierno de manera a racionalizar los recursos
materiales y humanos que tiene que sustentar la
sociedad para el funcionamiento del Estado
Ya en el año 2002, en el trabajo preparado para la
Red de Gestión y Transparencia del Diálogo Regional de
Política del Banco Interamericano de Desarrollo, Filgueira,
Heredia, Narbondo y Ramos señalaban que la relación
entre funcionarios estatales y población era en Uruguay de
6.8%, mientras que en el promedio latinoamericano era de
3.88%.
Esto implicaba que de los 250.000 funcionarios, había un
excedente de aproximadamente 100.000 personas.
Actualmente la cifra de funcionarios trepó a 312.565, con
lo que el problema se ha agravado aún más.
En palabras de los autores de la citada publicación: “Uruguay
nunca se caracterizó por un buen puntaje en lo que
corresponde a la dimensión de competencia neutral.
El estado uruguayo ha sido siempre “politically responsive”.
Pero lo ha sido, esencialmente, a las lógicas del poder fraccional
de los partidos.
No ha sido depredador, pero tampoco ha sido racional.
En contextos de abundancia esta combinación era tolerable.
En contextos de escasez, es inaceptable”.
A ello se agrega que junto al excesivo número de empleados
estatales, se desarrollan otros gastos no personales
igualmente importantes.
Aún respetando la cadencia natural de jubilaciones y
bajas de personal estatal (en el entorno de 7% por año), el
ahorro en salarios sería considerable: unos 450 millones de
dólares anuales(*), esto es, 0,8% del PBI. Si a ello se agrega
el ahorro en gastos de funcionamiento asociados, la cifra
trepa a casi un punto del PBI.
Como no en todos los casos se podrá aplicar la no renovación,
de allí la necesidad de ir viendo en cada área del
Estado, las verdaderas necesidades humanas y materiales,
de manera de tener una proyección de reducción de gasto
certera y efectiva en el corto y mediano plazo.
(*) Se utilizó el salario promedio del sector público de 2018 según estudio
publicado en Búsqueda https://www.busqueda.com.uy/nota/elestado-paga-mas-que-el-sector-privado-por-empleados-con-educacion-baja-o-media-pero-menos,
ajustado con el incremento salarial
público de 2019 y se estimaron gastos de funcionamiento asociados
del 20%).. A su vez, en el caso de las jubilaciones, parte de las
mismsas seguirán integrando el gasto público (por el tramo BPS).
15

ECONOMIA
INFORME DE EC. JAVIER DE HAEDO
Dos medidas, lo urgente y lo importante
ME PIDEN QUE EXPONGA AQUÍ Y AHORA DOS MEDIDAS QUE DEBERÍA ADOPTAR EL
NUEVO GOBIERNO, SIN DILACIÓN. Y ELIJO UNA URGENTE Y UNA IMPORTANTE.
Sobre la urgente, creo que no hay alternativas: el necesario
ajuste de las finanzas públicas.
Si nos atenemos a lo dicho por los candidatos en la campaña
electoral, no da para ser muy optimistas. Uno apostaba a que el
mero crecimiento económico lo resolvería todo, y el otro a que
bastaba con ajustar los gastos.
Un colega demostró que para que se diera lo primero, se
debía crecer a tasas chinas por una década. Por mi parte, me
he cansado de explicar que los gastos son duros de bajar y que
cuando asuma el gobierno poco podrá hacer en lo inmediato
para bajarlos de manera relevante.
Por lo tanto, creo que no hay otra alternativa que ir por el
lado del aumento de los impuestos y en ese sentido me he expresado
favorable a que sea el IVA la piedra angular del ajuste.
Esto permitiría dar una clara señal de que la tendencia alcista
del déficit se interrumpirá y que en el primer año él estará
por debajo de 4% del PIB.
Luego, con más tiempo por delante, hay que producir un
nuevo presupuesto que lo ponga todo en discusión, que no dé
por bueno lo que existe y que genere ahorros ciertos a lo largo
del quinquenio; esto sería clave para llevar lo antes posible al
déficit al objetivo de 2,5% del PIB. Este objetivo es válido en la
medida en que la inflación se mantenga en el rango habitual
con eje en el 8%. Pero si se la quisiera llevar, como debería
ocurrir, al centro del rango meta (5%), aquel objetivo debería
bajar al 2% del PIB.
idea que a los efectos de diseñar los lineamientos generales de
la reforma, primero se convocara a los técnicos de los partidos
políticos, especialistas en seguridad social, entre quienes es
posible que haya mayores consensos que entre los dirigentes
políticos.
Esta reforma debería volver a ajustar los parámetros del sistema
previsional, como se hiciera en 1996, de modo de adecuarlos
a la nueva realidad demográfica, que en un cuarto de siglo
ha tenido cambios relevantes. Sin ir más lejos, en la esperanza
de vida al llegar a la edad de retiro.
También debería corregir, en la medida de lo posible, la flexibilización
en las condiciones para el acceso a una pasividad
que dispuso la referida ley de 2008.
Dicho sea de paso, sería deseable que, en el contexto de una
nueva reforma previsional, no se dejaran por fuera del régimen
general a otros regímenes que existen dentro del sector público
y cuyos parámetros nada tienen que ver con los de aplicación
general.
Ambas medidas planteadas apuntan en definitiva a lo
mismo: a mejorar las cuentas públicas desde su situación
actual, que es insostenible. La primera es una medida urgente
y de aplicación inmediata. La segunda, por sus características,
generará resultados en forma lenta y progresiva, y entonces
no es tan urgente pero sí muy importante. Con la primera, de
algún modo, se busca apagar el incendio, y con la otra, mejorar
la estructura del edificio.
16
Sobre la importante, admito
que hay varias medidas posibles:
la reforma de la enseñanza pública,
una nueva gobernanza para las
empresas estatales, la reforma laboral
que restablezca el equilibrio en esa
área, una nueva reforma previsional
casi un cuarto de siglo después de la
última, una nueva inserción internacional,
entre otras. Y entre todas ellas
me quedo con la necesaria reforma
previsional, máxime después de los
dos goles en contra que se hicieron,
primero en 2008, con la llamada “ley
de flexibilización”, y luego en 2018,
con la de los “cincuentones”.
En este caso, el nuevo gobierno
debe procurar el consenso más amplio
que sea posible y sería una buena

18
LAVADO

Dr. Ignacio Durán
Socio de A L & C
Especialista en
Derecho Penal
Económico
ENTRE LA PRESCRIPCIÓN NORMATIVA Y LA REACCIÓN FORENSE
Cómo reacciona el
Poder Judicial con los
sujetos obligados
EL TEMA QUE NOS CONVOCA ES LO QUE PUEDE SUCEDER,
PARA UN DETERMINADO SUJETO OBLIGADO -ESCRIBANO,
INMOBILIARIO, REMATADOR, PROMOTOR O ALGUIEN
VINCULADO AL RUBRO DE LA VENTA DE INMUEBLES- CON
DETERMINADA ACCIÓN U OMISIÓN A LA HORA DE CONCRETAR
UN NEGOCIO O DE ASESORAR A UN CLIENTE.
A nivel jurisprudencial, el tipo penal que se les suele
imputar en estos casos es el delito de asistencia al lavado,
tipificado en el art. 57 del D. L. 14.294, en la redacción dada
por Ley 17.016.
Más recientemente, la Ley 19.574 de diciembre de 2017
tipifica en el art. 33 el delito de asistencia, en términos
muy similares o casi idénticos al que ya regía en la Ley
17.016. Dice la norma: «El que asista al o a los agentes de
la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente
ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el
resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de
la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus
acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento,
será castigado con una pena de doce meses de
prisión a seis años de penitenciaría».
En buen romance, comete el delito de asistencia al lavado
el que ayuda a convertir fondos o recursos provenientes
de actividades ilícitas, ocultándose su procedencia. Estos
fondos derivados del lavado de activos son los que ingresan
luego al mercado, con la apariencia de fondos lícitos, y una
vez allí, quedan legitimados para ser usados en otras actividades
legalmente constituidas en la economía del país.
19

LAVADO
20
Como operador del derecho, lo que veo
con más preocupación respecto de normativa
vigente -y de lo que nos exigen autoridades
nacionales e internacionales- son los
inconvenientes que se pueden suscitar en
torno al secreto profesional y el proactivo
accionar que se les exige a los sujetos obligados
para que, eventualmente, no queden
atrapados en el delito.
Esto afecta cada vez más la libertad de
trabajo de los profesionales, en mayor o menor
medida y cualquiera sea el sujeto obligado.
En este sentido, recibimos recurrentes
quejas de los clientes: ¿acaso somos la DGI?
Y es que la nueva normativa, cada vez
más celosa y exigente, designa a los profesionales
como sujetos obligados a colaborar
en la lucha contra el lavado de activos, lo
que supone en algunos casos la obligación
de denunciar (ROS) hasta a tu propio cliente
y en secreto, toda vez que adviertas o sospeches
que pueda haberse verificado alguna
de las hipótesis de lavado de activos. Así
me dijo una vendedora de inmuebles: «Pero,
doctor, si reporto solo porque tengo dudas,
me pierdo la comisión de la venta». Meses
después fue procesada por este delito.
Con ello, hemos advertido una suerte
de paranoia profesional, ya que al sujeto
obligado muchas veces se le exige ser tan diligente
y precavido que hasta parecería ser
que debiera subrogarse a las tareas propias
de la policía. Entonces nos preguntamos
hasta dónde debe llegar el due diligence o el
know your customer. ¿No se torna invasivo
y hasta desmedido?
Una cosa debe quedar clara: asesorar no
implica prestar asistencia material ni cualquier
otro tipo de ayuda en la conservación
u ocultamiento de los bienes.
Será el cliente, en definitiva, quien
elija qué decisión tomar, pero nadie puede
privarlo del derecho constitucional a tener
un debido asesoramiento. Porque una cosa
es lo que prescribe la norma -el texto legal
analizado de forma piedeletrista- y otra muy
distinta es cómo reacciona el poder judicial
ante una conducta de este tipo.
¿Qué supone, entonces, asistir al lavado
según el criterio de un fiscal o de un juez, y
cómo proceden en estos casos?; ¿qué debe
hacer o dejar de hacer el sujeto obligado
para no cometer la conducta atípica pasible
de reproche penal?; si hay sospechas del
cliente, ¿alcanza con una búsqueda de
información en un portal de internet o debo
acceder a una base de
datos más sofisticada?
“...hemos advertido
una suerte de paranoia
profesional,
ya que al sujeto obligado
muchas veces se le exige
ser tan diligente y
precavido
que hasta parecería ser
que debiera subrogarse
a las tareas propias de
la policía.”
Intentaré abordar y
evacuar -de forma sintética
y con referencias de
casos reales- las dudas
que surgen al respecto
en la práctica profesional
y señalar cuáles son
algunas de las reacciones
o criterios de los órganos decisores. Claro
está que después va a depender del fiscal
interviniente que por turno corresponda y,
en última instancia, de la palabra final del
magistrado.
En los últimos años, hubo dos casos emblemáticos
en la Justicia Especializada en
Crimen Organizado que merecen especial
atención:
1) El pedido de procesamiento a cargo
del fiscal en crimen organizado, Dr. Luis
Pacheco Carve, solicitado para la escribana
pública interviniente en el caso del cártel
mexicano conocido como Los Cuinis, causa
que finalmente fue archivada por resolución
de la Dra. Beatriz Larrieu.
2) El caso de la ruta del dinero K, causa

LAVADO
22
que se archiva respecto del escribano y el
agente inmobiliario interviniente.
En relación con el primer caso, desde
2009 y a partir de la sanción de la Ley
18.494, los escribanos figuran entre los sujetos
obligados a informar al Banco Central
del Uruguay las transacciones que en los
usos y costumbres de la profesión resulten
inusuales, se presenten sin una justificación
económica o se planteen con una complejidad
injustificada. El Decreto 355/010, de
2 de diciembre de 2010, reglamentó las
obligaciones de los escribanos.
Si bien la escribana indagada afirmó
haber cumplido con las reglas de la debida
diligencia -entre ellas, haber acudido a
la World Check Information-, y así lo estampa
en las sucesivas escrituras de compraventa,
de las pruebas incorporadas al
presente expediente resulta en principio
lo contrario. En efecto, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 del mencionado
Dec. 355/010, la escribana se
hallaba obligada a aplicar procedimientos
de debida diligencia en ocasión de
la compraventa del bien inmueble XXX,
pues así lo justificaba la importancia de la
operación y porque la profesional carecía
de información suficiente sobre el cliente.
Pero surge de sus declaraciones en sede
judicial que únicamente chequeó la
carpeta personal de la cliente en el Banco
XXX de Punta del Este, pero no acreditó
que hubiera cumplido en la oportunidad
con todas las exigencias que para la
verificación de la información pauta el
artículo 4 del Dec. 355/010, en materia de
personas jurídicas (recuérdese que en este
caso una persona jurídica era la compradora
del inmueble). […] debieron aplicarse
los procedimientos de “debida diligencia
intensificada” (arts. 7 y 8 literal b del Decreto
355), pues se trataba de una operación
de “mayor riesgo” por intervenir clientes no
residentes, por tratarse de una sociedad
anónima extranjera y por superar el monto
de la operación los USD 100.000.
No surgiendo de lo declarado por la
escribana que hubiera procedido en su
totalidad con los criterios indicadas en el
artículo 9 del Dec. 355/010, fundamentalmente
en cuanto a exigir los antecedentes
societarios, ni en lo relativo al volumen
de los ingresos, ni al origen de los fondos
manejados en la transacción, ni a la
indagatoria del beneficiario final de la
operación […] consta que posteriormente,
y hasta el año 2016, se sucedieron una
multiplicidad de negocios inmobiliarios,
creaciones de sociedades anónimas,
transferencias de acciones, compraventas
de inmuebles y vehículos por parte de los
caseros del matrimonio XXX, certificaciones
y autenticaciones varias, muchas de
ellas notoriamente inusuales, sin que constare
actividad laboral o comercial alguna
en el país por parte de los clientes de la
escribana y sin que esta actualizara la
información relativa a estos; según su propia
admisión: “Mi último chequeo había
sido en el 2012-2013”. Bastaba acudir a la
información proporcionada en cualquier
portal de búsqueda por internet (por ej.,
Google), para advertir que el apellido XXX
se hallaba vinculado a un cártel de narcotraficantes
mexicanos y las informaciones
sobre dicho clan criminal aumentan a
medida que transcurren los años.
Asimismo, XXX, clienta de la escribana,
fue incluida en 2015 en la Lista de Narcotraficantes
Especialmente Designados, por
parte de la Oficina de Control de Activos
Financieros del Departamento del Tesoro
de EEUU.
No obstante ello, emerge que la
escribana XXX continuó trabajando para
sus clientes. Es recién en 2016, cuando la
escribana XXX -tardíamente- formula reportes
de operaciones sospechosas (ROS)
al Banco Central del Uruguay, una vez que
se publican en informaciones de prensa
investigaciones sobre los Panama Papers
y recibe comunicación del Estudio Mossack-Fonseca
relativa a sus clientes. […] La
actuación de la escribana se enmarca
así, a criterio del fiscal, en la conducta de
asistencia a los agentes del delito de lavado
de activos, previsto en el artículo 57 del
D.L. 14.294, en la redacción dada por Ley
17.016. Por las consideraciones expuestas,
la Fiscalía solicitó el procesamiento de la
escribana XXX y el embargo genérico a
su respecto.
El segundo caso ocurre en 2013, a partir
de una denuncia presentada por los diputados
argentinos Ocaña y Garrido, quienes
pusieron en conocimiento de la Justicia hechos
que eventualmente podían configurar
conductas delictivas perpetradas en nuestro
país, como resultado de investigaciones judiciales
que se llevaban a cabo en Argentina
respecto de presuntos delitos de defraudación
tributaria y corrupción pública.
La denuncia hace mención de una «estructura
societaria y bancaria en el exterior»
(Uruguay) montada por el Sr. Lázaro Báez,
con la finalidad de reciclar dinero de origen
ilícito.
A juicio de la Fiscalía interviniente, los
elementos de convicción obrantes en
autos no fueron suficientes para atribuir responsabilidades
penales a los indagados
el escribano XXX, el agente inmobiliario
XXX, el escribano XXX, el contador XXX y
el Sr. XXX, por lo que dispuso el archivo de
las actuaciones. En efecto, respecto de la
actuación del escribano XXX y de agente
inmobiliario XXX, quienes intervinieron en
la compra del campo El Entrevero y del
padrón Nº 706, se advierte en todo caso
un eventual incumplimiento de disposiciones
reglamentarias que previenen el
lavado de activos, que motivara inclusive
la aplicación de sanciones administrativas
impuestas por el Banco Central del
Uruguay. No obstante, es claro que las acciones
penales y administrativas son independientes
y que no todo incumplimiento
de normas reglamentarias conlleva por
sí solo la configuración de una conducta
delictiva; en el caso, no se han logrado
evidencias que demuestren la intención
de los operadores de asistir a los agentes
de la actividad delictiva, como exige el
artículo 57 del D. L. 14.294, y la conducta
meramente negligente o despreocupada
no es tipificada como delito.
Con relación a los restantes indagados,
las explicaciones brindadas en sus respectivas
declaraciones indagatorias fueron
suficientes, según el fiscal, para descartar
cualquier vínculo doloso con las maniobras
presuntamente delictivas.
Consejo profesional
Más allá de la casuística y las opiniones
con las que nos podamos encontrar en práctica
profesional, hay que tener en cuenta
que para la configuración de un delito se
debe partir de una pauta consagrada a nivel
internacional en los últimos años, que se
conoce como la willful blindness o ceguera
intencional.
Esto supone que la ley solo debe castigar
cuando se está ante una indiferencia
e irresponsabilidad intencional de los
profesionales intervinientes, quienes frente
al conocimiento del origen delictivo de los
fondos -o pudiendo preverlo- igualmente
guardan total silencio, permitiendo que los
autores incrementen su patrimonio o conviertan
los dineros o bienes de procedencia
ilícita en apariencia de licitud.
En definitiva, como dice el autor Clemente
Vásquez, la «doctrina de la ceguera intencional
es pues un método para mostrar que
el acusado realmente tenía conocimiento de
la actividad ilegal y que no tenía la posibilidad
de conocer de ella». Y la ignorancia
deliberada es la postura «de quien pudiendo
y debiendo conocer la naturaleza del acto o
colaboración que se le pide, se mantiene en
posición de no querer saber, pero no obstante,
presta la colaboración que se le pide».

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DERECHO
Por Esc. Stefany Castellano y
Dra. Giovanna Lorenzi
El régimen aplicable al corretaje
inmobiliario ¿es comercial o es civil?
Su incidencia práctica
LA DOCTRINA CIVILISTA E INCLUSO ALGUNOS AUTORES COMERCIALISTAS, ABOGAN
POR LA NATURALEZA CIVIL DEL CORRETAJE, ENTENDIDO COMO LA ACTIVIDAD
DE MEDIACIÓN REALIZADA POR UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA PONER
EN CONTACTO A DOS O MÁS PERSONAS PARA QUE CELEBREN UN DETERMINADO
CONTRATO (POR EJEMPLO DE ARRENDAMIENTO O DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES)
EN EL CUAL EL CORREDOR NO INTERVIENE A NINGÚN TÍTULO.
En el mismo sentido (de que se trata de un contrato civil), lo entiende buena parte de la
jurisprudencia siguiendo a los Dres. Gamarra y Larrañaga.
Ahora bien, paradójicamente es el Código de Comercio el que regula expresamente el
corretaje como acto de comercio (en su artículo 7 numeral 2°) y tiene también un estatuto
especial para los corredores en el cuerpo de su articulado.
Ante esta dicotomía ¿qué sucede, por ejemplo, si la comisión no es paga por el comitente
y la inmobiliaria quiere reclamar el pago? Pues justamente la solución variará según la
naturaleza que le adjudiquemos al contrato de corretaje.
Definamos los conceptos. Entendemos a la inmobiliaria como la persona física o jurídica
que se dedica profesionalmente a la mediación entre la oferta y la demanda de inmuebles
(corretaje) y que consumada esta mediación cobra de su cliente (el comitente) la comisión
pactada (la que generalmente asciende a un 3% más IVA).
A grosso modo, el ejemplo típico: el cliente (comitente) celebra un contrato con la inmobiliaria
a efectos que le “acerque” interesados en comprar su propiedad. La tarea de la
inmobiliaria es, ontológicamente, lograr ese acercamiento. La inmobiliaria tiene derecho al
cobro de la comisión cuando logró el negocio que su cliente le encomendó (en el ejemplo:
vender su casa).
24
La naturaleza del contrato de corretaje (comercial o civil) incide directamente en al
menos dos cuestiones de una dimensión práctica muy importante, como lo son a partir de
cuándo se genera el derecho a la comisión y cuál es el término de prescripción para reclamar
el cobro de la misma.
Antes de ingresar a los argumentos doctrinarios y jurisprudenciales que apoyan una u
otra posición, delimitaremos el impacto en relación a estos dos puntos señalados.

Derecho a la comisión
Si se considera que el corretaje inmobiliario
es comercial, la comisión se genera
en principio, salvo que las partes (cliente y
corredor) pacten lo contrario, una vez que
se concreta la operación definitiva (por
ejemplo, la compraventa del inmueble)
sin que los esfuerzos de mediación previa
ejecutados por el corredor sean retribuidos
si no se concreta el negocio.
Si en cambio, en base a los argumentos
que se explicitarán y que ha sostenido prestigiosa
doctrina, se entiende que el corretaje
es civil, no necesariamente se requiere el
acaecimiento del resultado definitivo ya
que estaríamos ante un arrendamiento de
servicios regulado por el artículo 1834 del
Código Civil, bajo el cual se establece en su
inciso primero que el principio es la onerosidad
“El que hiciere algún trabajo o prestase
algún servicio a otro puede demandar
el precio, aunque ningún precio o retribución
se hubiese ajustado, siempre que el
tal servicio o trabajo fuese de su profesión
o modo de vivir honesto. En este caso se
presumirá que los interesados ajustaron el
precio de costumbre para ser determinado
judicialmente, si hubiera duda”. En base
a esta norma, correspondería abonar una
retribución al corredor aún cuando la operación
no se concrete.
En efecto, se plantea la cuestión de
cuándo nace el derecho de la inmobiliaria
al cobro de la comisión, si es suficiente
la actividad desarrollada con la mayor
diligencia por parte de la inmobiliaria (obligación
de medios propia del arrendamiento
de servicios) o si se requiere el efectivo
acaecimiento de un resultado (la concreción
del negocio encomendado) y sobre este
último punto está la clave. En tanto, una
cosa es sostener que la firma del contrato
preliminar o incluso el boleto de reserva
es la que genera el derecho al cobro de la
comisión – pudiendo las partes retractarse
antes de la compraventa definitiva mediante
el pago de la pena- y otra, es sostener que
se genera con la compraventa definitiva.
Si miramos la jurisprudencia argentina,
que siempre es útil como referencia dada
la escasez casuística en nuestro país, en
un fallo dictado por la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial, sala B,
en 2013, en los autos “Citati, Estela Luisa
Rosario c. Bologna, Gabriela Fernanda y
otro s/ordinario”, el tribunal reconoció que
la retribución del intermediario se halla
subordinada a la existencia del negocio
concluido (en consonancia con los artículos
1345 y ss. del Nuevo Código Civil y
Comercial.) (1)
En nuestro país, la tesis mayoritaria es
que la comisión se debe al momento de la
firma del compromiso de la compraventa
pero, sometida a una condición suspensiva
(tesis de Gamarra y Larrañaga en ADCU
TXVII, pág. 206 y ss.) de que se celebre el
contrato de compraventa definitivo. Esto es,
de no cumplirse la condición (otorgamiento
de la compraventa definitiva) no se debe la
comisión pactada. En este caso, debe probarse
tanto la conclusión del negocio como
el nexo causal entre dicha conclusión y la
actividad del corredor.
En esta misma línea, la Sentencia
25

DERECHO
26
N°58/2016 del Juzgado Letrado Civil
16° turno, de fecha 5/X/2016, rechaza la
reclamación de un corredor inmobiliario
por entender que la firma de un contrato
preliminar no importa concluir el negocio
principal, se trata de un acto preparatorio
o pre-negocial que no genera el derecho al
cobro de una comisión.
En conclusión, debe tenerse presente que,
si bien el pago de la comisión generalmente
se efectúa conjuntamente con el compromiso
de compraventa, el acto preparatorio o
pre-negocial no importa negocio concluido
y en el entendido de la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria, este no genera per se
derecho al cobro de la comisión por dicho
concepto.
¿Implica esto necesariamente una
definición acerca de la naturaleza jurídica
del corretaje? Entendemos que si bien no
directamente, al menos puede inferirse que
la jurisprudencia actual no lo considera un
arrendamiento de servicios en la medida
que solamente el despliegue de los servicios
de mediación por parte del corredor, no
genera, salvo pacto en contrario, derecho
a retribución, lo que es de orden bajo el
Código Civil.
Prescripción del derecho al cobro
En caso que se arribe a la conclusión de
que el corretaje es comercial, el corredor inmobiliario
que no ve satisfecho su derecho
al cobro de la comisión, tiene un plazo de
6 meses para interponer la acción, según lo
dispone a texto expreso el artículo 1023 del
Código de Comercio.
Por el contrario, si se considera que el corretaje
inmobiliario es una operación civil,
la acción es de carácter personal por lo que
prescribiría a los 20 años, según el régimen
general.
Argumentos en uno y otro sentido
La disputa teórica viene de larga data.
Antes del año 1948, se sostenía la naturaleza
comercial del corretaje inmobiliario. Luego,
desde el año 1948 y a partir de una Sentencia
del Dr. Reyes, después refrendada por
la Suprema Corte de Justicia en el año 1952
y sustentada en gran parte hasta nuestros
días, se ha entendido que para dilucidar el
punto hay que estar a la naturaleza accesoria
del corretaje, por lo que en tanto y cuanto,
accede a un negocio principal que es civil
por antonomasia (la compraventa de inmuebles
es un acto civil por expresa disposición
del Código de Comercio en su artículo 516),
se lo debe considerar un contrato civil.
Pero aún si se lo entendiera un contrato
civil, afloran discrepancias en cuanto a qué
contrato es y la regulación a aplicar dentro
del propio Código Civil (si la de arrendamiento
de obra o la de arrendamiento de
servicios). En efecto, se aprecian en jurisprudencia
fallos más antiguos que consideraron
al corretaje como un arrendamiento de
servicios, pasando por fallos más recientes
que lo consideran un arrendamiento de obra
y finalmente fallos de la Suprema Corte de
Justicia que lo consideran un contrato innominado,
regido por normas propias, que no
coinciden con la que regulan ninguno de los
contratos previstos en el Código Civil.
Incluso más, quienes se inclinan por
una y otra solución también presentan
discordancias entre sí, en cuanto a las notas
características de la figura. Así, por nombrar
una, para Bolaffio, el corretaje es comercial
cuando lo realiza un corredor profesional
matriculado o cuando accede a una operación
mercantil (comercialidad objetiva), posición
que nuestra jurisprudencia no respalda
(sentencia 83/2010 de TAC 1°) y tampoco
lo hacía la argentina antes del nuevo código
(si bien el viejo articulado tenía la solución
contraria, reclamando la matriculación, la
jurisprudencia por la vía de los hechos era
más benévola y no lo requería).
Es claro que no se puede desconocer la
figura del corredor de hecho y su incidencia
práctica, en tanto no existe ninguna
prohibición legal que impida a una persona
dedicarse a la actividad de mediación en
un esquema de libertades garantizadas
por nuestra Constitución (artículos 7, 36,
72). Sería también un poco absurdo hacer
depender la comercialidad de un acto a la
voluntad de la parte de someterse a dicho estatuto
mediante la elección de matricularse
o no ya que de esa forma se estaría permitiendo
a personas que desarrollan ontológicamente
la misma actividad, regirse por
leyes distintas, según deseen o no someterse
a dicho estatuto.
En base a la inclusión del corretaje dentro
de los actos comerciales mencionados en
el artículo 7, no parece acertado sostener
que la comercialidad del corretaje depende
del sujeto que realiza la actividad, máxime
el énfasis objetivo del Código de Comercio
para la calificación de comercial a un acto.
Sólo existen contratos puntuales bajo dicho
Código que requieren para que resulte
aplicable que el contrato sea celebrado entre
comerciantes (contrato de préstamo o contrato
de depósito) por lo que, como en el caso
del corretaje, cuando el legislador nada dice
mal puede incluir la mencionada limitación
el intérprete.
Nuevos tiempos
La cuestión es que, como se intentará
poner de manifiesto, existe base doctrinaria
y teórica para un eventual nuevo cambio de
giro.
Adhiriendo y trayendo a colación el análisis
que realiza el Dr. Carlos López Rodríguez
sobre el punto (2) , con esa misma lógica
de que se trata de un contrato accesorio y no
principal se podría sostener que el acto de
remate o el contrato de seguros es también
civil si recae sobre un inmueble, lo que no
parece lógico ni es la interpretación sobre la
naturaleza de dichos contratos comerciales.
Como expresa el Dr. Carlos López Rodríguez,
el contrato de corretaje es principal y
existe en sí mismo, mientras que el segundo
contrato, el que el corredor procura concretar,
puede luego realizarse o no. Y en todos
los casos el corretaje sigue existiendo aún,
y existía incluso desde antes. Por lo que la
teoría de la accesoriedad del contrato de corretaje
es a nuestro juicio también, un tanto
permeable.
Es en esta misma línea de pensamiento,
que la Sentencia N° 63/2012 del Tribunal
de Apelaciones Civil 6to turno estableció:
“…La mediación es un contrato comercial,
debió acogerse a la excepción de prescripción
fundada en las normas del Código
de Comercio sobre el corretaje mercantil
(prescripción corta de 6 meses)”. Si bien la
sentencia no analiza el fondo de la cuestión
que planteamos, claramente sí se inclina por
una solución: la comercialidad del corretaje
inmobiliario.
Esta última sentencia comentada, no tan
lejana en el tiempo, pone de manifiesto, que
la cuestión sigue dividida existiendo hasta el
momento posiciones disímiles tanto a nivel
doctrinario como jurisprudencial, cuyas teorías
han evolucionado y cambiado a lo largo
del tiempo sin que aún haya una posición
notoriamente mayoritaria, lo que genera un
espacio para los conflictos en la materia. Por
lo que habrá que seguir, necesariamente,
atentos a los desarrollos jurisprudenciales.
NOTAS:
1. Artículo publicado online el Sábado, 27 de mayo de 2017 por
Mgter., María Virgina Cáceres de Irigoyen
2. López Rodríguez, Carlos en www.derechocomercial.edu.uy/Clase
CorretajeInmobiliarias.htm

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OBLIGACIONES
Valuación y perspectivas de la
Ley de Inclusión Financiera
LUEGO DE VARIOS AÑOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY NRO. 19.210 DE INCLUSIÓN
FINANCIERA (EN ADELANTE “LIF”), CORRESPONDE REALIZAR UN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DE SU APLICACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, LOS PROBLEMAS QUE HA
SUSCITADO, ASÍ COMO EL FUTURO DE ÉSTA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CON LA ASUNCIÓN
DE UN NUEVO GOBIERNO.
28
Por Dra. Victoria Notari
y Dra. Florencia Tarrech
Los desarrolladores, constructoras y la
canalización de la inversión inmobiliaria
entre otros, se ha visto castigada en los
últimos años, debido a que, en un corto lapso,
han cambiado las reglas del juego en cuanto
al modo en que se realizan los negocios en el
sector y obligaciones con respecto a la prevención
del lavado de activos. Tanto la inclusión
financiera como la prevención de lavado de
activos, se ha regulado de forma que, para los
operadores, ha devenido en una obstaculización
a la hora de concretar negocios.
El desarrollador se ha encontrado en una
situación que, a la hora de realizar un negocio,
debe cambiar el modo en que canaliza
la inversión, la forma en que se formaliza
la compra de insumos para las obras con
proveedores; y al mismo tiempo, ha debido
capacitarse en materia de prevención,
establecer políticas y solicitar documentación
respaldante del conocimiento del cliente,
beneficiario final y origen lícito de los fondos.
Estos cambios, no son vistos en forma
negativa por el sector, pero si se ha reclama-

do por la flexibilización de determinados aspectos, a los
efectos de potenciar al máximo sus beneficios, sin castigar
la actividad.
Aspectos preliminares. Antecedentes.
La LIF se aprueba en el año 2014 en el marco del
programa llevado adelante por el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), tendiente a la universalización del acceso a
productos financieros como forma de inclusión social.
La OCDE entiende la inclusión financiera como “el
proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno
y adecuado a una amplia gama de servicios y productos
financieros regulados y la ampliación de su uso hacia
todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación
de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo
actividades de sensibilización y educación financiera con
el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como
la inclusión económica y social”.
Ambos organismos tienen como pilar fundamental
mejorar las condiciones de acceso al sistema financiero con
costos mas bajos para todos los participantes en la cadena
financiera y cómo acompañar el proceso con la educación
en el uso de las diferentes herramientas financieras.
Resultan incuestionables los beneficios que la inclusión
financiera otorga, entendida como una herramienta de
inclusión social y que permita el acceso a instrumentos
financieros de personas que por su condición social, su
ubicación geográfica o su edad no puedan acceder a las
mismas. A esto se adiciona que la restricción en el uso de
efectivo supone un desestímulo de actividades de corrupción
o del crimen organizado, permitiendo un mejor
control.
Sin embargo, entendemos que la solución uruguaya, si
bien ha contemplado alguno de estos puntos, ha introducido
conceptos y elementos poco acertados para determinadas
actividades o sujetos.
En primer termino mediante la obligatoriedad del uso
de medios de pago electrónico, se restringe la voluntad de
los individuos sin dotarlos de una mínima instrucción en
relación con su uso.
Asimismo, y una de las mayores carencias que posee la
norma, es la inexistencia de normas específicas que protejan
a los consumidores ante posibles fraudes electrónicos,
manejo de datos personales y uso de la información de los
individuos quienes ven afectada su privacidad.
A esto se adiciona que si bien se ha estipulado un tope
de comisiones por operaciones con tarjeta de débito, no así
ha sucedido con las operaciones con tarjetas de crédito, lo
que supone una desventaja competitiva para los pequeños
comerciantes o sujetos de reducida dimensión económica.
Los organismos internacionales y numerosos países en
el mundo, tienen como objetivo promover la bancarización
de las operaciones y evitar el uso de efectivo, no mediante
la imposición, sino por la aplicación de políticas y beneficios
que supongan ventajas competitivas claras. Esto es, se
promueve de forma directa o indirecta, buscando que los
individuos sean conscientes de los beneficios y escojan estas
formas o sistemas de pago como una opción, y no como
una obligación, como lo es en nuestro país.
El impulso de una norma como la LIF y su obligatoriedad,
sin haber otorgado las herramientas físicas y
educativas a los ciudadanos, así como sin tener en cuenta
las realidades y operativa de determinados sectores de actividad,
ha hecho que su implementación se vea empañada,
visualizándose en forma mayoritaria los aspectos negativos
y no su potencialidad.
Obligación del uso de medios de pago electrónico. Actividades
y operaciones comprendidas. Limitaciones.
La aprobación de la LIF y los Decretos que la reglamentan,
trajo aparejada la obligatoriedad de que determinadas
operaciones o actividades se abonen mediante el uso de
dinero electrónico.
La norma define como dinero electrónico a las tarjetas
de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico
(tarjetas prepagas), transferencias electrónicas de fondos, y
otros medios análogos en tanto permitan pagos electrónicos
a través de cajeros automáticos, Internet u otras vías.
Las operaciones reguladas y de las que existe obligatoriedad
en el uso de los medios de pago electrónicos
detallados, corresponden al pago de remuneraciones, honorarios,
pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones
(subsidios, indemnizaciones por incapacidad, prestaciones
en alimentación, entre otros); que en muchos casos determinados
sectores de actividad tuvieron una incorporación
gradual.
Asimismo, también se prohíbe el uso de efectivo en
pagos que correspondan a operaciones o negocios cuyo importe
total sea igual o superior a las 40.000 UI (USD 5.000
aproximadamente), a lo que se ha sumado recientemente la
restricción al uso de efectivo en las estaciones de servicio.
En igual sentido, se regulan los medios de pago en operaciones
por importes iguales o superiores a las 160.000 UI
(aproximadamente USD 20.000), los que pueden realizarse
a través de medios de pago electrónico o cheques de pago
diferido cruzados no a la orden.
Las normas se aplican también a las sociedades comerciales
en relación a los ingresos y egresos que supongan
aportes de capital, reintegros, pagos de utilidades, receso,
reducción, rescate de capital, entre otras operaciones.
De forma adicional, la norma incluye como pagos
regulados, y en los que se impone el uso de los medios de
pago electrónicos cuando se supere determinado monto, a
los arrendamientos, enajenaciones y otros negocios sobre
inmuebles o vehículos motorizados.
Esta obligación supuso como forma de penalización –
además de las multas y sanciones - limitaciones en relación
al registro de las operaciones en los Registros Públicos,
así como también y de forma totalmente indebida, como
condición para iniciar proceso de desalojo, lo que resulta
totalmente abusivo y contrario a derecho.
Se extiende la obligación del uso de medios de pago
electrónico para el pago de proveedores del Estado y de los
tributos nacionales. Sin perjuicio de ello, esta obligación no
se ha extendido a la totalidad de los organismos estatales,
encontrándose aún dependencias públicas en las que solo
se acepta efectivo.

OBLIGACIONES
30
Cambios propuestos. Eventual eliminación de la
obligatoriedad del uso de medios de pago electrónicos.
Si bien desde la aprobación de la LIF se iniciaron
campañas para su eventual derogación, las mismas no
lograron prosperar. De todas formas es un tema que ha
cobrado relevancia en la campaña electoral y de forma
específica porque una de las fórmulas ha propuesto
cambios en al materia.
El Partido Nacional en su programa de gobierno,
bajo el título de “Libertad Financiera” propone la
modificación de la ley eliminando “la obligatoriedad
de efectuar pagos y realizar transacciones a través del
sistema de intermediación financiera”.
La propuesta no ahonda en el tipo de medidas a implementarse
pero es de suponer que, la eliminación de
la obligatoriedad supondrá la aprobación de beneficios
que permitan a la ciudadanía elegir como opción la
utilización de este tipo de medios.
Entendemos de todas formas, que mas allá de la eliminación
de la obligatoriedad del uso de los medios de
pago electrónicos, deberían - de forma adicional y como
ya lo hemos establecido - eliminarse las trabas burocráticas
y formalidades que imposibilitan el desarrollo
normal de determinadas actividades.
Mas allá de su flexibilización, se impone para el
proximo gobierno, la adopción de cambios en este
sentido, no obligando a los sujetos que participan en las
operaciones o actividades a realizar controles que ya se
contemplan por otras normas (caso de los escribanos en
materia de origen de fondos); suprimir la limitación al
acceso a la justicia en el caso de los arrendamientos, entre
otros; dado que en definitiva la LIF no logra cumplir
con su objetivo de inclusión para transformarse más en
una forma de control estatal en relación a las actividades
de los particulares.
Evaluación y perspectivas ante esta realidad.
Debe coincidirse en que, la LIF ha sido una buena
herramienta de inclusión, pero que no logró sortear
de forma exitosa los problemas de implementación y
adecuación a determinados rubros y actividades, que
necesariamente exigían la adopción de soluciones diferenciales
y de menor complejidad operativa.
La adopción de la norma requería de forma previa,
que existieran en todas las localidades del país – mayores
a dos mil habitantes – instituciones financieras
o alguna representción de las mismas para asegurar,
entre otras cuestiones que la población pudiera elegir a
la institución que le otorgaba mayores beneficios. Esto
debió acompasarse de forma adicional con la instalación
de mayor cantidad de sucursales o corresponsalías
bancarias y cajeros automáticos, cuestión que no
solo se tuvo en consideración sino que por razones de
seguridad fueron decreciendo en número, lo que aún
complejizó aún más la operativa.
Asimismo y de mayor importancia, este proceso no
se acompañó con la educación de la ciudadanía, no solo
en relación a los productos sino también a las ventajas
que puede tener el mismo ya sea por la rebaja del IVA,
seguridad, y la potencialidad de su uso.
Debe tenerse presente que, nuestra sociedad culturalmente
siente mucho más seguridad puediendo ver y
tener a su disposición su dinero, para lo cual, el proceso
debe acompasarse con un cambio gradual en este sentido,
permitiendo que los ciudadanos puedan traducir
esta confianza en estos nuevos medios de pago.
Estos puntos hicieron que, existieran desde su implementación
importantes reclamos así como cuestionamientos
en todos los sectores de la sociedad, y que
hasta la fecha, resulta un tema de importancia.
Sin dudas que los logros han sido importantes, pero
tampoco es menos cierto que a través de la instrumentación
de la obligatoriedad se han complejizado los negocios
en el rubro de la construcción y se han impuesto
cargas adicionales para la efectivización de los mismos.
Los escribanos - actores importantes en este esquema y
para esta actividad – deben controlar que las operaciones
inmobiliarias se realicen con estos medios de pago,
dejando constancia de los mismos al momento de la
escrituración y adicionalmente esto es controlado por
el Registro.
Entendemos que, esto ha hecho a la burocratización
de la actividad, imponiendo determiandas formalidades
que por otras normas - como son las de lavado de
activos – podían asegurar la procedencia de los fondos
sin ser necesario la exigencia de otros datos o controles.
Estos controles solo pueden tener como fundamento, la
ocasión que vio el Gobierno de obtener mayor información
sobre los particulares, en tanto no hacen a los objetivos
de la inclusión financiera ni suponen un apoyo al
desarrollo de la misma.
Estos elementos han significado la pérdida de
negocios, la complejización en la canalización de las
inversiones, y el ahorro en ladrillos, así como escollos
en la cristalización de negocios que siendo total y
absolutamente lícitos, encuentran limitaciones desde el
punto de vista formal.
De este modo, y luego de varios años de aplicación
se impone mas allá de que sería deseable la eliminación
de la obligación, la flexibilización o eliminación de las
formalidades impuestas, en tanto las mismas no tienen
ningún tipo de fundamento y lo único que hacen es
entorpecer la implementación de la actividad. Al menos
esto debe ser considerado en un sector como el de la
construcción, que no solo aporta al desarrollo del país y
crea innumerables fuentes de trabajo, sino que también
es un impulsor directo e indirecto de la economía.

INVERSION
¿Por qué invertir en Uruguay?
Por qué elegir Uruguay como Hub de negocios?
EL PASADO MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE ORGANIZADO POR EL ESTUDIO
VL CONSULTORES, CON LA PRESENCIA DE BRUM COSTA ABOGADOS Y LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 90
ASISTENTES, SE CELEBRÓ EN BUENOS AIRES LA CONFERENCIA EN DONDE LA TEMÁTICA ABORDADA FUE:
"¿POR QUÉ INVERTIR EN URUGUAY? ¿POR QUÉ ELEGIR URUGUAY COMO HUB DE NEGOCIOS?”
32
Por la mañana, se realizó un desayuno
de trabajo con inversores del sector agropecuario
que nuevamente miran nuestro
país con el objetivo de mudar parte de sus
operaciones.
La presente conferencia estuvo enmarcada
en un ciclo de conferencias que tanto
el Estudio VL Consultores como de Brum
Costa Abogados han estado desarrollando
de manera independiente a lo largo del año,
tanto en Uruguay como en el exterior, cada
uno abordando temas de su especialidad,
siendo esta oportunidad la primera vez que
se realizaban de manera complementaria.
Los expositores por el estudio VL Consultores,
fueron el Cr. Federico Vuille junto al
Cr. Diego Vuille y conto con la participación
especial por parte de Brum Costa Abogados,
del Dr. Leonardo Costa y el Dr. Juan Diana.
Los temas que se analizaron fueron las
principales ventajas cualitativas y cuantitativas
que nuestro país ofrece a la hora de
radicar las inversiones. El enfoque dado en
la charla fue el de destacar aquellas ventajas
comparativas en las que nuestro se destaca.
Uruguay se destaca por considerase
por los inversores extranjeros como país
previsible y con reglas de juegos claras. También
pose otras características sumamente
relevantes que lo convierten en un destino
muy atractivo por lo cual muchas empresas
de prestigio internacional lo eligen para
desarrollar sus actividades. A continuación,
mencionamos algunas de estas ventajas que
fueron abordadas en la conferencia:
Sistema Tributario:
El Cr. Federico Vuille explicó las principales
características del sistema tributario
en Uruguay, donde la sencillez comparativa
de nuestro sistema fiscal, dado que el mismo
es un único sistema de carácter nacional en
comparación a otros sistemas de carácter
federal y a su vez con tasas nominales más
bajas, constituyen un atractivo no menor a la
hora de analizar distintas jurisdicciones de
la región en donde radicar inversiones.
Las características que posee nuestro sistema
fiscal en gravar la renta por el criterio
de la fuente (salvo excepciones) junto con
la resolución 51/997 sobre actividades de
trading generó muchas de las consultas en
los asistentes presentes en la charla sobre
los cuales se trabajaron varios ejemplos al
respecto.
Adicionalmente a esto, a cargo del Cr.
Diego Vuille, se explicaron los beneficios
fiscales sectoriales como ser la Ley VIS
(viviendas de interés social) o la ley de proyectos
de inversión que, a la hora de analizar
la tasa de retorno de un proyecto, constituyen
herramientas con un fuerte diferencial
que maximiza con creces el retorno sobre la
inversión para los accionistas.
Libertad Cambiaria:
En Uruguay no existe ningún tipo de res-

tricción a repatriar capitales o girar dividendos. Esto no es
un elemento menor en las circunstancias regionales que
muchas empresas, atraviesan principalmente en la vecina
orilla. Adicionalmente a esto, no estar obligado a liquidar
los cobros por concepto de exportaciones en dólares a moneda
nacional, genera un mejor clima para hacer negocios
desde Uruguay.
Residencia Fiscal:
Al abordar las ventajas fiscales para quienes gestionen
la residencia fiscal en nuestro país, como ser la desgravación
por un plazo de 6 años ( 5 años mas el año que se
convierte en residente) sobre las rentas de capital generadas
en el exterior, y los requisitos para tramitar la misma,
el Dr Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados,
adelanto algunos posibles cambios que flexibilizarían
dichas gestiones según lo indicado por diversos actores
políticos en esta campaña electoral, noticias que fueron
muy bien recibidas por los presentes.
Intercambios de información:
Para finalizar la conferencia, se establecieron los mecanismos
posibles de intercambio de información entre
las dos administraciones fiscales, estando hoy vigente el
convenio para intercambiar información y evitar la doble
imposición y el Intercambio Automático de Información
Financiera con fines Fiscales (CRS).
Zona Francas:
Entre los asistentes presentes estaba
el Cr. Ignacio Del, Gerente General de
WTC Free Zone quien puedo abordar
algunas inquietudes sobre el régimen
de zonas francas en nuestro país. Fue
visto con buenos ojos la posibilidad de
diversificar los negocios internacionales
con una compañía local que pueda tener
sus operaciones desde Zona France con
una desgravación total de impuestos.
La conferencia contó con el apoyo y
presencia de representantes de la Embajada
de Uruguay en la República Argentina.
Ignacio Del, Gte.
WTC; Dr. Juan
Diana del Staff
Brum Costa
Abogados; Cr.
Federico Vuillie y
Cr. Diego Vuillie,
socios de VL
Consultores; Dr.
Leonardo Costa,
socio de Brum
Costa Abogados.
En las próximas semanas VL Consultores tiene previsto
continuar con desayunos de consultas con grupos
reducidos, con el objetivo de atender inquietudes de
manera personalizadas para aquellas empresas argentinas
interesadas en radicarse en nuestro país.
Negocio
en dos tiempos
Wilder Ananikian
Presidente de la Cámara
Inmobiliaria Uruguaya
El negocio inmobiliario pasa por una etapa en dos tiempos
simultáneos y diferentes.
Por un lado la coyuntura impuso el temor por la situación
macroeconómica en Argentina, la alarma sobre la
próxima temporada, y la previsible consecuencia sobre los
inversores inmobiliarios en Uruguay, y por el otro los diferentes
actores están abordando los desafíos tecnológicos del
negocio inmobiliario actual.
Son dos procesos que discurren aparentemente por
cauces diferentes, y sin que se advierta demasiado, son dos
partes de un mismo asunto.
De la coyuntura macroeconómica de Argentina, somos
apenas tomadores pasivos de decisiones de terceros, y no
es un tema en el que el sector inmobiliario nacional pueda
incidir, y en cualquier caso podemos gestionar las eventuales
consecuencias de la misma.
Seguir la grilla económica del país vecino, ayuda a
adelantar lo que puede suceder pero no aporta certidumbres
en un escenario cenagoso por definición, e intoxicado por el
ruido electoral de allá y de acá.
Otros sectores de la economía nacional como el turismo,
a estas horas están inquietos y pensando el alternativas para
una temporada que se supone será difícil, lo que incidentalmente
se relacionará -de seguro- con el inmobiliario
uruguayo.
En cualquier caso, de a poco se vuelve realidad el escenario
previo a la llegada del presidente Mauricio Macri al poder,
con un sector de inversores argentinos que piensan en
el ladrillo uruguayo como un reaseguro a sus inversiones.
En paralelo, en los diversos ambientes empresariales
inmobiliarios el tema recurrente es la tecnología, no solo
porque ésta es tendencia, sino porque además estamos en
medio de un cambio del paradigma de los negocios.
Los últimas encuentros empresariales del sector, tanto
el CILA realizado este año en Montevideo como otros
encuentros hechos en la región, coinciden en apostar a las
nuevas miradas que aporta la tecnología puesta al servicio
del negocio.
Y por allí se respira una bocanada de aire fresco que los
operadores debemos saber interpretar.
La tecnológica es una ola para navegar -dirían los más
viejos- o para surfear -dirían los más jóvenes, pero que no
puede quedar fuera de los avatares de la coyuntura.
Nuestro motor debe estar encendido para gestionar la
coyuntura y nuestro espíritu dispuesto a tomar las mejores
opciones cuando se impuso un escenario de incertidumbre.
Porque en estos tiempos de novedades inciertas, nuestro
negocio se ha vuelto en una actividad a dos tiempos, con
dos grandes tormentas por las cuales simultáneamente
debemos transitar y en las que necesariamente necesitamos
avanzar.
33

36
ANALISIS

Cambio de tendencia
en la forma de acceso
a la vivienda
Por Lic. Natalie Ayçaguer
EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS SE VERIFICA EN URUGUAY UN CAMBIO DE
TENDENCIA EN LA FORMA QUE LA POBLACIÓN ACCEDE A LA VIVIENDA.
El cambio operado durante el período 2006-2018 queda en evidencia si se
analiza la composición y evolución de la forma de “Tenencia de la Vivienda”
que surge de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por Instituto
Nacional de Estadística (INE).
La ECH categoriza la variable forma de “Tenencia de la Vivienda” según
el vínculo contractual que el ocupante tenga respecto a la vivienda y el
terreno que habita. Ya sea mediante un título de propiedad (propietarios) o
un contrato de alquiler (escrito o consensuado) en el caso de arrendatarios, o
incluso en el caso que no exista un vínculo contractual (caso de la ocupación)
la variable mencionada recoge la forma de acceso a la vivienda que tiene la
población.
La variable que analiza la forma de acceso o tenencia de la vivienda contempla
entonces las siguientes categorías:
Propietarios
Arrendatarios
Ocupantes
Otros
1) propietario que está pagando la vivienda que habita
2) propietario que ya pagó la vivienda que habita
3) propietario que está pagando el terreno que habita
4) propietario que ya pagó el terreno que habita
5) con y sin contrato
6) ocupante de la vivienda con relación de dependencia
7) ocupante por B.P.S
8) ocupante con permiso del propietario
9) ocupante sin permiso del propietario
10) Miembros de una cooperativa
A nivel país, si se compara el año 2006 con el año 2018 se puede observar
un cambio en la composición de la variable tenencia. El peso de los propieta-
37

ANALISIS
38
rios cae, aumenta la proporción de ocupantes
y de los arrendatarios según se detalla
en el siguiente gráfico.
Tenencia de la Vivienda
68%
59%
2006
2018
16%
19% 22%
16%
Propietarios Inquilinos Ocupantes
Fuente: ECH 2006 y 2018 - INE
Si se analizan los cambios a nivel de
sub categorías se advierte que el mayor
descenso se verifica en los” propietarios de
la vivienda y el terreno que están pagando
una cuota” y en “los propietarios de la
vivienda y el terreno” (sub categorías 1 y 2),
aumentan los inquilinos (Sub categoría 5) y
se registra un considerable a de “ocupantes
con permiso” (sub categoría 8).
Estos cambios, marcan diferencias
importantes en el régimen de acceso a la
vivienda que se ha verificado en los doce
años analizados. Por un lado se refleja
menor propensión a acceder a la vivienda
en propiedad y un aumento de la tendencia
a ocupar y arrendar inmuebles.
La evolución de la sub categoría de “ocupante
con permiso” merece un análisis detallado,
ya que según la ECH, son “hogares
que se encuentran con trámites de sucesión
y hogares que construyen en terreno de un
familiar”. Si se realiza el supuesto de que no
hay razón para que haya un aumento en las
sucesiones dado que el índice de mortalidad
no registra variaciones significativas;
se podría suponer que los hogares están
optando como solución habitacional ocupar
la vivienda de un familiar o conocido, o
construir en terreno de algún familiar o
conocido, aunque también se podría inferir
que se construyen y se alquilan viviendas
de manera informal .
Es importante destacar que, en esta sub
categoría no se encuentran los Asentamientos
Irregulares (AI), que es lo que se tendería
a creer por ser llamados “ocupantes”. Sólo
un 12% de los hogares relevados se encuentra
en AI y el 80% son mayormente “propietarios
de la vivienda y no del terreno” o
“propietarios de la vivienda y no del terreno
y la está pagando” (80%). Los hogares
situados en AI no han aumentado de forma
significativa en el período analizado y no
han variado sustancialmente su forma de
tenencia.
Si se analiza la realidad de Montevideo
se puede encontrar una mayor claridad en
las tendencias mencionadas, tal como surge
del siguiente gráfico:
Tenencia de la Vivienda 2006/2018
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Propietarios
Inquilinos
Ocupantes
En función de lo anterior, corresponde
preguntarse cuáles son los cambios que
justifican que en doce años, se verifique
un cambio de tendencia en el acceso a la
vivienda.
Una síntesis de los cambios socioculturales,
socio demográficos de los hogares y del
contexto económico que pueden explicarlos
es la siguiente:
• Desde la perspectiva microeconómica, se
verificaría un endurecimiento de las condiciones
de acceso a la propiedad determinada
por el ingreso y poder de compra
de los hogares, por lo que los hogares no
logran alcanzar a cumplir los determinantes
del mercado de créditos hipotecarios.
Plazo, tasa y Loan to Value se han alejado
de las posibilidades de buena parte de los
hogares. Dadas las actuales condiciones
del mercado, se puede decir que existe una
incapacidad de ahorro de los hogares, que
se explica desde varios puntos de vista,
por ejemplo, el aumento de inquilinos nos
lleva a que más hogares no puedan pagar
una cuota de alquiler y generar ahorro al
mismo tiempo.
Desde el punto de vista de los cambios
socio culturales, se han verificado cambios
en las pautas de consumo y preferencias de
la población en el corto y el largo plazo. La
falta de ahorro, también se podría justificar
por el cambio en las preferencias del consumidor.
La hipótesis detrás de esto es que los
hogares destinan sus ingresos a un mayor
consumo presente, sin tener tanto en cuenta
el largo plazo (ej.: viajar o tener acceso a bienes
de consumo no durables de satisfacción
inmediata). Junto a esta hipótesis, existen
variables como las tasas de interés pasivas
extremadamente bajas que desalientan el
ahorro en pro de ese consumo presente.
Otro factor cultural, tiene que ver con que
“El sueño de la casa propia”, hoy ya no tiene
el peso en las nuevas generaciones como
tenía antes dados los cambios en el ciclo de
vida del hogar.
94,6
147,4
133,3
160,9
144,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
138
151,8
97,6
Fuente: ECH 2006 y 2018 - INE
• Los cambios demográficos hablan de
cambios en la estructura del hogar. Hay
un aumento de hogares unipersonales
que encuentran una solución habitacional
en el arrendamiento y en la ocupación con
permiso. Estos, podrían ser los jóvenes
que se independizan del hogar de sus
padres, (aunque hoy en día esto se hace
cada vez más difícil), así como hogares
que se disuelven transformándose en
unipersonales o mono parentales, dejando
atrás los clásicos hogares biparentales con
y sin hijos, así como hogares de adultos
mayores que tienen que ver con la segunda
transición demográfica que atraviesa el
Uruguay.
La reducción del tamaño del hogar que
se verifica en el período analizado (que pasó
de más 3 a 2.7 integrantes por hogar promedio)
sumando a que la tasa de remplazo de
la población está por debajo de la unidad
(0.9), se infiere que el crecimiento de los
hogares por encima del crecimiento de la
población se debe a un proceso de fragmentación
y no de crecimiento endógeno
sustentable.
Otro factor demográfico, de menor cuantía,
que podría considerarse como explicativo
del tipo de tenencia, es la migración
interna desde el campo y ciudades con menos
de 5000 habitantes a ciudades capitales
e intermedias. Esto hace que se procure una
solución de vivienda más relacionada al alquiler
o la ocupación temporal, al menos al
inicio del proceso de instalación del mismo,
y no en régimen de propiedad.
Reflexionar sobre el régimen de tenencia
de la vivienda y su “tendencia” está relacionado
íntimamente con los cambios que se
deben registrar en el mercado inmobiliario
para dar respuesta a la demanda existente.
Se debe repensar que tipo de viviendas
construir según el perfil de la demanda, el
tamaño del hogar y los cambios en la estructura,
las posibilidades de acceso a fuentes
de financiamiento del hogar (ya sea para
compra o construcción) y el destino de las
viviendas en el mercado (alquiler o venta).
Montevideo 25 de octubre de 2019
NOTAS
1. En el año 2006 se realizó una Encuesta Nacional de Hogares
Ampliada, se representa, después de muchos años de no hacerlo,
a la totalidad del país con resultados no sólo para las localidades de
5.000 o más habitantes, sino que amplía su cobertura geográfica a
las localidades pequeñas del país (menos de 5.000 habitantes) y a
las zonas rurales.
2. Ésta última categoría es registrada a partir del año 2016. La
misma es marginal, alrededor de 1% de los hogares.
3. Los inquilinos en el departamento de Montevideo llegan a un 25%.
4. No es posible conocer si existe un aumento de alquileres
informales dado que la ECH no releva si el contrato de alquiler es
de palabra o no.
5. El 3.8 % de los hogares declara vivir en un AI (año 2018)

40
OPINION

Por Mag.
Micaela Camacho,
Dir. del Instituto de
Competitividad, UCU
La industria política en
Uruguay de cara al Balotaje
El pasado 14 de noviembre presentamos un nuevo informe elaborado por el
equipo del Instituto de Competitividad (IC) que, en esta ocasión, contó con el
apoyo de investigadores del Departamento de Administración y Finanzas de
la Universidad Católica del Uruguay.
Motivados por las distintas crisis de institucionalidad que se están viviendo
en diversas partes del mundo y, particularmente, en Latinoamérica,
el Instituto de Competitividad buscó realizar un aporte, desde su área de
conocimiento y experiencia, para entender el contexto de la situación política
que está viviendo Uruguay desde hace un par de años y, puntualmente, luego
de las elecciones internas, las de primera vuelta y de cara al balotaje.
De esta manera, se estudió la “Industria de la Política en Uruguay”, a partir
de la realización de un análisis que incorporó una nueva mirada analítica,
derivada de la microeconomía, para entender la dinámica y el desempeño del
sistema político uruguayo. La herramienta de análisis elegida fue la de “las
cinco fuerzas” de la industria, elaborada por Michael Porter. Esta herramienta
permitió establecer un orden al análisis e identificar fortalezas y debilidades,
así como también, oportunidades y amenazas derivadas del entorno de los
negocios relevante para el sector. En este artículo realizaremos un resumen de
algunos de los principales hallazgos del estudio, que se encuentra disponible
en la web del IC (www.competitividad.edu.uy).
Analizando la historia, pudo observarse que Uruguay tiene un sistema de
partidos políticos fuertemente institucionalizados que es tan longevo como el
país mismo. A lo largo de la vida democrática del país, los tres partidos líderes
(Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) han variado su lugar
dentro de la arena competitiva de forma muy acentuada, inclusive llegando
los tres partidos al Poder Ejecutivo y pudiendo observarse varios momentos
de cambio de “bloque ideológico” en el liderazgo. De estos cambios, el más
notorio se da en 2004 cuando el Frente Amplio accede en primera vuelta a la
presidencia de la República, inclusive con mayoría de representantes en el
Parlamento.
41

OPINION
55 55
52
23
Evolución de la composición del Parlamento por partido
MAYORÍA PARLAMENTARIA
0
46
27
02
39
52
28
11
43 44
41 40
06
Sin embargo, estos partidos políticos fuertes e históricamente
institucionalizados están sufriendo hoy un escenario de muy baja
confianza por parte de los ciudadanos. En 2018 solamente el 22%
de la población expresaba tener confianza en los partidos políticos,
un escenario muy similar al vivido en 2003 cuando, en un momento
post-crisis, Uruguay vivió el mínimo de confianza histórica en
los partidos políticos (17%).
La baja confianza en los partidos políticos existentes, lo que
de alguna manera está en línea con las crisis institucionales que
mencionábamos al comienzo, puede indicar que los ciudadanos
podrían estar en búsqueda de nuevas maneras de satisfacer la necesidad
de resolver problemáticas sociales aún presentes. Esto puede
manifestarse de varias maneras, siendo una de ellas las expresiones
populares que se observan en varios países de la región y el mundo.
Sin embargo, estas expresiones, a efectos del estudio, fueron consideradas
como “fuera del sistema”. Es decir, son manifestaciones que
no siguen las “reglas” del sistema político, tal y como está diseñado
hoy en día. Pero sin salir del sistema, en Uruguay, los ciudadanos
también podrían estar buscando nuevas maneras de dar solución a
los problemas a los que se enfrentan, tanto económicos como sociales
y que parecen estar muy presentes en el contexto actual.
29
52
05
47
69
13 22
39
01 02
67 66
1971 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL FRENTE AMPLIO OTROS PARTIDOS
Fuente: “La Industria de la Política en Uruguay”, Instituto de Competitividad (2019)
17
42
05
Como puede observarse en el gráfico anterior, actualmente
se ve que el país se enfrenta a una situación muy particular.
Existe una muy baja aprobación de la gestión del gobierno
que se sitúa, desde hace tres años, por debajo del 50%, en un
contexto donde la percepción de la situación económica como
mala o muy mala, está muy por encima de la percepción de
la situación como buena o muy buena, sumado a todo esto,
un acuerdo creciente y en rangos altos de que la seguridad
pública es el problema más importante en el país.
El comportamiento de todas estas variables refuerza la
idea que los ciudadanos puedan querer buscar opciones por
fuera de los partidos políticos existentes, en quienes ya no
confían con la misma fuerza que antes. Así, se explicaría el
surgimiento de iniciativas como la del plebiscito “vivir sin
miedo”, que son mecanismos de democracia directa que buscan
solucionar un problema al que el sistema político en su
conjunto no está dando respuesta. Si bien la reforma no salió,
el alto porcentaje de adhesión está marcando la necesidad de
actuación en ese frente y que los ciudadanos están dispuestos
a ir por caminos adicionales a los del Parlamento para lograr
encontrar respuestas.
Por otro lado, la búsqueda de nuevas opciones por parte
de los uruguayos, puede dar cabida a la aparición de nuevos
partidos políticos en la arena competitiva. En un país donde
la democracia es tan sólida y respetada, y donde, a pesar de
la baja en la confianza, la institucionalidad de los partidos
políticos es aún fuerte, no suena extraño que la ciudadanía
haya buscado sus “nuevas opciones” dentro del “sistema
de partidos”. Esto, de alguna manera, podría estar dando
explicación al surgimiento y a la amplia votación de partidos
como Cabildo Abierto, y la incursión en el Parlamento de dos
partidos adicionales (PERI y Partido de la Gente), lo que, junto
a los cuatro que ya contaban con representación (UP era
el quinto pero pierde representación en 2019), marcará una
nueva etapa en la evolución política del país con el Parlamento
más fragmentado de la historia (con siete partidos políticos
representados).
42
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cruce de variables: Aprobación de gobierno, situación económica
del país y precepción sobre la seguridad pública (2001-2018)*
Contexto
de crísis
Aprueba gestión del gobierno
Percepción de la situación económica buena/muy buena
Contexto internacional favorable, buen desempeño de la
economía, continuidad de un mismo partido en el gobierno
Excenario
reciente
Percepción de la situación económica mala/muy mala
Delincuencia/seguridad pública problema más importante
del país
(*) No se encontraron valores para el 2012 ni el 2014.
Fuente: “La Industria de la Política en Uruguay”, Instituto de Competitividad (2019).
Las elecciones de octubre 2019 han marcado que era
necesario un cambio, y la población ha optado por “abrir la
cancha” a nuevos jugadores que los representen. Restan aún
las elecciones de noviembre, donde se elegirá presidente y
vicepresidente. Como vimos anteriormente en el gráfico y
considerando la baja confianza en los partidos políticos ya
mencionada, estamos en un contexto que parece no satisfacer
a la población y que es muy similar a la situación vivida
en 2004 cuando se produce una modificación de “bloque
ideológico” en el gobierno con la asunción del Frente Amplio.
Todo apunta a que los ciudadanos buscan un cambio. Si el
cambio en la conformación del Parlamento fue suficiente
para los votantes o si, aún ante este este escenario, prefieren
un cambio más radical, pasando a otro “bloque ideológico”
en el gobierno, es algo que podremos saber recién el 24 de
noviembre.

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION
EN SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION
Capacitaciones con el apoyo de:

LABORAL
¿Qué sucederá
con las propuestas
sobre relaciones laborales?
Dr. Nelson Larrañaga Zeni
CPA Ferrere
44
Esta nota fue publicada en El Observador, en su edición del 17 de octubre de 2019;
antes de conocer los resultados de las elecciones
.
En 2014 propuse 10 acciones de mejora de las relaciones
laborales. Entre otras, expuse que se debería ir por el
camino de (i) fomentar relaciones laborales cooperativas,
mediante la actuación efectiva de equipos bipartitos a todo
nivel, con el fin de armonizar intereses, aumentar la productividad
y el salario real, (ii) privilegiar la negociación
colectiva bipartita de condiciones de trabajo (incluidos los
aumentos de salarios), con participación subsidiaria del
gobierno, como garantista del salario mínimo por sectores
si no hay acuerdo, (iii) promover medios de prevención y
solución de conflictos previos a las medidas, (iv) comprometer
al gobierno a que actúe con equilibrio, y asuma su
rol legal de garantizar el ejercicio de los derechos.
Los partidos opositores señalan que el gobierno favoreció
al sector sindical, provocando que las relaciones
laborales no fueran equilibradas. El Frente Amplio no
reconoce que esto haya ocurrido. Si continúa en el poder,
debería rever su política y actuar con equilibrio cuando
sea llamado por los actores sociales. En este cambio, puede
ayudar el perfil moderado del candidato. La oposición se
compromete a mantener equidistancia entre los intereses
de los actores sociales, restablecer la confianza, practicar
el diálogo permanente, construir relaciones laborales cooperativas,
y reforzar los medios de prevención y solución
de conflictos.
Otro tema clave es qué va a suceder con la negociación
colectiva. La Ley impone una negociación tripartita obligatoria
por ramas de actividad en los Consejos de Salarios
(CS). Aquí se negocian todas las condiciones de trabajo,
con protagonismo del gobierno, que desde el inicio fija los
lineamientos de los ajustes de salarios. Varios artículos de
la Ley se contraponen a dos Convenios Internacionales del
Trabajo (CIT). Estos CIT establecen que de regla, la negociación
colectiva debe ser bipartita. Esto fue señalado por
la OIT desde el 2010 en adelante y sus recomendaciones
están pendientes de cumplimiento.
El gobierno y el actor sindical se oponen a dar curso
a lo que pide la OIT en este tema. Si algún partido de la
oposición accede al gobierno, trabajará para cumplir con
la OIT. Para ello, debería proyectar modificar la Ley en
aspectos centrales sobre la operativa de la negociación
colectiva y los CS.
Es poco factible que en el próximo tiempo se construya
un acuerdo social y político para cumplir con la OIT, tras
diez años de diálogo sin llegar a nada.
El partido oficialista, si deja de estar en el gobierno, es
probable que con el sector sindical forme una alianza para
impedir cualquier intento de la oposición de modificar la
Ley, y nuevamente tendremos confrontación.
Los actores sociales deberían superar esta situación,
pensar en el futuro de sus relaciones, y responder a esta
pregunta: ¿Están preparados para negociar en forma
bipartita en todos los sectores de actividad sin la tutela
del gobierno? Los empleadores dijeron sí y esto implica
un firme compromiso de practicar siempre la negociación
colectiva.
Del lado sindical, hay datos que apoyarían una respuesta
afirmativa: (i) experiencia de negociación colectiva de
15 años (siete rondas), con actuación de sindicatos en todas
las ramas, (ii) central sindical potente (400.000 afiliados),
con gran influencia en la sociedad, (iii) actividad sindical
promovida y protegida por la Ley 17.940 (nulidad del acto
antisindical, licencia sindical, cartelera sindical, etc.), (iv)
medidas de conflicto que nadie tiene (derecho de huelga,
huelgas articuladas, trabajo irregular, ocupaciones,
piquetes). ¿Qué más se puede pedir? La libertad sindical
funciona a pleno.
Los actores sociales deberían confiar en sí mismos y
negociar de buena fe en forma directa, como ocurre hoy
en varios sectores de actividad. Es cuestión de asumir el
desafío de extender esta práctica de negociación bipartita
a otras ramas, que hoy están ancladas en los CS. La
experiencia enseña que la gran mayoría de los acuerdos
firmados en los CS, se construyeron previamente en forma
bipartita. Los acuerdos son un éxito de los actores sociales.
Otro tema: ocupación del lugar de trabajo. El partido
oficialista, si continúa en el poder, no piensa derogar el
Decreto 165/006, que declaró que la ocupación es una modalidad
de huelga. Los partidos opositores concuerdan en
derogar dicho Decreto, porque la ocupación vulnera derechos
constitucionales (libertades de trabajo y de empresa,
derecho de propiedad).
El Decreto debería derogarse. Entiendo que no se debería
debatir sobre si la ocupación es o no una “extensión”
del derecho de huelga. Los derechos tienen un núcleo
esencial que los identifica, y no se pueden crear “extensiones”.
Ello implicaría cambiar su identidad y naturaleza.
Si la huelga es no trabajar (conducta pasiva) y esto es lo
que se protege, toda otra conducta que no encaje en este
núcleo, no es huelga.
La ocupación por esencia no encuadra dentro de la huelga
por ser una conducta activa. Es una medida que es ilegítima,
que impide el ejercicio de derechos constitucionales.
Lo mismo sucede con los piquetes. La Justicia dijo que
ambas medidas son contrarias a la Constitución.

NORMATIVAS
El atractivo uruguayo
para los emprendimientos regionales
HACE UNAS SEMANAS PARTICIPAMOS DE UN WORKSHOP EN BUENOS AIRES DONDE NUESTROS HERMANOS
VECINOS DEMOSTRARON UN ACTIVO INTERÉS POR CONOCER LAS VENTAJAS QUE REPORTA EL URUGUAY
COMO DESTINO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS A NIVEL REGIONAL, Y DESDE EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO
RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: NUESTRO SISTEMA BANCARIO, LAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS, RÉGIMEN
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, ZONAS FRANCAS, RÉGIMEN DE PUERTO LIBRE, RESOLUCIÓN Nº 51/997,
SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR Y RESIDENCIA URUGUAYA.
46
Cra. Lucía Pérez Martínez y
Dra. Flavia Mazzucco
Es así que entendimos oportuno realizar en el presente trabajo una reseña de cuáles son las distintos aspectos
a tener en cuenta a la hora de llevar adelante un emprendimiento en Uruguay, sus aspectos normativos y
sus distintas ventajas.
Sistema bancario uruguayo
En primer lugar, uno de los mayores atractivos lo conforma el sistema bancario uruguayo, que se lo puede
caracterizar como: estable, transparente, regulado, sin limitaciones para la entrada y salida de capitales, y sin
control de cambios para operaciones de moneda extranjera.
Como principales ventajas puede destacarse su multimoneda, en cuanto puede operarse con pesos, dólares,
euros y últimamente con renminbi; y la posibilidad de apertura de cuentas a no residentes con tiempos y
costos de transferencia razonables y la libertad en el envío y recepción de remesas de capitales o dividendos.
Estructuras jurídicas uruguayas
Uruguay como Argentina, centran sus estructuras jurídicas básicamente en tres tipos sociales: la Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima y las Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante
SRL, SA y SAS respectivamente).
En Argentina tanto la SRL como la SA están reguladas en la ley Nº 19.550 de 1984, y las SAS fueron creadas
por la ley Nº 27.349 de 2017, las homónimas uruguayas las encontramos en la ley Nº 16.060 que regula la SRL
y la SA y la Ley Nº 19.820 promulgada este año que crea las SAS uruguayas como fomento al emprendedurismo,
de la cual se espera su pronta reglamentación.
Los distintos tipos sociales se diferencian según lo señalado en el siguiente cuadro comparativo:

OBJETO
PLAZO
REPRESENTACION
DEL CAPITAL
NUMERO SOCIOS
O ACCIONISTAS
S.R.L. S.A. S.A.S
Definida la actividad
Máximo 30 años
Cuotas sociales
Mínimo 2 máximo 5
Definida la actividad
(objeto ampliado)
Se puede fijar plazo
superior a 30 años
Acciones (portador,
nominativas o escriturales
2 o más en la constitución
(permite 1 accionista)
VOTOS C/Acción derecho a 1 voto C/Acción derecho a 1 voto
Actividad lícita
indeterminada
Se puede fijar plazo
superior a 30 años
Acciones nominativas
1 o más accionistas desde
la constitución
Voto singular, o múltiple a
las clases de acciones
Debemos hacer un paréntesis y recordar, que en Argentina las
acciones son nominativas, y en Uruguay desde la ley Nº 18.930
tenemos acciones al portador que conforman un híbrido, en cuanto
se ha eliminado el anonimato de los accionistas debiendo informarse
la titularidad de las participaciones patrimoniales al portador al
BCU, con lo que se ha desnaturalizado su verdadera esencia.
TRANSFERENCIA
CUOTAS/ACCIONES
INTEGRACION
DE APORTES
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
LUGAR DE REUNION
ASAMBLEA
RESP. OBLIG. LABO-
RALES Y TRIBUTARIAS
S.R.L. S.A. S.A.S
Libre entre socios. Vta.
a terceros 75% + de
5 socios y unanimidad
menos de 5 socios
Integración mínima por
socio del 50% en dinero
y 100% en especie.
2 años para el 100%
aporte en dinero
Cuotas sociales
Mínimo 2 máximo 5
C/Acción derecho a
1 voto
Libre
Integración del 25% y
suscribir hasta el 50%
No hay plazo para
integrar el 100%
Requiere publicación,
salvo comunicación a
domicilio, o que asista el
100% de los accionistas
Domicilio de la sociedad
Resp. limitada al aporte
Se puede prever por
estatutos restrciones a la
venta (prohibiendo la venta
hasta por 10 años)
SeC /accinista debe integrar
10% de aporte en dinero y
100% de aportes en especie.
2 años para el 100% aporte
en dinero.
Cualqueir medio. Posibilidad
de autoconvocatoria de
asambleas unánimes.
Dom. S.A. u otra con lugar c/
quórums necesarios.
Resp. limitada al aporte
Podemos ver como el nuevo tipo societario de las SAS permite que
los accionistas puedan reunirse por video llamada, Skype, u otros
medios alternativos digitales lo cual está de acuerdo con la dinámica
actual de los negocios, y en consonancia con la nueva economía
digital.
COMUNICACION DE
TITULARES Y ENEFICIARIOS
FINALES AL BCU
OFERTA PUBLICA
DE ACIONES
PUBLICACION DE
CONSTITUCION Y REFORMA
DE ESTATUTOS
TRATAMIENTO TRIBUTARIO
S.R.L. S.A. S.A.S
Si, salvo socios
ps físicas y BF
NO Si No
SI Si No
IRAE (Real o Régimen ficto en
ingresos anuales menores a
4.000.000 UI)
No paga ICOSA
SI
IRAE 25%
Paga ICOSA
SI
IRAE (Real o Rég. ficto)
No paga ICOSA
La creación de las SAS reporta una verdadera ventaja pues se
reducen de los formalismos, ya que puede realizarse por medios
digitales con firma electrónica avanzada y vía web inscribiéndose
dentro del plazo de 24 hs. y publicándose, y también puede ser un
instrumento idóneo para grandes proyectos.
Asimismo, se establece una exoneración impositiva transitoria
por el término de un año desde la vigencia de la ley para aquellas
empresas unipersonales o SRL que deseen transformarse en SAS;
respecto del impuesto a la renta, del Impuesto al valor agregado
resultante de la transferencia de los bienes derechos y obligaciones,
y del Impuesto a las transferencias patrimoniales (en adelante
IRAE, IVA e ITP respectivamente) por la transferencia de los bienes
inmuebles; para lo cual, se debe estar en situación regular de pagos
de sus obligaciones frente a BPS y DGI , y dicha transferencia debe
realizarse a título gratuito o como integración de capital.
Otros aspectos claves a la hora de invertir en Uruguay son los incentivos
y regímenes preferenciales para la inversión, que abarcan
distintos tipos de actividades:
Régimen de promoción de inversiones
El régimen de promoción de inversiones, Ley No 16.906, en su Art.
1 establece: “Declárase de interés nacional la promoción y protección
de las inversiones realizadas por inversores nacionales y
extranjeros en el territorio nacional.”
Las mismas serán admitidas sin necesidad de autorización previa
o registro y el Estado garantiza la libre transferencia al exterior de
capitales y de utilidades, efectuada moneda de libre convertibilidad.
Los beneficios se aplican a contribuyentes del IRAE y del Impuesto
a la Enajenación de Bienes Agropecuarios que realicen las actividades
previstas en la ley por inversiones específicas promovidos
por el Poder Ejecutivo. Se podrán obtener exoneraciones fiscales
dependiendo de las características del bien en el pago del IP, IVA,
tasas y tributos a la importación e IRAE.
Régimen de Zonas Francas
En relación al Régimen de Zonas Francas, el Art. 1 de la ley No.
15.921 establece “Declárase de Interés Nacional la promoción y
desarrollo de las zonas francas, con los objetivos de promover
inversiones, expandir exportaciones, incrementar la utilización
de mano de obra nacional e incentivar la integración económica
internacional”.
Las zonas francas uruguayas son áreas ubicadas dentro del territorio
nacional que cuentan con amplias exoneraciones tributarias
para las actividades industriales comerciales o de servicios.
El objeto de la sociedad debe limitarse a la realización de actividades
dentro de la zona franca y/o hacia el exterior, y es necesario
firmar un contrato de usuario y presentar un plan de negocios, todo
lo cual debe ser aprobado por el Área de Zonas Francas de la Dirección
General de Comercio dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas.
Las mercaderías estarán exentas de todos los tributos y recargos
aplicables a la importación o en ocasión de la misma y los usuarios
estarán exentos de todos los tributos nacionales, salvo las contribuciones
especiales de seguridad social y los impuestos sobre la renta
del personal que emplee.
Es importante señalar, que las empresas no pueden facturar más
del 5% de sus ventas a empresas ubicadas en territorio no franco
de Uruguay y debe de contar como mínimo con 75% de empleados
uruguayos (es posible solicitar una excepción al Ministerio en relación
al personal extranjero).
A lo anterior se suma, la nueva normativa aprobada por el Mercosur,
Decisión 33/2015, que establece que las zonas francas dejarán
de ser consideradas como “extrazona”. Establece que la mercadería
que ingresa a zona y luego vuelve a salir de los exclaves aduaneros
dejará de abonar arancel externo común ya que la mercadería
conservará los orígenes y sus beneficios, reduciendo así los gastos
de las empresas usuarias.
Régimen de Puerto Libre
En referencia, al Régimen de Puerto Libre, la Ley de Puertos No.
16.246 Art. 1 establece que “La prestación de servicios portuarios
eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el
desarrollo del país.”
El régimen de puerto libre se enmarca en el concepto de exclave
aduanero definido en el código aduanero como la parte del territorio
del país, en cuyo ámbito geográfico las disposiciones aduaneras
no son aplicables.
Este régimen también se aplica a Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia,
Sauce y La Paloma, así como también el Aeropuerto internacional
de Carrasco.
Para gozar de los beneficios, las actividades que se cumplan en
los puertos deberán ser de: depósito, reenvasado, manipulación,
transporte, tránsito, abastecimiento de buques y demás actividades
conexas que no modifiquen la naturaleza de la mercadería.
47

NORMATIVAS
48
Durante su permanencia en el exclave, las mercaderías estarán
exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación,
así como del IVA a la circulación de bienes y a la prestación de
servicios dentro del recinto aduanero. Las empresas no residentes
que operen con mercaderías de origen extranjero estarán exoneradas
del Impuesto a la Renta cuando las mercaderías se encuentren
en tránsito y no tengan origen territorio aduanero nacional ni estén
destinadas al mismo y dichas mercaderías no están gravadas por el
Impuesto al Patrimonio.
Se debe tener presente que existe una restricción: no se pueden facturar
más del 5% de las ventas a empresas ubicadas en el territorio
no franco de Uruguay.
Resolución Nº 51/997
La Resolución Nº 51/997 establece un régimen de liquidación del
impuesto a la renta, cuando las operaciones de intermediación
realizada en el territorio nacional sean: “- Compra - venta de mercaderías
situadas en el exterior que no tengan por origen ni destino
el territorio nacional. -Intermediación en la prestación de servicios,
siempre que los mismos se presten y utilicen económicamente fuera
del referido territorio.”
La resolución establece que, a la diferencia entre el precio de venta
de las mercaderías o servicios y el costo de las mismas se aplica un
3% a efectos de determinar la renta ficta que habrá de gravarse y
sobre este resultado se aplicará la alícuota del Impuesto a la Renta
del 25%; existiendo un monto mínimo mensual a abonar según lo
establecido en el Articulo 93 del título 4.
La distribución de dividendos se establece en un gravamen del 7%
hasta la concurrencia con el monto de la renta neta fiscal gravada
por IRAE, y en la proporción que corresponda a cada socio o accionista.
Servicios prestados en el exterior
Según el Artículo 7 Título 4 del IRAE: “Se considerarán de fuente
uruguaya las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes
situados o derechos utilizados económicamente en la República,
con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de
quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración
de los negocios jurídicos.”
Por lo que los servicios prestados en el exterior no tributan Impuesto
a la Renta de las actividades económicas ya que no se encuentran
comprendidos en el hecho generador del Impuesto. Por lo que
Uruguay maneja un concepto de renta territorial.
Residencia uruguaya
En Uruguay tenemos dos tipos de residencia, la legal y la fiscal
según las condiciones que deban cumplirse para constituir una u
otra.
Residencia Fiscal
Para ser residente fiscal deben cumplirse cualquiera de las dos
circunstancias siguientes:
a) Que permanezcan más de 183 días al año, en territorio uruguayo.
Para determinar dicho período se computarán las ausencias esporádicas
–las que no excedan los 30 días corridos.
b) Que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de
sus actividades o de sus intereses económicos o vitales (en este caso
no es necesario permanecer 183 días).
Es menester tener presente el caso reciente de un español que solicitó
el certificado de residencia fiscal a DGI para beneficiarse de un
Convenio para evitar la doble imposición entre su país de origen y
Uruguay, ésta se lo negó por lo que solicitó la anulación de dicha resolución
del organismo ante el TCA ; éste último, por unanimidad,
fallò a favor de la DGI básicamente en razón de que: “Analizados los
movimientos migratorios del compareciente en dicho periodo surge
que la permanencia en Uruguay es significativamente menor a sus
ausencias. En consecuencia lo esporádico resulta ser su permanencia
en Uruguay”.
Por lo que en nuestro país el concepto de residencia va ligado al
concepto de permanencia.
Residencia Fiscal por Tenencia de bienes Inmuebles y Otros
El Decreto 330 de Octubre de 2016, incorporó como opción para
obtener la residencia, que se considerará que una persona radica
la base de sus intereses económicos cuando cumpla una de las
siguientes hipótesis: (i) Tenga en territorio nacional una inversión
en bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 UI (quince
millones de Unidades Indexadas – Aprox. U$D 1.750.000). (ii) Tenga
en territorio nacional una inversión directa o indirecta, en una
empresa por un valor superior a 45.000.000 UI (cuarenta y cinco
millones de Unidades Indexadas – Aprox. U$D 5.250.000.) que
comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de
interés nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°16.906 y su
reglamentación.
Residencia Legal
El concepto de residencia legal se asocia con el lugar donde un
individuo vive, es decir, donde tiene su permanencia estable; por lo
que todo extranjero que se encuentre en el país en calidad de turista
podrá iniciar un trámite de residencia, -permanente o temporal- a
los efectos de formalizar su situación documental en Uruguay, siendo
necesario acreditar un domicilio uruguayo permanente.
En una primera etapa, se obtiene la residencia temporal, y una vez
obtenida la misma se podrá gestionar un cambio de categoría y
obtener la residencia permanente, para lo cual la persona deberá
probar que obtiene ingresos mensuales en el país suficientes para
su manutención.
Nueva Ley facilita la obtención de la
Residencia permanente en Uruguay
Mediante la Ley Nº 19.254 “se facilita a cónyuges, concubinos,
padres, hermanos y nietos de Uruguayos” así como a los “nacionales
de los países del MERCOSUR y estados asociados” (Argentina,
Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú, Guyana y Surinam), a obtener la residencia permanente en la
República.
Se trata de un proceso simple y ágil por el que cualquier ciudadano
de un país miembro o asociado al Mercosur puede obtener su
Residencia Legal permanente, sin tener que demostrar ingresos en
Uruguay, diferencia importante respecto a la normativa anterior.
Reflexión:
En atención a los acontecimientos regionales, la falta de certidumbre
generada en la región respecto de los mercados, el cepo cambiario
existente en Argentina, sumado a la reforma tributaria donde
se han afectado los hechos generadores del impuesto las ganancias
de dicho país, han llevado a muchos argentinos a ver en nuestro
país no solo un destino para el desarrollo de sus negocios, viendo
la simetría de las estructuras jurídicas societarias, y el régimen
de promoción de inversiones, sino como un lugar para radicar su
centro de vida.
“Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente.”
(Peter Drucker)

INDICE GENERAL / COSTOS - GRANDES RUBROS - BASE 1999
INDICE GENERAL / COSTOS - GRANDES RUBROS - BASE 1989
General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos
General Parcial Materiales Mano
de Obra
Leyes
Sociales
Costo
Permisos
OCT / 18 668.53 661.52 527.08 881.24 717.65 428.16
NOV / 18 662.41 656.28 525.39 870.29 707.56 428.16
DIC / 18 665.68 660.76 533.12 869.80 705.96 432.61
ENE / 19 672.88 667.13 534.45 883.28 716.80 432.61
FEB / 19 674.63 669.38 539.02 882.95 716.51 432.61
MAR / 19 672.90 668.97 544.77 874.51 709.15 432.61
ABR / 19 680.03 676.02 552.52 883.13 716.66 450.45
MAY / 19 681.49 677.83 555.61 883.22 716.74 450.45
JUL / 19 705.99 698.87 555.17 932.99 756.81 450.45
AGO / 19 708.59 702.08 560.65 933.21 757.00 450.45
SET / 19 711.28 705.55 568.61 932.47 756.37 463.82
OCT / 19
INDICE MEDIO SUBCONTRATOS POR TIPO
BASE DICIEMBRE 1999 = 100 Mayo 89 = 100
Agosto 2019 Setiembre 2019 Agosto 2019 Setiembre 2019
Indice Parcial 702.08 705.55 29242.40 29386.93
Hormigón armado 777.75 783.58 28040.61 28250.80
Albañilería 742.59 745.39 34307.96 34437.32
Carpintería 749.85 753.85 30455.98 30618.45
Herrería 796.59 804.23 33833.01 34157.50
Inst. eléctricas 716.88 718.86 30537.55 30802.36
Inst. sanitarias 716.88 715.88 23317.38 23284.86
Apar. y grifería 568.52 577.35 21310.29 21641.27
Ascensor 462.53 468.18 20172.41 20418.83
Vidrios 746.74 752.91 37388.90 37697.83
Pinturas 884.20 884.68 39563.09 39584.56
OCT / 18 30223.60 27572.20 18102.10 56542.47 52409.34
NOV / 18 30239.88 27553.04 18051.75 56542.47 52868.85
DIC / 18 29963.06 27334.78 17993.87 55839.90 51946.08
ENE / 19 30110.97 27521.38 18258.61 55808.46 51828.62
FEB / 19 30436.65 27786.70 18304.16 56673.36 52624.45
MAR / 19 30515.81 27880.41 18460.68 56652.19 52603.15
ABR / 19 30437.55 27863.34 18657.61 56110.66 52062.81
MAY / 19 30760.07 28156.98 18923.04 56663.74 52614.17
JUL / 19 30826.11 28232.37 19028.86 56669.51 52620.04
AGO / 19 31934.33 29108.70 19013.80 59862.88 55561.81
SET / 19 32173.61 29386.93 19474.10 59829.51 55529.51
OCT / 19
INDICE GENERAL COSTO CONSTRUCCIÓN - CRONOLÓGICO
Base Mayo 1989 = 100 / Base Enero 1976 = 100
2016 2017 2018 2019
Enero 24197.61 25972.11 27941.58 30110.97
Febrero 24547.26 26279.25 28388.48 31436.65
Marzo 24162.33 26326.29 28216.14 30515.81
Abril 24448.65 26152.59 28294.40 30437.55
Mayo 24598.83 26383.29 28473.52 30760.07
Junio 24561.74 26485.97 28661.24 30826.11
Julio 24544.10 26567.84 28712.89 31934.33
Agosto 24418.35 26617.14 29974.82 32051.93
Setiembre 24443.68 26757.37 30134.94 32173.61
Octubre 24896.01 27961.93 30223.60
Noviembre 26034.99 28169.10 30239.88
Diciembre 25945.43 27953.34 29963.06
MEDIANERÍA - ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS POR LEY 17.555
Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Setiembre 2019
Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ. Contrato Administ.
Muro de ladrillo de prensa e=25 cm 7457.83 7079.83 7532.82 7138.68 7545.95 7151.00 7.554,40 7.159,34
Muro de ladrillo de campo e = 25 cm 4800.86 4460.50 4875.32 4518.83 4888.45 4531.15 4.896,90 4.539,48
Muro de ladrillo de prensa e=12 cm 6770.78 2576.77 3809.82 3607.46 3816.88 3614.04 3.821,18 3.618,28
Muro de ladrillo de campo e = 12 cm 2442.30 2267.10 2481.07 2297.54 2488.13 2304.11 2.492,43 2.308,36
Muro de ladrillo de prensa una cara vista 4404.81 4126.77 4478.46 4187.44 4486.12 4194.52 4.490,49 4.198,83
Muro de ladrillo de campo una cara vista 3076.33 2817.11 3149.71 2877.52 3157.38 2884.60 3.161,74 2.888,90
Muros de Ticholo 12x25x25 e=12 cm. 1583.56 1469.26 1626.12 1506.13 1630.22 1509.94 1.632,65 1.512,33
Muros de ticholo 12x25x25 e=25 cm. 2624.90 2482.27 2673.11 2523.96 2682.22 2532.65 2.688,80 2.539,13
Elevación mat. de 6 a 15 m. / m3 466.31 403.63 489.14 423.00 491.82 425.17 491,82 425,17
Elevación mat. de 15 a 30 m / m3 746.09 645.81 782.62 676.80 786.92 480.28 786,92 680,28
Andamios de 6 a 30 m de altura /m2 181.94 157.62 191.61 165.96 192.04 166.30 192,04 166,30
Protecciones 6 a 30 m de altura /m2 45.48 39.41 47.90 41.49 48.01 41.58 48,01 41,58
Cim. corrido: H.cicl. 0.40x1 /ml 8089.66 7293.64 8300.83 7463.88 8341.94 7500.78 8.362,14 7.520,69

TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
INDICE POR TIPO Y COMPONENTE
Valor
Mensual
AGOSTO 2019 SETIEMBRE 2019
Acumuladas
Acumuladas
Variación
mensual Valor Mensual
2019 Ult. 12
meses 2019 Ult. 12
meses
General 708.59 0.37 6.97 6.93 711.28 0.38 7.38
General sin
impuestos 714.13 0.35 6.97 6.89 716.70 0.36 7.36
Parcial 702.08 0.46 6.98 7.16 705.55 0.49 7.51
Parcial sin
impuestos 707.84 0.46 6.98 7.16 711.34 0.49 7.51
Variación
mensual
Materiales 560.95 1.04 6.77 9.10 0.24 568.61 1.37 8.23 8.68 0.32
Gastos
generales 573.68 0.60 6.55 7.05 0.05 575.69 0.35 6.92 7.07 0.03
Impuestos 677.04 0.46 6.98 7.16 0.07 680.38 0.49 7.51 6.97 0.07
Leyes sociales 757.00 0.03 6.99 6.06 0.01 756.37 -0.08 6.90 5.97 -0.02
Conexiones
definitivas 185.89 0.01 3.74 4.15 0.00 185.89 0.00 3.74 3.99 0.00
Costo de
permisos 450.45 0.00 5.21 7.45 0.00 463.82 2.97 8.33 8.33 0.01
General 701.70 0.38 6.96 7.05 704.77 0.44 7.43 6.87
Parcial 693.02 0.48 6.98 7.29 696.80 0.55 7.57 7.06
Materiales 550.46 1.08 6.82 9.18 558.18 1.40 8.32 8.57
M. de obra 935.03 0.01 7.23 6.01 934.72 -0.03 7.20 5.97
General 708.83 0.38 7.18 7.23 711.45 0.37 7.58 6.88
Parcial 701.79 0.48 7.25 7.55 705.16 0.48 7.76 7.12
Materiales 574.49 1.04 7.58 10.10 581.57 1.23 8.90 9.01
M. de obra 931.36 0.02 7.16 5.77 930.75 -0.07 7.08 5.70
Materiales 720.31 0.36 7.05 6.79 721.92 0.22 7.29 6.57
Parcial 716.94 0.45 7.07 7.02 719.28 0.33 7.41 6.79
Materiales 573.79 1.05 6.92 9.05 579.90 1.06 8.06 8.57
M. de obra 933.91 0.04 7.27 5.76 932.51 -0.15 7.11 5.60
General 711.25 0.33 6.72 6.59 714.63 0.48 7.22 6.70
Parcial 706.94 0.40 6.63 6.75 711.42 0.63 7.31 6.92
Materiales 565.72 0.89 5.82 8.32 576.34 1.88 7.80 9.01
M. de obra 926.82 0.04 7.19 5.65 925.70 -0.12 7.06 5.53
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• International House London Institute:
Sra. Cristina Ramos, tel: 27096774 o
27092461, www.londoninstitute.edu.uy
internationalhouse@adinet.com.uy
• Edenred: Complemento salarial con ticket
alimentación. Cr. Javier Figueredo,
tel: 24088080, 24026918
javier.figueredo@edenred.com
• Drayser Ltda: Descuento en ropa e insumos
de trabajo. Sr. Javier Valle. Tel. 24004366
• Uruware: Beneficios en facturación
electrónica, Sr. Mauro Cuello. Tel:
27077778 int. 311

01
02
Servicios fuera de obra
1.1 Asesorías y Consultorías / 1.2 Sistema Financiero / 1.3 Gestión Inmobiliaria
1.4 Publicidad / 1.5 Estudios de Arquitectura e Ingeniería / 1.6 Empresas Constructoras
Servicios en el sitio
2.1 Demolición, Pilotes, Excavación / 2.2 Movimientos de tierras / 2.3 Riego y drenaje
2.4 Insumos para obradores / 2.5 Máquinas y herramientas / 2.6 Trabajos en altura
2.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
2.1 Pilotes Victor Maia Clerc Avda. Uruguay 1562 EP - 2400.0129 info@pilotesvictor.com.uy - www.pilotesvictor.com.uy
2.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo G. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
2.2 Tramec S.A. Sandro Mazzolli I. de María 51-P. Carrasco-2604.5129 tramec@adinet.com.uy
2.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy
2.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
2.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
2.4 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
2.4 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy
2.4 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy
2.4 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com
2.5 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy
2.5 Pergol Maquinaria S.A. Ruben Pérez / Juan P. Pérez Vilardebó 1333 - 2209.1414 pergol@multi.com.uy - ggimenez@pergol.com.uy
2.5 Tecnoandamio Nicolás López 12 de Octubre 5615 - 2513.2020 tecnoandamio@tecnoandamio.com
2.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
2.6 Vertical-Ind. Rope Access Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy
03 Hormigón
3.1 Portland, acero y agregados / 3.2 Accesorios y aditivos / 3.3 Encofrados
3.4 Hormigón pre-mezclado / 3.5 Hormigón pre-moldeado / 3.6 Corte, doblado y armado de barras
3.1 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@hartigas.com.uy
3.1 Cementos del Plata S.A. Cr. Roger Apoj Cno Boiso Lanza y Vigía - 2227.2842/4 clientes@cemplata.com.uy - www.cemplata.com.uy
3.1 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
3.1 Quinro S.A. Alejandro Quintana Tte. Galeano 3458 - 2511.4001 ventas@quinro.com
3.2 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
3.3 Atenko Jorge Ruiz Br. Artigas 1917 - 2400.2010 soler@soler.com.uy
3.4 Cementos Artigas S.A. María Orticochea 4707 - 2309.2810 gjo@cartigas.com.uy
3.4 Concrexur S.A. Cr. Morgan Martínez Ipar Paso de la Española 5200 - 2222.4939 ventas@concrexur.com.uy - concrexur@concrexur.com
Catálogo de Proveedores
3.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
3.4 Hormigones Uruguay Ignacio Daguerre Br. España 2683 ap 502 - 2708.9102 / 42252020 www.hormigonesuruguay.com
3.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
3.6 Gerdau Tte. Galeano 2250 - 2514.2727 uruguay_ventas@gerdau.com
04 Albañilería
4.1 Canteras de extracción / 4.2 Revoques y morteros / 4.3 Construcción en seco
4.4 Bloques modulados / 4.5 Ladrilleras / 4.6 Restauración y limpieza
4.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.3 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 -2200.0845 jaime@barracaparana.com
4.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
4.6 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
4.6 Vertical-Ind. Rope Access S.A. Alvaro Cañette Jaime Roldos y Pons 4079 - 2216.8945 vertical@vertical.com.uy - www.vertical.com.uy
05 Metales
5.1 Aleaciones / 5.2 Hierro fundido / 5.3 Tratamiento de metales
5.4 Metalúrgicas / 5.5 Estructuras metálicas
5.1 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy

06
Maderas y plásticos
6.1 Barracas de maderas / 6.2 Tratamnientos para la madera / 6.3 Molduras
6.4 Laminados plásticos / 6.5 Fibra de vidrio / 6.6 Epoxis
6.1 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.1 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
6.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
6.2 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 milesi@enko.com.uy
6.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
6.4 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
07 Barreras
7.1 Impermeabilizantes / 7.2 Sobretechos y tejas / 7.3 Sellado y pegado
7.4 Aislantes térmicos y acústicos / 7.5 Barreras ignífugas
7.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
7.1 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.1 Hidrotécnica Arq. Gabriel Sztryk Ciudadela 1178 - 2903.0529 hidrotec@adinet.com.uy
7.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.2 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.3 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.4 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
7.4 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
7.4 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
7.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
7.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
08 Cerramientos
8.1 Metálicos, Madera, PVC / 8.2 Cristales y Policarbonatos / 8.3 Herrajes, Cerrajerías
8.4 Muro cortina / 8.5 Automatismos / 8.6 Carpintería de obra
8.1 Alumex Pascual Cetraro Barros Arana 5415 - 2511.5075 alumex@alumex.com.uy - www.alumex.com.uy
8.1 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.1 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.1 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
8.1 Prontometal S.A. Iael Noachas Avda. San Martín 3370 - 2203.5330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy
8.1 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeenda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
8.2 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
Catálogo de Proveedores
8.3 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.3 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 2487.0707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.4 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy
8.4 AsiaAlum Sandra Ambrosio Mateo Cortés 5075 - 2514.8232 asiaalum_articelsa@yahoo.com
8.4 Vidriería Bia Yoselin Bia Bvar. Batlle y Ordoñez 3125 - 24870707 bia@bia.com.uy - www.bia.com.uy
8.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2209.2424 ventas@enko.com.uy
8.6 WA Cecimur S.A. Giselle Ameijeda Cnel. Raíz 1447 - 2358.6364 cecimur@adinet.com.uy
09
Revestimientos y Terminaciones
9.1 Cerámicos, Cementicios / 9.2 Madera, Piedra, Yeso / 9.3 Metálicos
9.4 Plásticos y Epoxis / 9.5 Textiles / 9.6 Revestimientos texturados y pinturas
9.1 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
9.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
9.2 Barraca Paraná S.A. Jaime Feldman Democracia 2354 - 2200.0845 Jaime@barracaparana.com
9.2 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.3 Aluminios del Uruguay S.A. Roberto Puñales Ramón Marquez 3222 - 2200.1435 aluminios@aluminios.com.uy

9.3 P. Oddone Zunino S.A. Guillermo Bidondo Gral. Flores 2227 - 2203.3747/2203.3980 oddone galain@adinet.com.uy
9.5 Kalpakian Olga Mathó Av. L. A. de Herrera 1248 T. 3 of. 267 - 2628.0850 omatho@kalpakian.com
9.6 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
9.6 Bikova S.A. Juan Carlos Martínez L. A. de Herrera 1248 - 2628.6194 bikova@adinet.com.uy
9.6 Pinturas INCA S.A. Alejandro García de Zuñiga Carlos A. López 7897 - 2320.0891 alejandro.garciadezuniga@akzonobel.com
10 Equipamiento
10.1 Industrial, Comercial / 10.2 Enseñanza, Cines, Teatros / 10.3 Hospitalario, Gastronómico
10.4 Informático / 10.5 Lavaderos / 10.6 Exteriores
10.1 Prontometal S.A. Marcelo Bosch Avda. San Martín 3370 - 2205330 prontome@prontometal.com.uy - www.prontometal.com.uy
11
Equipamiento para el hogar
11.1 Baños y cocinas / 11.2 Amoblamiento / 11.3 Electrodomésticos
11.4 TV Digital / 11.5 Tapicería y cortinados / 11.6 Decoración de interiores
11.1 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.1 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
11.2 Bosch y Cia. Marcelo Bosch Av. Rivera 2560 - 2708.4545 csandro@bosch.com.uy
11.2 Cerámicas Castro Marcelo Ramos Ruta 8 km 22,500 - 2288 9818 castro@castro.com.uy
11.3 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
11.5 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
11.6 Enko S.A. Enrique Kogan Mariano Soler 3290 - 2200.1986 ventas@enko.com.uy
12
Construcciones especiales
12.1 Prefabricados / 12.2 Piscinas y saunas / 12.3 Cámaras Frías
12.4 Estructuras / 12.5 Techos Livianos
12.1 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.2 Cotexsa S.R.L. Noelia Barboza Juan Paullier 2142 - 2400.3822 www.cotexsa.com.uy - contacto@cotexsa.com.uy
12.3 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.4 Barraca Uno - Nelit S.A. Daniel Osorio San Martín 3116 - 2209.6073 ventas@barracauno.com.uy - www.barracauno.com.uy
12.5 Bromyros S.A. Tania Thomsen Pedro Cosio 2430 - 2525.1320 www.bromyros.com.uy
12.5 Imperplast S.A. Jorge Rial Avalle Av. Italia 3880 - 2613.0935 imperplast@imperplast.com.uy
13
Equipamiento mecánico/térmico
13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción
13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores
13.1 Adamoli S.A. Ing. Juan Pablo Rios Daniel Muñoz 2117 - 2408.2655 info@adamoli.com.uy - www.adamoli.com.uy
13.1 Ascensores Otis del Uruguay Felipe Herrera Colonia 1972 - 2400.7144 otis.uruguay@otis.com - www.otis.com
13.1 Ascensores Schindler Ing. Eduardo Sellart Edif. Torre Colonia - Colonia 950 - 2901 5594 schindler.tesor@adinet.com.uy
Catálogo de Proveedores
13.4 Barraca Europa S.A. Marcelo Zador Fco. Acuña de Figueroa 1771 - 2924.8494 avazquez@barracaeuropa.com.uy
14
Equipamiento mecánico/térmico
13.1 Ascensores y escaleras / 13.2 Ventilación / 13.3 Calefacción
13.4 Aire acondicionado / 13.5 Energía solar / 13.6 Instaladores
14.1 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayr Gral. Urquiza 2575 - 2481 0530 anilco@anilco.com.uy
14.3 Hidroservice S.A. Mario Bellizzi San Martín 2866 - 2200.7460 hidroservice@adinet.com.uy
14.4 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.5 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Dacelco S.A. Oscar Giménez Martín García 1973 - 2204.1868 info@dacelco.com
14.6 Montevideo Gas Vannesa García 25 de Mayo 702 - 2901.7454 mbusquet@montevideogas.com.uy
14.6 Anilco - Grupo Dema Bruno Sedelmayer Gral. Urquiza 2575 - 2481.0530 anilco@anilco.com.uy
15
Instalaciones Eléctricas
15.1 Generación alta y baja / 15.2 Materiales / 15.3 Iluminación
15.4 Comunicación y seguridad / 15.5 Instaladores / 15.6 Edificios inteligentes
15.2 Vivion S.A. Ana Barragan Ejido 1690 - 2902.0314 abarragan@vivionelectric.com
Para figurar en el Catálogo de Proveedores de APPCU es necesario llenar el formulario de consentimiento que deberá ser solicitado en
secretaria: appcu@appcu.org. Solicitamos a las empresas socias que son proveedoras de Insumos y servicios, que nos hagan llegar
cómo desean figurar en estas páginas, indicando rubro e items. Le recordamos que figurarán sin costo.

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DE CARA AL MUNDIAL QATAR 2022
Estadio Al Janoub
UBICADO EN UNA DE LAS ÁREAS HABITADAS MÁS ANTIGUAS DE QATAR,
EN LA CIUDAD COSTERA DE AL WAKRAH, FUE DESCRIPTO COMO
«UN ESTADIO EXTRAORDINARIO PARA UNA CIUDAD AVENTURERA».

EL ESTADIO AL JANOUB FUE PROYECTADO CON 40.000 ASIENTOS QUE
SE REDUCIRÁ A UNA CAPACIDAD DE 20.000 LUEGO DE FINALIZADO EL
MUNDIAL DE FUTBOL QATAR 2022.
ESTOS ASIENTOS TEMPORALES HAN SIDO DISEÑADOS PARA SER
DESMONTABLES Y TRANSPORTADOS A UN PAÍS EN DESARROLLO QUE
NECESITE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
EL ESTADIO CUENTA CON UN TECHO RETRACTIL DISEÑADO POR
SCHLAICH BERGERMANN PARTNER, QUE ESTÁ EN SINTONÍA CON EL
REVESTIMIENTO DE SU FACHADA.
UTILIZA FIBRAS TEXTILES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, ESPECIALIZADA
EN EL CONTROL LUMÍNICO Y TÉRMICO, PERMITIENDO SOMBREAR A
LOS ESPECTADORES Y LOS DEPORTISTAS DURANTE EL VERANO CATARÍ
Y RETRAERSE PARA QUE EL CÉSPED PUEDA HACER LA FOTOSÍNTESIS.

PARA GARANTIZAR MAYOR COMODIDAD AL ESPECTADOR LAS
BUTACAS BRINDAN UNA SUAVE BRISA A 18 GRADOS Y EN CAMPO
DE JUEGO PARA QUE NO SE AFECTE EL RENDIMIENTO DE LOS
DEPORTISTAS A 20 GRADOS.
PROYECTO: ZAHA HADID ARCHITECTS.
DISEÑO: ZAHA HADID, PATRIK SCHUMACHER.
CONSTRUCTORA: GRUPO BEXIS
DISEÑO CUBIERTA PRACTICABLE
SCHLAICH BERGERMANN PARTNER
INICIO DE PROYECTO: 2013 - INAUGURACIÓN: 2019
La empresa constructora: Grupo Bexis.
Desde su entrada en acción en 1909,
el Grupo BESIX se ha convertido a lo
largo de los años en una compañía
multidisciplinaria con una posición de
liderazgo en los mercados de desarrollo
de infraestructura y obras marinas.
Actúa en todo el mundo siendo
contratada por los estudios de arquitectos
más famosos y por los Estados más
poderosos que quieren mostrar su
crecimiento económico con inversiones
en carreteras, puentes y edificios
gubernamentales.
A modo de ejemplo basta citar la
Terminal de Qatar Airways, la primera
en poder alojar el gigante Airbus A380 y
el parque temático Ferrari Word.
DADA LA UBICACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD COSTERA DE
AL WAKRAH, EL ESTADIO TIENEN UN DISEÑO QUE REFLEJA
LAS TRADICIONES MARÍTIMAS, EN PARTICULAR, EL BARCO
TRADICIONAL DE LA REGIÓN, EL DHOW. ESTO SE EXPRESA
EN LA GEOMETRÍA DE LA ENVOLVENTE QUE ESTÁ INCLINADA
HACIA AFUERA, EL METAL PERFORADO QUE SE ASEMEJAN A
LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL DHOW, COMO TAMBIÉN LA
SIMILITUD DEL PLISADO DE LAS VELAS DEL BARCO Y EL ESTADIO.
SU COLOR BLANQUECINO CON UN ACABADO BRILLANTE R
ECUERDA A LAS CONCHAS MARINAS DE LA REGIÓN.
Arquitectura textil:
Schlaich Bergermann und Partner
La empresa Schlaich Bergermann und
Partner con base en la ciudad alemana
de Stuttgart está dedicada a la ingeniería
de estructuras ligeras. Un ejemplo es
el diseño conceptual y la resolución
estructural de la antena del One World
Trade Center.
Su fundación se remonta al año 1980 por
Jörg Schlaich y Rudolf Bergermann.
Estrategia de desarrollo
Qatar en poco tiempo ha conseguido
afianzar su posición emergente en la zona
del Golfo Pérsico gracias a que alberga
la tercera mayor reserva mundial de
gas natural. Eso le permite ser país
con mayor renta per cápita y centro
de una gran transformación hacia la
modernidad en la que el dinero es un
activo importante.
Su objetivo pasa por convertirse en una
gran potencia turística gracias a su enorme
proyección exterior, cuyo escaparate
principal ha sido la organización de
grandes eventos deportivos. En 2006
organizó los Juegos Asiáticos y en 2022
se convertirá en el primer país árabe en
albergar la Copa del Mundo de fútbol.

SEGURIDAD
¿Qué significa la seguridad e higiene
de una obra en el ejercicio de un arquitecto?
EXISTEN DIFERENTES ENFOQUES DE ESTE TEMA, POR LO CUAL TRATAREMOS DE CENTRARNOS
EN LOS ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.
LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS, SE ENMARCA DENTRO DE UN TEMA MÁS GLOBAL
QUE ES LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. EN ESTE SENTIDO, EL CONCEPTO VÁ MÁS ALLÁ
DE LA PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES, DE LA BÚSQUEDA DE CULPABLES, O DE SANCIONES,
64
Hoy se considera al trabajo, como una actividad que
es fuente de riesgos y enfermedades profesionales y
como tal es objeto de un estudio multidisciplinario. Está
ligado a lo que en medicina se llama Atención Primaria
de la Salud (APS), la cual define a la salud, no como un
estado de ausencia de enfermedad, sino como un estado
de equilibrio del individuo con su medio. Interesa por lo
tanto el equilibrio del individuo desde el punto de vista
físico, psíquico, social, económico, etc. considerando que
si se altera ese equilibrio se producen disfunciones que
se manifiestan como enfermedades.
Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, ese
concepto también cabe casi textual en la consideración
del trabajador. Es decir, que un accidente, o una enfermedad
pueden tener causas ajenas a la tarea circunstancial
en que se manifiesta.
Por eso actualmente, un enfoque serio de la seguridad
e higiene, implica un enfoque multidisciplinario
que abarca la medicina laboral, la sicología laboral, las
relaciones laborales, los procedimientos de trabajo, la
capacitación, la ergonomía, etc..
En nuestro país, existen estas especialidades que permitirían
encarar la seguridad e higiene como un estudio
multidisciplinario. No obstante no es lo usual en obras.
A partir de la legislación en materia de seguridad en
la construcción, en 1995, surgen decretos que regulan
la seguridad e higiene en la Construcción así como delimitan
la responsabilidad de los diferentes actores que
tienen que ver con el desarrollo de las obras. Entre ellos,
por supuesto, los arquitectos.
Esta normativa legal, apunta fundamentalmente a la
delimitación de responsabilidades y a la actuación en
obra y dentro de la obra a las protecciones individuales y
colectivas.
Aparece en obra la figura del Asesor en seguridad, o
Técnico Prevencionista, y las inspecciones que fiscalizan
el cumplimiento de la normativa vigente para la
construcción.
De lo expuesto, puede deducirse que la seguridad e
higiene es algo que involucra a médicos y laboralistas,
pero poco tiene que ver con nosotros. No es así. Este
tema está indisolublemente ligado a la construcción,
tiene connotaciones económicas importantes por el costo
de los elementos de seguridad, por las horas perdidas por
accidentes evitables o enfermedades profesionales, y por
el mejoramiento de las relaciones laborales y el rendimiento
en el trabajo, además de las responsabilidades y
costos que puedan implicar las responsabilidades ante el
BSE, etc.
La seguridad no puede desligarse de los procedimientos
de construcción. Por el contrario, es parte de los mismos.
Gran parte de los riesgos son generados por la falta
de capacitación del operario, o de otros problemas vinculados
a aspectos psíquicos, o médicos. Desde el punto
de vista del arquitecto, es posible planificar la obra y sus
procedimientos de forma de minimizar las situaciones
de riesgo. La planificación de la seguridad va junto con
el conocimiento de los procedimientos y de la organización
de una obra. Es allí donde más allá de exigencias
legales debemos manifestar nuestra preocupación.
Históricamente hay ejemplos como la construcción de
la Torre Eiffel, durante la cual no hubo accidentes graves,
en nuestro medio se conoce el caso de la Construcción
del Palacio Salvo.
Quiero decir con esto, que aún cuando no exista
normativa adecuada, la planificación de la obra y sus
procedimientos, tienen una ingerencia importantísima,
así como también el conocimiento de los operarios,
un seguimiento médico, que partiendo de un examen
previo a su ingreso a obra, permita conocer los posibles
riesgos derivados de enfermedades (cardiopatías, epilepsia,
etc.), de modo de no asignar tareas que signifiquen
imponer al operario un riesgo por desconocimiento de su
estado de salud.
El diseño o mejoramiento de los puestos de trabajo,
asegurando un fácil acceso a los lugares en altura, con
plataformas de trabajo adecuadas, colocando las máquinas
y equipos a alturas y distancias adecuadas para
su manejo, colocando las protecciones reglamentarias, y
fundamentalmente trabajando con personal capacitado
para las tareas que deben realizar.
Por último, la planificación de la seguridad como parte
integrante de los procedimientos de obra, permite su
evaluación económica, su inclusión en el presupuesto de
una obra, que es básico aunque actualmente no siempre
se hace.
Equipo de ASHA,
Asesoría en Seguridad e Higiene de APPCU