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LAVADO
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Como operador del derecho, lo que veo
con más preocupación respecto de normativa
vigente -y de lo que nos exigen autoridades
nacionales e internacionales- son los
inconvenientes que se pueden suscitar en
torno al secreto profesional y el proactivo
accionar que se les exige a los sujetos obligados
para que, eventualmente, no queden
atrapados en el delito.
Esto afecta cada vez más la libertad de
trabajo de los profesionales, en mayor o menor
medida y cualquiera sea el sujeto obligado.
En este sentido, recibimos recurrentes
quejas de los clientes: ¿acaso somos la DGI?
Y es que la nueva normativa, cada vez
más celosa y exigente, designa a los profesionales
como sujetos obligados a colaborar
en la lucha contra el lavado de activos, lo
que supone en algunos casos la obligación
de denunciar (ROS) hasta a tu propio cliente
y en secreto, toda vez que adviertas o sospeches
que pueda haberse verificado alguna
de las hipótesis de lavado de activos. Así
me dijo una vendedora de inmuebles: «Pero,
doctor, si reporto solo porque tengo dudas,
me pierdo la comisión de la venta». Meses
después fue procesada por este delito.
Con ello, hemos advertido una suerte
de paranoia profesional, ya que al sujeto
obligado muchas veces se le exige ser tan diligente
y precavido que hasta parecería ser
que debiera subrogarse a las tareas propias
de la policía. Entonces nos preguntamos
hasta dónde debe llegar el due diligence o el
know your customer. ¿No se torna invasivo
y hasta desmedido?
Una cosa debe quedar clara: asesorar no
implica prestar asistencia material ni cualquier
otro tipo de ayuda en la conservación
u ocultamiento de los bienes.
Será el cliente, en definitiva, quien
elija qué decisión tomar, pero nadie puede
privarlo del derecho constitucional a tener
un debido asesoramiento. Porque una cosa
es lo que prescribe la norma -el texto legal
analizado de forma piedeletrista- y otra muy
distinta es cómo reacciona el poder judicial
ante una conducta de este tipo.
¿Qué supone, entonces, asistir al lavado
según el criterio de un fiscal o de un juez, y
cómo proceden en estos casos?; ¿qué debe
hacer o dejar de hacer el sujeto obligado
para no cometer la conducta atípica pasible
de reproche penal?; si hay sospechas del
cliente, ¿alcanza con una búsqueda de
información en un portal de internet o debo
acceder a una base de
datos más sofisticada?
“...hemos advertido
una suerte de paranoia
profesional,
ya que al sujeto obligado
muchas veces se le exige
ser tan diligente y
precavido
que hasta parecería ser
que debiera subrogarse
a las tareas propias de
la policía.”
Intentaré abordar y
evacuar -de forma sintética
y con referencias de
casos reales- las dudas
que surgen al respecto
en la práctica profesional
y señalar cuáles son
algunas de las reacciones
o criterios de los órganos decisores. Claro
está que después va a depender del fiscal
interviniente que por turno corresponda y,
en última instancia, de la palabra final del
magistrado.
En los últimos años, hubo dos casos emblemáticos
en la Justicia Especializada en
Crimen Organizado que merecen especial
atención:
1) El pedido de procesamiento a cargo
del fiscal en crimen organizado, Dr. Luis
Pacheco Carve, solicitado para la escribana
pública interviniente en el caso del cártel
mexicano conocido como Los Cuinis, causa
que finalmente fue archivada por resolución
de la Dra. Beatriz Larrieu.
2) El caso de la ruta del dinero K, causa