Edicion 20 de abril 2020

10 Lunes 20 de abril de 2020
Opinión
Diario Co Latino
Estado de emergencia sin suspensión
de garantías constitucionales
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
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128 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
Desde el 11 de marzo que se
declaró alerta roja en todo
el territorio nacional por el
riesgo del COVID 19, hemos entrado
a la séptima semana de tensión generalizada
acompañada por tensión política
originadas en las actuaciones de gobierno que
merecen ser analizadas.
Hasta el 16 de abril el presidente y su gabinete
tuvieron dos pilares jurídicos para su actuación,
la declaración de emergencia aprobada
por unanimidad, y el de restricción de garantías
constitucionales aprobado por mayoría
que la suspensión de garantías constitucionales
representaba el 80 % de lo que él necesitaba
para enfrentar la pandemia.
Lo principal es que la salud de los salvadoreños
está amenazada, tanto por la presencia
de la pandemia, como por la suspensión de
la atención a otras enfermedades, debido a la
concentración del sistema de salud, en lo que
se valora como principal amenaza, la de llegar
a padecer una neumonía originada en la afectación
del COVID-19.
La tensión por las cuarentenas impuestas a
quienes ingresaron al país antes de declarar estado
de emergencia, la cuarentena domiciliar
las personas detenidas o retenidas por salir de
sus casas sin que la policía acepte los motivos,
ha generado todo tipo de afectaciones sanitarias
y legales.
Muchas personas interpusieron recursos
de HABEAS CORPUS ante la
Sala de lo Constitucional, la admisión
de los mismos puso en evidencia los
procedimientos inadecuados empleados
por funcionarios policiales, militares
y del Ministerio de Salud constató
que en nombre de atender el riesgo del virus
se estaban violando los derechos humanos
de centenares de personas, por quienes tienen la
obligación de protegerlos.
La afectación del virus al personal de salud,
enfermeras, médicos y empleados de los hospitales
colocó el problema en otro nivel, pues
quedó a pesar de la capacidad de disponer de recursos
para la salud, el personal de salud ha reclamado
sin tener respuesta, los equipos y material
apropiado para su protección dada la sobreexposición
a la que están sometidos. Como decía
una enfermera ni mascarillas reciben.
Predomina el enfoque represivo más que el
sanitario en las preocupaciones del equipo que
debe conducir el manejo de la crisis, especialmente
por el predominio de decisiones del presidente
Bukele, que a juicio de expertos deberían
ser tomadas por equipos multidisciplinarios.
Desde la primera admisión de un recurso la
Sala de lo Constitucional adelantó que cada persona
debía ser respetada en su dignidad, los sitios
donde guarden cuarentena garantizar condiciones
apropiadas para su salud, alimentación,
higiene y el derecho a conocer los resultados de
pruebas a la que le sometan.
Y es que la efectividad de las medidas para
cuidar de la salud de la población no se logra
violando los derechos fundamentales, y quedó
demostrado a lo largo de estas semanas que se
han disparado armas contra jóvenes como el
de San Julián; que se han decomisado teléfonos
como represalia por denuncias; que se han trasladado
a médicos por que reclaman condiciones
apropiadas para atender a los pacientes.
La prepotencia de policías y soldados se explican
por el discurso de sus jefes, cuando desde
el propio presidente les dan órdenes en público
de ser más duros, de doblar la muñeca a
quienes se resistan.
Y ante el desacato frente a las resoluciones de
la Sala de lo Constitucional pretendía convertir
en ley las actuaciones exacerbándolas a juzgar
por los anteproyectos de ley de emergencia y de
restricción de derechos constitucionales que pidió
a la Asamblea.
co por el contagio creciente del virus con una
prorroga al Decreto 593, sin restricción de derechos
constitucionales y con la expectativa de
si el presidente sancionará o los decretos aprobados
la madrugada del 17 de abril por la Asamblea
Legislativa.
El Decreto 630 que contiene Ley de Reconocimiento
a los Trabajadores de la Salud y otro,
DL 632 para proteger los derechos de las personas
durante la pandemia, que desarrolla los
mandatos de la Sala de lo Constitucional, que el
presidente se ha negado a acatar.
El 14 de marzo la Asamblea emitió el Decreto
No. 593 en el que se declara “ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL DE LA PAN-
DEMIA POR COVID 19”, decreto que fue
prorrogado primero por cuatro días y el 16 de
abril por quince días más y es la base para que el
órgano Ejecutivo asuma la protección de la salud
de toda la población.
El 14 de marzo también fue emitido un decreto
que restringe garantías constitucionales,
que fue prorrogado con reformas y venció sin
ser renovado ante los cuestionamientos por los
abusos cometidos por autoridades policiales en
contra de la ciudadanía.
Lo principal es que la salud
de los salvadoreños está
amenazada, tanto por la
presencia de la pandemia,
como por la suspensión de la
atención a otras enfermedades,
debido a la concentración del
sistema de salud, en lo que se
valora como principal amenaza,
la de llegar a padecer una
neumonía originada en la
afectación del COVID-19.