Riechmann 1995 reforma fiscal verde.DOC - Istas

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del 22'5 al 19'5% del PIB, y el impuesto sobre sociedades del 2'8 al 1'9% del PIB. Por el contrario,
aumentó el IVA (del 7'6 al 9'8% del PIB), y se introdujeron una serie de impuestos y tasas ecológicos
que son los que nos interesan aquí:
• Un impuesto de 250 coronas por tonelada de carbono en los combustibles fósiles (se recaudaron
13.800 millones de coronas en 1992).
• Una tasa de 30.000 coronas por tonelada de SO2 (se recaudaron 1.150 millones de coronas en
1992). Los diferentes combustibles se gravan según su contenido en azufre, y con los fondos
recaudados se subvencionan dispositivos de desulfuración.
• Una tasa de 40.000 coronas por tonelada de óxidos de nitrógeno, estimándose la base imponible por
medición directa de las emisiones en las 250 mayores instalaciones del país. Lo recaudado mediante
la tasa se redistribuye entre estas instalaciones proporcionalmente a las cantidades de energía
producida.
• Reforma de los tributos que afectan a los automóviles, de acuerdo con sus características
energéticas y ambientales.
• Tasas sobre los envases para bebidas, los abonos, los pesticidas, las pilas, las baterías y las
chatarras de automóviles y electrodomésticos.
FUENTE: Jean-Philippe Barde, Économie et politique
de l'environnnement (PUF, Paris 1992), p. 294.
La modalidad concreta de este impuesto energético europeo ha sido objeto de un
vivo debate, en el que sectores de los movimientos ecologistas europeos
participan con posiciones diferentes. El temor es que si se grava el contenido en
carbono de cada fuente de energía (lo que parece aconsejable para actuar en
contra del "efecto invernadero"), ello redundaría en un inaceptable subsidio
encubierto de la energía nuclear. La gran asociación alemana BUND (que agrupa
a la friolera de 180.000 miembros) aboga por un impuesto sobre la energía
primaria del que sólo estarían exentas las energías renovables (empezaría a un
nivel de dos pfennig -centavos de marco- adicionales por kwh y aumentaría
progresivamente hasta el nivel de 5-10 pfennig adicionales por kwh; las
estimaciones indican que esto llevaría a disminuir el consumo energético en un
50% a medio plazo). Por el contrario, la Sociedad Sueca para la Conservación
de la Naturaleza (Svenska Naturskyddföreningen, que agrupa a 140.000 socios)
defiende un impuesto sobre las emisiones de CO2 en la línea del que ya existe en
Suecia (ver cuadro 2), combinado con un conjunto de medidas (tanto
económicas como administrativas) en contra de la energía nuclear. Los
argumentos de las dos partes son complejos y elaborados, pero en mi opinión la
razón se inclina del lado de los promotores de las tasas sobre energía primaria
(entre los que se encuentran, en nuestro país, organizaciones como
GREENPEACE, AEDENAT, y otras).
Recientemente la Agencia Internacional de la Energía ha propuesto un impuesto
internacional sobre las emisiones de dióxido de carbono (50$ por tonelada de
carbón, 8$ por barril de petróleo); y tanto la Comisión de la CE como el Grupo
Verde en el Parlamento Europeo se han decantado por un impuesto mixto sobre