Edicion 06 de octubre 2020

6 Martes 6 de octubre de 2020 Nacionales
Diario Co Latino
La vivienda adecuada deberá ser
reconocida como derecho constitucional
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Soy Rosa Mélida Alvarado,
pertenezco a la comunidad
El Mozote, departamento
de La Paz, y estamos en lucha
por una vivienda adecuada”,
dijo en el marco de la conmemoración
del “Día Mundial del
Hábitat”, que reunió a 28 organizaciones
que conforman la
Plataforma Nacional por el Hábitat.
Las organizaciones de la Plataforma
Nacional por el Hábitat
señalaron que, tras diez años de
haber presentado ante la Asamblea
Legislativa el anteproyecto
de Ley de Vivienda de Interés
Social, que consideran un derecho
humano a la vivienda adecuada,
aún no es una realidad
para las familias más empobrecidas
del país.
Mélida Alvarado, quien integra
el Movimiento Nacional en
Defensa de la Tierra de El Sal-
mó
que una vivienda digna debe
-ante todo- estar registrada legalmente
en el Centro Nacional de
Registros de la República de El
Salvador (CNR) para garantizar
el acceso a la tierra y vivienda.
Ezequiel Linares
@DiarioCoLatino
El director Ejecutivo
de FOMILENIO II,
William Pleitez, junto
al ministro de Obras Públicas,
Romeo Rodríguez anunciaron
la restricción de paso vehicular
en la carretera Panamericana,
desde las inmediaciones
del desvío a San Juan Opico.
Los titulares dijeron que las
obras tendrán una duración estimada
de cuatro meses y que
la restricción del paso vehicular
es por las obras de construcción
del baipás que conectará
a la carretera a Sonsonate,
en el desvío a Sacacoyo, con la
Organizaciones comunitarias que integran la Plataforma Nacional por la Vivienda y el Hábitat, demandaron la aprobación de una
ley que provea a las mayorías de una vivienda adecuada y digna. Foto Diario Co Latino/GLoria SiLVia orELLana
“Una vivienda digna, una vivienda
adecuada debe contar con
los servicios básicos, como agua,
luz eléctrica y alcantarillado; porque,
actualmente, muchas viviendas
no cuentan con estos servicios
Una de las peticiones acotadas
por la Plataforma Nacional por el
Hábitat, es la derogación del Decreto
Legislativo 23, del año 2009,
referida a la Ley Especial para la
Garantía de la Propiedad y Posesión
Regular de Inmuebles, por
su impacto negativo entre las comunidades
o familias que carecen
de seguridad jurídica de los terrenos
que habitan, ante la falta de
carretera a Santa Ana, en el desvío
a San Juan Opico.
Este tendrá una extensión de
10.08 Km: 7.37 Km de apertura
y 3.43 Km de trabajo sobre
un tramo existente y contará de
dos carriles de 3.65 m un hombro
a cada lado de la vía de 1.00
m. y una ciclovía de 1.5 m, con
Añadieron que la restricción
del paso vehicular inició este sábado
3 de octubre, desde el desvío
de San Juan Opico, La Libertad,
entre el kilometro 29,
frente a gasolinera Uno El Volcán
y el Kilometro 32, frente a
entrada del Regimiento de Caballería.
Durante esta obra y fase de
construcción, que atraviesa los
una respuesta de viviendas de interés
social. “Este decreto 23 es el
que más afecta a las comunidades
de la zona costera del territorio nacional,
porque estamos expuestos
a los desalojos, en casas de alta vulnerabilidad,
donde no contamos
con agua y eso nos ha afectado durante
esta cuarentena por la pandemia
del COVID-19”, argumentó.
Sobre el anteproyecto de ley,
Teresa Hernández, de FESPAD,
nir
en la Asamblea Legislativa un
a los sectores en desprotección y
que sea incorporado en el Presupuesto
General de la Nación del
Anuncian restricción de paso vehicular por cuatro
meses en desvío San Juan Opico
año 2021.
“Es urgente que se apruebe una
ley Especial de Vivienda de Interés
Social, elaborada con las comunidades
demandantes y organizaciones
sociales; y no desde un despacho
ministerial para buscar una solución
integral. Naciones Unidas
(ONU), desde 1985, viene haciendo
llamados en este tema, cada primer
lunes del mes de octubre, con
diferentes lemas y ahora el objetivo
es que los pueblos y los gobier-
situación del hábitat y, dentro de
este, está la vivienda adecuada, el
medioambiente; así como el lugar
y las dimensiones de esa vivienda
municipios de Ciudad Arce, Colón,
San Juan Opico y Sacacoyo,
generará al menos quinientos
empleos directos.
También, resaltaron que
“parte de la construcción incluye
dos redondeles, uno sobre la
carretera a Santa Ana (CA:1) y
otro sobre la carretera a Sonsonate
(CA:8); y la construcción o
mejoramiento de 4 puentes sobre
Flor Amarilla, Paso Los Patos,
río Colón y río Talnique”.
Además, dijeron que Estados
Unidos, a través de la Corporación
del Reto del Milenio (MCC
por sus siglas en inglés), el gobierno
de El Salvador y su socio
implementador en El Salvador,
FOMILENIO II, también
se ha proporcionado $30 millones
para la realización del estudio,
diseño, supervisión, compra
de terrenos y la construcción del
baipás. La obra permitirá agilizar
el tránsito de carga desde y
adecuada”, sostuvo.
Óscar Erazo, de la Federación
Salvadoreña de Cooperativas
de Vivienda por Ayuda Mutua
(FESCOVAM) señaló que
actualmente las empresas constructoras
enfocan sus proyectos
urbanísticos a viviendas que no
pueden acceder por falta de capacidad
de pago de las unidades
habitacionales.
Salvador alcanza el 87.2 %, para
el año 2019, tres de cada diez hogares
no contaban con la seguridad
jurídica de sus viviendas y de
la totalidad de viviendas habitadas,
al menos la mita está construida
de materiales inadecuados
o dañados. Tenemos allí cerca el
proyecto El Ángel; el otro proyecto,
La Acrópolis, en Nahulingo,
Sonsonate, que afectan ríos,
acuíferos naturales o sitios ancestrales
y no nos dejan nada a
las futuras generaciones, es por
esto que insistimos en frenar de
manera inmediata proyectos que
pongan en riesgo los ecosistemas
y derechos ambientales de
la población. Y no permitir más
desalojos de familias y comunidades
enteras sin antes brindarles
apoyo legal u opciones de vivienda
adecuada por parte del
Estado”, puntualizó.
Desvío de San Juan Opico tendrá restricción de paso, ante la construcción de una rotonda
que conectará cuatro carreteras del país. Foto Diario Co Latino/@SECprEnSaSV
hacia el puerto de Acajutla y
que generan ahorros estimados
en $21.6 millones netos
en costos generales de viaje,
en un período de veinte años.