Edicion 01 de julio de 2021

2 Jueves 1 de julio de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
Audiencia CIDH–Organizaciones sociales
Pronunciamiento y visita por situación
de derechos humanos en El Salvador
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Foto Diario Co Latino/arChivo
En el marco
del 180 período
de audiencias
públicas de la Comisión
Interamericana
de Derechos Humanos
con la sociedad civil
diversas organizaciones
sociales y una gremial
empresarial presentaron
sus informes sobre
el estado de los derechos
humanos en El Salvador,
la que culminó con la petición
de un pronunciamiento
y una visita especial
de la CIDH al país.
La Audiencia de la
CIDH inició con la participación
de la sociedad
civil organizada para
presentar sus observaciones
desde las temáticas
de Ciudadanía Democrática
e Independencia
Judicial, que estuvo a
cargo de CRISTOSAL,
Servicio Social Pasionista
(SSPAS) y Asociación
Nacional de la Empresa
Privada (ANEP).
En el segundo bloque,
relacionado al derecho
a la Libertad de Expresión
y Acceso a la Información
Pública y defensa
a Personas Defensoras
de Derechos Humanos,
participaron la Mesa
por el Derecho a Defender
Derechos, la Fundación
Nacional para el
Desarrollo (FUNDE) y
la Asociación Transparencia,
Contraloría Social
y Datos Abiertos.
La representación por
la CIDH la integró la primera
vicepresidenta, comisionada
Julissa Mantilla
Falcón; la relatora
país, Margaret May Macaulay;
la comisionada Esmeralda
Arosemena de
Troitiño y el comisionado
Edgar Stuardo Ralón Orellana.
Además de secretarios
y relatores especiales
en derechos humanos que
integran la CIDH.
La delegación del Estado
salvadoreño presentó una
excusa por escrito anunciando
su no participación
a esta audiencia temática,
señalando un “desequilibrio
de participantes”, pero
reiteraron su disposición a
colaborar en la protección
de los derechos humanos
de la población, y adjunta-
diez páginas.
“Esta convocatoria genera
todas las condiciones
para la desnaturalización
del objeto de la misma. Y
para la instrumentalización
a través del uso mediático
en El Salvador, contrario a
reforzar el espíritu de colaboración
entre la Comisión
(CIDH) y el Estado, lo que
se ha visto concretado por
El Salvador, entre otros aspectos,
y la atención oportuna
de otros requerimientos
realizados por esta comisión
en el marco de peticiones
y casos individuales,
medidas cautelares, audiencias
públicas y solicitudes
de información”, cita el
texto.
La sesión de la CIDH
inició con Zayra Navas, por
CRISTOSAL, quien tocó
el tema del “deterioro de la
institucionalidad democrática
e independencia judicial”,
cuando reseñó la acción
del presidente Nayib
Bukele, junto a un dispositivo
militar –policial, que
irrumpió el recinto de la
Asamblea Legislativa, que
pe
de Estado.
Por tales hechos del 9
de febrero de 2020, la Sala
de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia
ordenó al presidente Nayib
Bukele, a abstenerse del
uso del ejército en actividades
contrarias a sus deberes
constitucionales y cualquier
otra acción que pusiera en
riesgo el sistema democrático
y la independencia poderes
del Estado.
bierno
ha debilitado la independencia
de los poderes
estatales, tomando el control
de estas como la Sala
de lo Constitucional, la Fiscalía
y el Instituto de Acceso
a la Información Pública,
desprestigiando su labor
como ha ocurrido con
la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos
y la Corte de Cuentas
de la República”.
En cuanto a la anulación
de las garantías y desprotección
judicial, agregó que
el 1 de mayo la nueva legislatura
mayoritaria del partido
Nuevas Ideas, del presidente
Bukele, destituyó a
los cinco magistrados y
blica
sin la aplicación de
un debido proceso, porque
no estaban cerca de
concluir el período de
sus mandatos y que actualmente,
los funcionarios
elegidos de facto suplantan
a los funcionarios
legalmente elegidos.
Daniel Olmedo, en
representación de la
ANEP, agradeció el espacio
e interés de la
CIDH, por la situación
en el país, y recordó los
sucesos del 1o de mayo,
que llevó a la destitución
de los magistrados de la
Sala de lo Constitucional
y la presencia de la Policía
Nacional Civil y el
ejército en las casas de
los exfuncionarios como
presión.
“Esto no fue un hecho
improvisado el 9 de
agosto de 2020, cuando
la Sala de lo Constitucional
emitió una sentencia
que señalaba inconstitucional
el régimen
de excepción del órgano
Ejecutivo y provocar
desproporcionadas violaciones
masivas a derechos
fundamentales. En
cadena nacional el presi-
riéndose
a los cinco magistrados,
y citó: Si fuera
un dictador habría mandado
a fusilarlos a todos,
salvar mil vidas a cambio
de cinco, y si bien no los
fusiló, pero ocupó la mayoría
parlamentaria de
su partido para destituirlos”.
Pasa a la pág. 3