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Edición 19 de julio de 2021

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2 Lunes 19 de julio de 2021

Nacionales

Diario Co Latino

Gobierno encubre de nuevo posibilidades

de justicia en crímenes de lesa humanidad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el Día de la Justicia

Internacional

que se conmemora

desde 1998 cada 17 de julio,

las organizaciones que conforman

la Comisión de Trabajo

en Derechos Humanos

Pro Memoria Histórica de El

Salvador afirmaron que el gobierno

en turno, resta importancia

a los temas referentes a

verdad, justicia y reparación a

las víctimas del conflicto armado,

por el contrario, promueve

discursos que instan al

olvido, a la negación de los

hechos y encubre de nuevo

las posibilidades de justicia.

Ana Julia Escalante, de la

Asociación Pro-Búsqueda, enfatizó

que las víctimas nuevamente

vuelven a ser víctimas

por medio de campañas

de desprestigio a sus organizaciones,

son estigmatizadas

como una forma de negar sus

luchas, evadir una responsabilidad,

acciones evidentes han

demostrado que existe un retroceso

en la agenda de derechos

humanos y por el contrario

vuelven a proteger a los

responsables.

“Pese a existir una sentencia

de inconstitucionalidad

de la Ley de Amnistía que era

un obstáculo para acceder a la

justicia y con ella una serie de

medidas que las instituciones

responsables debían garantizar,

la respuesta ha sido un

primer momento una Asamblea

Legislativa que tampoco

reconoce el esfuerzo de las

víctimas y sus representantes

dejando de lado una propuesta

elaborada a satisfacción

como lo indican los estándares

internacionales en materia

de verdad, justicia y reparación”,

expresó.

Las organizaciones que conforman la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de

El Salvador afirmaron que el gobierno en turno, resta importancia a los temas referentes a verdad, justicia y

reparación a las víctimas del conflicto armado. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Escalante manifestó que las

víctimas han transitado décadas

donde no se ha generado

una respuesta a sus exigencias,

pese a la existencia de un informe

de la verdad, los diferentes

gobiernos en turno se han vuelto

cómplices de la impunidad,

facilitando condiciones para

que los perpetradores de las graves

violaciones a derechos humanos

se mantengan al margen

de señalamientos, y con pocas

oportunidades de ser llevados

ante los tribunales.

Asimismo, recalcó que con

el actual gobierno el panorama

se vuelve más incierto ante

los evidentes retrocesos en procesos

democráticos, la independencia

de poderes del Estado

que rompe el equilibrio necesario,

para no caer en la concentración

y los abusos de poder;

la Asamblea aprobó una Ley de

Reconciliación que deja de lado

la justicia, volviéndose una nueva

forma de amnistía disfrazada.

Pro Memoria Histórica exigió

a la Asamblea Legislativa retomar

el proceso de revisión y

aprobación del proyecto de ley

presentado por las organizaciones

de víctimas y sus defensores,

enmarcados en una ley integral

de reparación e incorpora

medidas concretas que responden

a criterios establecidos,

pues han sido elaborados a partir

del proceso de consulta con

las víctimas, cumpliendo así

con la sentencia emitida por la

Sala de lo Constitucional.

Además, pidió a las instancias

responsables avances en

materia de justicia que inician

por aportar la información

necesaria para concluir casos

como El Mozote y otros, tanto

en el esclarecimiento de los hechos

pero sobre todo en juzgar

a quienes fueron los responsables

del dolor e incertidumbre

que viven las familias hasta el

día de hoy.

Los miles de víctimas del

conflicto armado esperan que

la justicia la cual se conmemora

en esta fecha sea materializada

en hechos concretos, así como

reconocer que no puede existir

reparación sin que sean señalados

y juzgados los responsables

de las atrocidades cometidas

en contra de la población

civil, siendo muchas de ellas

grave violaciones de derechos

humanos y delitos de lesa humanidad.

El Órgano Ejecutivo no ha

diseñado, ni impulsado políticas

públicas para brindar las reparaciones

adecuadas a las víctimas

de crímenes de guerra y

lesa humanidad del conflicto

armado, tampoco ha previsto

su financiamiento en el Presupuesto

Nacional, por el contrario

la reforma del gobierno actual

sobre diversas instituciones

derivó en la parálisis o disminución

de los pocos programas

de reparación creados en las administraciones

anteriores.

Tampoco las comisiones de

búsqueda de personas desaparecidas

han recibido el apoyo necesario

desde el Ejecutivo, al

cual están adscritas, por el contrario

el presidente de la República

junto a su alto mando de

la Fuerza Armada han obstaculizado

investigaciones, al negar

el acceso a archivos militares

históricos, desobedeciendo

de esta manera la sentencia

de inconstitucionalidad, e

incluso violando abiertamente

la ley al bloquear las inspecciones

judiciales que en 2020

se ordenaron en el proceso penal,

por el caso de la masacre

El Mozote y sitios aledaños.

Mientras tanto, Blanca

García, representante del Comité

de Madres y Familiares

Detenidos-Desaparecidos

y Asesinados Políticos, Monseñor

Óscar Arnulfo Romero

(COMADRES) externó

que en El Salvador aún sigue

la impunidad, no hay muestra

del gobierno para llevar

ante la justicia ningún caso

del conflicto armado, para las

víctimas sería un alto a los crímenes

de lesa humanidad que

todavía se cometen en el país.

“Hacemos el llamado al

gobierno para que de una vez

por todas se ponga fin a la

impunidad, ya durante los 12

años de guerra por parte del

Estado hubo cometimiento

de crímenes horrorosos y de

lesa humanidad, en el presente

todavía se cometen como

en la guerra, esto por falta de

justicia y no dar muestra a las

víctimas el querer esclarecer

los hechos ni reparar los daños”,

sostuvo García.

El 17 de julio se conmemora

el Día de la Justicia Internacional,

al haberse adoptado

por la comunidad internacional

en 1998 el Protocolo de

Roma, instrumento que permitió

continuar con la lucha

en contra de la impunidad y

lograr el acceso a la justicia de

crímenes de la lesa humanidad

en sociedades donde hay

una constante la falta de voluntad

y actitud proteccionista

de los Estados.

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