Edición 24 de julio de 2021

Diario Co Latino
Nacionales
Sábado 24 de julio de 2021 3
Organizaciones rechazan
capturas de oposición política
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
“Como parte de una estrategia
de demostración de
fuerza, la Policía Nacional
Civil realizó un operativo
el pasado jueves por la noche
en la que detuvo ilegalmente
a exfuncionarios de las administraciones
del Frente Farabundo
Martí para la Liberación
Nacional”, manifestó el
Comité de Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CIS-
PES).
El CISPES es una organización
de base que durante el
conflicto armado, en la década
de los años ochenta, se dedicaron
a acompañar y abogar
por los derechos humanos de
la población salvadoreña, desde
la justicia social, económica
y la alternativa de los ideales
democráticos.
Samantha Pineda, directora
del Programa de CISPES, denunció
este tipo de detenciones
que fueron realizadas sin una
orden judicial y con motivaciones
políticas y, por tanto, demandaban
su inmediata liberación
de las y los detenidos.
“La detención ilegal de exfucionarios
del FMLN, tiene el sello
del régimen Bukele. No es
una sorpresa que, con una administración
que se encuentra
entre la espada y la pared debido
a la corrupción generalizada
y el uso indebido de fondos
de emergencia para atender la
pandemia por Covid-19, el presidente
Bukele abuse de su control
sobre la policía y el Fiscal
General para descargar la culpa
en otros actores y enfurecer a la
población con acusaciones infundadas
de corrupción cometida
por sus predecesores”, dijo.
Sobre las detenciones, Pineda
indicó que el presidente Nayib
Bukele “desata su ira contra
el FMLN, por ser el único
instituto político en el país que
está dispuesto a desafiar los planes
gubernamentales de vender
Las organizaciones dijeron que es preocupante el hecho de que la policía detuvo a estas personas sin una orden judicial en vigor y sin proporcionarles ninguna información
acerca de la causa de su detención o hacia dónde estaban siendo llevadas. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.
al país, pieza a pieza, con élites
inversionistas y benefactores internacionales”.
“Lo particularmente preocupante
es el hecho de que la policía
detuvo a estas personas sin
una orden judicial en vigor y
sin proporcionarles ninguna información
acerca de la causa de
su detención o hacia dónde estaban
siendo llevadas. Esta es una
muestra más de que el funcionamiento
de esta administración se
basa en secretismo e ilegalidad.
También se asemeja terriblemente
a la represión estatal de épocas
anteriores”, sostuvo.
Asimismo, expresó la inquietud
como CISPES, por el “patrón
de intimidación y persecución
política” que se está instalando
en El Salvador, y citó el
caso de las COMADRES, organización
fundada por madres y
familiares de personas que fueron
víctimas de desapariciones
forzosas durante el conflicto armado,
que han sufrido un allanamiento
y robo de archivos de
casos de desapariciones.
“Existe poca confianza en
que el actual Fiscal General (Rodolfo
Delgado) perseguirá estos
y otros ataques contra las organizaciones
de derechos humanos.
El Departamento de Estado
y la Embajada de Estados
Unidos en El Salvador deben
pronunciarse de inmediato por
la liberación de los prisioneros
políticos y llamar a que se ponga
fin a las redadas y detenciones
ilegales, incautaciones e intimidación
política de los adversarios
políticos del presidente”,
manifestó.
En cuanto a la Encarga de Negocios
de la Embajada de Estados
Unidos, Jean Manes, la directora
de Programa de CISPES señaló
que era “una gran oportunidad”
para tomar una serie de acciones
y así “enmendar los errores
del pasado”, cuando fungió
como embajadora durante la administración
de Barak Obama.
“Jean Manes, durante su mandato
anterior como Embajadora de
los Estados Unidos, apoyó descaradamente
acciones con motivaciones
similares llevadas a cabo
por el ex fiscal General, Douglas
Meléndez, quien también optó
porno actuar ante pruebas que
indican que hubo más de $4 mil
millones en malversación de fondos
públicos durante los veinte
años de la administración de
ARENA”, indicó Pineda.
El llamado de CISPES fue
también para el Senado estadounidense,
a quien le solicitaron
“retirar el financiamiento y apoyo
para la Policía Nacional Civil,
en el próximo proyecto de
Presupuesto”.
Luego que la Cámara de Representantes
no logró los votos
suficientes para realizar dicha acción.
Lo que consideraron urgente
porque “el apoyo de Estados
Unidos a la policía y el ejército
está alimentando este tipo
de represión política en toda
Centroamérica”, reafirmó.
Mientras, el Foro Nacional
de Salud (FNS), nacido como el
“Eje 5” de la Reforma de Salud
implementada durante el primer
gobierno de izquierda en el país,
que inició con la activista Margarita
Posada, formando liderazgos
comunitarios a nivel
nacional para la fiscalización
social y garantizar el derecho
humano de la salud, también
se manifestó y pidió respeto a
la presunción de inocencia.
El FNS, en su comunicado
sobre la captura de los exfuncionarios
pidió el “respeto al
derecho de presunción de inocencia”
y el “derecho a una audiencia
de contenidos”, garantías
que se encuentran consignadas
en los artículos 11 y 12
de la Constitución de la República.
“Que se aclare que no
existe una difusión roja, ya que
esta solo puede ser girada después
de haber sido culpabilizados
y a petición de un juez. Y,
a respetar el derecho a la asistencia
jurídica sin demora”,
sostiene el FNS.
El foro llamó al Estado salvadoreño
el “Cese inmediato
de la estrategia de terror que
solo viene a socavar la democracia
y seguridad del país”.