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2 Martes 24 de agosto de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Representantes de las
organizaciones sociales
que integran la
Mesa por la Soberanía Alimentaria
denunciaron la “grave crisis
económica” que actualmente
golpea a la población de escasos
recursos ante la inflación
y especulación de precios de la
Canasta Básica y la falta de políticas
de apoyo para la producción
nacional de alimentos.
Adalberto Blanco afirmó
que el incremento de precios
se elevó en un 2.6%, entre
los meses de mayo y junio,
considerado por estadísticas
del Banco Central de Reserva
(BCR),”como el más alto desde
marzo de 2012”, superando
el nivel en los últimos nueve
años.
“La Defensoría del Consumidor
informó del incremento
de hasta un 34% en los precios
de productos de la Canasta
Básica Alimentaria. Y el ministro
de Agricultura, David
Martínez, ha dicho que ante
estos incrementos de precios
poco pueden hacer, pese a que
tenemos una Ley de Protección
al Consumidor que faculta al
Gobierno a sancionar a los especuladores”,
advirtió Blanco.
A la Canasta Básica Alimentaria,
agregó, le sigue el incremento
a los precios del gas
propano, el aumento al pasaje
del transporte colectivo en
algunos lugares y el precio de
la energía eléctrica que desde
abril pasado ha elevado costos
en un 6.6% y 17.3%, que consideran
uno de los años más
caros en la historia de país. Y
sobre el aumento salarial que
anunció el Gobierno, opinó
que ya fue “absorbido” por el
incremento a los precios en todos
los productos básicos.
El tema de la pobreza refi-
Organizaciones sociales que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria denunciaron la “grave crisis económica”.
Foto Diario Co Latino/Cortesía.
rió Blanco, es preocupante, pues
al retomar los datos de la Dirección
General de Estadísticas
y Censos (DIGESTYC), se observa
que la “pobreza extrema”
se duplicó de 4.5% a 8.6% en
2020; con un mayor impacto en
la zona rural del territorio nacional.
“Esta situación se ve agudizada
no solo por el contexto del
alza de precios de los alimentos,
sino también en los meses más
críticos de la población campesina
porque sus reservas están
a punto de terminarse o ya no
cuentan con alimentos. Y las labores
agrícolas que significa venta
de mano de obra en cafetales
y caña de azúcar han finalizado
y en este momento”, añadió.
“Y ahora con el bitcoin, nosotros
que andamos en el territorio,
nos hemos dado cuenta
de la confusión y molestia de la
población en general de la imposición
de una moneda a la
cual, se tiene poco acceso a zonas
rurales. En Chiltiupán, por
ejemplo, el acceso al internet es
casi nula en los hogares y mucho
menos tienen acceso a teléfonos
de media y alta gama,
para generar este tipo de operaciones”,
explicó Blanco.
Sobre la entrega de paquetes
alimentarios, consideró que si
bien son un paliativo, tienen la
debilidad de no contar con una
focalización prioritaria, porque
se han dado a quienes no lo necesitan
y pueden prescindir del
paquete para que se beneficie
otra familia en mayor situación
de pobreza.
Y en segundo término, todos
los alimentos entregados son
importados de otros países y
muchos de estos no tenían certificado
alimentario y nutricional
para ser comercializados, retomando
las observaciones que
hizo en su momento la Corte
de Cuentas de la República, al
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), cartera de Estado
que incrementó en un 300%
los productos importados de
México. “Es lamentable esta situación
porque en El Salvador,
al menos una parte de la producción
de maíz y frijol se puedo
comprar aquí a los productores,
no digamos la leche que
durante la pandemia muchos
de ellos tuvieron que botar la
leche porque no podían salir a
venderla, esa es la realidad. Y
llevamos más de dos años sin
que del gobierno haya salido
con una política para beneficiar
a nuestros agricultores”, enfatizó
Blanco.
Carlos Flores, integrante de
la Mesa por la Soberanía Alimentaria,
comentó que se debía
investigar a fondo por qué se
compran a bajo precio los granos
básicos a los productores
y luego estos sean comercializados
a precios altos al consumidor.
“Este es el problema
central”, que debe ser transparentado
públicamente y sancionar
el abuso, exigió.
“¿Cuál debe ser la política
(de gobierno)?, pues controlar
la especulación. El negocio
especulativo de la comida es
el que está haciendo su agosto,
por decirlo sencillamente.
No es que los productores llevan
buena vida, les va mal, así
como nosotros que somos los
compradores, los consumidores
finales de los alimentos,
esto debe ser controlado”.
“¿Cuáles son las empresas
que generan la especulación o
suban precios?, y que no vengan
a decir que el impacto de
los precios del petróleo -que si
lo tiene- pero no el precio elevado
que tiene ahora. Deben
investigar quiénes tienen guardada
la comida, quiénes son
los importadores y aplicarles
la Mano Dura, así como tratan
a los delincuentes porque
estamos ante personas que hacen
daño, afectan y están generando
hambre en el país”, sostuvo
Flores.
La Mesa por la Soberanía
Alimentaria, reiteró el llamado
a la Defensoría del Consumidor,
a realizar las investigaciones
de campo y lograr el
cese de la inflación de precios
de los alimentos y otros productos
básicos.
“No pueden reducir el papel
de las instituciones de control
a simples generadores de
estadísticas.
La Defensoría del Consumidor
tiene un rol central en
la política y el rol es controlar
los precios en donde el margen
de precio entre el productor
y el consumidor no sea
tan violento, como es este momento,
o sea cumplir la ley”,
subrayó Flores.