Edicion 9 de Septiembre 2021

6 Jueves 9 de septiembre de 2021 Diario Co Latino
Nacionales
Organizaciones expresan preocupación
por cambios políticos en el país
Rebeca Henríquez
Colaborador/@DiarioCoLatino
La Alianza Nacional
contra la Privatización
del Agua expresó
su rechazo ante las reformas
constitucionales , minería
Bitcoin y las afectaciones
al derecho humano al agua,
por el impacto que tendrán
en la mayoría de la población
salvadoreña que históricamente
ha estado excluida de
la justicia social y económica.
Verónica Guerra, del Foro
Nacional de Salud (FNS), que
integra la Alianza Nacional
contra la Privatización del
Agua, se refirió a la propuesta
por parte del equipo Ad Hoc,
de la Asamblea Legislativa,
sobre la regulación del uso
del agua en el país, cuyo contenido
aborda algunos temas
y sus implicaciones prácticas
en la vida política, derechos
humanos, e institucionalidad,
pero de manera general.
“El documento contiene
diferentes propuestas de reforma
que no solucionan la
grave situación de derechos
humanos de la población , en
algunos casos se plantean de
forma simbólica el reconocimiento
de algunos derechos y
en otras, se genera una regresión
de los derechos y en lo
político e institucional una
concentración de poder”, sostuvo
Guerra.
En cuanto al derecho humano
al agua, Guerra indi-
có que la propuesta de reforma
desconoce en su totalidad los
problemas más “graves y apremiantes”
de la población, así
como los aportes que han dado
las organizaciones sociales a la
reforma al artículo 1 y 69 de la
Constitución, que demanda su
ratificación.
“En el actual documento no
incorporan el saneamiento del
agua, y abandonan el enfoque
de derechos humanos, lo que
puede generar mayor dilación
en vista que no se ratificaría la
propuesta que ya ha sido aprobada
por la composición legislativa
anterior “, explicó Guerra.
Asimismo, criticaron las acciones
realizadas por la bancada
oficialista, en la Asamblea
Legislativa, como abrir el margen
de maniobra a la industria
cañera y crear un proceso de
formación de ley que beneficie
a esta industria, pese a que las
mismas comisiones enviaron al
archivo muchos de estos anteproyectos.
“El sector azucarero ha sido
por décadas uno de los más beneficiados
del país, y a la vez,
uno de los más contaminantes
de nuestra madre tierra con su
monocultivo. Con una área actual
que supra las 100 mil manzanas
y es posible sea superior,
porque no se conocen el total
de área sembradas, directamente
por los ingenios”, agregó
Guerra.
Los datos oficiales de la Aso-
Constitución para dar paso al derecho humano al agua.. Foto Diario Co
Latino/arChivo.
Integrantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, protestan por las afectaciones sobre el
derecho humano al agua. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.
ciación Azucarera de El Salvador
(AAES) da cuenta que este
sector alcanzó una producción
entre 6.6 a 7 millones de
toneladas métrica en la zafra
2020/2021. No obstante, para
las y los pequeños agricultores
el impacto de esa cosecha se refleja
en la contaminación de
aguas, tierras y la afectación de
sus riñones por el uso excesivo
de glifosato.
Adela Bonilla, de RACDES,
y de la Alianza Nacional contra
la Privatización del Agua,
exigió al gobierno del presidente
Nayib Bukele a abstenerse de
las reformas constitucionales
que el Órgano Legislativo le va
apoyar para consolidar un nuevo
marco jurídico.
“Sabemos que no son reformas
a la Constitución, es una
constitución nueva la que va a
montar y dadas las condiciones
y manejo que se han dado a estas
reformas al articulado, creemos
que va a afectar muchos de
los derechos garantizados en la
actual”. “Creemos que más fácil
que ratifiquen la reforma de dos
artículos (2 y 69), que ya fueron
discutidos, consensuados que
estudiar un nuevo legajo. Y que
la comisión Ad Hoc retome los
aportes dados por las diferentes
organizaciones sociales, la academia,
sistemas de agua y Pueblos
Originarios, para proteger
y garantizar el derecho humano
al agua”, sostuvo.
En cuanto a la circulación
del Bitcoin, que inició el pasado
7 de septiembre, Bonilla manifestó
que se debe frenar el intento
del gobierno con la iniciativa
de “minar criptomonedas”
(proceso de creación de criptomonedas),
porque afectaría el
medio ambiente.
“Los impactos en el país por
minar criptomonedas serán directos
y no son aceptables, porque
esta energía eléctrica producida
no será para reducir la brecha
de la desigualdad social en
cuanto al acceso de las familias
históricamente empobrecidas,
si no para beneficiar empresas
extranjeras que buscan desarrollar
una industria inviable en El
Salvador”, dijo Bonilla.
Mientras, Omar Flores, abogado
de FESPAD e integrante
de la Alianza, señaló que en
el marco del proceso de aprobación
y discusión de la Ley de
Recursos Hídricos, que presen-
tó el presidente de la república,
Nayib Bukele, esperan que
los aportes de estudios técnicos,
científicos, experiencias e
ideas presentados por la sociedad
civil organizada sean incorporados
a la normativa.
“Una ley que garantice el
derecho humano al agua, debería
contar con nuestros cinco
puntos no negociables: ser
un bien público; un derecho
humano, que su gestión sea
pública y participativa, que sea
sustentable a las cuencas hidrográficas
y sea un régimen
económico justo y equitativo”,
agregó.
“Tenemos también preocupaciones
en el sentido que en
el proceso de consulta participaron
sectores que históricamente
han sobre explotado
el bien hídrico para intereses
económicos y no sabemos
que posición va a tener
en ese momento la comisión
Ad Hoc, tiene la oportunidad
de oro, en sus manos de proteger
el derecho humano al agua
que somos 6.5 millones de habitantes
o el sector económico
poderoso del país”, argumentó
Flores.