Edicion 14 de Septiembre 2021

8 Martes 14 de septiembre de 2021
Opinión
Diario Co Latino
Ética y Política
Ejecuciones extrajudiciales
José M. Tojeira
La semana pasada el Observatorio
de Derechos
Humanos de la UCA
(OUDH) presentó un informe
sobre ejecuciones extrajudiciales.
Y aquí conviene aclarar el
término. Llamamos ejecuciones
extrajudiciales exclusivamente
a aquellos homicidios cometidos
por agentes de autoridad policial o
por personas protegidas, amparadas
e impulsadas por agentes de autoridad.
Este tipo de crímenes no está tipificado
adecuadamente en el código
penal salvadoreño, a pesar de ser
un delito con características muy especiales,
en los que las armas y el poder
dados a la policía para proteger a
la ciudadanía se utilizan para matar,
atemorizar, encubrir delitos y mantener
impunidad.
El informe del OUDH tiene en
este sentido no solo la intención de
visibilizar un problema grave sino,
sobre todo, insistir en la tipificación
del delito para poder erradicarlo y,
en su defecto, sancionarlo adecuadamente.
Y es especialmente importante
porque da seguimiento a la visita
e informe de la Relatora especial de
Presidente:
Nelson López
Director General:
Francisco Elías Valencia
Jefa de Información:
Gabriela Castellón Fajardo
Coordinadora de Prensa: Patricia Meza
Teléfonos: 2222-1009, 2271-0671, 2271,0971 Fax: 2271-0822
130 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales
que en 2018 visitó el país y encontró
“un patrón de comportamiento
en el personal de seguridad,
que podría considerarse
como ejecuciones extrajudiciales
y uso excesivo de la fuerza”.
Informe, por cierto, que se
puede decir que ha tenido nulo
o mínimo impacto en el país.
Los hechos que expone el informe
dejan claridad respecto a la importancia
del tema. A lo largo de seis años
(2015-2020) 1820 personas han muerto
víctimas de la violencia policial.
Aunque en general la PNC suele decir
que las muertes se producen en defensa
propia, los índices de letalidad indican
abuso de la fuerza por parte de
la policía.
Aunque es cierto que estos índices
de letalidad han descendido en los 3
últimos años, todavía siguen indicando
abuso de la fuerza en el último año
del estudio. La existencia de grupos de
exterminio en los que se mezclan policías
y civiles es otro dato. En el mismo
período estudiado han sido desarticulados
15 grupos acusados de dicho
modo de actuar. Y varios crímenes
con todos los rasgos de haber sido
cometidos por grupos de exterminio,
como por ejemplo el asesinato del P.
Walter Vázquez, continúan en la impunidad.
El OUDH hizo además un estudio
cualitativo de 13 casos, 5 brindados
por la Procuraduría de Derechos
Humanos, PDDH, y 8 registrados
en el IDHUCA. En todos ellos se
demuestra abuso de fuerza y tendencia
a manipular la escena del crimen
para encubrir el delito y hacerlo aparecer
como un enfrentamiento en el
que la policía actuó en defensa propia.
A todo ello se une la actuación judicial.
En los seis años que abarca el
informe, 1365 policías junto con algunos
soldados fueron procesados bajo
acusación de homicidio. Un poco más
del 90% de los procesados lograron el
sobreseimiento. Y solamente el 2% de
los acusados llegaron a sentencia condenatoria.
Evidentemente no se quiere
afirmar que todos sean culpables. Pero
los altos índices de letalidad en los enfrentamientos,
la existencia de grupos
de exterminio y los estudios cualitativos
muestran el fracaso de los sistemas
de control interno y de investigación
de la PNC y la Fiscalía, así como
la fácil tendencia de los jueces a dar
sobreseimientos.
Dada la cultura de violencia tradicional
en el país, hoy exacerbada en
las redes sociales, no es fácil solucionar
este problema. Pero las propuestas
del OUDH son claras y necesarias.
Tipificar adecuadamente el delito de
ejecución extrajudicial es necesario y
además educativo. Mejorar los mecanismos
de control interno tanto en la
PNC como en la Fiscalía resulta también
indispensable. Así mismo es urgente
atender a los miembros de la policía
de base, a veces con turnos muy
exigentes, mal pagados y sometidos a
las tensiones de una sociedad y cultura
violenta.
La mejora salarial, la formación en
Derechos Humanos y un mayor y sistemático
apoyo psicológico son formas
también de atacar el problema de
las ejecuciones extrajudiciales. Si el Estado
además ratifica el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la
Tortura y otros instrumentos internacionales
que ofrecen mecanismos de
control frente a la violencia, podríamos
decir que se empieza a tomar en
serio el grave problema de las Ejecuciones
Extrajudiciales.