Edicion diital 08 de octubre de 2021

Diario Co Latino
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Las organizaciones de personas
con discapacidad
exigieron al Consejo Nacional
de Inclusión de las Personas
con Discapacidad (CONAI-
PD) ejerza su rectoría e inicie urgentemente
la elaboración de la
“Política Nacional de Inclusión
de las Personas con Discapacidad”,
la cual disponga inmediatamente
de acciones, protección
y garantía de los derechos de este
sector poblacional.
Las personas con discapacidad
demandaron el establecimiento de
los espacios de participación y diálogo
con el gobierno, por lo cual
llegaron hasta Casa Presidencial
para solicitar una audiencia con
el mandatario, a fin de abordar el
tema del presupuesto y compromisos
de la ley.
Las organizaciones enfatizaron
que el 1 de enero de 2021 entró en
vigencia la Ley Especial de Inclusión
de las Personas con Discapacidad,
sin embargo, han transcurrido
10 meses y aún no se visualizan
acciones de cumplimiento de
esta ley por parte del gobierno de
Nayib Bukele. Esta ley es un punto
de partida para la transformación
de la sociedad salvadoreña,
hacia el respeto y garantías de los
derechos de las personas con discapacidad,
que hasta esta fecha es
una deuda histórica.
Nacionales
Viernes 8 de octubre de 2021 5
Piden Política Nacional de Inclusión
para Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad demandaron el establecimiento de los espacios de participación y diálogo con
el gobierno. Foto Diario Co Latino/SaúL Martinez.
Demandaron que el presidente
Bukele de la importancia requerida
a esta ley, dando las directrices
pertinentes a todas sus dependencias
gubernamentales para cumplir
lo establecido en la normativa,
principalmente la elaboración del
reglamento el cual permita operativizar
la ley en todos los nivel e instancias
del Estado. Carolina Vásquez,
representante de las organizaciones
de personas con discapacidad,
recalcó la necesidad de iniciar
la elaboración del reglamento, así
como que el Ejecutivo que ordene
al Ministerio de Hacienda elaborar
el presupuesto para la operativización
y materialización de dicha ley.
“Como personas con discapacidad
tenemos un marco jurídico
que nos respalda, pero es necesario
que pase del papel a la realidad
y que podamos tener una sociedad
verdaderamente inclusiva donde
tengamos servicios de salud, educación,
acceso a la vivienda, empleos
dignos, con el goce pleno de nuestros
derechos”, manifestó.
Según las personas con discapacidad,
el presidente ha incumplido
con lo establecido en el artículo
135 de la Ley, al transgredir el período
para la elaboración del reglamento,
el cual debe ser consultado
con las organizaciones de personas
con discapacidad tal cual
lo establece la normativa.
Asimismo, rechazaron que el
presidente del CONAIPD, Carlos
Gabriel Alvarenga Cardoza,
actual viceministro de Salud, esté
promoviendo a nivel nacional reformas
a la Ley Especial de Inclusión
de manera inconsulta y sin
la participación de los representantes
de las organizaciones de
personas con discapacidad.
Exigieron que el presidente
del CONAIPD, de manera urgente,
convoque para la conformación
e instalación del Tribunal
Sancionador establecido en
la Ley, así como dotar de recursos
inmediatos para hacer posible
su instalación, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en
el artículo137, y entre en funciones
el primero de enero de 2022.
Recordaron al presidente que
la Ley Especial de Inclusión ha
sido elaborada desde las organizaciones,
las cuales lucharon por
siete años, hasta convertirse en
Ley de la República, por lo cual
exigieron respeto.
Informe de OCC revela
retroceso contra la corrupción
El informe detalló el retroceso de la lucha contra la corrupción en El
Salvador, acto el cual se ve expuesto a través de las distintas acciones.
Foto Diario Co Latino/rebeCa enríquez.
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El informe “Gobernabilidad
Democrática
Frente a la Corrupción”,
elaborado por el
Observatorio Ciudadano de Corrupción
(OCC) en conjunto
con diferentes organizaciones
de la sociedad civil, reveló en el
país un aumento en los niveles
de corrupción.
El informe detalló el retroceso
de la lucha contra la corrupción
en El Salvador, acto el cual
se ve expuesto a través de las distintas
acciones donde los diferentes
órganos estatales injieren
entre sí, pues hay la falta de una
separación de poderes demostrado
a través de sus acciones, que
el poder público rige ante los intereses
de una persona y no a los
del Estado.
“Hemos visto un enfrentamiento
del gobierno con el resto
de órganos del Estado, hay una
injerencia del gobierno central
por el presidente de la República
en el resto de instituciones”,
indicó, Jeovanni Fuentes, coordinador
nacional de OCC, contextualizando
acciones como la
destitución de los magistrados
de la Sala de lo Constitucional
del pasado 1 de mayo, y la destitución
del fiscal general por parte
de la Asamblea Legislativa.
Este informe se llevó a cabo
a finales del mandato de Sánchez
Cerén e inicios del actual
gobierno, como seguimiento al
Compromiso de Lima, el cual es
un acuerdo a través de la VIII
Cumbre de las Américas en el
año 2008, agrupando a los Estados
de la región, con el objetivo
de una lucha frontal contra
la corrupción del territorio centroamericanos.
Mientras tanto, Xenia Hernández,
directora ejecutiva de la
Fundación Democracia Transparencia
y Justicia (DTJ), aseguró
que el marco jurídico no está
siendo cumplido, pues organizaciones
como Acción Ciudadana
han denunciado que partidos
políticos como Nuevas
Ideas no muestran transparencia
en sus procesos de financiamiento,
acción que influye en
los porcentajes de corrupción.
La cumbre de 2008 abordó
cinco temas, dentro de los que
destacan el fortalecimiento de
la gobernabilidad democrática,
la trasparecía, acceso a la información
y la prevención de la
corrupción en obras públicas,
la OSC indicó que las instituciones
involucras y el gobierno
no han cumplido con el acuerdo
desde la fecha establecida.
El OCC a través del informe
presentado insta a las entidades
relacionadas con el
Compromiso Lima, a la toma
de medidas encaminados al
cumplimiento de los compromisos
avalados a nivel internacional
en la Cumbre 2008, desarrollando
una separación de
poderes para el fortalecimiento
democrático, respeto a la autonomía
e independencia judicial,
y a los correctos procesos
en la fiscalización.