Edicion 12 de noviembre 2021

4 Viernes 12 de noviembre de 2021 Nacionales
Diario Co Latino
Exdiputada de ARENA
desconoció asignaciones
para ONG que la vinculan
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los diputados de la
comisión especial
que investiga el destino
final de los fondos otorgados
a oenegés recibieron a
la exdiputada, Mariela Peña
Pinto, para que explicara parte
del proceso para entregar
fondos a oenegés por parte de
la Asamblea Legislativa.
La exdiputada Peña Pinto,
del partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA),
dijo que ingresó a la Asamblea
Legislativa en 1992,
como asesora del presidente
de ese entonces, Roberto Angulo,
luego fue diputada de
la Asamblea Legislativa y desde
el 2009 hasta el 2015 fue
miembro de la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto.
Los diputados oficialistas
le atribuyeron la creación
de la Fundación Nacional de
Arqueología de El Salvador
(FUNDAR), a la que la Asamblea
Legislativa le otorgó presuntamente
más de medio
millón de dólares en 5 años.
El diputado de Nuevas Ideas,
Caleb Navarro, enlistó algunas
asignaciones presupuestarias
que la Asamblea Legislativa
otorgó a FUNDAR. En
el año 2005, se le asignó $85
mil, en 2006, $92 mil 700, en
2007, $100 mil 700, en 2008,
$100 mil 700 y en el 2009,
$180 mil 700.
La exlegisladora dijo desconocer
si la fundación recibió
fondos estatales, ya que
aseguró que solo dio su firma
para la creación de la fundación,
pero no le prestó atención
al desarrollo de esta.
Pero desconocía de igual forma
que, la Asamblea le otorgara
fondos. También aseguró
que nunca firmó una renuncia
en la Fundación Nacional
de Arqueología, pero
concluyó que la sacaron porque
no la volvieron a citar.
El segundo citado en la comisión
especial era el exministro
de Economía, durante
la gestión del expresidente
Francisco Flores, Miguel Lacayo.
Sin embargo, no compareció.
Según dijo la presidenta de
la comisión especial, Alexia
Rivas, el ex ministro Miguel
Lacayo estuvo presuntamente
vinculado al caso de Baterías
Récord donde contaminó
con plomo en el cantón
Sitio del Niño, en la ciudad
de San Juan Opico.
Rivas comentó que girarán
un segundo citatorio, pero si
Lacayo no vuelve a comparecer,
“se hará uso de todos
los mecanismos legales y será
traído por apremio”, concluyó.
entregados a oenegés. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
El director de acceso a la justicia de FESPAD, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a apoyar la iniciativa, en especial
al grupo de Nuevas Ideas para que puedan evaluar y respaldar la propuesta. Foto Diario Co Latino/samueL amaya.
FESPAD propone incorporar
opinión ciudadana para elegir
jueces y magistrados
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Para reconocer el derechos
de la población a ejercer la
contraloría social, la Fundación
de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD) presentó
una propuesta para “fortalecer la
independencia e integridad judicial
en el triángulo norte de Centroamérica”,
que consiste en incorporar la
opinión ciudadana y reforzar el postulado
constitucionalidad como garantía
de elegir a personas que cumplan
con los perfiles indicados.
Dentro de la propuesta se plantea una
reforma constitucional, reforma a la
Ley de Consejo Nacional de la Judicatura
(CNJ) y reforma al Reglamento
Interior de la Asamblea Legislativa
(RIAL). La propuesta ha sido realizada
bajo una serie de consultas a sectores
de la sociedad civil del quehacer
judicial, para establecer un marco
regulatorio que garantice la independencia
y el fortalecimiento judicial.
El director de Acceso a la Justicia
de FESPAD, Héctor Carillo, señaló
que la propuesta se basa en hacer reformas
legales mediante la presenta-
ción de objeciones o cuestionamientos
en los procesos de nombramiento
de jueces y magistrados, recalcando
su importancia al ser uno de los tres
órganos fundamentales del Estado.
La FESPAD pretende que el CNJ
y la Asamblea Legislativa puedan incorporar
en sus procesos de elección
de magistrados y jueces una fase de
contraloría ciudadana, la cual sea reconocida
en la Ley del Consejo y en
el Reglamento de la Asamblea. Ello
implica la reforma al artículo 186 de
la Constitución que obliga al CNJ y
a la Asamblea a desarrollar una fase
de controlaría en procesos de elección
y el derecho a la ciudadanía a
presentar objeciones u oposiciones.
Debido a que no hay un marco
legal para que la ciudadanía pueda
pronunciarse dentro de los procesos,
“queremos que se reconozca
en los procesos de elección de magistrados
y también creemos que
es oportuno que reconozca para el
nombramiento de jueces”, recalcó
el director de Acceso a la Justicia.
Asimismo, dijo que FESPAD está
abierta a recibir opiniones de los distintos
actores, e instó a los grupos
parlamentarios a apoyar la iniciativa,
de manera especial a Nuevas
Ideas por ser mayoría en la Asamblea,
para que evalúen y respalden
las propuestas presentadas.
La reforma al artículo 62-A de la
ley al CNJ introduce la posibilidad
de presentar alegaciones ciudadanas
en el procedimiento de jueces
y procedimiento para decidir sobre
ellos, mientras que la reforma al artículo
99 de la RIAL dicta que los
diputados se pronuncie sobre alegaciones
ciudadanas en contra de
candidatos y magistrados.
Mientras que, la reforma al
artículo 2 del CNJ y 98 de la
RIAL los obliga a observar los
principios de publicidad de los actos
de gobierno, transparencia en
la gestión pública, control público
de las decisiones de sus integrantes
y del pleno a través de mecanismos
a favor de la participación
ciudadana.
El artículo 51 de la CNJ y el 99
de RIAL indica el deber de publicar
la lista de aspirantes a magistrados
y otorgar paso a que la ciudadanía
presente objeciones escritas,
introducción también de las causas
especiales para dar sus oposiciones.