Edicion 17 de Noviembre de 2021

6 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Diario Co Latino
Nacionales
Las Juntas de Agua entre la
crisis hídrica y económica
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
José Gaitán, junto a diversos representantes de Juntas de Agua del país, demandan el no pago de cánones por
distribución de agua en las comunidades. Foto Diario Co Latino/GLoria oreLLana.
“La ley que aprobará la
Asamblea Legislativa a
propuesta por el presidente
Nayib Bukele, carece de
aspectos esenciales para la construcción
de la justicia hídrica, la
equidad y la sustentabilidad del
agua”, expresó José Hernán Gaitán,
representante del Sistema
de Agua del Bajo Lempa, que
da servicios a alrededor de 2,500
usuarios.
El Foro Nacional de Salud
y representantes de más de
30 Juntas de Agua, a nivel nacional,
participaron en el Foro
“Gestión Sustentable de Cuencas
y Participación Ciudadana”,
como parte de los elementos claves
para enfrentar la crisis hídrica
actual, para debatir las medidas
de resistencia social y exigir
una ley que resuelva de manera
sustancial la “injusticia hídrica”,
que históricamente han vivido
las poblaciones rurales del
país.
Desde el mes de junio del
presente año, la Asamblea Legislativa
nombró una Comisión
Ad hoc, para que estudiara la
Ley de Recursos Hídricos, propuesta
por el gobierno del presidente
Nayib Bukele, y esta comisión
le dieron 90 días de mandato
para estudiarla y aprobarla,
que venció el 18 de septiembre
y, aun no contamos con una
normativa, sostienen.
Distintas organizaciones sociales
han venido a lo largo de
los últimos 15 años, con una
propuesta general de aguas y saneamiento
que responde a los
intereses de la mayoría de la población,
en donde el agua es un
derecho humano, su carácter
público al administrarla el Estado
y la garantía de una gestión
integral de cuenca. Sin embargo,
la ley que aprobarán tiene una
visión mercantilista, acotan.
El rechazo de los representantes
de las Juntas de Agua a
la Ley General de Recursos Hídricos
es porque tiene un enfoque
de “mercancía”, y se suma la
exclusión de esta figura comunitaria,
así también, a los Comités de
Cuenca, como los actores claves
en donde se encuentran los principales
afluentes y acuíferos del territorio.
Las Juntas de Agua han venido
realizando por muchos años junto
a las comunidades y de manera
subsidiaria, un trabajo que le correspondería
al Estado salvadoreño,
sin embargo, la actual ley que
promueve el gobierno, deja fuera
a miles de comunidades, señaló
Gaitán.
Sobre los costos de operación
y distribución del agua de las Juntas
o Sistemas de Agua Rurales,
con la nueva normativa, María
Paz Amaya, en representación de
(ACASA) de San Marcos Lempa,
Usulután, afirmó que sería uno
de los impactos más significativos
en cuanto a los gastos fijos y variables.
“Esto nos afecta a todas las asociaciones
porque no regalamos el
agua, sino que prestamos un servicio
a las comunidades y los aportes
de la comunidad es para el
funcionamiento del sistema. Si
nosotros cobráramos el líquido,
no podríamos salir adelante, esto
es un trabajo de toda la comunidad
de cómo sacaremos adelante
nuestras necesidades y eso no tiene
precio”, agregó.
“Y sí, tenemos un subsidio de
energía, porque si nosotros pagáramos
una factura total no alcanzaríamos
a cubrirla y por esto,
es que la comunidad trabajamos
para sacar adelante los gastos. Y
que la gente tenga agua desde las
4 de la mañana hasta las 6 de la
tarde, cobramos fijo 5 dólares,
esto es mucho trabajo comunitario
y ahora, con la nueva ley, no
fuimos tomados en cuenta, es preocupante”,
sostuvo Amaya.
Los gastos fijos de las Juntas o
Sistemas de Agua Rurales, se refiere
a trabajadores de planta que no
superan las cinco personas, y que
depende del número de habitantes
en las zonas, esta cuota fija que
mencionó, Amaya, se distribuye
para todo el mantenimiento y
otros gastos del bombeo de agua.
“Esta nueva ley del gobierno
nos deja fuera, pero debemos de
cumplir con los requisitos que
ellos proponen, como el pago de
cánones por extracción y vertido,
cuando nosotros no vendemos
agua, solo estamos prestando un
servicio a la comunidad para subsistir
y contar con agua”, indicó.
Sobre la importancia de los
mantos acuíferos, afluentes o
cuencas hidrográficas del territorio
nacional, José Luis Hernández,
del Comité de Agua de Caserío
Santa Lucía, municipio de
Sensuntepeque, departamento de
Cabañas, manifestó que los problemas
de estas estructuras comunitarias,
no solo enfrentan el impacto
de la Ley General de Recursos
Hídricos presidencial, sino
también el abuso de empresas privadas
sobre estos depósitos naturales
o el daño a los ecosistemas
que permiten el ciclo hidrológico
del agua.
“Nosotros nos enfrentamos
a la escasez hídrica, que es grave,
aunque en nuestro caso, contamos
aún con un nacimiento de
agua productivo; pero nos preocupa
esa ley que pone en juego la
vida de las comunidades. Y también,
nos preocupan los megaproyectos,
como el cementerio
privado que quieren construir
justamente en la zona de recarga
hídrica”, denunció.
Y pese a que existen estudios
técnicos que han identificado
que esa área, realiza el proceso
natural de la infiltración de la
lluvia y aguas superficiales, no
están siendo escuchados como
comunidad, que no se oponen
a los proyectos, sino a la contaminación
que esto puede generar.
Creo que todas las comunidades,
asociaciones, comités o
juntas que administramos agua
somos conscientes que tenemos
que cuidar este recurso y por la
cual vamos a luchar”, reafirmó
Hernández.
Rodolfo Calles, del Foro Nacional
de Salud (FNS), afirmó
que la actividad con los representantes
de las Juntas de Agua,
que trae un antecedente formativo
desde tiempo atrás, en temas
de gestión ambiental e hídrica,
así como la realidad que
viven les permite visualizar con
mayor argumentación los aspectos
claves que están ausentes de
la nueva Ley General de Recursos
Hídricos.
“Nos preocupa que no se tomaron
en cuenta las propuestas
de la gente, porque la realidad
que viven y de aprobarse esta ley
presidencial se agudizará más el
tema económico y si a eso sumamos
pago de cánones, más
la cuota que ya tienen, pues eso
va colapsar, es por eso importante
que sea un derecho humano”,
dijo.
La “ANDA nunca ha tenido
capacidad y no creo que lo
logre en el corto plazo, con la
situación de crisis de Gobierno,
dudo que resuelvan el tema
del agua en la zona rural. Aquí,
quedan dos caminos o las Juntas
de Agua, exige no pagar cánones
o tendrán que dejar de
funcionar y será una empresa
privada la que asuma y cobre lo
que quiera, ese es el problema”,
sentenció Calles.