Edicion 30 de diciembre 2021

2 Jueves 30 de diciembre de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
El COFAPPES GOES cerró No investigaciones confía en que lo
imparcialidad del Sistema Judicial
vinculan con negociaciones con pandillas
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
COFAPPES, realizó un conversatorio con la prensa para informar sobre la situación de sus familiares. Foto
Diario Co Latino/Cortesía.
“Allá en julio, cuando
el juez de Paz conoció
en la primera fase dijo
que los exfuncionarios (del
FMLN), tenían que estar en detención
y como defensa tenía
el derecho de apelar esa decisión.
Lo hice ante la Cámara
Segunda de lo Penal de la Circunscripción
de San Salvador,
pero este procedimiento que
establece 5 días hábiles para resolver,
según el Código Procesal
Penal, lleva 4 meses sin respuesta”,
explicó Oswaldo Feusier,
abogado defensor de la exministra
de Salud, doctora Violeta
Menjívar.
El Comité de Presas y Presos
Políticos en El Salvador
(COFAPPES) realizó un conversatorio
con la prensa para
informar sobre la situación de
sus familiares que se enfrentan
ante un sistema de justicia, según
sus declaraciones, parcializado
e irregular que ha venido
violentando los derechos de
los detenidos dentro de un manejo
arbitrario de los procesos
judiciales.
Los 10 exfuncionarios del
partido FMLN, capturados el
22 de julio del presente año,
bajo acusaciones de supuestos
delitos de “lavado de dinero y
activos” y “enriquecimiento ilícito”,
señaló Feusier, son insostenibles,
porque las “compensaciones
salariales” que recibieron
estos funcionarios por su
trabajo se encuentran alejadas
de esas figuras delictivas.
“En ningún país donde se
ha trabajado o procesado este
tipo de comportamiento se ha
manejado así. Es solamente en
el país donde se han forzado
los ilícitos penales sobre todo
cuando el mismo requerimiento
sostiene la compensación
salarial y la forma lacónica o
escueta de la Fiscalía en la regulación
de la Partida de Gastos
Discrecionales de la Presidencia,
cuando en ese entonces
permitía ese tipo de compensación,
entonces no sale del marco
legal o marco jurídico”, reiteró
Feusier.
Asimismo, manifestó que según
el Código Procesal Penal, los
detenidos se encuentran en la etapa
de “instrucción”, que permite
a la Fiscalía General de la República
reunir elementos para fundamentar
la acusación.
Y prevén que la Fiscalía podría
solicitar una nueva pericia
“financiera bancaria”, porque
era común que la presentada
ante el juzgado de Paz, no sea,
la que presentará en la Audiencia
Preliminar, que consideró será el
próximo febrero 2022.
“Por este atraso, supongo la
Fiscalía pedirá una prórroga a la
etapa de Instrucción, lo que alargará
el proceso 6 meses más y nos
deja para el mes de agosto. Y de
no haber más retrasos se podría
ir a Vista Pública, entre septiembre
a noviembre del próximo
año, claro, dependiendo también
de la agenda de los Tribunales de
Sentencia”, explicó Feusier.
“Tenemos cinco meses de
no ver a Violeta”, expresó Zoila
Menjívar, hermana de la exministra
de salud, al confirmar que
han reiterado sus peticiones a la
Dirección General de Centros Penales
y la Dirección local (Centro
Penal de Ilopango), pero les
responden que por “efectos de la
pandemia” no pueden dar el permiso.
“Nosotros no podemos justificar
tal incongruencia cuando
hay bares, discotecas y cervecerías
que están funcionando y a nosotros,
no nos dejan ver a nuestros
familiares. Tememos por su salud
porque padece de asma e hipertensión,
nos preocupa por el
hacinamiento y la humedad -eso
lo recalca el neumólogo- esto parece
más una tortura”, reafirmó
Menjívar.
Similar denuncia realizó Ivania
Cruz, hermana de Ever Henríquez
Cruz, quien fungió como
4o Regidor en el Concejo Municipal
de Zacatecoluca, en la administración
de Francisco Hirezi,
del partido FMLN, quien
también guarda prisión, junto a
seis funcionarios que fueron capturados
el 26 de abril de 2021 y
ahora están en el Centro Penal La
Esperanza. “He denunciado que
ellos adentro (penal) están recibiendo
presión para aceptar cargos
de funcionarios para obtener
otro tipo de medidas distinta a
la detención, en lo particular desconozco
la situación de los otros
detenidos pero de mi hermano si,
y es un método que está utilizando
la Fiscalía (FGR), incluso, avalándolo
los mismos jueces con el
tema de confesión”, dijo Cruz.
“Prácticamente todos los casos
están faltos de pruebas e incluso
falta de testigos, pero es la única
garantía que tiene el Gobierno,
con tal de llevar la bandera
que ellos tenían la razón. La presión
la realiza Fiscalía, directivos
de Centros Penales, son las mismas
autoridades que les piden
declararse culpables para salir antes
del proceso jurídico”, señaló
Cruz.
En cuanto a la salud de los detenidos,
Ivania Cruz afirmó que
saben que algunos se encuentran
en un proceso de “depresión” o
provocado condiciones anómalas
a la salud, como su hermano
Ever Henríquez.
“En nuestro caso tenemos 8
meses sin ver a mi hermano y
desconozco sus condiciones de
salud, particularmente, pedí al
Juzgado de Vigilancia, que realizara
un estudio médico a mi hermano
porque no sabíamos nada
de él. Y supimos que ha bajado
30 libras de peso y le diagnosticaron
hipertensión arterial y no
lo era, entonces, imagínese qué situación
está viviendo mi hermano”,
sostuvo Cruz.
Zoila Menjívar también presentó
el trabajo de COFAPPES
realizada en el presente año,
en el Caso Zacatecoluca (26
de abril de 2021) ; Caso San
Salvador (22 de julio 2021),
Caso ASOCAMBIO (9 de septiembre
2021) y los perseguidos
políticos que están fuera
del país, siendo ellos, Salvador
Sánchez Cerén (expresidente),
Gerson Martínez (exministro
del MOP), Lina Pohl (exministra
Medio Ambiente), Manuel
Melgar (exministro Seguridad
Pública) y Gujillermo López
(exministro de Agricultura
y Ganadería), ante lo cual,
reiteran la exigencia del cumplimiento
del Estado de Derecho,
que resguarda la Constitución
de la República.
Menjívar reseñó que en las
primeras actividades como
COFAPPES, presentaron dos
denuncias ante la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) y
el Comité Internacional de la
Cruz Roja, para solicitarles la
verificación de la salud de los
detenidos, pero que no tuvieron
mayores avances.
“Hemos establecido una
comunicación con 32 embajadas,
en donde hemos presentado
una carta a cada una de
ellas para informales sobre la
situación violatoria a las que
han sometido a nuestros familiares.
Hemos presentado
una denuncia ante la oficina
de la Localidad y Ciudadanía
del Estado Español, invitados
por sindicatos, organizaciones
y los tres parlamentos del País
Vasco, en donde se expuso las
condiciones de nuestros familiares
y la violación a sus derechos”,
señaló.
“Nos reunimos con
COPPAL, también partidos de
diferente ideologías y distintas
organizaciones de Derechos
Humanos y hemos realizado
protestas frente a los penales
y participado en marchas. Sabemos
que los casos sean tratados
apegados al derecho procesal,
pero seguiremos luchando”,
puntualizó Menjívar.