Listín Diario 15-01-2022

12 SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022
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La República
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Enfoque
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Reforma de la Ley de Expresión
y Difusión del Pensamiento
NAMPHI RODRÍGUEZ
Santo Domingo, RD
“LA DENOMINADA
LEY 6132 ES UN
VIEJO RESABIO QUE
ECHA RAÍCES EN LA
LEY FRANCESA DE
PRENSA DE 1882”
El presidente
Luis Abinader
ha anunciado
para este año
una amplia
agenda de cambios institucionales
que procura
afianzar el Estado de Derecho
y consolidar las reformas
pretorianas implementadas
por el Tribunal
Constitucional en su doble
misión de legislador negativo
y positivo.
Una de esas reformas
debería ser el vetusto decreto-ley
del Consejo de
Estado No. 6132, de Expresión
y Difusión del Pensamiento.
La denominada Ley
6132 es un viejo resabio
que echa raíces en la
ley francesa de prensa de
1882, adoptada en el país
en 1962 por el Consejo de
Estado que presidió el jurista
Rafael F. Bonnelly tras
la caída de la dictadura de
Rafael L. Trujillo.
Luego de más de medio
siglo de vigencia y debido
al desarrollo democrático,
la Ley 6132 no sólo
ha perdido el sentido de la
realidad, sino que no puede
responder a los desafíos que
platean las redes sociales a
la libertad de expresión y al
debate público.
De hecho, el Tribunal
Constitucional ha ido dictando
su nulidad parcial a
través de sentencias como
la TC/0075/16, que despanalizó
los delitos de prensa
cuando afectan a funcionarios
públicos, al tiempo que
tumbó el sistema de “responsabilidad
penal en cascada”
que imputaba a los
directores de medios de comunicación
independientemente
de quien cometiera
los delitos de difamación e
injuria.
La decisión del Tribunal
Constitucional anula
los artículos 31, 34, 37, 46
47 y 48 de la Ley de Prensa,
que formaban parte del sistema
de sanciones penales
por delitos contra el honor;
pero, aún falta desterrar
del Código Penal los artículos
368, 369, 370, 371 y
372, que igualmente atentan
contra la libertad de expresión.
Otras sentencias
de notable relevancia
son las TC/0092/19 y
TC/0348/19, que definen
valor de la libertad de expresión
para el debate político
en las redes sociales.
Mediante el precedente
TC/0092/19, el Constitucional
no sólo declaró inconstitucional
un artículo
de la Ley 33-18, de Partidos
Políticos, sino que consideró
que “…las redes sociales se
han convertido en los únicos
espacios accesibles para
que una masa significativa
de ciudadanos pueda exteriorizar
su pensamiento y
recibir opiniones e informaciones,
lo cual ha motivado
que el discurso político deje
de ser dirigido por el Estado
o por los profesionales de
la comunicación a través
de los medios tradicionales,
provocando una deliberación
verdaderamente
pública, plural y abierta
sobre los asuntos de interés.
De ahí la importancia
de que el uso de la libertad
de expresión por estos
medios se mantenga libre
del temor a represalias innecesarias
y desproporcionadas
que obstaculicen la
construcción de una ciudadanía
plena, participativa
y consciente”.
En ese mismo fallo,
los magistrados constitucionales
atisbaron en las
fronteras de la libertad de
expresión en redes sociales
al juzgar lo siguiente:
“Lo anterior nos compele a
reflexionar sobre el alcance
para ejercer el derecho
fundamental a la libertad
de expresión y difusión del
pensamiento en las redes
sociales, sin que ello repercuta
de manera negativa
en los derechos e intereses
de terceras personas.
En ese tenor, este Tribunal
Constitucional estima que
para garantizar el orden
jurídico y una pacífica convivencia,
el umbral de dicho
derecho debe limitarse
a que su difusión no se
encuentre impregnada de
frases obscenas, expresiones
injuriosas o insultantes,
ni fundamentada en
informaciones ilógicas y
desproporcionadas”.
Esta doctrina jurisprudencial
es una reiteración
de su sentencia
TC/0437/16, en la que el
tribunal subrayó que, “la
limitación de libertades tales
como el derecho a la libre
expresión e información
tiene también rango
constitucional, pues ningún
derecho es absoluto
en cuanto a su ejercicio. Es
el párrafo al Art. 49 de la
Constitución que dispone:
“…El disfrute de estas libertades
se ejercerá respetando
el derecho al honor,
a la intimidad, así como a
la dignidad y la moral de
las personas, en especial la
protección de la juventud
y de la infancia, de conformidad
con la ley y el orden
público”
“ESTA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL
ES UNA
REITERACIÓN DE
LA SENTENCIA
TC/0437/16...”
Incluso, uno de los desafíos
más acuciantes a
que se pudiera enfrentar
el legislador, como es
la calificación en redes
sociales y en los medios
convencionales de los delitos
contra el honor, ya
ha sido resuelto por el
máximo intérprete de la
Constitución en la sentencia
TC/0092/19.
En dicha precedente el
TC aclaró que, “la libertad
de expresión se aplica
al internet del mismo modo
que a otros medios de
comunicación (Sentencia
TC/0437/16); igualmente,
las sanciones de carácter
penal sobre cualquier
acto difamatorio o injurioso
contra los funcionarios
públicos o aquellas personas
que ejerzan funciones
públicas constituyen
una limitación legal que
afecta el núcleo esencial
de la libertad de expresión
y opinión por medio
de la prensa (Sentencia
TC/0075/16); del mismo
modo, la sanción privativa
de libertad resulta innecesaria
y excesivamente
gravosa porque considera
a las redes sociales un medio
más riesgoso que otros
por contemplar penas más
altas que las contempladas
para los delitos de difamación
e injuria”.
Pudiéramos afirmar
que el Tribunal Constitucional
ha rezado el réquiem a
la anciana Ley 6132. Empero,
ahora urge el consenso
de los actores de la opinión
pública y la clase política
para conducir una reforma
bajo el liderazgo del Jefe del
Estado.
¡Manos a la obra, señor
Presidente!