Edicion 19 de mayo de 2022

8 Jueves 19 de mayo de 2022
Opinión
Diario Co Latino
Violencia social en El Salvador
César Ramírez
@caralvasalvador
El problema de las organizaciones
en grupos irregulares
armados (maras, pandillas,
delincuentes, terroristas) ha escalado
en complejidad al punto de provocar
el Estado de Excepción, durante este período
aproximadamente 51 días (27MAR022) tiene
por resultado 31,000 capturas a nivel nacional,
una cifra apabullante de supuestos miembros
de estructuras delictivas, si le agregamos los privados
de libertad previos el total sería aproximadamente
70,000.
Hemos comentado que estas estructuras delictivas
y terroristas tienen un arraigo de 1ª. 2ª. o 3ª
generación de tal forma que sus núcleos familiares
deberán multiplicar varias veces, entonces los
números saltan a 60,000 o 90,000 que incluirían
hijos, padres, abuelos, primos etc., similar a familias
consanguíneas antropológicamente.
El fenómeno parece una guerra suburbana
antisistema, aunque el término no es preciso
pretendo calificar este evento, así el Estado
ejerce su violencia sistemática contra
grupos armados irregulares diseñando
un marco jurídico con penas de 30 años
de prisión para los miembros capturados,
pero el producto de esas acciones ha llevado
al reclamo de miles de personas por sus hijos
inocentes, que al final es un legítimo acto por los
Derechos Humanos.
Así esa guerra debe tener un plan general: Objetivos
a mediano plazo, Medios disponibles, Resultados
etc. control de acciones, evaluación etc.
con la inclusión estratégica de la rehabilitación, reeducación,
reinserción social etc., puesto que no
se puede condenar a cadena perpetua en general a
todo capturado, ni eliminar la presunción de inocencia,
sería retornar a tiempos de la inquisición
religiosa.
El caso de los miembros familiares externos de
los capturados es un tema complejo, se trata de
una educación exterior de núcleos consanguíneos
y no consanguíneos unidos por el esquema de
la organización delictiva, ahí reside un ancla de
formación social que debe comprenderse con un
modelo educativo comunitario y horizontal, con
énfasis en la prevención de la violencia.
Los privados de libertad deberán rehabilitarse
junto a sus nexos sociales externos, puesto que en
determinado tiempo unos y otros avanzarán hacia
una nueva legalidad con respeto a las normas
sociales, entre ellos el trabajo legítimo, respeto a
la vida, integración social.
La razón de comprender el fenómeno entonces
se transforma en una respuesta social, con racionalidad
política y no será resuelta en una sola
administración, se necesita el aporte de la academia,
los partidos políticos, ayuda internacional,
Derechos Humanos, entonces si las penas son de
30 años, serán también 30 años de reeducación...
si no existen estallidos de violencia en los centros
de reclusión.
amazon.com/author/csarcaralv
SOLUCIONES
Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
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131 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
El enfoque de la represión que vemos ahora
al régimen aplicar en contra de quienes asegura
“son delincuentes”, carece de fundamentales
hierros que se pueden apreciar en los resultados
reunidos hasta ahora.
La administración presenta como éxitos el haber
detenido a al menos 27, 000 personas a la fecha, para
las cuales sencillamente el país carece de la infraestructura
necesaria o la institucionalidad para manutenerlos.
Ello ya derivó en algunas trágicas consecuencias,
por ejemplo, las 11 personas asesinadas en detención,
pero entregadas a sus familiares como fallecidas
por COVID, quienes han denunciado los hematomas
que se aprecia en los cuerpos, evidencia
contundente de golpizas y vapuleos que habrían
sido recibidos al interior de las bartolinas, y que
solo un examen forense independiente despejará.
Añadamos que estas personas habrían sido asesinadas
bajo detención del estado y sus agentes, lo
que implica la responsabilidad directa de este en
las muertes en cuestión.
Ahora agreguemos al cóctel el que probablemente
estas personas, de haber sido asesinadas, habrían
sido ejecutadas quizás por algún ajuste de
cuentas, pero por otro lado además podría haber
sido porque ellos sencillamente se negaron a sumarse
a los grupos terroristas junto a los cuales fueron
mezclados en aquellas celdas.
Caramba, menudas suposiciones.
Ahora consideremos por un instante nuestra
historia, en la que veremos la recurrencia de la violencia
social en ciclos que van de los 7 a los 40
años, y que siempre han estado asociados a las mismas
causas: la injusticia y la exclusión social.
Revisemos además como el actual régimen aplica
algo que no es inédito, pues antes lo ejecuto
Maximiliano Hernández Martínez, precisamente
durante el martinato, y que consistía como podemos
apreciar en los anales de la época, en la aplicación
expedita de la denominada e infame ley contra
la vagancia, herencia de la gestión de los Menéndez
Quiñonez, quienes también fueron los que crearán
por decreto el parque cafetalero nacional, acabando
de un plumazo con las tierras ejidales, la cultura
que suponía y generando también de la noche
a la mañana, la pobreza generalizada por desarraigo
de algo más del 67% de la población originaria de
la época, a quienes se los obligó por aquellos decretos
a incorporarse a las haciendas, profundizando la
desigualdad social, y sembrando la semilla de la insurrección
de 1932.
No es nueva la idea de perseguir a la pobreza, simplemente
se la presenta como nueva.
¿Qué tal si en vez de seguir probados equivocados
ejemplos de resolución a la problemática social
de injusticia y exclusión que padecemos, aplicamos
medidas diferentes?
¿Qué tal si en vez de apostar a la represión se invierte
en educación de calidad con una visión global
del deber ser de la educación nacional, en legislación
laboral que mejore la calidad de vida de los trabajadores,
para que estos no busquen afuera lo en el país
sin duda pueden lograr?
Ello solo para citar 2 ejemplos, que, si seguimos
revisando y de aplicarse, resolvería tantas cosas.
Porque, ¿no crees que la inclusión sería parte de
la solución?