Edicion 03 de noviembre de 2022

Diario Co Latino
Nacionales
Jueves 3 de noviembre de 2022 3
Masacre El Mozote
Retardación de justicia viola derechos
de víctimas y sobrevivientes
Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
Las víctimas y sobrevivientes
de la Masacre
de El Mozote y lugares
aledaños continúan en su
peregrinaje a 41 años de búsqueda
de justicia por sus familiares
que fueron asesinados
por fuerzas militares del Estado
salvadoreño, en diciembre
de 1981, durante el conflicto
armado en el país, que se extendió
por doce años.
Esa masacre considerada
“Crimen de Lesa Humanidad”,
ocurrida en diciembre de 2018,
terminó con la vida de alrededor
de mil personas de la población
civil que en su mayoría
eran niños, niñas, mujeres y
adultos mayores, en el municipio
de Meanguera, al norte del
departamento de Morazán.
Un operativo realizado
por varios batallones militares
como el de Reacción Inmediata
Atlacatl, que contó con
el apoyo de la Fuerza Aérea y
otras guarniciones militares de
la zona, arrasando no solo con
la vida de este asentamiento
humano, si no también, la destrucción
de cosechas, quemaron
casas y sacrificaron animales
de granja y domésticos.
Lo ocurrido en el Mozote es
considerada como una de las
masacres más mortíferas del siglo
XX, realizada en Latinoamérica.Las
víctimas y víctimas
sobrevivientes aún no han recibido
de parte del Estado salvadoreño
el resarcimiento por
las graves violaciones a sus derechos
humanos enfrentando
fuertes obstáculos como la
Ley de Amnistía, decretada en
1993, que retrasó 23 años la petición
de verdad y justicia.
No obstante, el caso de la
Masacre de El Mozote y sitios
aledaños se ha consolidado y
es un referente dentro del sistema
judicial, abierto por el Juez
Jorge Guzmán Urquilla, quien
tres meses después que la Sala
de lo Constitucional de la Cor-
La masacre de El Mozote, es considerada “Crimen de Lesa Humanidad”, que terminó con la vida de alrededor de mil personas
de la población civil que en su mayoría eran niños, niñas, mujeres y adultos mayores, en el municipio de Meanguera, al norte del
departamento de Morazán en diciembre de 1981. Foto DiarioCoLatino/Archivo.
te Suprema de Justicia, derogara
la Ley de Amnistía, en septiembre
de 2016, ordenó la reapertura
del caso.
Asimismo, ha sido uno de los
procesos emblemáticos por su
extensa documentación y pruebas
testimoniales, técnicas, así
como informes periciales militares
y de antropología forense
más completos. Que han acompañado
las organizaciones pro
derechos humanos como Tutela
Legal “Dra. María Julia Hernández”,
CEJIL, CRISTOSAL y
el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (CIDH y Corte
IDH).
La recién nombrada jueza
Mirtala Teresa de Cruz, a cargo
del caso, en del Juzgado de Instrucción
del municipio de San
Francisco Gotera, Morazán, pausó
este proceso desde septiembre
de 2021, que ha retrasado el acceso
a la justicia de las víctimas
y los sobrevivientes, consideró,
Ovidio Mauricio González, director
de Tutela Legal “Dra. María
Julia Hernández”.
Actualmente, la diligencia judicial
que tomaría testimonio de
5 de 20 de los nuevos testigos, -la
jueza de Cruz-, terminó suspendiéndola
el pasado 31 de octubre,
bajo el argumento de garantizar
los derechos del imputado
exministro de la Defensa, José
Guillermo García, que solicitó
estar presente en este proceso.
“Es lamentable que no se informó
de la suspensión de la diligencia
a los primeros 5 testigos
hasta que llegaron al tribunal, y
la jueza de Cruz, argumentó que
el jueves pasado recibió un escrito
del abogado defensor del exministro
García. Y bien, la jueza
atendió el llamado del defensor,
ellos están bajo medidas en
este caso y la jueza le permitió
esta medida y no sabemos si va
a continuar o impondrá otra”,
advirtió. “Esto claramente dilata
el proceso porque el defensor
debe preparar como hacer llegar
al exministro Guillermo García,
al Juzgado de Instrucción, aunque
aquí como si no existieran
las llamadas -audiencias virtuales-,
pero nos preocupa que en
cambio a las víctimas solo les
permitió que entrarán 2 personas
de su organización, entonces
¿En dónde está la garantía de las
víctimas?, me pregunto”, expresó
González.
Otra de las observaciones de
las nuevas medidas de la jueza de
Cruz es prohibir la presencia de
los medios de comunicación en
el proceso judicial, cuando constitucionalmente
el derecho a la
Libertad de Prensa debe garantizarse
y también los derechos de
las víctimas.
“La jueza no ha dejado ingresar
a los medios de comunicación
y en el Código de 1973, -ella
tiene la potestad de abrir la audiencia-
, y estaría en contradicción
con la Constitución (1983)
que reconoce esto como una violación
al derecho de la libertad de
prensa, es mas, todas las audiencias
deberían ser públicas y mucho
más en un caso en que la sociedad
está interesada del desenlace”,
sostuvo.
“Recordemos, que el exministro
Guillermo García está bajo
detención también, por un Juzgado
de Chalatenango, que al girar
la orden de captura para él, en
el caso de los Periodistas holandeses,
supimos que está bajo custodia
en el Hospital Militar. No
sé, porqué todos se enferman“,
acotó.
En el caso de los periodistas
holandeses: Jan Kuipier, Hans
Lodewijk ter Laag, Koos Andries
Koster y Johannes jan Willemsen,
equipo periodístico de
IKON TV, fueron asesinados en
una emboscada en Santa Rita,
Chalatenango, por una patrulla
armada el 17 de marzo de 1982,
por el cual, el exministro García
enfrenta esa acusación.
El pasado 14 de octubre la
jueza de Primera Instancia de
Dulce Nombre de María, de
Chalatenango, notificó la resolución
que dicta la detención
del exministro de la Defensa
José Guillermo García, la del
excomandante de la 4a Brigada
de Infantería coronel Mario
Adalberto Reyes y el exdirector
de la Policía de Hacienda, coronel
Francisco Antonio Morán,
señalados de serr autores intelectuales
y materiales de ese crimen
de Lesa Humanidad.
“En el Caso de El Mozote
y lugares aledaños este será
un retraso que dilatará el proceso,
pese a que nosotros creemos
que hay pruebas suficientes
para elevar a plenario, -si la jueza
opta al Código 1973- , lo lleva
a un tribunal de conciencia,
de íntima convicción que son 5
miembros de un jurado elegido
del pueblo de una lista que se
aporta. Y quienes dan un veredicto
absolutorio o condenatorio
y luego la jueza impone los
años de condena”, dijo.
“Pero si la jueza lo realiza
con la ley actual, pues debe llevarlo
a la etapa contradictoria,
eso significa pasar este proceso
a un Tribunal de Sentencia
en donde ese tribunal compuesto
por 3 jueces va a determinar
si es culpable o no y emite la
pena. Aunque creemos que por
la calidad del imputado y quienes
están involucrado en los hechos,
van a tratar de no meterse
en problemas y los pueden absolver”,
puntualizó Mauricio
González.