INFORME

Informe Anual 2015 sobre el racismo en el estado español
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España a deportar inmigrantes, y que la valla no es territorio español. Sin embargo,
partidos de la oposición tachaban de ilegal y el mismo Defensor del Pueblo
corregía a Interior y afirmaba que la valla de Melilla es territorio español.
Otro episodio ponía una vez más en evidencia lo habitual de las devoluciones
en caliente sin ningún tipo de garantías jurídicas. Un grupo de siete personas
alcanzaron el Islote deshabitado de Chafarinas (uno es de Mali, tres de Guinea
Conakry, dos de República Democrática del Congo y uno de Costa de Marfil),
es decir algunos de ellos procedentes de zonas de conflicto bélico, y tras 24
horas en el islote fueron entregados a las autoridades marroquíes, pese a las
peticiones y denuncias de numerosas ONG sobre la ilegalidad de este procedimiento.
El 24 de abril, diversas asociaciones del estado español (Andalucía Acoge,
Apoyo, APDH de Andalucía, CEAR, Convivir sin Racismo de Murcia, Coordinadora
de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Federación estatal de SOS Racismo,
Foro Galego de Inmigración, Karibu, Médicos del Mundo, Mugak, Red
Acoge, Servicio Jesuita de Migrantes) formularon una queja ante los organismos
de la Unión Europea por las expulsiones colectivas y sumarias aplicadas
por las autoridades españolas en Ceuta y Melilla.
Nuevamente en abril, la ONG Prodein vuelve a publicar un video que revelaba
cómo los gendarmes marroquíes apalean brutalmente a los inmigrantes de la
valla de Melilla. Frente a esta evidencia el Gobierno español, una vez más,
justifica la actuación de los guardias civiles durante el intento de entrada pero
omitía las palizas. El Ministro Fernández Díaz argumentaba «No hay devoluciones
en caliente, sino rechazos en frontera».
El 16 de mayo, las organizaciones miembros de la red Migreurop en el estado
español, SOS Racismo, APDHA, Andalucía Acoge, CEAR y ELIN, presentaban
un escrito en Madrid, con una propuesta en cuatro puntos, para la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se iba a celebrar. Los cuatro
puntos decían:
El punto central, radica en poner el foco en las personas que, en Marruecos, se
encuentran en una situación de emergencia humanitaria y garantizar el respeto
de sus derechos y el acceso a una adecuada protección. Para ello reclamamos la
implicación tanto del gobierno español como de la Unión Europea en el desarrollo
de estas medidas:
1. Facilitando su regularización en el marco del actual proceso puesto en
marcha en Marruecos, ampliando los criterios fijados y adaptándolos a la
realidad que viven estas personas. Al mismo tiempo debe garantizarse que la
información recogida no se usará para la aplicación del acuerdo de 1992 y
del acuerdo de readmisión con la Unión Europea (pendiente de aprobación)
2. Apoyando desde la UE esa ampliación de criterios e interpretando de
una forma flexible la normativa sobre reagrupación familiar de forma que se
permita el acceso de estas personas al país de la Unión Europea en el que
tengan familiares residiendo, sin tener que volver a sus países de procedencia.