INFORME

LA DOBLE DISCRIMINACIÓN
acompañados (2013): recogida de datos, definición de pautas para calificar el
interés superior del menor, representación legal e integración de los menores en
la sociedad de acogida, búsqueda de solución duraderas, etc.
Teniendo en cuenta el prisma del interés superior del menor, un nuevo informe
de UNICEF y ACNUR tiene como objetivo apoyar a los Estados en el cumplimiento
de sus responsabilidades para proteger los derechos e intereses superiores
de los niños no acompañados y separados en Europa. Con el título ‘Sano
y salvo’ (‘Safe and sound’), el informe presenta salvaguardias clave y garantías
procedimentales, así como buenas prácticas, para garantizar que los derechos
de los niños no acompañados y separados sean defendidos y sus intereses superiores
respetados a lo largo del proceso de llegada, acceso al territorio, registro,
remisión a los sistemas de estatales de protección infantil, planificación del proceso,
aplicación del principio de los intereses superiores en los procedimientos
de asilo e inmigración, identificación de una solución sostenible y seguimiento.
Siguiendo en la línea de detección de buenas prácticas, el informe anteriormente
citado de ECRE busca contribuir a un enfoque común que ayude a garantizar
el derecho de los niños no acompañados a una justicia y a un recurso efectivos,
además de sensibilizar y desarrollar estándares en materia de asistencia
jurídica a menores no acompañados. Entre las áreas problemáticas y de buenas
prácticas detectadas se encuentran: el papel del tutor en la búsqueda de un asesor
legal, la información proporcionada al menor sobre el derecho a la asistencia
jurídica, las formas de acceder a la misma, su alcance y disponibilidad en los
diferentes procedimientos (solicitud permiso de residencia, evaluación de la edad,
procedimientos de retorno, asilo, etc.), implicación del asesor jurídico y participación
del menor.
En esta línea destaca la vulneración de derechos que sufren los niños migrantes
no acompañados al llegar a Francia, país donde cada año alrededor de 500 menores
son detenidos hasta 20 días en una de las 50 zonas de tránsito en las
fronteras, viéndose negado el acceso al territorio francés y el derecho al debido
proceso.
Contra la actuación de Francia y de otros países miembros, el Consejo de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con la Recomendación 2056
insta a los Estados miembros a introducir y a hacer cumplir las leyes que prohíben
la detención de niños por motivos de migración, ya que dicha detención constituye
una clara e inequívoca violación de los derechos del niño.
Poniendo el enfoque en los niños y niñas no acompañadas solicitantes de
protección internacional, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del
6 de junio de 2013, han sido objetos de una propuesta de la Comisión Europea
para modificar el Reglamento II de Dublín. Se propone que en los casos de
niños y niñas que no tienen familia o parientes en el territorio de la UE, el
Estado miembro responsable de tramitar la solicitud de protección sea aquel
donde el niño se encuentra, a pesar de que dicho niño haya presentado ya otra
solicitud en otro Estado miembro.
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