INFORME

Informe Anual 2015 sobre el racismo en el estado español
186
La ley francesa, indica la sentencia, no se refiere a ninguna prenda religiosa,
que pueden portarse con libertad en el país a condición de que no oculten el
rostro
Francia contó en su defensa con el respaldo del Gobierno belga, que aprobó
una ley muy similar a la francesa en junio de 2011.
La ley que prohíbe el burka provocó polémica en Francia, porque muchos
colectivos consideraban que estigmatizaba a parte de la población cuando muy
pocas mujeres lo llevan.
El debate político sobre el uso del burka y el niqab se concentró en España en
2010. Ese año, Lleida se convirtió en la primera ciudad del país en imponer el
veto a ambas prendas en edificios y equipamientos municipales. Localidades de
Lleida y de Tarragona se sumaron a la iniciativa. Incluso el Ayuntamiento de
Barcelona elaboró un decreto para limitar el paso a sedes públicas con cualquier
prenda que tape la cara, sea un velo o un pasamontañas. Otros dos municipios –
Galapagar, en Madrid, y Coín, en Málaga– también se sumaron a la ola
prohibicionista.
Diversas personas expertas y el colectivo musulmán acusaron entonces a los
partidos políticos de crear una falsa polémica para ganar votos, señalando que
las mujeres que muestran alguna de estas dos prendas por las calles del estado
español se podían contar con los dedos de la mano.
En el caso de Lleida, el Tribunal Supremo, tras la denuncia de la asociación
Watani, revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al
entender que «en la cultura occidental» el velo integral puede «perturbar la tranquilidad»
del resto de ciudadanos porque «oculta el rostro». La línea argumental
fue que los Ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho
fundamental como la libertad religiosa, algo que solo se puede hacer mediante
una ley, reservada al Parlamento.
En septiembre, el Govern renuncia a la prohibición del burka en la calle. Mayka
Navarro informa en El Periódico de Catalunya que la Generalitat renuncia a
prohibir el uso del velo islámico integral en la vía pública. A una mujer con el
rostro oculto solo se le podrá exigir que se retire el burka, el niqab o el abaya por
criterios de seguridad y para su identificación, tal y como ya sucede ahora. Así
lo recogerá la nueva ley de protección del espacio público, como anunciaba el
Consell Executiu instando a Interior a iniciar su redacción.
La nueva norma de seguridad afirma que pretende velar por la protección de
los espacios públicos de uso compartido «con criterios de libertad y convivencia».
Regulará en materias tan dispares como los trileros, la venta ambulante, la
prostitución en la vía pública o las manifestaciones. La voluntad del conseller
de Interior, Ramon Espadaler, coincidía con la de su homólogo en el Gobierno
central, Jorge Fernández Díaz, que acababa de aprobar el anteproyecto de la ley
de seguridad ciudadana que censura asistir a manifestaciones con el rostro cubierto.