Las 8 horas_NEW

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República" fue promulgada el 17 de noviembre de 1915 y entró en vigencia
a los tres meses, el 17 de febrero de 1916, segrln una de las
disposiciones que daba ese plazo a las empresas para que se adaptaran
a su contenido.(200)
Por.ella se estipulaba que "el trabajo efectiuo de los obreros d,e
flÍbricas, talleres, astilleros, ca.nteras, ernpresas de construcción...; de
lns dependicntes o mozos de casas industriales o de comercín, de lns
conductores, guard.as y derruis empleados de ferrocarriles y tranuías;
de Ins carreros de playa, y, en general, de todas las personas que
tengan tareas del mismo género... que se indican, no durard mds de 8
haras par día". La ley también comprendía, y la mención fue específica,
"a Los obreros y ernpleados en trabajos realizadas por eI Estado",
artículo que daba cuenta del creciente rol económico del Estado reformista.
El trabajo rural no era mencionado y del proyecto de 1911 se
había quitado toda referencia al de los menores de edad y mujeres
embarazadas, que se propuso se tratara en ley aparte. En casos especiales
podúa aumentarse "el término del trabajo diario de los adultos;
pero en ningún caso ex,cedeni d,e 48 horas por cada 6 días de la,bor".
Habían sido las fábricas de carne, en especial los saladeros y frigoríficos,
así como las empresas navieras y portuarias, las más interecadas
en el establecimiento de la excepción dados el carácter zafral
de sus tareas, su dependencia del clima... y su interés en no tener que
contratar obreros por turnos desiguales
-uno
de 8 y otro de 3 ó 4
horas- para el mismo día de trabajo. Fln realidad, las compañlas navieras
habían pedido en nota firmada por Christophersen Hnos., "ez
representanión de Mihanouich y Cía"", "el rey de las rlos", que se le
permitiera regular el trabajo de sus obreros con lo que correspondiera
mensualmente a las 48 horas cada 6 dlas (201), pero el Ministro y el
Senado rechazaron tal "extensión" de la jornada diaria y accedieron
sólo a lo dicho: un máximo de 48 horas cada 6 dlas de iabor.(*)
(*) La autorización para re$ular lajornada diaria ddirtro de un máximo mensuál
autorizado de unas 200 horas, hubiera permitido a las empresas navieras hacer trabajar
a sus operarios 10 horas diarias, por ejemplo, durante 20 días de los 26 hábiles del
mes, suponiendo que los domingos descansaran. En ese caso, los obreros tendrían una
jornada de 10 horas y 6 días de descanso continuado, adernás de los 4 dorningos. I"os
objetivos humanos y sanitarios que se,perseguían con la adopción de las I horas diarias
hubieran quedado anulados por completo.
La autorización que Ia ley otorgó al patronato, con ciertas limitaciones que veremos
más adelante, para que regulara la jornada diaria respetando las 48 horas cada 6
días de labor, también admitió, por cjerto, la jornada de 10 horas, pero en esos casos
el empresario tendría que concede¡ en los 6 días, uno de 8 horas y otro enteramente
En los casos de alteración d.el "ténnino normal de la jorna.d,a" se
daúa cuenta a "l.a Intendencía respectiua" de acuerdo con las condiciones
que el Poder Ejecutivo establecería en la reglamentación de
la ley.
Se prohibía que las fábricas o talleres se sirvieran de obreros que
"trabajen en otro establ¿citniento eI mtíximun de horas autórízado por
esta ley" y sólo se admitía el doble empleo "cuando un obrero trabaje
en un establecimiento un número d.e horas Í.enor que el autorizad,o";
entonces podúa "trabajar en otro las horas cornplementarias". Esta
disposición era la que más directamente vinculaba la jornada de 8
horas con la desocupación reinante en esos años ya que si ningrln
patrón podía exigir más de 48 horas cada 6 días a sus obreros o empleados,
ninguno de éstos podía tampoco trabajar más de esas 48
horas en otro establecirniento. De esta manera, el empresariado, a no
ser que prefiriera un cambio tecnológico costoso, sólo tendría un
camino para mantener el nivel de producción anterior a la ley: contratar
más mano de obra.
El patrón que violara el máximo de 48 horas seúa multado "tr¿
primera uez en diez pesos por cad,a obrero que haya ínfringid,o la ley, y
las ueces siguientes en quince", Los obreros seúan también multados
"en la suma que perciban por el exceso de trabajo". Este doble sistema
de multas ponía otra vez sobre el tapete la intención de paliar la desocupación.
La vigilancia de la ley
-
tarea esencialísima pues de ella dependía
que fuera letra muerta como lo eran tantas disposiciones laborales en
el mundo o se pusiera en práctica- fue encomendada a 2b inspectores
"especiales" que el Ejecutivo distribuiría por los departamentos y qut,
dependerían de la Oficina Nacional del Trabajo. La asignación de
"cada uno d,e las inspectores" seúa de S 1.800 anuales en Montevideo
($ 150 por mes, el quíntuple de lo que ganaba el empleado público común,
casi la mitad de lo que cobraba un diputado), y de $ 960 en el Iñterior,
$ 80 mensuales. Estos inspectores tendrían "el derecho de entrar a los
establecimientos de trabajo y pedír cua,ntos infonnes sean necesarios
para el cumplirniento de su misión... ", Si los empresarios se negaban a
brindar los datos requeridos o "tnolestabant¿" a los inspectores, éstos
podrían imponer "multas de $ 25 por cad,a contrauención constatada,'.
El sueldo y el poder de estos funcionarios eran garantias eficaces del
lib¡e. Los objetivos humanos e higiénicos tampocl se obtenían -y
esto lo
denunciaron anarquistas y socialistas-. pero al menos l.rs ventajas pationales no
e¡an tan obvias como en el primer caso analizado,
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