Ariano-Codigo proc. Civil YUMPU

CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Texto vigente y antecedentes
1

Eugenia Ariano Deho
Profesora de Derecho Procesal Civil en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima
CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Texto vigente y antecedentes
3
Palestra Editores
Lima — 2010

CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Texto vigente y antecedentes
Eugenia Ariano Deho
Primera edición, octubre de 2010
Queda prohibida la reproducción total o
parcial de esta obra sin el consentimiento
expreso de su autor.
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Diagramación : Alan O. Bejarano Nóblega
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2010-1220
ISBN: 978-612-4047-38-1
Proyecto editorial N.º 31501221000001
Tiraje: 1000 ejemplares
Impreso en el Perú
Printed in Peru

A Franco Cipriani,
amigo inolvidable

Contenido
Presentación .......................................................................... 9
por Eugenia Ariano Deho
Decreto Legislativo Nº. 768................................................... 23
Decreto Ley Nº. 25940.......................................................... 27
Resolucion Ministerial Nº. 010-93-JUS................................ 33
Abreviaturas .......................................................................... 35
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil................. 37
Índice general del CPC.......................................................... 687

PRESENTACIÓN
Presentación
Un Código diferente
H
ace unos años —bastantes, no recuerdo cuántos, pero
siempre demasiados— en una de las tantas conferencias
a las que sus organizadores tienen la gentileza de invitarme,
advertí al entrar en el aula que los asistentes tenían una carpeta
que les había sido entregada por los organizadores. Me
entregaron también a mí una y fue entonces cuando pude leer
con atención la carátula. Decía: “Texto Único Ordenado del Código
Procesal Civil. Promulgado por R.M. Nº. 010-93-JUS, 08.01.93.
Publicado: 23.04.93”.
Naturalmente semejante título hubo de causarme sorpresa,
pues hasta dónde yo sabía el Código Procesal Civil, fue promulgado
por D. Leg. Nº. 768, de fecha 29 de febrero de 1992,
que se publicó en el diario oficial El Peruano, el 4 de marzo de
1992. En mi entender, al CPC lo llamábamos —y lo seguimos
llamando— de 1993 porque en ese año entró en vigencia, no
porque se hubiera “promulgado” en 1993.
La sorpresa no terminó ahí, ni mucho menos. Siguió, y aún
aumentó, cuando acudí al Sistema Peruano de Información Jurídica
(el SPIJ, a cargo de nuestro Ministerio de Justicia), para ver
cómo publica el CPC en su web (ergo, literalmente para todo el
9

PRESENTACIÓN
mundo) y me di cuenta de que, no ya el Texto Único Ordenado
del Código Procesal Civil, sino el propio CPC fue “promulgado”,
según el Sistema, el 8 de enero de 1993 y “publicado” el
23 de abril de ese año 1 .
Ya de sorpresa en sorpresa la mayor llegó cuando accedí al
Archivo Digital que el Congreso de la República publica en su
web, Archivo que debería ofrecer al mundo entero la versión digitalizada
de todos nuestro textos legales “históricos”, tal como
se publicaron oficialmente. Cuando en ese Archivo se busca el
texto del D. Leg. Nº. 768 lo que salta a nuestra vista es el “Texto
Único Ordenado del Código Procesal Civil”. Increíble… puede
decir alguien, pero es así.
De lo peor siempre puede haber cosas aún peores. La que
salta a la vista del lector no es ni tan siquiera la versión digitalizada
del Texto Único Ordenado, es decir, la publicada en el
diario oficial El Peruano el día 22 de abril de 1993, sino una por
demás insólita versión de “procesador de texto” 2 .
10
1
Cfr., en . Quizá sea bueno tener en cuenta que el (llamado)
“Texto Único Ordenado” (TUO) de una ley, al menos entre
nosotros, no se “promulga”, sino que, en todo caso, previa autorización
legislativa, se “aprueba” por acto del Poder Ejecutivo,
y eso lo debería saber muy bien el Ministerio de Justicia. Sobre
el “Texto Único” cfr. el interesante trabajo de Morón Urbina,
Las peculiaridades de los Textos Únicos Ordenados en nuestro sistema
de fuentes del derecho (¿facultad legislativa subrepticia del Poder
Ejecutivo?), en Advocatus. Nueva Época, Nº. 9, 2003, p. 209 y ss.,
especialmente p. 220, en donde se destaca la singularidad de
que el art. 8 del Decreto Ley Nº. 25940 haya dispuesto que el
TUO del CPC fuera aprobado por mera Resolución Ministerial
del sector Justicia.
2
Cfr., en . La visión de este documento
es interesante, pues mientras el Decreto Legislativo Nº. 768

PRESENTACIÓN
Por si falta algo debe resaltarse un detalle final. El Texto
Único Ordenado del Código Procesal Civil fue publicado el 22
de abril de 1993 y, curiosamente, la Resolución Ministerial que
autorizaba su publicación se publicó al día siguiente, a pesar
de que, por lo menos oficialmente, su fecha de expedición es el
8 de enero de 1993, más de tres meses antes 3 .
y el “cuerpo” del CPC está en versión “procesador de texto”,
las disposiciones transitorias, modificatorias y derogatorias sí
constituyen una copia digitalizada del Texto Único Ordenado
del CPC, aunque no corresponde a la diagramación del publicado
en el Diario oficial El Peruano el 22 de abril de 1993. Con todo,
lo cierto es que el Congreso de la República no publica el texto
original y completo del D. Leg. Nº. 768. Ciertamente el (supuesto)
texto de dicho D. Leg. no es el único “texto histórico” que viene
reproducido por el Archivo Digital del Congreso de la República
en versión “procesador de texto”, pero, por lo que me consta, sí es
el único que no corresponde al texto del acto normativo original.
Lo que es absolutamente inexplicable, a riesgo de dejar volar la
imaginación y descubrir el fácil y evidente porqué de semejante
anomalía. Todo tiene causa y nada es casualidad.
3
En efecto, mientras el Texto Único Ordenado del CPC se
publicó en el Diario oficial El Peruano el jueves 22 de abril de
1993, la Resolución Ministerial Nº. 10-93-JUS que autorizó su
publicación, vio la luz recién al día siguiente. Ahora, es un tanto
extraño que una R.M., cuya fecha de expedición “oficial” es 8 de
enero de 1993, se publique recién más de tres meses después.
Sobre este fecha, aconsejo al lector la visión de la autógrafa de
la R.M. Nº. 10-93-JUS (consultable en las ediciones oficiales del
CPC), en particular le aconsejo que preste atención al lugar
de colocación de la fecha, teniendo presente que el art. 8 del
D. Ley Nº 25940 había autorizado al Ministerio de Justicia a
que “dentro de los treinta días de publicación de este Decreto Ley,
mediante Resolución Ministerial autorice y disponga la publicación,
11

PRESENTACIÓN
12
Todo este cúmulo de irregularidades, todos estos datos que
no han sido explicados, han de tener una finalidad. Esa finalidad
puede buscarse en un ocultamiento. El Texto Único Ordenado
nos deja sin saber qué disposiciones corresponden al texto
original del Código Procesal Civil, el promulgado por D. Leg.
Nº. 768 el último día de febrero de 1992, y cuáles, en cambio,
se deben al D. Ley Nº. 25940, promulgado el 10 de diciembre
de 1992, pese a que este acto normativo —que no puedo llamar
legislativo, dado su origen dictatorial— modificó muchísimas
disposiciones del Código Procesal Civil original.
No pueden ser casualidad todas las irregularidades, no
puede ser fruto del azar todo lo que he ido indicando. Todo
tiene causa, nada es casual. Se ha pretendido que quede oculto
lo que fue obra del Código original y lo que se redactó por el
D. Ley. Esa ocultación ha dejado en la sombra muchas cosas
sobre las que es necesario arrojar un poco de luz.
Ante esta grave situación, hacía tiempo que me giraba por
la mente cuidar la edición de un Código Procesal Civil en la
que se destacaran cuáles son las disposiciones vigentes que
corresponde al texto original y cuáles al D. Ley 25940. Incluso
cabe aducir también una razón algo personal: me era (y me es)
sumamente incómodo ir a mis clases pertrechada con el texto
del CPC vigente, el texto original del CPC (o sea al promulgado
por D. Leg. Nº. 768) y el Decreto Ley Nº. 25940, para explicarle
a mis alumnos las diversas vicisitudes “históricas” de nuestra
normativa procesal.
Eso es lo que me propongo con esta edición del Código Procesal
Civil: publicar un texto diferente, que ponga en evidencia
como nació y, sobre todo, cómo y cuándo “evolucionó” hacia el
texto que entró en vigencia el 28 de julio de 1993.
***
en separata especial del Diario Oficial “El Peruano”, de un texto
único ordenado del Código Procesal Civil”.

PRESENTACIÓN
El impulso final para plasmar esta idea, que era sólo un
proyecto que me rondaba de tanto en tanto por la mente, ha
venido de una circunstancia: el año pasado la neo editorial
Communitas publicó un texto del CPC precedido de un largo
Estudio Preliminar de Juan Monroy Gálvez, texto éste que contiene
una importantísima “relevación”: la “Comisión Revisora
que trabajó el proyecto de Código Procesal Civil fue la misma
que trabajó el D. Ley Nº. 25940” 4 .
La “revelación” (que es nueva de paquete 5 ) es de lo más
sorprendente. Y más sorprendente aún es la desenvoltura con
4
Así Monroy Gálvez, La reforma del proceso civil peruano- quince años
después, en Código Procesal Civil, Communitas, Lima, 2009, nota
70, p. 64.
5
De hecho en ninguno de los artículos que publicara en la época
Monroy Gálvez se menciona siquiera que la Comisión Revisora,
tras la promulgación del CPC se haya “reinstalado”. En
su Intento de justificación, que es la introducción a su libro La
formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos, Comunidad,
Lima, 2003, p. 14 y s., se señala que la Comisión Revisora tuvo
“quince meses de intenso trabajo” y que “consolidó un proyecto
final, concluido a horas de cerrarse el plazo legal, el 28
de febrero de 1992”, sin decir ni raya sobre la “reinstalación”
de la Comisión. Es más, en una entrevista de 1997, republicada
por él mismo en op. ult. cit., p. 597 y ss., frente a la pregunta
de por qué el CPC no tiene Exposición de Motivos señaló
textualmente que: “Yo tengo anotados en mi computadora, no
sé si 123 o 126 propuestas de modificación al Código vigente.
El Código salió porque felizmente yo no tenía el control sobre
él y la Ley autoritativa decía que el 28 de febrero era el límite.
Simplemente no hay exposición de motivos porque, quiero
serle sincero, los últimos cuatro meses de la elaboración del
Código deben haber sido un promedio de 18 horas diarias
de trabajo, simplemente no dábamos más. Cuando dijimos
13

PRESENTACIÓN
la que viene expuesta: “Hacia fines de febrero de 1992 la Comisión
concluyó su trabajo, publicándose el Código Procesal Civil
en el diario oficial en los primeros días de marzo. Sin embargo,
la decisión del gobierno de posponer su entrada en vigencia
permitió que la Comisión Revisora se reinstalara y trabajara
hasta fines de 1992, cuando se publicó el Texto Único Ordenado
del Código Procesal Civil el cual, finalmente, entró en vigencia
el 28 de julio de 1993” 6 .
Ergo, resultaría que la Comisión Revisora del Código Procesal
Civil (que era una comisión constituida nada menos que
por ley), pese a que oficialmente había concluido su trabajo en
14
tiempo después, vamos a trabajar la exposición de motivos,
empecé a hacer esta contabilidad de errores que cité al inicio
y creímos que no valdría la pena hacer la exposición”. No se
sabe cuánto después (y quienes) “dijeron” “vamos a trabajar la
exposición de motivos”, pero tampoco se gasta palabra alguna
sobre la “reinstalación” de la Comisión Revisora (que pudiendo
“mejorar” todo el CPC, bien pudo, una vez recuperada del
cansancio, elaborar una Exposición de Motivos).
6
Monroy Gálvez, La reforma del proceso civil peruano- quince años
después, cit. p. 62. Nótese que en la nota 70, p. 64, se dan más
“detalles” sobre la “reinstalación” de la Comisión Revisora:
“Las reformas se dieron [se refiere a las introducidas al CPC por
el D. Ley Nº. 25940] porque la Comisión sabiendo que la entrada
en vigencia del Código se iba a posponer hasta el próximo
año —el desinterés del Gobierno era manifiesto— continuó con
su trabajo de revisión, el cual, gracias al Ministro de Justicia y
a la inercia del Gobierno en la materia, obtuvo reconocimiento
legislativo. Eso fue todo”. ¿Eso fue todo? ¿Es creíble que un
gobierno (que era el de Emergencia y Reconstrucción Nacional)
sea a la vez “inerte” y, gracias al Ministro de Justicia (que era
parte del mismo gobierno), dé reconocimiento legislativo a
unas propuestas que a la sazón (supuestamente) venían de
quienes realizaban una “oposición militante a toda forma de
dictadura”?

PRESENTACIÓN
febrero de 1992 7 , se habría “reinstalado” (no se sabe exactamente
cuándo de ese fatídico año, pero ciertamente después del 5 de
abril) y habría seguido trabajando (ni más y ni menos) hasta
fines de 1992 “en que se publicó el Texto Único Ordenado del
Código Procesal Civil” (que como sabemos se publicó el 22
de abril del año siguiente). Esta “reinstalación” de ser cierta
(sería bueno que se publiquen las actas), sería políticamente
grave (muy grave), pues significaría que los parlamentarios que
la integraron, que habían sido depuestos en virtud del Golpe de
Estado de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992 8 , pese a que
públicamente combatían el régimen dictatorial (y que en su gran
7
En el oficio de remisión del Proyecto de CPC al Ministro de
Justicia, de fecha 28 de febrero de 1992 (publicado en El Peruano,
el 30 de marzo de 1993 bajo el rótulo “Exposición de Motivos
y Fe de Erratas del D. Leg. Nº. 768, Código de Procedimientos
Civiles”), se señala que “la Comisión Revisora del Código
Procesal Civil ha trabajado con patriotismo y con desinterés,
alrededor de 14 meses”.
8
Fujimori, tras su “Mensaje a la Nación” de la noche del domingo
del 5 de abril de 1992, plasmó jurídicamente su auto-Golpe
con el D. Ley Nº. 25418 (de fecha 6 de abril, publicado al día
siguiente en El Peruano, rotulado “Ley de Bases del Gobierno
de Emergencia y Reconstrucción Nacional”), mediante el cual
dejaba en suspenso los artículos de la Constitución “que se
opongan al presente Decreto Ley” (art. 8), disolvía el Congreso
de la República (art. 4) y se reservaba ejercer “con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros por mayoría absoluta de
sus miembros” (!) “las funciones que corresponden al Poder
Legislativo a través de decretos leyes” (art. 5). En base a tales
“auto-atribuciones” Fujimori, entre el 6 de abril y el 29 de diciembre
de 1992 promulgó centenares de decretos leyes (hasta
el Nº. 26163). Uno de ellos es justamente el D. Ley Nº. 25940.
Oficialmente el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción
15

PRESENTACIÓN
mayoría se habían negado a participar en la elección del Congreso
Constituyente Democrático 9 ), se habrían reunido (se entiende)
en privado 10 hasta fines de 1992 para seguir trabajando el (ya
promulgado) Código Procesal Civil, un trabajo luego recogido
por un Decreto Ley emitido por el Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional, es decir por ese mismo gobierno que
los había mandado a sus casas. No sé qué pensarán los defenestrados
parlamentarios de estas novísimas “afirmaciones de
hecho” lanzadas con tanta tranquilidad (17 años después…) por
quien fuera uno de los (dos) representantes del Poder Ejecutivo
en la Comisión Revisora del Código Procesal Civil (y su vicepresidente),
pero a mí me parecen definitivamente inverosímiles.
Y pensar que esta “revelación” fue hecha como airadísima
reacción frente a una “vulgar patraña, mezquina y enrevesada” 11 ,
16
Nacional terminó por D. Ley Nº. 26153, promulgado el 29 de
diciembre de 1992 y publicado en El Peruano al día siguiente.
9
Las elecciones al Congreso Constituyente Democrático (para
la historia: CCD) fueron convocadas para el 22 de noviembre
de 1992, por Decreto Ley Nº. 25557, del 11 de de junio de ese
año. El D. Ley Nº. 25684 (“Ley de Elecciones” del CCD), fue
promulgado el 21 de agosto de 1992 (publicado al día siguiente
en El Peruano) y luego modificado por el D. Ley Nº. 25686
(publicado el 25 de agosto). La gran mayoría de los partidos
políticos opositores al régimen, a fin de no legitimarlo, decidió
no participar en el CCD. Hizo excepción el Partido Popular
Cristiano y el Frente Independiente Moralizador, partidos que
en el Congreso “disuelto” por Fujimori habían formado parte
de la alianza “Frente Democrático” (FREDEMO).
10
Téngase presente que el local del Congreso de la República
estuvo cerrado hasta que se instaló el CCD, el 30 de diciembre
de 1992.
11
Con esos elegantes calificativos (entre otros irreproducibles más),
Monroy Gálvez, La reforma del proceso civil peruano, cit., p. 63.

PRESENTACIÓN
que habría “montado” desde España el profesor Juan Montero
Aroca, el cual, por cierto, se limitó a recordar que el CPC
peruano fue ampliamente modificado por un Decreto Ley
de Fujimori 12 .
***
Pero sea que el D. Ley Nº. 25940 fuera el producto del trabajo
de la “reinstalada” Comisión Revisora del CPC o únicamente
de una “parte” de ella 13 , la “revelación” tiene un ulterior signi-
12
En efecto, Montero Aroca en la Introducción al libro colectivo
Proceso civil e ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince
ensayos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 26 y s. ) señaló:
“Tampoco puede ser casualidad que el Código sea obra de la
etapa Fujimori; más aún, debería recordarse que si la Comisión
Revisora del Código Procesal Civil actuó en la etapa digamos
democrática, esto es, la anterior al golpe de Estado de 5 de abril
de 1992, el D. Ley Nº. 25940, de 10 de diciembre de 1992, ya
en la peor etapa dictatorial, aquella en que Fujimori asumió
todos los poderes, modificó muchos artículos”, agregando:
“No puede dejar de llamar la atención que los panegiristas
de ese Código «olviden» que el texto que maneja[n], y al que
alaban sin cuento, [es] el llamado Texto Único Ordenado del
Código Procesal Civil, texto en el que se recoge el Decreto Ley
Nº. 25940, del que no se quiere tener recuerdo alguno, si bien
sería muy conveniente saber su autoría para imputar responsabilidades,
aunque no faltan sospechas muy fundadas, por lo
menos al no haberse rechazado la autoría”. Si una “patraña”
es una “mentira o noticia fabulosa, de pura invención”, la
pregunta es ¿qué se “inventó” Montero?
13
Si tiene presente el (freudiano) título del ya recordado libro de
recopilación de Monroy Gálvez (“La formación del proceso
civil peruano”), no es difícil inferir a qué equivale la “reinstalación”
de la Comisión Revisora.
17

PRESENTACIÓN
ficado. In primis, el obvio: que las modificaciones aportadas al
texto del CPC en diciembre de 1992, ya no son anónimas. Luego,
que con fecha 29 de febrero de 1992 se promulgó un Código
Procesal Civil cuyo texto no era para nada “definitivo”, sino
que necesitaba de algunas “mejoras”.
Pero, ¿cuál es la entidad de las “mejoras” aportadas por el
D. Ley Nº. 25940 al texto del CPC? ¿Fueron mejoras “necesarias”,
“útiles” o, más bien, “de recreo”? Según Monroy Gálvez
fueron pequeñeces, que ni vale la pena recordar, porque hacerlo
“constituye un esfuerzo inútil” 14 . Sin embargo, si uno hace ese
“esfuerzo”, se dará cuenta de cuán útil es (de hecho, para quien
nunca se haya acercado a los textos en cuestión… ¡se llevará
cada sorpresa! 15 ).
18
14
Así Monroy Gálvez, La reforma del proceso civil peruano, cit., nota
70, p. 65, en réplica a Montero sobre el silencio de los comentaristas
del CPC que olvidan el D. Ley Nº. 25940. En concreto
dice: “No es que los comentaristas del Código “olvidan” un
dispositivo legal que antes de su vigencia, lo modificó sustancialmente.
Lo que ocurre es que no lo citan como una ruptura
porque saben que no lo es. Cuando se maneja un automóvil
después de cierto tiempo, por ejemplo, nadie sube a él cada día
y, antes de conducirlo, repasa los cambios de velocidad. Estos
ya están incorporados a su saber, de forma tal que sería inexacto
decir que no los “recuerda”, lo que ocurre es que hacerlo es un
esfuerzo inútil”. El símil con los cambios de velocidad del automóvil
no es precisamente el más adecuado, pero bien podría
enfocarse de otra manera: después de fabricado un automóvil
el fabricante le “rectifica” algunas piezas, y entonces el que lo
adquiere (en particular en tiempos de protección del consumidor)
¿no tiene derecho a saber cuáles son las “rectificaciones”
y por qué se hicieron? Eso es lo que ocurre con TUO del CPC:
no nos dice cuál pieza es la original y cuál la “rectificada”.
15
Así, entre mis favoritas: a) la del art. 35, pues si conforme a su
texto original, la incompetencia objetiva (materia, cuantía y
territorio improrrogable) debió haber determinado la simple

PRESENTACIÓN
remisión al juez competente, con el D. Ley Nº. 25940 pasó a
determinar (ni más ni menos) la nulidad de todo lo actuado y
la conclusión del proceso; b) la del art. 190, pues si conforme
a su texto original, el derecho extranjero (tal como lo señala el
art. 2051 CC) debía ser aplicado de oficio por el juez, pudiendo
(conforme al art. 2052 CC) las partes ofrecer pruebas referidas
a su existencia y sentido, con el D. Ley Nº. 25940 se liberó al
juez de la trabajosa tarea y se cargó a las partes con la “prueba”
del derecho extranjero; c) la de los arts. 426 y 427, referidas a
los supuestos de inadmisibilidad e improcedencia, pues, por
ejemplo, si mientras conforme al art. 426 original la “indebida
acumulación de pretensiones” venía considerada como una
“irregularidad” subsanable, con el D. Ley Nº. 25940 “mutó” a
insubsanable, determinando, ex art. 427, la improcedencia de
toda la demanda; d) la del art. 682, pues si del texto original
se podía fácilmente inferir que todas las (llamadas) “medidas
temporales sobre el fondo” (art. 674 ), “innovativas” (art. 682)
y de “no innovar” (art. 687), podían ser otorgadas solo lite
pendente, el D. Ley Nº. 25940, pese a modificar solo el art. 682,
abrió la (perversa) puerta de permitir que no sólo las (llamadas
por el CPC) “medidas para futura ejecución forzada” (léase,
embargo y secuestro) pudieran ser otorgadas también ante
causam; e) la del art. 722, pues mientras conforme a su texto
original, el ejecutado habría podido oponer al ejecutante “la
falsedad del título” y la “inexistencia de la obligación”, con la
reforma del D. Ley Nº. 25940 se pasó a las (bastante distintas)
“nulidad formal del título” e “inexigibilidad de la obligación”.
Por no decir, del “aumento” de la lista de “excepciones” del
art. 446 y la de los títulos ejecutivos del art. 693, etc., etc.
Incluso, hay algunas modificaciones de lo más jocosas (es un
decir), que bien vale evidenciar. Así: a) el que el “resolver un
conflicto de intereses” del “filosófico” art. III del T. P. fuera la
“finalidad abstracta del proceso”(¿?), a golpe de decreto, pasó a
19

PRESENTACIÓN
De allí que a fin de facilitarle el “esfuerzo” a quien tenga
interés en saber cómo nació el texto del CPC y cuánto lo hizo
“evolucionar” el D. Ley Nº. 25940, va esta edición, a la que le
he agregado también las referencias al texto del Proyecto que se
publicara “oficialmente” en febrero de 1992, pues me parece que
(en algunos casos 16 ) resulta útil para entender ciertas previsiones
mal escritas en el texto entrado en vigencia el 28 de julio de 1993.
***
En rigor, el texto del CPC, ya sea el original de febrero de
1992 o el modificado en diciembre de ese mismo año por el D.
Ley Nº. 25940, nunca estuvo listo para regular las vidas de los
justiciables peruanos. Sin embargo, la coyuntura “histórica”
determinó que algo que —si se hubiera tenido la suficiente
fortaleza moral y científica— debió haber sido, a lo más, “un
documento de trabajo” 17 , se convirtiera en una ley de la República,
para la desgracia de todos.
20
ser su “finalidad concreta”; b) el que el documento privado reconocido
tuviera “la misma eficacia que el documento público”
tal como se señalaba en el art. 246, paso a tener el “valor que el
juez le asigne”(¿?); c) el que, en el proceso ejecutivo dinerario,
si conforme al texto original del art. 697, el ejecutado, para
evitar la ejecución, tendría que haber pagado “dentro de un
día de notificado”, el D. Ley Nº. 25940 simplemente suprimió
el plazo para cumplir, con todas las consecuencia que de ello
se derivaron (y, pese a la reforma del D. Leg. 1069, se derivan
hasta hoy); etc., etc.
16
Pienso, en particular, en la “enrevesada” redacción del art. 86
del CPC, que no fue ni tocada (ni retocada…) por el D. Ley
Nº. 25940 y que es el resultado de una poco feliz fusión (con
efectos devastadores en la praxis) del art. 85 y 87 del Proyecto.
17
Eso es lo que Monroy Gálvez pensaba en agosto de 1991
respecto del resultado del trabajo de la Comisión Revisora.
Es así que en su Ideología, medios y objetivos de un proyecto de

PRESENTACIÓN
Y es así que el CPC lleva vigente 17 años. Ha ciertamente
sufrido muchos cambios “textuales”, pero ninguno (como no
podía ser de otra manera ya que se montan sobre su estructura)
ha alterado su “sustancia” que es claramente autoritario-paternalista.
Es que las coyunturas históricas favorables para una
reforma integral de textos normativos tan importantes para el
“hombre común” no son fáciles de darse.
Pero, en fin, no hay que perder la esperanza.
Lima, 28 de julio 2010
Eugenia Ariano Deho
21
reforma del proceso civil peruano, en La formación del proceso civil
peruano, cit., p. 114, señalaba que “nuestra propuesta consiste
en lo siguiente: creemos que el esfuerzo de la Comisión debe
estar encaminado a la obtención de un anteproyecto de código
procesal civil. Este instrumento debería funcionar como un
documento de trabajo a fin de que las facultades de derecho,
colegios de abogados, organizaciones de jueces, instituciones
formadas por estudiantes, etc., realicen un esfuerzo nacional
de difusión, comentario, crítica y perfeccionamiento de dicho
documento”. Evidentemente, luego, cambió de idea.