IAC-006/03 - Audiencia de Cuentas de Canarias

Núm. 40 Fascículo I / 6 10 de octubre de 2003 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias
Deuda Pública que obligaban a la contención del gasto
público. Teniendo en cuenta lo establecido por el Estado
en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
estabilidad presupuestaria, y en la Ley Orgánica 5/2001,
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de
estabilidad presupuestaria, que supone la traslación del
objetivo de estabilidad presupuestaria a las comunidades
autónomas, obligando a que la redacción de los
presupuestos públicos por la Comunidad Autónoma
canaria a partir del ejercicio 2003 ofrezca una situación
de equilibrio o superávit, computada en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el Sistema europeo de cuentas nacionales y
regionales, y de acuerdo con el objetivo de estabilidad
presupuestaria determinado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin
que ello tenga que suponer una disminución en el nivel de
prestaciones de bienes y servicios públicos, se exige, por
tanto, una mayor racionalidad en el gasto público, por lo
que esta Audiencia de Cuentas estima pertinente sintetizar
el contenido de aquella orden.
De acuerdo con dicha orden “…el principal fin del
sistema de seguimiento presupuestario es proporcionar
información pertinente y significativa de la actuación
pública y posibilitar formulación de propuestas para la
futura mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión.
El seguimiento presupuestario se realiza simultáneamente
con la ejecución, y proporciona información
acerca del grado de cumplimiento de los objetivos de los
programas, lo que permite adoptar las medidas correctoras
oportunas en el transcurso del propio ejercicio. Este
sistema de seguimiento presupuestario se complementará
con un sistema de evaluación de la gestión de acuerdo con
los parámetros de economía, eficiencia y eficacia,
proponiendo, en su caso, mejoras de cara a la gestión
futura.”
En dicha orden se establecía la realización de informes
semestrales de seguimiento por los centros gestores
conjuntamente con la respectiva oficina presupuestaria.
Estos informes serían enviados a la Dirección General de
Planificación, Presupuesto y Gasto Público y a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma para su
posterior análisis en las comisiones de análisis de programas
y elevación al Gobierno para su conocimiento y toma en
consideración. La evaluación de la gestión se realizaría por
la Intervención General de la Comunidad Autónoma,
concretándose en un informe de gestión en el que se emitirá
opinión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y
su adecuación a la realidad de los programas.
Siguiendo las instrucciones de la Orden de 18 de mayo,
cada informe debería constar de tres partes:
- Explicación del grado de cumplimiento de cada
objetivo y actividad correspondiente a un determinado
programa.
- Fichas de seguimiento, en las que se explican cada
una de las actividades que integran un objetivo, su
cumplimiento medido a través de indicadores de
seguimiento y la identificación presupuestaria del crédito.
- Memorias de la gestión o explicativas de las
desviaciones que se hayan podido producir.
El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente el
ejercicio 1995, elaborado por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, incluía un estudio sobre la presupuestación por
programas.
En base a lo anterior, se observó que el proceso de
normalización detallado en la Orden de 18 de mayo de
1992, consistió únicamente en la elaboración de los
informes de seguimiento por algunos centros gestores,
siendo enviados a la Dirección General de Planificación,
Presupuesto y Gasto Público con periodicidad
anual, no semestral. En relación al ejercicio 1995, y a
la fecha de la auditoría (septiembre de 1996), sólo se
había recibido uno de estos informes. En definitiva, los
centros gestores intentaron dar cumplimiento a la citada
orden desde un punto de vista estrictamente formal
enviándolos a la Dirección General de Planificación,
Presupuesto y Gasto Público, quien actuaba únicamente
como intermediario dirigiéndolos a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su
vez, la Intervención General no elaboraba un informe
de gestión en el que se concretaran sus opiniones sobre
el grado de cumplimiento de los objetivos y de los
sistemas y procedimientos utilizados por los centros
gestores, sin que tampoco pudiera apoyarse en la
verificación que de los mismos debiera haber realizado
la Dirección General de Planificación, Presupuesto y
Gasto Público.
1.6. Trámite de alegaciones.
Con fecha 21 de marzo de 2003 se remitió por el
presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias a la
Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias el proyecto de Informe de
fiscalización de los programas presupuestarios de
Formación Profesional no ocupacional de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ejercicio 2000, para ser sometido
al trámite de alegaciones por plazo de 30 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
De acuerdo con el término establecido para la
presentación de las alegaciones el plazo finalizaba el 29 de
abril de 2003.
Con fecha 28 de abril de 2003 (en plazo) se trasladaron
por la Intervención General las contestaciones recibidas de
las consejerías de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Sanidad y Consumo y Turismo y Transportes.
Con fecha 2 de mayo de 2003 (fuera de plazo) se
trasladaron por la Intervención General las contestaciones
recibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Dicha consejería comunicaba que por su parte no
existían alegaciones a realizar respecto al proyecto de
informe.
El informe se aprobó con carácter definitivo en la sesión
del Pleno del día 12 de junio de 2003.
En el Anexo VI se incorpora el texto íntegro de las
alegaciones presentadas y en el Anexo VII la contestación
de la Audiencia de Cuentas a las no aceptadas.