Prólogo: Reglamentos de aguas y reglamentación de aguas de ...

Además de la obra de construcción y rehabilitación realizadas para beneficiar a
las comunidades rurales así como de la organización de usuarios en las comunidades,
la atención se centra en un registro de unidades “organizadas”, y la estimación de
unidades no registradas (llamadas “no organizadas”). La atención de políticas centradas
en la organización de unidades de riego en cada comunidad y el registro a nivel
nacional llevó a que en la siguiente Ley de Aguas (1992) la única referencia a regadíos
fuera de los Distritos de Riego fuese a unidades de riego, que según la Ley de Aguas
de 1992 deben obligatoriamente organizarse en Asociaciones de Usuarios.
Sin embargo la reglamentación de aguas de propiedad nacional como
competencia del Ejecutivo federal desde la Ley de 1888 hasta la Ley de Aguas de 1992
no se refiere en ningún momento a la distribución del agua al interior de las
comunidades rurales. La pretensión de reglamentación de aguas de propiedad nacional
se ha dirigido a reglamentar espacios más amplios: tramos de río (aguas de una
corriente), depósitos, y aprovechamientos colectivos. Esta pretensión incluye inclusive a
la Ley Aguas de 1992 (Art. 76).
En la historia de la reglamentación de aguas de propiedad nacional la primera
corriente o tramo de corriente reglamentada y publicada en el DOF corresponde al río
Nazas: Reglamento provisional para la distribución de las aguas del río Nazas, 1891
(junio 24) y Reglamento para la distribución de las aguas del río Nazas, 1895 (junio 15).
Ambos reglamentos centran su atención en la distribución de las aguas para que todos
los usuarios puedan hacer uso de sus concesiones, ambos reglamentos se refieren a la
distribución del agua sobre el río (y no sobre los canales), el otro asunto central al que
se refieren es la instancia que se hará cargo de implementar la reglamentación.
Las primeras leyes de aguas (1888, 1910, 1929) no hacer referencia a las
instancias encargadas de implementar el reglamento, aunque en la Ley de 1929 se
señala para los aprovechamientos colectivos (usuarios que aprovechan un mismo canal
o toma) la obligatoriedad de organizarse en Asociaciones de Usuarios. Esta
obligatoriedad está asociada a su participación en la reglamentación de la corriente,
como puede verse en el documento de fecha 24 de febrero de 1925: “Proyecto de
programa de operaciones que deben practicarse al efectuar la reglamentación en el uso
de las aguas de propiedad nacional.”
Finalmente en la Ley de Aguas de 1934 se establece que la instancia encargada
de implementar la reglamentación de aguas de propiedad nacional será denominada
Junta de Aguas y que corresponde a una organización de los propios usuarios. No
obstante en las reglamentaciones que se realizaron con anterioridad a la Ley de 1934
ya se habían realizado varios ensayos de instancias para implementar la
reglamentación: en el primer Reglamento del Nazas se había propuesto un sindicato de
usuarios, aparentemente la figura de Asociación de Usuarios (de la Ley de 1929)
también se utilizó como figura encargada de implementar el reglamento –y
probablemente hay reglamentos con la figura de Asociación de Usuarios que anteceden
a la legislación de 1929; pero no cabe duda que la figura que predomina en las
reglamentaciones es, desde la década de 1920, la de Junta de Aguas.
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