Prólogo: Reglamentos de aguas y reglamentación de aguas de ...

sentido, la referencia ya no es exclusivamente, ni principalmente a la competencia del
Ejecutivo de reglamentar o regular las aguas nacionales, sino a Reglamentos para las
Asociaciones de Usuarios.
En la práctica la Ley de 1972 sobre URDERALES parece haber tenido tres
efectos importantes, el primero bautizar a la pequeñas obras de riego, o a las “obras de
riego” no-Distritos de Riego, como unidades de riego: el país quedó dividido entre
superficie regada en Unidades y superficie regada en Distritos de Riego. El segundo
efecto fue un registro de la superficie regada en unidades de riego (lo que llaman
unidades “organizadas”, por el simple hecho del registro), cuyos resultados
sorprendieron por la importancia de la superficie regada en pequeño riego (2.5 a 3
millones de ha.). El tercer efecto fue un esfuerzo de corta duración y, cuando menos en
comunidades con experiencia de agricultura de riego, de poco impacto (Martínez y
Palerm, 1997); la evaluación de su impacto en zonas de introducción del riego está por
hacerse.
Los Distritos de Riego. En los últimos años se ha supuesto que el proceso de
entrega a los usuarios de los Distritos de Riego es una novedad; al igual que en el resto
del mundo se supone que el Estado, durante el siglo XX, centralizó la administración de
los grandes sistemas de riego –y a veces también los sistemas pequeños y medianos.
Actualmente, o cuando menos antes del inicio del reciente proceso de transferencia,
Distrito de Riego se considera equivalente a administración por el Estado. Sin embargo
el objetivo principal de la conformación de Distritos de Riego fue la construcción. A
continuación planteamos el fundamento de la intervención del Estado en la construcción
y cómo evolucionó la administración de los Distritos, destacando una política inicial de
organización de los usuarios y de entrega de los Distritos a los usuarios.
La política del Estado de construcción de grandes obras hidráulicas para riego
parte de un planteamiento realizado a principios del siglo XX por varios estudiosos
sobre la necesidad de la intervención directa del Estado (Herrera y Lasso 1994 [1919],
Gayol 1994 [1906], Palacios 1994 [1909]). Argumentan que la complejidad técnica de
obras grandes, la importancia del monto de capital a invertir, la necesidad de re-ordenar
el territorio afectado y beneficiado por la obra o de colonizarlo hacen difícil y penoso
que obras grandes las emprenda y realice exitosamente la iniciativa privada. En 1926
estas propuestas se concretaron en la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales 10 , que
dio origen a la Comisión Nacional de Irrigación. El objetivo planteado fue la construcción
de gran obra hidráulica.
Los ingenieros que a principios del siglo XX argumentaron sobre la necesidad de
intervención directa en la construcción, no parecen haber visto a la operación como un
problema; de hecho Herrera y Lasso en 1919 (pp. xxxvi) comenta que las comunidades
10 La Ley sobre Irrigación con Aguas Federales, DOF 1926, se reemplaza con la Ley de
Riegos, DOF 1946, y no deben confundirse son las Leyes de Aguas, tienen ámbitos de
legislación distintos. Es hasta la Ley de Aguas de 1972 que se reúnen en un solo texto,
incorporando también la legislación sobre aguas del subsuelo.
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